Política nacional para la conservación de bosques no es suficiente y se necesitan acciones, plantean especialistas

Mediante el Decreto Presidencial 06-2023, publicado en La Gaceta, Diario Oficial el 13 de junio pasado, la administración de Daniel Ortega pretende detener las prácticas de deforestación y degradación de los suelos en Nicaragua.

Para lo anterior anunció la “Política nacional para evitar la deforestación y degradación de los bosques”, la cual tiene base en los acuerdos internacionales firmados por Nicaragua para la conservación del ambiente y los recursos naturales. 

El documento consta  de seis líneas estratégicas que, entre otras cosas, plantean fortalecer la conciencia social sobre la madre tierra, fortalecer las leyes y políticas ambientales e impulsar inversiones forestales con enfoque sostenible.

Según ambientalistas consultados, en la realidad las autoridades conocen lo que está ocasionando los daños a nuestro ecosistema pero no hacen nada para detenerlo. El avance de la frontera agrícola en áreas protegidas y la mafia de los pinares, son algunos de los problemas denunciados.

Consideran que en términos generales esta política no es más que un conjunto de “buenas intenciones” que solo servirían al Estado para optar a “beneficios múltiples” a través del financiamiento de organismos internacionales.

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Insisten en importancia de respetar leyes vigentes 

“Si el Estado quiere cambiar la estrategia y las políticas de conservación, lo primero que debe hacer es respetar las leyes ambientales del país y al mismo tiempo derogar los dos decretos (01-2022 y 02-2022) que están vigentes por dos años donde se suspende la veda para la comercialización de pino”, expone un experto en medio ambiente bajo condición de anonimato.

En este sentido, es importante mencionar que el país cuenta con leyes vigentes para la protección de los recursos naturales, las cuales están en rango de cumplimiento, son superiores a la política promovida por Daniel Ortega.

“La Ley 647, por ejemplo, establece que todos los recursos naturales que se encuentran en las áreas protegidas no deben ser sujetos de explotación alguna; también establece la restricción de 15 kilómetros del borde fronterizo hacia el interior del país donde se prohíbe el aprovechamiento forestal para todas las especies. Esa ley está vigente y va de la mano con la 217 (Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales)”, agrega el especialista.

Otro aspecto a destacar es que a pesar que el Código Penal de Nicaragua contempla sanciones para los delitos ambientales,  estas no se aplican correctamente en el país. 

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 Replantear la estrategia

Desde el Centro de Investigación, Capacitación y Formación Ambiental (CICFA), consideran conveniente la actualización y reforzamiento de las acciones del Estado para  la conservación y protección de los bosques en Nicaragua.

“Hay cosas que son bastante rescatables, como por ejemplo, el tema de fomentar sistemas silvopastoriles y la restauración en paisajes, ya sea por regeneración natural o asistidas. Esas son medidas necesarias que se implementen, a la par de los monitoreos que ya sabemos que se necesitan para demostrar que esto que se está haciendo es factible”, razona Marvin Torres, docente investigador de CICFA.

Expone que “es necesario replantearse una nueva recuperación de la capa forestal con miras al cambio climático y la recarga hídrica que es muy necesaria, porque el reto va a ser que tengamos agua para consumo en las ciudades y esta viene de los bosques, hay que aclarar esto”, insistió el especialista. 

“En líneas generales está escrito lo que se necesita, eso si es verdad. El tema es la implementación en el territorio de una manera multisectorial, que es muy necesaria”, concluyó.