Rodrigo Chaves: “Lo hacemos de corazón, pero nos cuestan entre $200 y $300 millones"

En una entrevista ofrecida al periodista Andrés Oppenheimer de CNN en Español, el pasado 23 de mayo, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, afirmó que a su país le “está costando entre 200 y 300 millones de dólares” la presencia de migrantes. Recalcó que lo han “hecho de corazón, hemos sido un país abierto, el tema es que a esos migrantes les damos escuela o educación, seguridad social, salud y seguridad pública”, concluyó.

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Para Ricardo Zeas, nicaragüense exiliado en Costa Rica y miembro del Movimiento Juvenil y Estudiantil, las declaraciones del presidente Chaves son “xenófobas”, puesto que cada persona migrante que llega a este país contribuye económicamente al Estado costarricense.

Zeas dijo que “es derecho de cualquier persona solicitar el refugio en cualquier país, puesto que existen convenios internacionales que les respaldan”. Además, “le preocupa que los índices de xenofobia aumenten si los costarricenses continúan escuchando declaraciones como las ofrecidas por su mandatario”.

El dinero que - según el presidente Chaves - invierte el Estado costarricense, va dirigido a salud y educación de las personas migrantes; sin embargo, Zeas, quien aún tiene un carné provisional de solicitante de refugio, “no cree que se gaste tanto dinero, porque para empezar el sistema de citas en línea y por teléfono no funciona a cómo debería”.

La costarricense Margarita Salas, exasesora presidencial para asuntos LGBTQ+, en una entrevista ofrecida a Nicaragua Actual, también catalogó al presidente Chaves como xenófobo y populista, “pues los migrantes aportan al país no sólo en diversidad cultural sino también en actividad económica y representan una fuerza laboral importante”.

Salas atribuye el discurso repetitivo del presidente Chaves al hecho de que “dirige una administración con dificultades para generar empleos y que ha encarecido la vida para los costarricenses”.

Costa Rica: ¿solicitando más ayuda económica extranjera?

La pregunta que activistas sociales y personas exiliadas se hacen es, si estas palabras ofrecidas por el presidente es una manera de decirle a las principales potencias de la región que le envíen más dinero a su gobierno para atender el tema migratorio.

En la entrevista para CNN el mandatario realizó el llamado a “los países receptores de migración”, específicamente, a Estados Unidos y a Canadá y que estos “deberían ayudarnos más porque si nosotros (el Gobierno de Costa Rica) fuésemos a portarnos de una manera menos generosa es muy probable que la migración les vaya a ellos”.

Según información oficial en el sitio web de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en 2023 se reforzaría la cooperación con Costa Rica con una asignación inicial de 4.1 millones de dólares para apoyar al país en la atención integral de las necesidades de las personas solicitantes de asilo y refugiadas en condición de pobreza.

La nota de prensa de ACNUR con fecha del 9 de enero de 2023, también detalló que:

“El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) renovaron el convenio entre ambas instituciones y permitirá asegurar a personas solicitantes de refugio y refugiadas en el territorio nacional durante el 2023. Con la extensión del convenio para el presente año por un monto de 1.235 millones de colones, el total de los fondos brindados por el ACNUR a la CCSS desde 2020 asciende a 4.694 millones de colones”.

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Migrantes aportan a la economía costarricense

Luis Blandón, vocero de la Unión Democrática Renovadora, explica que muchos migrantes y especialmente los nicaragüenses en Costa Rica, “aportan a la economía de este país y que no siempre son una carga para el gobierno pues la mayoría cuentan con un empleo formal que cotiza con la Caja Costarricense de Seguridad Social”.

Blandón, quien se encuentra exiliado en España, sigue de cerca la situación de muchas personas exiliadas en Costa Rica y le hizo el llamado al gobierno del presidente Rodrigo Chaves a “emplear mecanismos de solución al problema de la migración, para evitar la marginación y la expansión de la xenofobia hacia quienes llegan al país en busca de seguridad, trabajo y protección”.

Según el sitio web de la Organización de las Naciones Unidas, el 1ro de febrero, la ONU presentó en San José, el Plan de Preparación y Respuesta a las personas en Tránsito a Costa Rica durante el 2023, el cual “se trataría de un conjunto de acciones de para apoyar al gobierno costarricense para fortalecer el abordaje y asistencia integral de las poblaciones migrantes en tránsito que se encuentren en situación de vulnerabilidad en el territorio”.

Estos aportes económicos de la ONU, ACNUR, y algunos gobiernos como el de Estados Unidos y Canadá pretenden que cada migrante sea beneficiado al menos con alojamiento, asistencia alimentaria, saneamiento e higiene, acceso a la salud y educación. Sin embargo, Ricardo Zeas, asegura que actualmente hay muchos solicitantes de refugio que no tiene acceso a algunos de estos beneficios, principalmente a la atención médica.

Refugio político sí, refugio económico no

El presidente Chaves repetidamente ha insinuado que muchos migrantes llegan a Costa Rica por motivos económicos y que “éstos se han acogido y han abusado de la generosidad del pueblo costarricense y de nuestra legislación de refugio para hacerse pasar por refugiados, cuando en realidad son gente que anda buscando oportunidades económicas.”

La activista de derechos humanos, Diana Carballo, exiliada en Costa Rica recordó que “quienes migran a Costa Rica vienen a generar desarrollo económico al país” y criticó al presidente Chaves de “querer marginar a quienes migran por motivos económicos”. Carballo también considera que ningún migrante o solicitante de refugio “debe ser víctima de violencia estatal y de discursos de odio que son fortalecidos por el presidente Chaves”.

En febrero de 2023, Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Costa Rica detalló que este año la ONU inicialmente financiaría este plan con 342 millones de colones, el equivalente a 245.000 dólares, pero que para asegurar el cumplimiento total se requerirían más de 6.7 mil millones de colones, alrededor de casi 13 millones de dólares.

La Convención de Ginebra de 1951 del Estatuto de los Refugiados, y de la cual el Estado Costarricense es firmante, tiene como objetivo asegurar a las personas refugiadas el ejercicio más amplio posible de sus derechos y libertades fundamentales.

Baiocchi también expresó “que el papel del sector privado, gobiernos locales, en conjunto entre el gobierno de Costa Rica y el Sistema de Naciones Unidas serán determinantes para atraer los recursos requeridos”.