CIDH otorga medidas cautelares a evangélicos de "Puerta de la Montaña"
- 26 Abr 2024
- 6:08 p.m.
La organización evangélica Puerta de la Montaña, había realizado una concentración multitudinaria en noviembre de 2023 con el permiso del régimen de Daniel Ortega. • Foto: Puerta de la Montaña
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de once personas pertenecientes a la iglesia evangélica "Puerta de la Montaña", que permanecen en prisión en las celdas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La solicitud de las medidas fue hecha a la CIDH por la Alianza en Defensa de la Libertad, (ADF por sus siglas en inglés), una organización mundial de derechos humanos que defiende la libertad religiosa y la dignidad de todas las personas.
Los integrantes de la organización religiosa fueron apresados el 18 de diciembre del año pasado, dos días después, el 20 de diciembre de 2023, la personería de la organización religiosa fue anulada por el régimen de Ortega y tras la cancelación confiscados sus bienes. La anulación fue dada a conocer por la dictadura a través de La Gaceta, Diario Oficial.
Posteriormente las personas detenidas fueron juzgados y finalmente condenados el pasado 19 de marzo por el supuesto delito de lavado de dinero bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua.
Las personas a quienes se les otorga las medidas cautelares son:
- Walner Omier Blandón Ochoa
- José Luis Orozco Urrutia
- Álvaro Daniel Escobar Caldera
- Juan Carlos Chavarría Zapata
- Marcos Sergio Hernández Jirón
- Juan Luis Moncada
- Orvin Alexis Moncada Castellano
- Harry Lening Ríos Bravo
- Manuel De Jesús Ríos Flores
- Cesar Facundo Burgalín Miranda
- Marisela de Fátima Mejía Ruiz
La CIDH, a través de la resolución 23-2024, fechada el 21 de abril, refiere que tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por la parte solicitante, considera que la información presentada demuestra prima facie que las personas propuestas beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable”.
Asimismo, solicita al gobierno de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas detenidas, y que, en particular, informe de manera oficial sobre su situación actual en tanto se encuentran bajo custodia del Estado.
También llama al régimen a que adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de estas personas sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre estos, garantizar el acceso a atención médica adecuada y especializada, y que se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre su situación de salud.
La CIDH exhorta al gobierno de Nicaragua a que garantice el contacto regular y acceso con sus familiares y abogados; y que se evalúe la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la privación de la libertad dada la imposibilidad de proteger sus derechos a la luz de las actuales condiciones de detención.
Desde 2018, que el régimen de Ortega instauró un Estado policial y desató la persecución de los diferentes sectores de oposición. La CIDH ha otorgado medidas cautelares a presos políticos, líderes de la disidencia, líderes y comunidades indígenas, entre otros. Sin embargo, la dictadura se ha hecho de oídos sordos y ha cumplido las recomendaciones de la esa comisión.
CIDH reitera los abusos de la dictadura
En la misma resolución la instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), recuerda que se ha pronunciado, de manera consistente, mediante comunicados de prensa, externando su preocupación sobre la creciente crisis y graves violaciones de derechos humanos en el país, desde sus distintas aristas, entre ellas, se ha referido a la persistencia de los actos de persecución; la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras, defensoras de derechos humanos y de la prensa independiente.
También resalta que persiste la impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho, así como la criminalización en contra de líderes y lideresas de la oposición nicaragüense, la deportación de personas privadas de libertad por motivos políticos y la pérdida de nacionalidad, sin dejar de mencionar, además, la escalada represiva en contra de integrantes de la Iglesia Católica.
