Expulsión de miskitos solicitantes de refugio en Costa Rica violenta Reglamento de Personas Refugiadas

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La comunidad miskita en el exilio también se enfrentan a innumerables situaciones de vulnerabilidad, que van desde el idioma, hacinamiento y pobreza. (Imagen de referencia) • Foto: Onda Local / Cortesía

Con la expulsión a inicios de junio de nueve miskitos indígenas nicaragüenses, el gobierno de Costa Rica a través de la Dirección de Migración y Extranjería incumplió al menos tres artículos o normas establecidas en el Reglamento de Personas Refugiadas, los artículos son el 7, 14 y 17.

Los miskitos referidos son originarios del territorio Twi Yahbra, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, y se movilizaron a Costa Rica ante la “desprotección estatal” que sufren por la “invasión de colonos armados” en sus comunidades, aseguró la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu). 

Ante la denuncia los oficiales de Migración involucrados alegaron que “a las personas se les explicó el procedimiento, ya que en todo momento se comunicaron en el idioma español”.

Sin embargo, los miskitos no hablaban en español sino miskitu, aseveró Jhoswel Martínez, presidente de Asidehu. De hecho, los denunciantes señalaron que fueron interrogados en cuartos separados a pesar de que no hablaban español y tampoco entendían lo que se les preguntaba.

La abogada defensora de las comunidades indígenas, Anexa Alfred comentó que desde su experiencia, los miskitos por no ser personas mediáticas o políticas se enfrentan “a grandes violaciones de derecho cuando necesitan protección internacional porque requieren reconocimiento de organizaciones de derechos humanos nacionales, entonces es muy complejo, es más difícil la situación de los liderazgos y comunitarios”, apuntó. 

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Anexa Alfred y Jhoswel Antonio Martínez, se han convertido en una voz para la comunidad miskita exiliada en Costa Rica. Foto: Cortesía

Los artículos incumplidos por Costa Rica

El Artículo 7 del Reglamento de Personas Refugiadas titulado “Derecho al debido proceso” establece que todas las personas solicitantes de refugio, refugiadas y apátridas tienen derecho a que la decisión en torno a su estatus se tome y se ejecute con pleno respeto y garantía al debido proceso, tomando en cuenta el derecho a la información, el derecho a la representación legal y derecho a interponer los recursos administrativos. 

Y advierte que en virtud de este principio no se podrá deportar a una persona antes de agotar todos los recursos legales a disposición de las personas objeto del reglamento. 

Mientras que el Artículo 14 dicta que se entenderá por solicitante de la condición de refugio a aquella persona que haya presentado su solicitud de protección internacional de un mes natural, contabilizado a partir del día de su ingreso al territorio costarricense.

Agrega que serán inadmisibles las solicitudes presentadas fuera de ese plazo. En caso de ingreso irregular, la Administración podrá practicar las diligencias probatorias pertinentes para determinar la fecha de ingreso, con el fin de proceder a dar curso a la petición o rechazarla, detalla. 

“Aquí las personas miskitas que expulsaron estaban invocando protección internacional en el país, pero por desgracia las autoridades no respetaron este derecho humano y las expulsaron. Puede que hayan sido problemas para la comunicación, sin embargo, no se agotaron los recursos y las vías existentes”, denunció Martínez.

A su vez explicó que el protocolo establece que se debe de garantizar la traducción en caso de que personas hablantes de otras lenguas ingresen al país y requieran atención en una institución o de  una autoridad pública “cuestión que en este caso no se aplicó, no se garantizó la traducción, ni siquiera se molestaron en informar a las autoridades de la oficina central de Migración para ver si les ofrecían traducción miskita.Igualmente, una de las personas miskitas que iba en el grupo de los nueve expulsados hablaba español y ofrecía traducirles, pero los oficiales del caso no quisieron siquiera dejarle hablar”, reprochó Martínez.

En base a lo establecido el presidente de Asidehu sostiene que actualmente “todo proceso de deportación o expulsión se debe de hacer en un plazo de 24 horas, tratando de garantizar el derecho a la legítima defensa y cumpliendo con el debido proceso, pero los oficiales no cumplieron con el respeto a estos derechos y protocolos. 

“Nosotros quisimos contactar a los oficiales a través de una llamada telefónica, sin embargo, estos no quisieron recibirnos, respondiendo de una manera muy hostil ‘nosotros no tenemos nada que hablar con ustedes, llamen a la oficina central de San José…’ eso a las 8 de la noche de un sábado, nadie iba a responder”, lamentó. 

Desde Asidehu, dice Martínez, lograron constatar que los oficiales de migración no reportaron las expulsiones de los miskitos, una decisión que causa asombro. “Una organización aliada llamó y le indicaron que ‘extrañamente no se reportó ningún incidente o expulsión’, y tomando en cuenta esta alarmante noticia se puede considerar que los oficiales incumplieron en toda medida el debido proceso”.

A su vez, contó que una vez lograron contactar a los miskitos ellos entre lágrimas narraron que “los oficiales los deportaron en la noche, dejándolos a la intemperie, bajo la noche fría, sin cobijo, y denunciaron que todos los tratos fueron hostiles, los agredieron verbalmente, los empujaron, incluyendo a los menores de edad, acto que repudiamos y esperamos denunciar penalmente”, enfatizó Martínez. 

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Susana Marley, conocida como Mamá Grande, es una lideresa miskita que ha abogado incansablemente por el respeto de las comunidades indígenas. Foto: Cortesía

Las barreras que se enfrentan en el exilio

La líder miskita, Susana Marley, mejor conocida como Mamá Grande expresó que la mayoría de miskitos vienen huyendo de la pobreza y de la represión por parte de colonos armados.

“Ellos venían a buscar refugio, ver sus documentos y buscar trabajo, a nosotros alguien nos dio un terreno para cuatro ciclos agrícolas para trabajar porque en el territorio están aguantando mucha hambre, la gente están en la intemperie, ellos clamaron en su tiempo para que les regresen las tierras para trabajar y alimentar a sus familias pero los colonos armados se adueñaron de todos de las siembras, cosechas, animales y quemaron sus casas. Uno viene a salvar sus vidas para no morir de hambre”, contó con su voz entrecortada Marley.

Alfred mencionó que históricamente los miskitos no solían emigrar a otros países, sin embargo, apuntó que “los indígenas y afrodescendientes viven una violencia sistemática, crisis humanitarias, imposición de autoridades a fines del régimen para controlar sus tierras y recursos. Ha habido una migración grande de comunidades que nunca lo habían hecho, en los años 80 los miskitos lo hicieron por la Navidad Roja, pero ahora se han sumado más”.

Martínez por su parte aseguró que tras los ataques de colonos se empieza a dar desplazamientos forzados de manera interna como externa. “Las comunidades quedan destruidas, en algunos casos por incendios provocados por estos (colonos) y en otros por el ataque en sí. Nuestros hermanos indígenas se quedan sin vivienda, por lo que deciden migrar a otras comunidades, y en muchos casos, a otros países. El país de destino principal es Costa Rica, por la apertura histórica del país, contactos de amigos y familiares que previamente migraron”.

El presidente de Asidehu no duda en mencionar que en el exilio a pesar de que están en libertad y medianamente seguros, los miskitos se enfrentan a innumerables barreras, siendo la principal el idioma y el aprovechamiento de parte de empleadores abusivos.

“El que no todos pueden hablar bien el idioma español es una barrera que les impide la comunicación entre la sociedad costarricense que no les logra entender lo que les quieren decir. El acceso a derechos por falta de comprensión al sistema de Costa Rica, es otro de los impedimentos relacionados al idioma, pues no logran comprender las indicaciones de autoridades ticas para acceder a información, derechos y beneficios”, indicó Martínez.

En cuanto a la situación de abuso laboral, enumeró que hay dos situaciones: las estafas y explotación laboral por falta de entender las condiciones para trabajar. 

“Con las víctimas de explotación laboral, se han dado casos en donde los empleadores les dicen que trabajarán por un salario mínimo y 8 horas de trabajo, pero al final, resulta siendo otro caso de explotación y mal pago todo por falta de comprensión a la lengua. Algunos sufren accidentes laborales y los patronos no se hacen cargo, en unos casos quedando con secuelas de los accidentes, dificultando la comunicación entre el personal hospitalario, por la ausencia del patrono”, denunció.

 Las personas entrevistadas coinciden que la comunidad miskita en el exilio viven en condiciones vulnerables de pobreza, hambre y hacinamiento por lo que es necesario mayores esfuerzos para apoyar su reintegración y el respeto a sus derechos fundamentales.

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