Dictadura de Daniel Ortega se siente agredida por cancelación del Fondo Verde para el Clima

La dictadura de Daniel Ortega repudió y rechazó la decisión del Fondo Verde para el Clima (FVC) de cancelar el financiamiento al Proyecto Bio CLIMA.  La Secretaría del FVC dijo que la decisión fue debido al incumplimiento de las políticas y procedimientos de salvaguardas ambientales y sociales.

La iniciativa contribuiría a la protección y defensa de las reservas de biosfera de Bosawas e Indio Maíz, a través de la reducción de la deforestación, el aumento de la reforestación y el fortalecimiento de la resiliencia. Sin embargo, la deriva autoritaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hizo que el proyecto fracasara.  

Para la dictadura de Ortega, la decisión de cancelar el proyecto “se basó en procesos y procedimientos no transparentes y no éticos”. Paradójicamente, el régimen nicaragüense quiso imponer el proyecto al margen de los derechos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, como la no divulgación adecuada de información, consulta indígena, ni consentimiento libre, previo e informado. Además, se denunció que la implementación del proyecto aumentaría la violencia que sufren las comunidades indígenas y afrodescendientes.

¿Régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consecuente?

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sostiene que ha sido consecuente con el reconocimiento de los derechos de propiedad de las comunidades originarias y afrodescendientes por haber demarcado y titulado 25 territorios. “Hemos entregado a las Comunidades Originarias, a los Pueblos Originarios, el 31.6% de nuestro Territorio, 38,426 kilómetros. Qué más demostración de fortalecimiento de los Derechos de las Comunidades y Pueblos Originarios de nuestro País”.  

Sin embargo, en su comunicado, el régimen omite que no ha cumplido con la etapa de saneamiento de los territorios indígenas, los cual les permitiría el disfrute de sus territorios. Las poblaciones indígenas y afrodescendientes llevan más de una década clamando por el cese de las invasiones y el saqueo a sus terrorios.  

La dictadura de Ortega denunció lo que considera “medidas agresivas, coercitivas y unilaterales de esta Institución (FVC), con lo que han violentado los Principios y Acuerdos suscritos ante la Comunidad Internacional”. Exigió al FVC “garantizar la movilización de los recursos comprometidos por la Comunidad Internacional, y que han sido arrebatados a los Pueblos Originarios y Afrodescendientes de Nicaragua”.

El FVC no había realizado ningún desembolso para el proyecto y la implementación de este no había comenzado. El costo total del proyecto era por US$116.6 millones. El FVC aportaría US$64.1 millones, de los cuales US$38.0 millones eran en calidad de préstamo al Gobierno de Nicaragua y US$26.1 millones como donación. Por su parte, el BCIE financiaría US$44.2 millones a través de su Programa de Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social (PRPEES). Además, se contaría con una donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) por US$8.3 millones.