Aprobación de Ley contra sanciones pone en jaque a entidades bancarias
- 25 Nov 2024
- 2:00 p.m.
La aprobación de la “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas”, hecha efectiva este lunes 25 de noviembre en la Asamblea Nacional, pone en apuros a las entidades bancarias del país, debido que dicha normativa obliga al Sistema Financiero Nacional a restituir los servicios a funcionarios e instituciones que han sido sancionados, principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea.
El artículo 4 de la normativa, establece que “ninguna entidad o persona, bajo argumento de sanciones, podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros, a las personas naturales o jurídicas, entidades privadas e instituciones del Estado”.
Bancos que no cumplan la ley podrían ser castigados hasta con suspensión de operaciones
Al acatar lo que mandata la nueva ley, los bancos nacionales se verán forzados a incumplir normativas y regulaciones internacionales, pero si no cumplen con la nueva normativa jurídica, de acuerdo al artículo 5 de la misma, también se exponen a penalidades que van desde multas y sanciones, hasta la suspensión temporal o definitiva de operaciones, por violar “los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones emitidas por un Estado o grupo de Estados, Gobiernos u organismos extranjeros”.
Por otro lado, de acuerdo a expertos, las entidades bancarias, al reaperturar cuentas a personas e instituciones que han sido sancionadas principalmente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se exponen riesgos como a la pérdida de corresponsalías con bancos internacionales.
La Ley fue creada con la finalidad de declarar “nulas y sin efectos” las sanciones internacionales impuestas contra funcionarios e instituciones de la dictadura Ortega Murillo, principalmente por violentar los derechos humanos de las y los nicaragüenses.
El artículo 4 referido específicamente a la inaplicabilidad de lo que el régimen llama “medidas coercitivas unilaterales e ilegales”, estatuye que “en Nicaragua se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional. Estas sanciones carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance”.
La iniciativa de la Ley, que fue enviada por Ortega al Poder Legislativo el 18 de noviembre pasado, fue aprobada este lunes con la totalidad de los votos parlamentarios.
A raíz de la represión desatada por la dictadura Ortega Murillo tras el estallido social de abril de 2018, agentes e instituciones del régimen han sido objeto de sanciones por parte de varios países por ser cómplices de la violación de los derechos humanos, cometer crímenes de lesa humanidad, y por atentar contra la democracia y al Estado de Derecho de Nicaragua.
