“Tengo miedo de cómo llegar al hospital. Dicen que aquí no atienden así nomás, entonces tengo miedo enfermarme, pienso que me muero”.

Yarita Elington, una miskita de 32 años, originaria de Puerto Cabezas, Caribe Norte de Nicaragua, vive en la incertidumbre porque no tiene seguro social. Es madre soltera de tres hijos y el único apoyo que tiene es el de su mamá de 69 años.

Elington llegó a Costa Rica hace 20 días. Su esperanza es encontrar un empleo que le permita sobrevivir y construir una casa en Nicaragua. Después que murió su papá, el “gobierno” de Daniel Ortega, dice ella, le quitó la casa con el argumento de que no poseían título de la propiedad.

Yarita recuerda que, en Nicaragua, sus preocupaciones eran la falta de empleo, los salarios precarios, los bajos ingresos y el poco acceso a la salud. “Teníamos que comprar los medicamentos. Allá solo emergencias atendían, cuando te estás muriendo te atienden, esa es la realidad. Así como estoy yo ahorita, si voy, no me hacen caso. Una herida grande, un accidente, muriéndote, esa es la prioridad, pero si estás con un dolor, te dicen que estás bien”.

Una tarde lluviosa de mayo, un grupo de exiliadas nicaragüenses se reúnen en Pavas para una “tarde de Wabul”, espacio en el que comparten sus sentires, malestares y lo que pasa en su nueva cotidianidad.

“Yo no reconocía la violencia, hasta que casi me escapan de matar”, reflexiona una de las mujeres. Otra señala que es un problema que persiste en el exilio, la violencia de machista. Nicaragua registra en lo que va del 2024 al menos 38 asesinato de mujeres y la Policía orteguista reconoció que en las primeras semanas de mayo capturó a 414 hombres por los delitos de violación y abuso sexual, evidenciando lo que, históricamente han denunciado organizaciones feministas confiscadas por el régimen Ortega Murillo.

Sin seguro social es difícil acceder a salud

“La principal dificultad es que las mujeres en el exilio no tienen acceso al seguro médico, sin eso no las pueden atender en la clínica ni en el hospital”, refiere Scarleth Obando García, otra nicaragüense exiliada. Agrega que, en caso de ser atendidas en los EBAIS (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud), -centros de salud en Nicaragua-, el costo es alto y tienen que buscar apoyo de organizaciones que apuestan por la salud de las mujeres.

Lo antes mencionado limita que estas mujeres tengan acceso a métodos anticonceptivos para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), embarazos, papanicolaou, mamografías u otros tipos de diagnósticos. “Sino tenés seguro, no tenés acceso a esas cosas”, enfatiza Obando.

¡Costa Rica, no nos dejen morir! Gritan los miskitos

Una alternativa que han encontrado algunas mujeres es asistir a la Casa de María Auxiliadora, una fundación que promueve proyectos sociales en el ámbito de la salud, educación y seguridad alimentaria. “Se cobra un precio simbólico -entre 2,000 y 5,000 colones (entre 4 y 10 dólares aproximadamente)-, y te dan toda la atención o te pueden remitir con ACNUR”, explica.  

Obando asegura que, en Nicaragua, no tenían derechos garantizados y lo mismo ocurre en Costa Rica. “Hay mujeres que tienen enfermedades graves como el cáncer y no tienen recursos para costear el tratamiento. Una mujer exiliada tuvo que tomar la decisión de regresar a Nicaragua con todos los temores, porque el tratamiento para el cáncer de senos aquí es carísimo”.  

La salud de las mujeres atraviesa varios ámbitos y cuando se trata de salud mental, por los niveles de violencia, desplazamiento forzado y condiciones de vida, la situación es más compleja. Salmira es una joven de Siksayari. También está exiliada en Costa Rica. Después de su primer embarazo empezó a sentirse triste, ansiosa, oía voces y sentía un vacío en el pecho. Asegura que, fue al centro de salud en Nicaragua, pero “no me dieron nada, me dijeron que no tenían pastillas para eso”. Tampoco la remitieron a una unidad de mayor referencia para acceder a atención psicológica, hasta ese momento, Salmira no sabía que padecía de depresión posparto.

En Costa Rica logró acceder a un seguro médico por nueve meses por el trabajo de su pareja, un seguro que le salvó la vida. “Me enfermé grave, me fui al hospital de San José, me atendieron rápido porque estaba mal, me diagnosticaron y me dieron tratamiento”.

Actualmente, Salmira no tiene seguro médico y está preocupada, porque no ha continuado con sus terapias. “A veces no puedo dormir, siento que mi respiración se va y mi corazón se acelera rápido”, cuenta.   

Urge garantizar los derechos sexuales y reproductivos  

En la comunidad de Tasba es difícil acceder a métodos anticonceptivos, señala Brisha Gayle de 18 años. “Si se quiere cuidar tiene que comprar las pastillas y los condones; las jóvenes muchas veces no tienen dinero para comprarlos y de ahí surgen muchos embarazos en adolescentes”. Gayle considera que si se promoviera los implantes anticonceptivos “ayudarían a muchas jóvenes que lo necesitan en la zona, así como la vasectomía en el caso de los hombres”.

Gayle ha observado que en diversas comunidades indígenas y afrodescendientes hay desconocimiento sobre métodos anticonceptivos y en muchas familias se oculta la información sobre este tema a las personas jóvenes.

Recuerda que, en su comunidad, el año pasado fallecieron cuatro mujeres de leucemia y otros tipos de cáncer, una de ellas atribuía la enfermedad a la “brujería”; otra tenía afectaciones en la piel, y para ella también era “brujería”, pero es por la misma falta de información que hay en las comunidades, enfatiza Gayle. “Una esperó hasta cinco meses en ir a un doctor, cuando fue ya no tenía tratamiento ni cura”.  

A Gayle le gustaría que la atención en salud sea sistemática y con información oportuna. “En algunas mujeres los anticonceptivos a los que tienen acceso no les funcionan y llegan a tener hasta cinco hijos, sería bueno que los doctores las visitaran para atenderlas, hacerles pruebas para indicarles un método acorde a su condición”, refiere.  

Recuerda el caso de una joven de 25 años que estaba embarazada y no quería parir. “Se hizo un aborto inseguro y murió, la familia dijo que tomaba algunas medicinas”. En Nicaragua, desde el 2006, el aborto está penalizado en su totalidad, lo que obliga a mujeres y niñas a continuar con embarazos no deseados, afectando de esta manera su salud y sus vidas.  

Los pocos datos disponibles sobre la situación de salud de las mujeres nicaragüenses, hacen referencia a que las principales causas de hospitalización en embarazadas son: Partos con 106,870 casos, partos por cesáreas con 31,452 casos, amenaza de parto prematuro 8,179 y embarazos terminados en aborto 7,573 casos, según el Mapa de la Salud de Nicaragua.

Otras causas reflejadas en el Mapa de la Salud son los trastornos hipertensivos en el embarazo, complicaciones durante el trabajo de parto, anemia, neumonía, infecciones de las vías urinarias en el embarazo, embarazo múltiple, diabetes mellitus en el embarazo, ruptura prematura de membranas, amenaza de aborto, trabajo de parto prolongado y hemorragia posparto.  

Las causas de defunciones, hospitalizaciones, enfermedades crónicas, no están segregadas por sexo en el mapa antes referido. Únicamente aparece este detalle en las defunciones por tumores malignos en la población en general en los últimos cinco años.

La información del Mapa de Salud, refleja que, en 2023 se aplicaron 260, 000 dosis de vacuna contra el Virus de Papiloma Humano, VPH a niñas de 10 a 14 años. Un derecho que de haberse garantizado habría evitado la muerte de muchas mujeres producto del cáncer cervicouterino.

Demandan justicia reproductiva y respecto a los derechos sexuales y reproductivos

Cada 28 de mayo, desde 1987, se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, como una manera de visibilizar los problemas que afectan la salud de las mujeres y trabajar en estrategias para su prevención. 

Al respecto, la Articulación Feminista Nicaragüense, AFN, a través de un comunicado manifestó que en Nicaragua “no hay información sobre la prevención de los problemas de salud sexual y reproductiva que viven las mujeres, tampoco existe educación sexual disponible en el sistema educativo, ni métodos anticonceptivos accesibles”. La AFN también señaló que no se conoce información sobre enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

Por otra parte, la organización refirió que se han cancelado más de 245 organizaciones feministas y de defensa de los derechos de las mujeres, dejando a miles de personas en la desprotección. Por ello, piden a la comunidad internacional "que no deje a las mujeres de Nicaragua en el olvido y demanden con nosotras justicia, democracia y libertad”.

Mientras en Nicaragua el “gobierno” sigue anunciando campañas de “Mujeres Saludables” y “Mega Ferias Integrales de Salud”, en la práctica sigue limitando el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, en el exilio la situación es más difícil, aun así, las mujeres se organizan, reflexionan y buscan alternativas para sobrevivir y no enfermar.