Poder Judicial sigue acéfalo y destituciones continúan

La ola de destituciones en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que inició el 24 de octubre pasado con el desalojo de la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y dos días después con el de la magistrada de la Sala Civil, Yadira Centeno González, continuó incluso este domingo 29, con la suspensión de Adda Vanegas Ramos, magistrada de la Sala Penal Especializada en Violencia y Justicia de Adolescentes del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).

Así lo dio a conocer el exfuncionario judicial Yader Morazán a través de sus redes sociales.

Vanegas Ramos es sobrina de Alba Luz Ramos, y según la información difundida por Morazán, junto a esta fue también destituida su hija, Ada Carolina Ortega Vanegas, quien fungía como su asistente. De igual forma trascendió que fue despedido Eduardo Ortega, esposo de Vanegas Ramos, quien era el director nacional de los registros públicos.

De acuerdo con analistas, la sacudida en el Poder Judicial habría sido ordenada por la vicedictadora Rosario Murillo, para ejercer control total sobre ese poder del Estado.

Desfile de familiares de Ramos y otros empleados de confianza

El nepotismo que la dictadura permitió a Ramos en el Poder Judicial durante décadas, llegó a su fin, pues junto a su cabeza también rodaron las de otros parientes que ostentaban diferentes cargos en ese poder del Estado.

Entre la lista de parientes de Ramos defenestrados están, su sobrina Alma Larios Ramos y el esposo de esta, Héctor Ibarra; Egberto Ramos, juez de familia; y Carlos Roberto Ramos, inspector judicial. Abelardo Alvir Ramos, juez Séptimo Penal de Audiencia de Managua y también pariente de la magistrada, de quien se conoció que en enero pasado habría sido llevado a El Chipote por la guardia orteguista para interrogarlo.   

Alvir Ramos, fue el juez que, en julio del año pasado, decretó 90 días de prisión a dos extrabajadores del diario La Prensa, que fueron secuestrado por agentes del brazo represor de Ortega.

No obstante, también trascendió que la barrida en el Poder Judicial ha alcanzado a otros funcionarios, en todos los niveles de jerarquía dentro del organigrama de la institución ejecutora de la justicia orteguista.

Martín García, director de informática habría sido llevado a El Chipote junto a otros empleados de esa área. Berman Martínez quien fungía como secretario general administrativo de la CSJ, es otro de los funcionarios separados de su cargo. Martínez, quien además era secretario de organizaciones del Frente Sandinista en ese poder del Estado, había sido destituido de ese cargo en septiembre pasado.  

Alba Luz Ramos fue desalojada de su oficina por la policía orteguista el 24 de octubre pasado días después de la destitución de Martínez y García. 

Morazán: “Efecto bumerán”

De acuerdo a Morazán, muchos de los corridos del Poder Judicial, “crearon las condiciones para destituir sin proceso legal alguno a trabajadores que participamos en las protestas del 2018, y hoy de forma más arbitraria, violenta y ejecutada por policías, les regresa el bumerán a sus manos.”

El exfuncionario judicial añadió que, los hoy lanzados a la calle, se van sin el pago de noviembre, sin aguinaldo y sin la indemnización por antigüedad que les corresponde.

Morazán opinó además que lo que está ocurriendo en el edificio de la justicia orteguista es solo el comienzo y advirtió que, al cambiar las estructuras del Poder Judicial, los nuevos mandos tendrán más control del dinero, de los negocios y del personal.

El jurista vaticinó en sus redes sociales que “veo a trabajadores del Poder Judicial, junto a sus familias, huyendo, exiliándose, denunciando y oponiéndose”. De acuerdo a Morazán, la guillotina incluso llegará hasta los funcionarios judiciales del nivel municipal.