Es falso que la Policía estaba acuartelada, y que, por eso aumentó la delincuencia en Nicaragua

Es falso que la Policía de “Nicaragua” estaba acuartelada durante las protestas de 2018 y que eso haya multiplicado la delincuencia, como ha afirmado Daniel Ortega en varias ocasiones.

En septiembre se conmemora el 44 aniversario de fundación de la Policía Nacional, una institución sometida a Daniel Ortega y Rosario Murillo. El prestigio que la institución había construido desde 1990 se deterioró drásticamente a partir de 2018 cuando, en conjunto con paramilitares, reprimió las manifestaciones ciudadanas que exigían justicia por los asesinatos cometidos desde el 19 de abril de 2018.   

Daniel Ortega, en su afán de liberar de responsabilidad a la Policía, ha dicho en varias ocasiones que la Policía Nacional estaba acuartelada, y que, por esa razón, la delincuencia común se multiplicó.  

El 31 de julio de 2018, medios oficialistas como El 19 Digital y Canal 4, destacaron ese fragmento del discurso de Daniel Ortega en sus redes sociales.

La afirmación de Daniel Ortega es falsa. Onda Local comparó los datos sobre delincuencia común reportados por la misma Policía en sus anuarios estadísticos. Estos evidencian que, en 2018 hubo una disminución de la delincuencia común con relación a 2017 y 2016. Si bien, en 2018 se recibieron más denuncias por robos con intimidación en comparación con 2017, estas siguen siendo menores que las registradas en 2016. 

El 27 de mayo de 2018, la Policía Nacional había emitido un comunicado negando la existencia de fuerzas parapoliciales o paramilitares, las que, durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre sembraron el terror en Nicaragua y establecieron un estado policial de facto. Se desplazaban en camionetas hilux color blancas, con capuchas en la cara, portando armas de alto calibre. A ellos, se les atribuye la comisión de delitos como robos, detenciones, asesinatos, persecución a opositores y quema de edificios públicos.

El comunicado dice: “La Policía Nacional no ha tenido, no tiene, ni tendrá fuerzas parapoliciales, y no ha actuado contra esos grupos delincuenciales por existir acuerdos en el Diálogo Nacional de mantener acuarteladas las fuerzas policiales”.

El diálogo nacional se instaló el 16 de mayo de 2018, pero fue suspendido siete días después por la Conferencia Episcopal ante la falta de consenso. La Conferencia sugirió conformar una comisión mixta para “superar el impase” y volver a la mesa. Los acuerdos alcanzados por esta comisión mixta no lograron cesar la represión, las detenciones arbitrarias y garantizar el derecho a la protesta pacífica. El régimen de Ortega recrudeció los ataques contra quienes demandaban la democratización del país.   

El 31 de julio de 2018, en una entrevista con Andrés Oppenheimer, Daniel Ortega dijo que los encapuchados no eran paramilitares sino ciudadanos defendiéndose. Luego, en una entrevista con Euronews dijo que “eran policías voluntarios”. No todos los enmascarados eran policías voluntarios, también policías profesionales, reconoció el jefe de la Policía, Francisco Díaz, en una entrevista concedida en noviembre del 2018 al periodista Halldor Hustadnes para un medio europeo. “Muchos de ellos que andaban de civil, no eran policías voluntarios, eran nuestros policías profesionales, la mayoría eran policías profesionales en trabajo encubierto”, reconoció Díaz.

Lo anterior refleja que la Policía nunca estuvo acuartelada y actuó junto con civiles armados de forma encubierta para reprimir las manifestaciones. Aun con todas las evidencias, Ortega continúa insistiendo que la Policía estaba acuartelada. El 20 de diciembre de 2023, en ocasión del quinto aniversario de las protestas, Ortega invitó a las personas nicaragüenses a pensar un momento lo que era Nicaragua hace 5 años, “a ver si se podía caminar por estas calles, a ver si se podía vivir con tranquilidad en las casas. Todo mundo estaba con terror. Y las muertes todos los días, y los que ellos asesinaban se lo achacaban al Gobierno, a la Policía, y la Policía estaba acuartelada, que era la decisión que habíamos tomado”.

Hasta la fecha, ninguno de los 355 asesinatos ocurridos en las protestas de 2018 ha sido investigados por la Policía. Los informes internacionales, incluido el del Grupo de Trabajo en Derechos Humanos sobre Nicaragua, concluyen que Daniel Ortega, Rosario Murillo y los altos mandos de la Policía son responsables de crímenes de lesa humanidad, y que fueron los grupos parapoliciales los que sembraron el terror en las calles de Nicaragua.