Corrupción del sistema judicial de Nicaragua: Así se evidencia

Desde el caso de Byron Jerez hasta el del hermano del boxeador Román "El Chocolatito" González. En Nicaragua, hay varios ejemplos de corrupción del sistema judicial. 

El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) de Hagamos Democracia, realizó un recuento de los casos emblemáticos de corrupción que han dejado en evidencia el control del régimen sobre la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

Dicho control ha llevado a Nicaragua a ser un país, “donde no existe Estado de Derecho” y la corrupción se ha convertido en una práctica arraigada en la administración de justicia, afirman las personas investigadoras que realizaron este recuento.

Los casos emblemáticos de corrupción en Nicaragua

El trabajo menciona el caso de Byron Jeréz quien estuvo involucrado en varios casos de corrupción y se enfrentó a cinco procesos judiciales en 2000, 2002, 2003, 2004 y 2011. En todos fue sobreseído, señalan las personas investigadoras. Jeréz ahora es diputado de la Asamblea controlada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

El recuento menciona el caso de Ricardo Mayorga, ex boxeador profesional, quien expresó su respaldo al régimen. Mayorga fue denunciado en 2004 por el delito de violacion, sin embargo, la acusación no prosperó porque el juez dijo que no había suficiente prueba para iniciar el juicio. En 2005 fue acusado por robo de un celular, en 2006 por estafa y en 2011 por amenazas. En ninguno de estos, Mayorga respondió por las denuncias. 

El OPTA menciona el caso de Miltón González, hermano del ex campeón mundial de boxeo,  Román “El Chocolatito” González, quien en febrero de 2014 fue detenido con un paquete de cocaína. Luego de pruebas periciales, las autoridades dijeron que era talco. La fiscalía se negó a acusar a González y el juez dio por cerrado el caso.  

La investigación de OPTA señala que la influencia del régimen sobre la CSJ ha sido utilizada por la presidenta de esta institución, Alba Luz Ramos, para designar a sus familiares en puestos de jueces, magistrados y cargos administrativos. 

Los investigadores califican a esta acción como “nepotismo de la familia de Alba Luz Ramos”. 

“Jueces, magistrados, médicos forenses, la mayoría de los familiares de Alba Luz Ramos fueron separados de sus cargos tras la purga que desató el régimen dentro de la Corte Suprema de Justicia”, afirmaron las personas investigadoras. 

La CSJ como instrumento de agresión

El trabajo de OPTA señala que el régimen no solo ha usado a la CSJ para beneficiar a su  militancia, sino para agredir a las personas disidentes. 

Como ejemplo mencionan el caso de “Los Aguadores”, 16 personas que, en noviembre de 2019, llevaron agua a madres que protestaban dentro de una iglesia en Masaya. Estas personas fueron detenidas y posteriormente acusadas por tráfico de armas. 

El caso estuvo lleno de irregularidades tales como que las personas fueron procesadas en Managua, cuando el supuesto delito fue cometido en Masaya. Además, las víctimas no tuvieron defensa legal. 

Otro caso que menciona el informe es la criminalización de candidatos presidenciales, Cristiana Chamorro, Juan Sebastían Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora y otros activistas políticos. 

“Las víctimas no fueron informadas de las investigaciones en contra de ellos, no tuvieron derecho a la defensa, se violenta el proceso de publicidad porque las audiencias se hicieron en el chipote, fueron detenido ilegalmente, fue un manual de violacion a las normas de procesamiento judicial”, afirma el recuento.

OPTA concluye que el sistema de justicia se degradó hasta perder su autonomía funcional y este poder solo cumple la agenda del régimen.