Bio Clima: Régimen presenta al FVC informe de consultas a pueblos indígenas con aval de UNOPS

La dictadura Ortega-Murillo en su obstinación por conseguir los 116.6 millones de dólares para el Proyecto Bio Clima, presentó ante el Fondo Verde del Clima (FVC), con la complicidad del BCIE, un “Informe de resultados del proceso de Participación y Consulta Informada sobre el Proyecto Bio Clima”.

“Consulta” en tiempo récord

En un proceso frenético y contrarreloj desarrollado entre los meses de agosto y septiembre, con financiamiento del BCIE, el régimen movilizó a funcionarios de diferentes instituciones del Estado, junto a personal de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y del Programa Mundial de Alimentos (PMA), hacia los 23 territorios indígenas de las regiones RACCN, la zona de régimen especial Alto Wangki y Bocay, RACCS e Indio Maíz.

De acuerdo al informe UNOPS participó en calidad de “observadores del respeto de los principios de la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI)”.

En la mayoría de las fichas de observación usadas por UNOPS, se especifica que su rol es de “observación analítica” y aclara además que no son ni relatores ni sistematizadores.

Según el informe, se desarrollaron 69 eventos de consultas en dos niveles. 58 en el primer nivel fueron asambleas de CPLI, con la población indígena, donde participaron 4,462 personas.

Un segundo nivel en el que se desarrollaron 11 eventos de “Consulta Significativa” con actores clave, convocados de manera pública a través de los distintos medios disponibles, “en los que tuvieron presencia los representantes de diferentes sectores e intereses” en los mismos territorios. En estos eventos participaron 1,099 personas, dice el informe.

Para el ambientalista Amaru Ruiz, lamentablemente UNOPS y el PMA, hicieron un lavado de imagen del proceso de consulta. Ruiz asegura que el informe del régimen es de una “simulación de consultas” dado que el proceso fue hecho con sus propios partidarios en territorios indígenas y afrodescendientes.

Por otro lado, mencionó que en el informe el régimen señala que se consultó a 4,462 personas indígenas de 23 territorios y 1,099 no indígenas, lo que representa apenas el 3% de la población indígena y afrodescendiente de esos territorios y solamente el 0.5% de la población de toda la región del Caribe. Ruiz hizo estas afirmaciones a través de su cuenta en la red social X tras conocerse el informe.

Por su parte, un líder indígena que solicitó el anonimato, lamentó la participación de UNOPS y el PMA, “porque básicamente están siendo instrumentalizados y le están dando legitimidad y credibilidad al gobierno, pero en detrimento de las comunidades y las consecuencias de un proceso como este se van a ver a largo plazo”.

La fuente agregó que las comunidades indígenas tienen que buscar la manera de quejarse y hay que sentar un precedente porque no es posible que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas esté diciendo que en Nicaragua se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y que hay una violación sistemática a los derechos de los pueblos indígenas, y por otro lado otra agencia de Naciones Unidas, esté respaldando este tipo de procesos.

“No es posible que las invasiones estén avanzando, que haya asesinatos, que haya desplazamientos, que haya imposición de autoridades y que estemos frente a un proceso de acompañamiento de una agencia internacional como esta” aseveró.

“Consulta no es previa, ni libre, ni informada”

El activista indígena opinó que la consulta presentada por la dictadura al FVC, no es previa porque el gobierno presentó el proyecto y el FVC lo aprobó en noviembre del 2020, sin haber realizado el proceso de consulta en ese momento.

“Consultar un proyecto ya aprobado, es consultar cuando ya hay intereses creados y eso no lo hace libre, tampoco es previo porque las comunidades no tenían información de esto” resaltó.

La fuente agregó que “si no hubiera habido una queja, si no hubiera habido presión para reconsiderar el proyecto, el gobierno no habría hecho un proceso de consulta”.

Así mismo dijo que tampoco es informado porque la información que se le ha dado a las comunidades es muy limitada, “se le ha hablado de los beneficios y no de los riesgos”.

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El líder indígena añadió que también se deslegitima este proceso de consulta, porque “este ocurre cuando hay una situación de crisis política, hay desarticulación de la sociedad civil y hay un proceso de simulación de respaldo a los proyectos del gobierno a través de la imposición de autoridades y a través de los simpatizantes del Frente Sandinista”.

Lo que dice UNOPS

Entre las observaciones y recomendaciones que hace UNOPS destacan, “que se tenga un apoyo de traducción para el equipo de observadores analíticos, de manera que se pueda garantizar la calidad de la información traducida y se pueda tener en registro la totalidad de la conversación, dado que para esta CLPI no todas las intervenciones de las personas moderadoras fueron traducidas al español”, “solicitar amablemente a medios de comunicación obviar solicitar colaboraciones con el equipo de UNOPS.”

La organización internacional también resaltó que tanto la presentación general del proyecto Bio Clima, como el material informativo que se entregó impreso, solo se observó en idioma español. “Se recomienda que ambos materiales sean traducidos a las lenguas maternas de los pueblos indígenas y afrodescendientes protagonistas del proyecto” se lee en algunas fichas de observación de UNOPS.

Durante las consultas UNOPS también recomendó: “que se limite el uso de cámaras fotográficas y video en directo, dado que la presencia continuada de cámaras puede causar intimidación y molestia a las personas, pudiendo incidir, limitar o coartar su participación.”

El equipo de observadores de UNOPS que se movilizó a las comunidades estuvo conformado, casi en su totalidad, por personal internacional de esta organización, entre estos, Sandra Arredondo de UNOPS Costa Rica, Soledad Vila de UNOPS Argentina, Denise Bocorny de Brasil, José Cabrera de El Salvador y Sebastián Madrigal Loaiza.

El desembolso de los fondos para el proyecto se mantiene congelado desde julio pasado, luego que el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM) del FVC, determinara a través de una investigación in situ, que el gobierno no realizó debidamente los procedimientos de la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI), a los pueblos indígenas asentados en la zona de intervención del proyecto, además de omitir información clave respecto a la situación de violencia que viven constantemente las comunidades indígenas producto de la invasión de colonos armados.

Ante los resultados del informe del IRM, la Junta directiva del FVC dio un plazo de 120 días al régimen para realizar la consulta a los pueblos indígenas según los procedimientos, para lo que le régimen involucró a UNOPS y PMA.