Más de medio millón de nicaragüenses desplazados forzosamente desde 2018

Entre 2018 y mayo de 2023 al menos 605 mil nicaragüenses han tenido que dejar el país por diversos motivos. Según el último informe que presentó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, en conmemoración al Dia Mundial de las personas refugiadas, muchas de estas se han visto desplazadas por la violencia política, la inseguridad jurídica y la economía en picada.

Según el análisis, los países a los cuales la población nicaraguense decide migrar son Estados Unidos, Costa Rica, España y México. En estos territorios permanecen la mayor parte de solicitudes de refugio o protección. El monitoreo indica que, hasta mayo de 2023, 605.043 personas originarias de Nicaragua han abandonado sus hogares.

El defensor de derechos humanos, Braulio Abarca Aguilar, refirió que el análisis actualizado encontró grandes desafíos que atraviesan a diario las personas migrantes, principalmente a “el acceso a una vivienda digna, a un sistema de salud óptimo, educación y a oportunidades de trabajo”.

La periodista nicaragüense Katherine Estrada, con experiencia en migraciones, asegura que solamente en Costa Rica “hay alrededor de 209 mil solicitudes de refugio pendientes de revisión”, sin embargo, otros países destino para las miles de personas de Nicaragua que buscan algún tipo de protección son Canadá y Panamá.

Además del riesgo de ser víctimas de extorsión, secuestro y hasta asesinatos en su tránsito migratorio, Abarca segura que otro problema que las personas migrantes se encuentran en el camino son algunas nuevas medidas que han tomados los países, como la de ofrecer un ‘estado de protección temporal’ o el ‘programa de movilidad segura’ que no favorecen a quienes solicitan un refugio seguro.

"Un limbo migratorio"

En la opinión de Estrada, en estos países, las solicitudes se procesan con dilación y a baja escala. En el caso de Costa Rica, asegura que en una entrevista realizada a Allan Rodríguez, sub director de la Dirección General de Migración y Extranjería, este informó que el departamento de refugios cuenta solamente con 150 personas procesando las solicitudes.

La periodista también deduce que “hay poco personal tratando de dar respuesta a una cantidad que se les está saliendo de las manos (al Estado costarricense), porque para el número de solicitudes hay una respuesta pequeña, ni el 10% ha tenido respuesta positiva”.

Este limbo migratorio también se sustenta con otros programas humanitarios para las migraciones como el ‘Parole Humanitario’, pues a criterio de Abarca, “una vez que las personas beneficiarias que llegaron a Estados Unidos cumplan con los dos años de estancia legal en el país, no podrán optar a otro tipo de protección internacional”, lo que violenta el principio de no devolución “y más bien se debe alentar a buscar la protección internacional para las personas nicaragüenses” añadió el experto en derechos humanos.

Atraer la atención de la comunidad internacional

El informe del Colectivo de Derechos Humanos también insta a los países que tiene la capacidad de refugiar a personas en situación de riesgo, a velar por la plena protección de todas las migraciones y a garantizarle a las personas solicitantes de refugio espacios de protección seguros que incluyan acceso al sistema de salud y seguridad social.

Aunque para Estrada en un país como Costa Rica, donde “hay una mano de obra barata y explotada”, es difícil acceder a la seguridad social y otras necesidades, porque a la fecha y desde hace años “hay muchas personas que están en espera de una entrevista de elegibilidad”; añade que en el peor de los casos “las citas están programadas hasta para en cinco años por lo que no reivindican su solicitud de refugio”.

Abarca aclaró que Costa Rica es un país histórico que ha brindado atención a las personas refugiadas pero que lamentablemente “los últimos decretos del presidente Rodrigo Chaves vienen a degradar el proceso de solicitud porque limitan al solicitante y eso es desalentador”; en lo cual también coincide Estrada, ya que ella percibe que “no le garantizan una condición o la protección que buscan, las personas migrantes se encuentran procesos encrudecidos, los procesos generan estrés y preocupación porque se enfrentan hasta con la deportación”, finalizó la comunicadora.

Aunque a la fecha hay poca información sobre el programa movilidad segura, los defensores de derechos humanos alertaron que estas estas estrategias de los gobiernos involucrados no benefician al migrante, porque pueden llegar a un escenario en el cual se exponga a la persona. Porque de no brindarles protección internacional, si se les regresa a su país (especialmente a Nicaragua) les espera la desaparición forzada o el encarcelamiento.