Hasta el 24 de noviembre de 2024, de acuerdo al Observatorio Voces, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), 76 mujeres nicaragüenses habían sido privadas de la vida sólo por el hecho de ser mujeres.

Los asesinatos de mujeres por su condición de género, tipificados jurídicamente como femicidios, son la culminación de ciclos de violencia que incluyen entre otros, acoso, abuso, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y discriminación.

El femicidio, es por lo general la consumación de ese ciclo de violencia, el que lamentablemente termina cuando se apaga la vida de una mujer de manera violenta a manos de un hombre.

Sin embargo, cuando el Estado no atiende las denuncias, no investiga, no condena y muchos de estos crímenes quedan en la impunidad, este también carga con una cuota de responsabilidad, porque, sea omisión o por acción, permite que estos delitos sucedan. Entonces, el Estado también es culpable, y el delito pasa de femicidio a feminicidio.

De acuerdo a los reportes periodísticos y policiales, el primer femicidio del año 2024, fue cometido el 7 de enero, contra Mariluz Arceda Guido, de 39 años, cuando su expareja, Luis Enrique Sánchez Parrilla de 40 años, le quitó la vida a machetazos. El crimen ocurrió en la comarca Yasica Sur, del municipio de San Ramón, Matagalpa.

La víctima del más reciente femicidio, registrado al cierre de este artículo, fue una adolescente de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado el 23 de noviembre pasado, tres días después de ser reportada como desaparecida. El hecho se dio en la comarca Buena Vista, del municipio de El Viejo, en Chinandega. El victimario fue Elocadio Díaz, de 75 años, tío de la adolescente.

Femicidio y feminicidio: A las cosas por su nombre

Aunque en Nicaragua poco o casi nada se habla de feminicidio, o este término se asume muchas veces como sinónimo de femicidio, el mismo tiene sus claras diferencias en su significado, y en el contexto actual del país, con el agravante que es gobernado por una dictadura oprobiosa, cobra gran relevancia, dado que en Nicaragua el feminicidio es hoy por hoy uno de los mayores flagelos que sufren las mujeres y niñas de todas las edades y estratos sociales.

La psicóloga y periodista feminista Liliana Hendel, en un artículo publicado en la plataforma digital argentina Diario Femenino, explica de manera precisa el feminicidio, es decir, la responsabilidad del Estado en la comisión de los crímenes de odio contra las mujeres.

Hendel destaca que: “El Estado tiene responsabilidad por no generar políticas públicas adecuadas en términos amplios y en términos particulares en cada caso”, asimismo la autora desmenuza las principales acciones u omisiones del Estado ante estos crímenes, resaltando que su nivel de responsabilidad crece cuando ha habido denuncias que no fueron escuchadas, pedidos de ayuda que no fueron tomados en cuenta, solicitudes de ordenes de alejamiento que fueron ignoradas.

A lo anterior se suma que las denuncias no se toman como corresponde porque “la Policía no tiene la suficiente capacitación para recepcionar la denuncia de una mujer que está haciendo victimizada, pero también porque el sistema judicial es inaccesible para muchísimas mujeres en condición de vulnerabilidad”.

Estado ejecutor

En Nicaragua el asunto se agrava cuando el mismo Estado ejecuta acciones que en virtud de cumplir con el mandato de proteger a las mujeres, contribuyen a su vulnerabilidad ante la violencia machista y al final son violentadas y revictimizadas tanto por los agresores, como por el mismo Estado, que termina convirtiéndose en un Estado feminicida.

Una de estas acciones de la dictadura Ortega Murillo es sin lugar a dudas, la liberación de reos comunes a quienes se les otorga la libertad bajo la figura de “régimen de convivencia familiar”, cuando aún no terminan de cumplir su condena.

Nicaragua, país de puertas abiertas a la inseguridad y la impunidad

Muchos de estos reos, una vez en libertad, reinciden en los mismos delitos por los cuales guardaban prisión, y otros cometen asesinato contra mujeres, que en algunos casos incluso, ya habían sido violentadas física y psicológicamente por estos.

Está documentado por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y por medios de comunicación independientes, que mujeres que se atrevieron a denunciar a sus agresores, fueron amenazadas por estos, y una vez indultados, cumplieron con su venganza. Varios victimarios siguen en libertad luego de cometer el asesinato, mientras sus víctimas yacen en una lúgubre tumba olvidadas por la justicia.

Violencia Estatal: la expresión del odio de la dictadura hacia las mujeres

Otras acciones concretas que evidencian la violencia estatal contra las mujeres son la persecución y encarcelación de las mismas por defender sus derechos; la conculcación de la libertad de asociación consumada tras el cierre de organizaciones, asociaciones y movimientos de mujeres; así como la prohibición de poder marchar en fechas como el propio 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) o el 25 de noviembre (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres). 

En el marco de la conmemoración de esta última fecha, la activista, expresa política y exiliada, Tamara Dávila advirtió que en Nicaragua, las mujeres están siendo perseguidas y encarceladas por reclamar sus derechos, y que si bien esta acción represiva del régimen se ha acrecentado a partir de 2018, ya era una práctica desde mucho antes.

La activista señaló que durante los últimos años, “Daniel Ortega y Rosario Murillo se han dedicado a sacar criminales que regresan a sus casas a matar a mujeres que los han denunciado por violencia”.

Reiteró que la dictadura no está atendiendo los problemas de las mujeres, “las mujeres están pasando hambre, están teniendo dificultades para llevar tres platos de comida a sus hijos e hijas, las mujeres están viviendo bajo un régimen que las persigue y no las protege, esa es la realidad que viven las mujeres en Nicaragua”.

Todas las mujeres son potenciales víctimas

La falta de seguimiento a las denuncias, la falta de acceso a la justicia que termina traduciéndose en impunidad para los malhechores, sumado a la temeraria acción del régimen de lanzar a las calles a criminales que bien estaban tras las rejas, pone en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a todas las mujeres.

De acuerdo a los registros oficiales, más de 24 mil reos comunes han sido liberados entre 2021 y 2024, es decir, durante los últimos cuatro años han sido puestos en libertad un promedio de 6 reos mil por año. Esta práctica retrograda ya se ha cobrado la vida varias mujeres que se suman a la larga lista de femicidios ocurridos en los últimos años.

El llamado “régimen de convivencia familiar” instaurado por la dictadura no tiene soporte jurídico. Expertos coinciden que no es más que un invento del régimen para desaturar las cárceles con liberaciones masivas bajo el pretexto de “reunifación familiar”.  Lo que legalmente existe es la figura de libertad condicional, establecida la ley 745 o Ley sobre el Descuento de la Sanción Privativa de la Libertad, la que en su articulo 16, estatuye que se podrá otorgar libertad condicional en los delitos graves y menos graves, cuando la persona condenada haya cumplido las dos terceras partes de efectiva prisión.

Madres, tía y hermanas de los femicidas entre víctimas

Cabe resaltar que, en Nicaragua, las mujeres víctimas de femicidio a manos de reos indultados, no han sido solo las excompañeras sentimentales de los femicidas como podría suponerse, sino también madres, tías y hermanas.

Varios de estos hechos sangrientos han quedado registrados en los medios de comunicación dado que tuvieron gran repercusión mediática en su momento por la saña con que fueron cometidos.

En septiembre de 2023, Dimas Antonio Cálix Palma, asesinó a su propia madre con un hacha, luego de salir de la cárcel sin haber cumplido ni la mitad de su condena, porque el régimen Ortega Murillo lo incluyó entre los beneficiados con los indultos. El hecho sangriento tuvo lugar en el municipio de San Lucas, departamento de Madriz.

En la víspera de la navidad de 2022, Jesús Antonio Blanco, alias “el chino” de 44 años, fue beneficiado con el régimen de convivencia familiar. Blanco fue uno de los 1400 reos comunes puestos en libertad en esa ocasión, sin haber cumplido aún su condena. Nueve días después, la mañana del 31 de diciembre, mientras el mundo se preparaba para festejar la despedida del año para recibir el año nuevo, “el chino” daba muerte a puñaladas a su hermana Ivette Blanco de 40 años.

Otro caso es el de María Lourdes Torres Salgado, una adulta mayor, de 80 años, quien fue estrangulada por sobrino José Francisco Salgado, tres meses después que este fuera puesto en libertad. El hecho ocurrió en Villa Austria, Distrito VII de Managua el 27 de enero de 2024. Sobre este caso trascendió que el victimario ya había amenazado de muerte a su tía porque en una ocasión esta lo entregó a la policía cuando era buscado por cometer delito de robo.

La libertad bajo la figura de convivencia familiar, según la dictadura, aplica a reos condenados por delitos cuyas penas son igual o menores a 5 años de cárcel. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han constatado que estas liberaciones masivas han sido indiscriminadas, y han recibido este beneficio personas que han cometido crímenes mayores, incluidos violación sexual, homicidios y asesinatos.

Reformas constitucionales agravan situación de las mujeres

La situación de los derechos de las mujeres se agudiza con las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo y aprobadas en primera legislatura el 22 de noviembre pasado, para su ratificación en enero de 2025.

A criterio de algunas feministas, con estas reformas el régimen pretende, además de anular los derechos ciudadanos, constitucionalizar su política represiva y dar curso legal a la violencia estatal contra las mujeres.

Lludely Aburto de la Asociación Red Local, afirmó que, con las reformas a la Constitución, el régimen le está poniendo sello a que ya ha venido haciendo: “desbaratando el país y destruyendo la institucionalidad”. Agregó que en ese accionar criminal de Ortega y Murillo, “las mujeres somos afectadas porque el nivel de violencia que hay contra las mujeres en Nicaragua es de dimensiones increíbles”.

Por su parte, Violeta Delgado, del Movimiento Autónomo de Mujeres, señaló que dichas reformas, impactan negativamente en el cumplimiento de los derechos de las mujeres, en el acceso a la justicia y en contar con derechos laborales y sociales.

“Evidentemente el desmontaje de toda la institucionalidad vinculada con el ejercicio del derecho a vivir libres de violencia, ha tenido un impacto en las demandas de las mujeres a poder interponer denuncias para tener una vida libre de violencia” refirió Delgado a la vez que añadió que con el control total del poder por parte del modelo autoritario de Ortega y Murillo, se torna casi imposible que las mujeres  puedan tener acceso a la justicia con tribunales imparciales, tener derecho a pensiones alimenticias para sus hijos, derecho a un salario digno, derecho a poder organizarse y demandar el cumplimiento de la ley.

La socióloga e investigadora Elvira Cuadra, indicó que las reformas constitucionales a la medida de la dictadura y sus propósitos, conculcan y anulan derechos ciudadanos fundamentales y “en esa canasta se van los derechos específicos de las mujeres, lo que va significar muchas mayores restricciones”.

Cuadra enfatizó que al darle rango constitucional a los desmanes que el régimen ya ha venido haciendo, se está fortaleciendo las formas de represión y violencia en contra de las mujeres nicaragüenses.

Organismos internacionales de derechos humanos han concluido que Nicaragua vive en la actualidad, bajo una de las dictaduras más crueles de Latinoamérica.

Del ejercicio del poder bajo este modelo dictatorial que no respeta los derechos humanos de las y los nicaragüenses, se desprenden las acciones represivas contra las mujeres por defender sus derechos, y otras acciones como la falta de atención y seguimiento real a las denuncias contra la violencia machista, así como la liberación masiva e indiscriminada de reos comunes, lo que en conclusión hace inferir que las mujeres en Nicaragua están cada vez más desprotegidas por vivir bajo una dictadura que además es feminicida.