Reformas forzarían ruptura entre el Vaticano y la Iglesia Católica en Nicaragua

A criterio de la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, quien desde 2018 sistematiza las agresiones contra la iglesia en Nicaragua, las reformas constitucionales de la dictadura Ortega Murillo “proponen una ruptura definitiva entre el Papa, Sumo Pontífice de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica nicaragüense”.

Según Molina, con dichas reformas se puede crear una iglesia paralela que no esté en comunión con el Papa. “Todo lo que se propone en la reforma constitucional tendrá que ser reglamentado y desarrollado en leyes específicas” resalta en su análisis la investigadora.

De igual forma advierte que “el poder discrecional del que gozan los dictadores Ortega-Murillo considerara agresión cualquier opinión emitida por el Papa Francisco, cardenales u obispos extranjeros y los dictadores de Nicaragua podrán ejecutar acciones necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de esa disposición”.

La investigadora católica hace hincapié en la enmienda propuesta al artículo 14 constitucional, en el que, en su segundo párrafo se advierte que: “Al amparo de la religión ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten en contra el orden público.” De igual forma resalta que en la iniciativa de reforma, en el tercer párrafo del mismo artículo se establece que: “Las organizaciones religiosas deben mantenerse libre de todo control extranjero”.

En la misma línea Molina recuerda que dado el poder discrecional del que gozan los dictadores Ortega y Murillo, estos podrán considerar como agresión cualquier opinión emitida por el Papa Francisco, cardenales u obispos extranjeros y en consecuencia podrán ejecutar acciones necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de esa disposición. 

También destaca que si bien la reforma al artículo 69, mantiene el derecho de la libertad religiosa, este advierte que esta debe practicarse “con respeto a los principios fundamentales establecidos en la Constitución”, es decir, en estricto apego a lo que se pretende mandatar en el mencionado artículo 14 y en los demás artículos constitucionales que serán reformados.

En la Constitución vigente, el artículo 69 es parte del articulado del Capítulo III, que recoge los Derechos Sociales de los nicaragüenses, el mismo reza de manera íntegra:

“Todas las personas, individual o colectivamente, tienen derecho a manifestar sus creencias religiosas en privado o en público, mediante el culto, las prácticas y su enseñanza. Nadie puede eludir la observancia de las leyes, ni impedir a otros el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, invocando creencias o disposiciones religiosas”.

Con la propuesta de reforma, al artículo en mención se le cercena el enunciado que establece que “Nadie puede eludir la observancia de las leyes, ni impedir a otros el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, invocando creencias o disposiciones religiosas” y en su lugar se agrega que el derecho a manifestar las creencias religiosas, debe ejercerse “con respeto a los principios fundamentales establecidos en la Constitución”.

Agresiones no cesan

Molina, quien da seguimiento constante a las agresiones de la dictadura contra la Iglesia Católica y sus líderes, destaca en su más reciente actualización que la dictadura sandinista ha exiliado, desterrado, expulsado y prohibido el ingreso a Nicaragua a 261 personas religiosas, 55 de estas en lo que va del 2024.

Asimismo, resalta que paralelamente mantiene bajo vigilancia a todos los obispos, sacerdotes, seminaristas y laicos. “Llegan a las casas de formación a asediar e interrogar a los sacerdotes y seminaristas” asegura Molina.

La investigadora católica informó que, durante las últimas semanas, también han sido interrogados y perseguidos los monaguillos, varios de ellos menores de edad. “A todos les obligan a tomarse fotos y videos junto a los Policías” denuncia la abogada.

Refirió además que las monjas, principalmente las que pertenecen a congregaciones cuya personalidad jurídica fue cancelada, se encuentran intervenidas por el Ministerio de Educación (MINED) y vigiladas por policías. “Varias de ellas han tenido que huir del país para salvaguardar su vida” asegura Molina.