Concesión de El Canal pone en venta derechos humanos

Amnistía Internacional (AI) exigió al Estado de Nicaragua que derogue la Ley 840, durante la presentación del informe “Peligro: Derechos en venta”, que analiza el “nefasto impacto que ha tenido el proyecto del Canal Interoceánico en Nicaragua sobre los derechos humanos, no sólo de las comunidades que potencialmente pudieran ser afectadas sino por la vulneración de derechos, que desde el establecimiento del marco legal, hace un poco más de cuatro años, se ha generado en términos del acceso a la información y a derechos fundamentales como la consulta, la seguridad de la tenencia de la tierra y el acceso a los recursos naturales”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Para AI, el oscurantismo y la rapidez con la que se estableció el marco legislativo del proyecto canalero pone de relieve la vulneración de los derechos humanos de la población nicaragüense. “Es realmente preocupante la falta de una consulta genuina no sólo a las comunidades afectadas sino a la población en general”, agregó Guevara.

Lo que sucede en Nicaragua es similar al resto de las Américas, en donde los intereses económicos se están sobreponiendo a los derechos humanos. Según Erika Guevara, las multinacionales coludidas con los Estados, corruptamente generan proyectos de desarrollo, que sólo desarrollan los bolsillos de unos cuantos y están poniendo en verdadero riesgo la sostenibilidad de las comunidades.  

AI realizó múltiples requerimientos a las autoridades del Gobierno de Nicaragua en un intento por lograr una reunión para intercambiar y contrastar la información colectada en las comunidades y del análisis jurídico, pero lo que recibieron como respuesta, fue el silencio estatal, dijo Guevara.

Castigo a la disidencia

El informe de Amnistía Internacional también revela la campaña de las autoridades nicaragüenses contra cualquier persona que se atreva a protestar contra el proyecto. Activistas de derechos humanos que trabajan para destacar el impacto negativo del Canal han dicho a AI que han sido blancos de acoso y amenazas.

Francisca Ramírez, líder del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, el Lago y la Soberanía, ratificó la denuncia de Amnistía. “Lo que hemos tenido es atropello, represión, personas baleadas. Es lamentable que en un país como Nicaragua, con un historial de sangre derramada, cada campesino y cada líder del Consejo Nacional sean atropellados, perseguidos y espiados”.

Ramírez recalcó que han presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la esperanza de ser escuchados y que haya justicia. En respaldo a dicha petición anunció que marcharán el próximo 15 de agosto en La Fonseca, Nueva Guinea. “No vamos a callar nuestra voz, aunque tengamos que morir por nuestras tierras, por nuestro patrimonio, no nos vamos a cansar y no nos vamos a rendir”.  

Por su parte,  Blanca Jagger, directora de la Fundación por los Derechos Humanos Bianca Jagger, manifestó que Daniel Ortega quiere destruir el Lago de Nicaragua y los recursos naturales y entregárselos a una compañía (HKND) por cien años. “Este proyecto no va a traer progreso, no va a traer trabajo, no va a llevarle a los campesinos y a las comunidades indígenas lo que les están prometiendo”.

Por el contrario, se están vendiendo nuestros más importantes recursos naturales a compañías de petróleo y mineras, agregó.

Jagger increpó al presidente Daniel Ortega.  “¿No tiene vergüenza Usted, de estar vendiendo nuestros recursos naturales? ¿No tiene vergüenza de poner en peligro las vidas de los campesinos y las comunidades indígenas? Lo que pedimos es que se suspenda inmediatamente el proyecto del Canal Interoceánico”.        

El 13 de junio de 2013, la Asamblea Nacional aprobó una ley que dio el visto bueno a la construcción de un canal que conectará los océanos Atlántico y Pacífico y a otros subproyectos asociados (un aeropuerto, dos puertos, un oleoducto, una vía férrea y dos zonas de libre comercio). La ley también deja la puerta abierta a futuros proyectos de desarrollo sin asegurar una consulta adecuada con las comunidades afectadas.

Mónica López, asesora del Consejo Nacional en  defensa de Nuestra Tierra, el Lago y la Soberanía, enumeró cuatro aspectos relevantes de la concesión canalera.

1. El pueblo de Nicaragua nunca fue consultado  
2. Siguen sin existir los estudios pertinentes de factibilidad técnica, financiera, comercial y los estudios de impactos socio-ambientales del conjunto de megaproyectos contemplados en la concesión
3. Nunca se establecieron formalmente las áreas de afectación del territorio nicaragüense para ninguno de los megaproyectos, que van más allá de un canal húmedo: Zonas de libre comercio, aeropuertos, centros turísticos, ciudadelas, hidroeléctricas.
4. Mientras siga vigente la Ley 840, el inversionista dispone de un enorme cheque en blanco y que le permite ceder, negociar y transferir con terceros todos los derechos contenidos en la concesión, que es una entrega de la soberanía nacional o una privatización descarada de territorios y recursos invaluables de la nación. La concesión es en pocas palabras el ejercicio brutal del poder absoluto.

El precio del progreso no puede ser la venta humillante de la soberanía