Bio Clima: La complicidad de la FAO y el BCIE con la dictadura en la gestión del proyecto

El Proyecto Bio Clima presentado por el régimen de Daniel Ortega en noviembre de 2020, ante el Fondo Verde del Clima (FVC) de las Naciones Unidas, para pedir 116.6 millones de dólares para su ejecución, “se formuló con el financiamiento del BCIE y la asistencia técnica de FAO”, así lo afirmó el portal oficialista el 19 digital en una nota publicada el 13 de noviembre de ese año.

La participación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), fue determinante en la formulación y aprobación de la iniciativa climática.

Pero no solo porque el primero financió el proceso de formulación del proyecto y la segunda por diseñarlo, sino porque ambas entidades fueron cómplices del régimen Ortega Murillo, en la omisión de información clave relacionada a la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que habitan en la zona de intervención del proyecto.  

Así lo aseguran líderes indígenas y analistas consultados por Onda Local.

“Kati”, una activista indígena que ha dado seguimiento al proceso, afirmó que el régimen de Daniel Ortega se confabuló con el BCIE y la FAO, dos de sus aliados estratégicos de mayor peso, para la formulación del millonario proyecto.

“La propuesta técnica de Bio Clima, fue elaborada por la FAO, el proyecto que se presentó al Fondo Verde del Clima para solicitar los 116 millones, fue un proyecto que hizo la FAO, sin embargo, no fue consultado con los pueblos indígenas” aseguró la activista.

La defensora indígena también señaló que al presentar un proyecto al FVC, en el que se afirma que no hay ningún conflicto con los pueblos indígenas, “que hay áreas donde hay convivencia pacífica, que indígenas y mestizos viven en paz; entonces obviamente no solo ocultan información, sino que mienten”.

“La FAO como organismo de Naciones Unidas debería tener ética en su trabajo, omitir información tan fundamental en un proyecto donde se supone se va a meter ahí todo ese dinero, hace que ese dinero entre en conflicto” advirtió.

Por su parte, otra activista indígena, ambientalista y defensora de los derechos humanos, coincidió con Kati en relación al papel complaciente de la FAO con el gobierno de Ortega, el que a su criterio no se ha dado solo con la formulación de Bio Clima, sino que ha sido una constante durante los últimos años en diferentes proyectos que la FAO ha financiado.

En cuanto al proyecto Bio Clima, la fuente resaltó en particular el lamentable hecho de que esta agencia de Naciones Unidas encubrió la falta de cumplimiento del proceso de Consulta Previa Libre e Informada (CPLI), que mandatan tanto la legislación nacional como internacional para este tipo de proyectos.

“La FAO realizó el proyecto para el gobierno de Ortega, y eso preocupa porque, cómo es posible que la FAO va a construir un proyecto obviando los mecanismos necesarios, especialmente para áreas como las Regiones Autónomas, donde existen mecanismos, donde había que hacer las consultas” lamentó la activista.

La fuente resaltó además que la condescendencia de la FAO con el régimen, de alguna manera le lava la cara a Ortega, por ser una organización de prestigio que está trabajando mano a mano con su gobierno.

En tanto Kati añadió que es importante destacar que el proyecto Bio Clima está también conflictuado por la invasión de colonos a territorios indígenas, las concesiones mineras que hay en las áreas protegidas y la ganadería intensiva apoyada por el capital, principalmente por los mataderos, “todo eso está en este conflicto”, precisó.

La lideresa indígena recordó que actualmente los dos mayores productos de exportación en Nicaragua son el oro y la carne y que “estos productos están saliendo de territorios indígenas y áreas protegidas, y están saliendo de manera violenta”.

Dictadura “obstinada” con Bio Clima

Otra fuente experta en el tema, que ha dado seguimiento al proceso de Bio Clima, pero que también solicitó confidencialidad, reveló que se conoció de manera extraoficial que la Secretaría del FVC, otorgó al BCIE y al Estado de Nicaragua, un plazo de 180 días para subsanar las omisiones en las que se habían incurrido en el proceso de formulación del proyecto, incluyendo la falta de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), de las comunidades indígenas y afrodescendientes a las que se les aplicaría el proyecto.

La fuente recordó que “el proyecto fue diseñado bajo la falsa premisa de que los territorios a ser intervenidos gozan de una ‘convivencia pacífica’ mientras que los hechos, destacados en el informe de la IRM realizado en el terreno, muestran un clima de violencia sistemática contra las comunidades indígenas”

De acuerdo a la experta, el Estado de Nicaragua y el BCIE habrían expresado que en esos 180 días cumplirían con las falencias que hasta entonces tenía el Proyecto, por lo que actualmente han iniciado una supuesta consulta, a pesar que los estándares internacionales del CLPI establecen que estas deben ser previas a la aprobación de los proyectos, lo que en el caso de Bio Clima ocurrió hace más de un año.

Efectivamente, el martes 22 de agosto, el Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte (GRCCN), a través de sus redes sociales, difundió información en la que asegura que se está realizando el mecanismo de consultas en el marco del Proyecto Bio Clima.

En una publicación acompañada de fotografías, el GRCCN, informó que en la comunidad San Andrés, sede regional del Alto Wangki y Bocay, “se celebró la Primera Asamblea Regional de Pre-Consulta Previa Libre e Informada en el marco del proyecto Bio Clima”, de acuerdo al posteo del GRCCN, “la consulta se hizo con la participación de las juntas directivas de los tres gobiernos territoriales y tres organizaciones de mujeres que conforman la zona Especial”.

La analista reiteró que en estas consultas no se está tomando en cuenta a los gobiernos indígenas legítimos ni a las comunidades, “las consultas se hacen con gobiernos territoriales indígenas paralelos, impuestos a las comunidades y territorios por el mismo Estado, excluyendo así a las autoridades tradicionales o electas legítimamente por las comunidades indígenas y afrodescendientes” advirtió. 

La fuente también opinó que aparentemente el Estado de Nicaragua y el BCIE consideran que con estas acciones, cumplirían con los requisitos necesarios para acceder al desembolso del proyecto y a su continuidad, así mismo advirtió que “de resultar cierto sentaría un negativo precedente que tendría un costo reputacional muy alto para el FVC”.

La denuncia que llevó al IMR a investigar a fondo

El proyecto Bio Clima fue aprobado el 13 de noviembre de 2020 por la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima (FVC), de las Naciones Unidas. Seis meses después, en junio de 2021, líderes indígenas interpusieron una queja ante el Mecanismo Independente de Reparación, (IRM), del FVC, sobre la inviabilidad del proyecto, sustentada en los argumentos de que el régimen de Ortega no realizó adecuadamente la consulta a los pueblos indígenas y afrodescendientes, incluyendo el Consentimiento, Previo, Libre e Informado (CPLI), además de pretender imponer la “convivencia pacífica”, entre los pueblos indígenas y los colonos armados que invaden, asesinan y se toman sus tierras.

Otro argumento de quienes interpusieron la queja fue “la probable incapacidad de la entidad acreditada y la entidad ejecutora para cumplir con las políticas y procedimientos del FVC”.

El IMR declaró admisible la queja e investigó a fondo la denuncia. Producto de la investigación resultó un contundente informe que determinó el incumplimiento de las políticas y procedimientos operativos aplicables del FVC.

El informe refiere, entre otras cosas, que el IMR constató que están ocurriendo conflictos violentos, recurrentes y graves en las áreas de ejecución del proyecto Bio Clima, y que en el mismo no se cumplieron las disposiciones de salvaguarda del FVC, relativas al proceso de consulta y participación informada que es requisito indispensable en cada proyecto, por tanto, la Junta Directiva del FVC recomendó congelar los fondos hasta que el régimen cumpla con los requerimientos establecidos.

Kati destacó que el IMR supo de la situación porque vino a investigar in situ al terreno, “de otra forma no se hubiera dado cuenta, porque la FAO, al hacer el proyecto para Ortega, omitió el contexto real que están viviendo estos pueblos, y meterle dinero a una situación tan inflamada, es inflamarla aún más” aseveró.

BCIE y FAO quedaron en evidencia

El informe del IMR revela que cuando se le preguntó al personal del BCIE, como entidad acreditada, sobre las consultas a las comunidades indígenas, este remitió al equipo investigador del IMR con la FAO, pero esta a la vez los mandó a preguntarle a MARENA (la entidad ejecutora).

“Cuando el IMR se comunicó con los representantes de la FAO, estos le informaron que debía solicitarle información al respecto al MARENA, ya que eran los responsables de realizar consultas sobre la propuesta de Bio-Clima con las comunidades indígenas y afrodescendientes” dice el informe.

El documento del IMR también refiere que se le informó al equipo investigador que MARENA le dio a conocer a la FAO que en septiembre de 2019 se habían celebrado consultas sobre Bio Clima, y esa información se incluyó con posterioridad en el paquete de financiamiento que finalmente se entregó a la Junta del FVC.

El informe indica que ningún integrante del personal del Fondo Verde del Clima, el BCIE o la FAO, pudo confirmar si se habían utilizado el Marco de Gestión Ambiental y Social y los instrumentos conexos de Bio Clima en las consultas con las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Cuando se presionó sobre el asunto, agrega el informe, el FVC se refirió a las responsabilidades del BCIE que se detallan en la Política Ambiental y Social del FVC, así mismo añade que El BCIE y la FAO, “no parecían tener conocimiento de las consultas más allá de lo que el MARENA ya había informado”.

“La AE (Entidad Acreditada por sus siglas en inglés, en este caso el BCIE) y la FAO, por su parte, no parecían tener conocimiento de las consultas más allá de lo que el MARENA ya había informado” dice de manera literal el informe del IMR en su página 42.

La propuesta de “convivencia pacífica” una “innovación” de la FAO

El informe del IMR revela además que los Acuerdos de Régimen de Convivencia Pacífica (ARCP), entre colonos y comunitarios, que se proponen en el documento del proyecto Bio Clima, fueron una "innovación" del equipo técnico de la FAO, el cual fue contratado por el BCIE para preparar la propuesta del proyecto.

“En la entrevista con el personal de la FAO involucrado en la formulación del proyecto, uno de sus líderes defendió con vehemencia los ARCP como una de sus innovaciones que permitiría a los colonos tener seguridad respecto de la tenencia de tierras, afirmar la propiedad indígena de la tierra, convertir el paisaje en prácticas agrícolas sostenibles y proporcionar al gobierno indígena pagos por la reducción de emisiones” dice el informe.

No obstante, el personal de la FAO entrevistado no había formado parte de las consultas realizadas por el MARENA, por lo tanto, no sabía si los ARCP se habían difundido en las comunidades indígenas y si se habían celebrado consultas al respecto con ellas, advierte el documento.

“Por más innovadora que pudo haber sido esta propuesta, de acuerdo con lo establecido en las salvaguardias del FVC, se debería haber divulgado de manera transparente a las comunidades indígenas afectadas y haber recabado su opinión sobre ella” señala el informe.

A criterio del ambientalista Amaru Ruiz, el involucramiento de una agencia como la FAO en este proceso cuestiona sus procedimientos internos, porque “debió asegurarse que se respetaran las consultas informadas y el Consentimiento Libre, Previo e Informado, porque es parte también de sus principios de operación con agencia” advirtió.

Ruiz añadió que las propuestas de convivencia pacífica que señala el informe como una “innovación” de la FAO, tiende a violar la Ley 445, (Ley de régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas), en lo referido a la última etapa que es el saneamiento de los territorios indígenas. “Evidentemente ahí también hay un incumplimiento y con el proyecto se podría estar violando la legislación nacional vigente y pese a ello la FAO también actuó en complicidad con el régimen de Ortega Murillo”, precisó el ambientalista.

El también presidente de la Fundación del Río cuestionó al papel de la FAO, “aquí hay una acción de la FAO tratando de dar soporte tanto a los proyectos vinculados a temas ambientales, como proyectos vinculados con pueblos indígenas, donde la FAO sale como parte de ese equipo técnico que apoya al régimen de Ortega Murillo para la consecución del financiamiento verde” argumentó.

Sin embargo, al parecer la asesoría técnica en el diseño de proyectos climáticos y la gestión de fondos para su ejecución, es una práctica recurrente de la FAO y lo hace en diferentes países de la región, así lo asegura la misma organización en una nota publicada en su sitio web en diciembre de 2020.

“La FAO ha apoyado a los gobiernos de 29 países de la región a diseñar e implementar 58 proyectos que han movilizado más USD $ 224 millones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial” dice la nota de la FAO referida a la aprobación de financiamiento para proyectos climáticos y ambientales en América Latina y el Caribe.

No obstante, dado el contexto de Nicaragua y el sistema autoritario y represivo impuesto por el régimen Ortega Murillo, además de la falta de transparencia en la ejecución de proyectos, “la FAO no debería quemarse como lo está haciendo” advierte la activista ambiental consultada por Onda Local.

La fuente advirtió que “la supuesta convivencia pacífica que presenta el proyecto, en realidad constituye la invasión de personas no indígenas en Bosawás, en cantidades que han convertido a los indígenas en minoría en sus propios territorios”, así mismo agregó que los invasores “han conformado bandas armadas con armas de guerra, los amenazan, secuestran, violan y matan; causando el desplazamiento forzado de los miembros de las comunidades indígenas de sus tierras, incluyendo de las minas de oro en sus territorios”.

FAO habría sustituido al PNUD

De acuerdo al análisis de la lideresa ambientalista y defensora de los derechos humanos, Ortega aprovechó las bondades de la diplomacia para consolidar su alianza estratégica con la FAO, luego de la expulsión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PDNU), al negarse esta instancia a seguir imposiciones de su régimen.

La activista refirió que no hay que olvidar los entresijos de las relaciones diplomáticas y que la FAO es parte de toda la estructura de Naciones Unidas. “Dentro de ese contexto hay que valorar que Ortega cerró las puertas al PNUD, algo que fue bastante horrible porque el gobierno quería manejar los recursos que iban a pasar por el PNUD, y este no aceptó porque tenía sus propios mecanismos, y por tanto el gobierno lo sacó a patadas” recordó la fuente.

“Pero la FAO pudo quedarse, y esas son las partes complejas de la diplomacia que hay que tomar en cuenta, la FAO pudo sustituir al PNUD en la representación” afirmó.

La fuente opinó que el régimen de Ortega se dio cuenta que, con la retirada del PNUD, necesitaría de otra instancia del mismo calibre y vio esa oportunidad en la FAO con quien desde años atrás venía trabajando de forma provechosa.

“Lógicamente el gobierno, de alguna manera necesitaba de la FAO, porque quién va a negar que se necesita un programa de alimentación especialmente en países tan pobres como Nicaragua, y el gobierno tampoco puede estar cerrando las puertas a todos” argumentó.

Indicó además que “ante esto la FAO empieza a triangular proyectos para que los ejecute el gobierno buscando como salvar un poco la situación, pensando que al final el que va a perder el pueblo no es el gobierno.”

FAO destinó 167.3 millones de dólares para Nicaragua

El 16 de mayo de 2022, la FAO y la dictadura de Daniel Ortega, firmaron el Marco Programático de País 2022-2026, a través del cual, esta agencia de cooperación otorgará a Nicaragua 167.3 millones de dólares para ejecutarlos en ese quinquenio.

En esa ocasión León Ayala afirmó que “el gobierno de Nicaragua ha llevado a la cooperación de la FAO a un nivel de exigencia y desafío el cual celebramos”; el representante de la FAO agregó que “durante los últimos años hemos podido incrementar nuestra capacidad a nivel operativo y técnico y eso se demuestra en las agendas de trabajo con cada una de las entidades aquí representadas”.

De acuerdo a la FAO el monto aprobado sería destinado a proyectos dirigidos a promover la producción resiliente, las inversiones rurales y la gestión sostenible de ecosistemas.

“La FAO quería entrar como parte ejecutora”

El interés de la FAO por que el FVC aprobara el financiamiento para el proyecto Bio Clima al gobierno de Nicaragua, no se limitaba a una asesoría técnica o a brindar apoyo a Nicaragua en el marco de sus líneas de trabajo, sino que trasciende ese nivel de involucramiento. La FAO quería ser juez y parte.  

De acuerdo a la activista indígena, “la FAO, a petición del régimen, estaba solicitando ser coparte ejecutora, y el FVC les habría dicho que no”. Recordó que las entidades ejecutoras son MANERA y el MHCP, y el BCIE la entidad acreditada para trasladar los fondos. “ahí la FAO estaba entrando prácticamente a ser como la tercera corriente en la ejecución y por lo tanto no podés elaborar un proyecto para un gobierno, recibir los fondos y ejecutarlos” advirtió.

La fuente resaltó que nadie está en contra de proyectos que se desarrollen especialmente para mejorar las condiciones, “de lo que las comunidades tienen temor es de que estos proyectos, si no se realizan bien, tienen una repercusión negativa en las comunidades”, en la misma vía agregó que el Proyecto Bio Clima, “fomenta la colonización, la ganadería extensiva y acciones que prácticamente va a violentar los derechos humanos de los pueblos indignes y afrodescendientes”. La defensora recordó que la situación que se dio con la incursión de la ganadería extensiva en grandes extensiones de tierras comunales en la Reserva Indio Maíz, donde no hay ningún seguimiento a la trazabilidad del ganado. También alertó sobre las concesiones mineras, las cuales calificó como excluyentes, al respecto aseveró que “ganadería y minería tampoco son complementarias”.

Finalmente dijo que “hay un proceso que muchas personas desconocen, primero entrar con la deforestación, después la ganadería, y cuando la ganadería termina, empiezan con la explotación minera, con lo que está en el subsuelo, ese es el ciclo devastador”.

Iván León Ayala: El representante indulgente

Iván Felipe León Ayala es el representante de la FAO en Nicaragua desde febrero de 2018, cuando asumió el cargo en sustitución de Verónica Rodríguez Guerrero. Desde su entrada, León Ayala se congració con el régimen, actitud que ha mantenido hasta la fecha. Pese a la escalada de la deriva autoritaria de la dictadura, no se ha atrevido a criticar al gobierno.

“Aprovechamos para felicitar los avances que ha tenido el gobierno que han sido muy significativos, y consideramos que Nicaragua pudiera ofrecer lecciones a otros países”, dijo León Ayala el 12 de febrero 2018, día en que presentó sus credenciales como nuevo embajador de la FAO.

León Ayala, de nacionalidad colombiana, es un ingeniero agrónomo, especialista en desarrollo rural y seguridad alimentaria y nutricional.

En marzo de 2018, en declaraciones a medios oficialistas, León Ayala alabó nuevamente la gestión de Ortega, refiriendo que la FAO miraba de manera muy positiva el avance del gobierno en términos de crecimiento económico, “definitivamente en los últimos años ha demostrado como ha venido avanzando en la reducción de la pobreza y el desarrollo del país de una manera inclusiva” afirmó.

De igual forma aseveró que “la FAO obviamente tiene le mayor compromiso de continuar como un aliado estratégico del gobierno en las diferentes políticas en el área del mandato de nuestra organización.”

¿Diplomacia o insensibilidad?

El 25 de abril del 2018, cuando las protestas ciudadanas contra el régimen de Ortega, estaban en pleno apogeo y ya se contabilizaban las primeras víctimas fatales producto de la represión gubernamental, León Ayala, visitó las oficinas del Consejo Nacional de Universidades (CNU), para reunirse con el entonces presidente del órgano rector de la educación superior en Nicaragua, Telémaco Talavera, “en su visita de cortesía al CNU intercambió líneas de trabajo, en los cuales basarán su estrecha colaboración en alianzas”, refiere una nota de prensa publicada por el CNU en esa fecha, sin hacer alusión a la situación extrema que tenía convulsionado al país en ese momento.

De acuerdo a la nota, durante la reunión se habló de inclusión socio-productiva para fomentar la inversión rural, innovación rural para el aumento de la productividad y competitividad y recursos naturales y cambio climático.

Desde que el funcionario de la FAO llegó a Nicaragua, se le ha visto con frecuencia en actos gubernamentales y en entrevistas con medios oficialistas, generalmente con una retórica favorable al gobierno, si bien enmarcada en los programas y proyectos que esta agencia apoya, “su actitud ha sido complaciente” insisten nuestras fuentes. 

Mientras que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), sostiene que Ortega continúa cometiendo violaciones generalizadas de los derechos humanos, las que constituyen crímenes de lesa humanidad, el representante de la FAO en Nicaragua, se congracia con la dictadura, evitando referirse a la situación sociopolítica del país.

El 2 de marzo del 2023, el GHREN, publicó un informe en el que reitera que Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de agentes y funcionarios públicos de diversas agencias y estructuras del Gobierno, “continúan participando en violaciones y abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos contra un sector de la población nicaragüense, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, privaciones arbitrarias de la nacionalidad y violaciones al derecho a permanecer en el propio país, así como violaciones al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión, conciencia y religión”.

Junta directiva del FVC le quitó poder al IMR

El proceso que llevó la investigación y la posterior discusión de los resultados del informe presentado por el IMR, de alguna manera generó conflictos entre este mecanismo y la Junta Directiva del FVC.

Para Ingrid Hausinger, analista de proyectos climáticos, si bien el informe del IRM es contundente y en buena medida llenó las expectativas de quienes interpusieron la queja, hay algo que no es muy bueno para el IMR porque lo debilita.

Hausinger recordó que el IRM es un mecanismo de queja independiente creado para que las comunidades que se pueden ver afectadas por los financiamientos climáticos del Fondo Verde del Clima, se acerquen y pongan sus quejas “este tiene que ser independiente y tiene que tener poder” aseveró.

Sin embargo, advirtió que “con este primer ejercicio, vimos lastimosamente que la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima, le quitó poder al IRM”, en ese sentido explicó que, si bien la Junta Directiva aprobó el informe, no aceptó las recomendaciones mismo.

“Aprueban el informe, dicen que lo reconocen y que están de acuerdo con los hallazgos del mismo, sin embargo, aducen que no van a seguir la vía de las recomendaciones del IRM, sino que empiezan un proceso de una vía legal, que es con la asesoría de abogados y abogadas, empezar a evaluar el incumplimiento de las condiciones del contrato entre el BCIE y el Fondo Verde” explicó la experta. 

Bio Clima podría cerrarse pese a obstinación del régimen

Pese a la situación planteada anteriormente, la experta considera que la decisión de la Junta Directiva del FVC, no deja de ser una vía para cerrar el proyecto definitivamente. “Creemos que se puede lograr el objetivo de los que pusieron la queja, porque vemos muy difícil que el gobierno, en el tiempo que le han dado, cumpla y presente todos los resultados que le pueda pedir la secretearía del Fondo Verde del Clima” aseveró.

Sin embargo reiteró que la decisión de la Junta Directiva, le quita el seguimiento del proceso al IRM, que es quien tendría que velar por el cumplimiento de las condicionantes y de las recomendaciones que esta instancia hace en el informe, pues “el IRM es el único que ha hecho la investigación y conoce a ciencia cierta la realidad del territorio, porque fue al territorio e investigó, lo sacan prácticamente diciendo que el caso se cierra, que la queja se cierra y que el proceso queda en la Secretaría como una cuestión legal”.

La especialista opinó que esta decisión podría ser una vía política para cerrar el proyecto sin generar mucho conflicto, porque las recomendaciones del informe son muy fuertes y pide que se haga investigación de cumplimiento de no violación de derechos humanos, por eso el informe es muy importante.

“Creemos que es una negociación que se hizo para que al final de cuentas el programa se cierre, esperamos que así sea” puntualizó.