Nicaragua, país de puertas abiertas a la inseguridad y la impunidad

• El martes 3 de enero, una maestra que se movilizaba en motocicleta, fue interceptada por tres sujetos encapuchados que portaban armas de fuego y machetes. Los delincuentes la despojaron de su medio de transporte. El atraco ocurrió en la comunidad La Naranja, del municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí.
• Dos días después, el 5 de enero, en la comunidad El Guapinol, en el municipio de Pantasma, Jinotega, dos hombres armados con fusiles AK, irrumpieron en un centro de acopio de café, llevándose cerca de 500 mil córdobas además de varios artículos de valor.
• El domingo 8 de enero, en un confuso incidente, varios delincuentes se enfrentaron a tiros con policías en el empalme El Guayacán, ubicado en la carretera Sébaco-Matagalpa. Durante los acontecimientos, una oficial de policía estuvo secuestrada por varias horas por los delincuentes.
• El 13 de enero fue encontrado el cuerpo sin vida de Francisca Estrella Vanegas de 57 años. El cadáver presentaba signos de violencia sexual. El hecho ocurrió en la comunidad Kalula, del municipio de Cárdenas, en el departamento de Rivas.
• El domingo 22 de enero, un hombre disparó a quemarropa a los hermanos Octavio Tercero y Pedro Lira Tercero. El hecho ocurrió en un bar ubicado en el municipio de Siuna, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. El asesino, luego de cometer el doble crimen huyó del lugar.

Los eventos anteriores fueron reportados por medios de comunicación locales en diferentes municipios de Nicaragua, son parte de las acciones delictivas ocurridas durante las primeras semanas del mes de enero de 2023, y son un reflejo de la creciente violencia e inseguridad ciudadana que vive el país.

La creciente actividad delictiva en Nicaragua en los últimos años está dando vía libre a la inseguridad y la impunidad, las que se pasean como Pedro por su casa por todo el territorio nacional. Esa es la percepción de más del 52.4 por ciento de la población nicaragüense, la que considera que el crimen y la delincuencia han aumentado, el dato es parte de los resultados de la encuesta “Seguridad Ciudadana en Nicaragua: Tendencias y Retos en el 2021”, realizada por Expediente Abierto y la Universidad de Arizona. El estudio también revela que uno de cada tres nicaragüenses percibe el deterioro de la inseguridad en su entorno inmediato.

Los datos coinciden con la más reciente encuesta de Cid Gallup, realizada durante las primeras semanas de enero de este año, cuyos hallazgos fueron publicados por Confidencial. De acuerdo a los resultados, el 62% de las personas consultadas opinan que el país va por el rumbo equivocado, estas personas ubican la inseguridad ciudadana entre los cuatro principales problemas que enfrenta el país, junto a la falta de empleo, la corrupción y el alto costo de la vida.

La misma firma encuestadora había dado a conocer otro estudio en septiembre del 2020, cuyos resultados revelaron que la percepción de inseguridad de las y los nicaragüenses alcanzó el 83%, percepción que casi se duplicó en cuatro meses, pues en mayo, esta era del 49% de acuerdo a Cid Gallup.

Policía coaptada por el FSLN  

En julio del 2018, en el contexto de la rebelión cívica, Daniel Ortega destituyó a la entonces directora de la policía, Aminta Granera, y nombró a su consuegro Francisco Diaz, con el fin de tener control total sobre la institución y consolidarla, así como un aparato represivo. Esta acción fue la última de un proceso de cambios, los que incluyeron reformas a la constitución y las leyes que rigen a la policía.

Desde entonces la institución policial ha asumido con mayor beligerancia su rol represivo para garantizar la permanencia en el poder de la pareja presidencial, relegando a segundo plano su mandato constitucional de proteger y garantizar la seguridad ciudadana. Esta situación, sumada a otros factores, ha generado un ambiente de creciente inseguridad en el país.

De acuerdo al análisis de un sociólogo que solicitó el anonimato, entre los factores que incrementan la inseguridad ciudadana, están el alto costo de la vida y la falta de oportunidades laborales, lo que se traduce en desesperanza. “Indistintamente que se ubique un país que va en crecimiento, que tiene cierta estabilidad económica, pero si nos vamos a lo micro tenemos serios problemas desde el punto de vista de empleo y por lo tanto hay gente que ve lo más fácil para resolver sus problemas económicos y es el asalto, es el robo, el crimen”.

Por otro lado, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado la instrumentalización de las entidades estatales encargadas de hacer justicia, las que son utilizadas para fines represivos y castigar a quienes adversan al gobierno, lo que va en detrimento de la administración de justicia de acuerdo a los mandatos constitucionales. Un ejemplo de esto es el encarcelamiento de más de 200 personas que fueron enjuiciadas y condenadas por ser opositoras al gobierno.

El sociólogo refirió que otro factor que genera mayor inseguridad es la liberación masiva de reos comunes, pues esta se hace sin un plan de reinserción social. En ese sentido la fuente coincide con el jurista Uriel Pineda, quien recientemente, en entrevista con Onda Local, alertó que la liberación masiva de reos comunes sin una estrategia efectiva de inserción social, sumado al desempleo y las condiciones actuales del país, tendría un impacto negativo, dado que consecuentemente se incrementaría la actividad delictiva.

Según el registro que lleva el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, sobre la liberación de personas privadas de libertad bajo la figura de “régimen de convivencia familiar” entre 2014 y 2022, se han excarcelado cerca de 33 mil reos comunes, lo que equivale a un promedio de cinco mil por año.

“El hecho de que salgan masivamente personas presas (…), está demostrado incluso que ha habido hombres que salen y salen a matar o asesinar a sus compañeras o a su enemigo o a la persona incluso por la cual estuvo preso. Datos completos pues no los tenemos, pero ya hay evidencia de ese punto de vista”, comentó el sociólogo.

Parte de las evidencias que menciona la fuente, es el caso de Jesús Antonio Blanco, quien el 31 de diciembre pasado, con apenas 9 días de haber salido de prisión a través de un indulto presidencial, asesinó a su hermana, Iveth Blanco, tras una discusión por una propiedad. Este no es el único caso de reos que luego de ser beneficiados con indultos, nuevamente cometen delitos.

Lea más en: Liberación de reos comunes trastoca el derecho de las victimas a la justicia

La encuesta de seguridad ciudadana de la Universidad de Arizona refleja que las personas consultadas identificaron entre las principales causas de la inseguridad en Nicaragua, el control político de la policía, la inseguridad como consecuencia de la crisis política de 2018 y la liberación de reos comunes.

Elvira Cuadra, también socióloga y experta en temas de seguridad, comentó a Onda Local que antes del 2018, las preocupaciones ciudadanas relacionadas con la seguridad eran la delincuencia, criminalidad común, crimen organizado y ya se observaban hechos de violencia política en algunos territorios.

A criterio de la experta, hubo un cambio radical a partir del 2018, “porque la violencia política, particularmente la violencia estatal se convirtió en el principal problema o riesgo a la seguridad de los ciudadanos”.

Elvira agrega que se ha instalado en el país un Estado policial. “El Estado aparece como un actor que incentiva violencia entre toda la sociedad, pero que además está vinculado con decisiones que tienen efecto sobre la seguridad (…), existen grupos paramilitares que cuentan con la protección y la impunidad del gobierno que actúa incluso en conjunto con las fuerzas de la policía y con otras instituciones públicas”.

Actividad delictiva aumenta a nivel nacional

En el año 2020 la policía orteguista registró 124,511 denuncias a nivel nacional, en el año 2021, la cantidad de denuncias se elevó a 140,713, es decir se recibieron 16,202 denuncias más que al año anterior. Cabe aclarar que el anuario policial solo contabiliza las denuncias que las personas agraviadas hacen en sus delegaciones, quedando fuera de estas cifras los delitos que no son denunciados.

Los departamentos con mayor incidencia de delitos entre 2020 y 2021 fueron, Managua con 98,532; Matagalpa con 18,908, Estelí: 15,540 y Masaya: 15,071. En todos estos departamentos las denuncias aumentaron en promedio 22.6% en 2021, excepto en Managua que disminuyeron en un 4.6%, según los datos policiales. Les siguen en orden descendente Chinandega, Carazo, Granada y Rivas.

El anuario estadístico de la policía registra las denuncias recibidas en sus sedes municipales por cada 10 mil habitantes. De acuerdo a los datos, los municipios con mayor número de denuncias son Estelí, con 492 denuncias por cada 10mil habitantes, León con 417, Diriamba y San Marcos, en el departamento de Carazo con 372 y 358 respectivamente. Le siguen el municipio de Managua con 355 denuncias por cada 10mil habitantes, Rivas con 353, Somoto con 349 y Chinandega con 336.

En tanto, entre los municipios donde se registraron menos denuncias por cada 10 mil habitantes están: El Cuá en el departamento de Jinotega con 72, Bocana de Paiwas con 63, Alamikamba en la RACCN, con 34 y El Tortuguero en la RACCS con apenas 15 denuncias por cada 10 mil habitantes.

Los municipios cabeceras, y municipios urbanos, son los que reciben más denuncias, debido a que estos tienen más presencia policial o la ciudadanía tiene más facilidades de acceso para llegar a las estaciones policiales. Por ejemplo, de acuerdo a los mismos datos policiales, Estelí tiene 12 policías por cada 100 kilómetros cuadrados, en cambio el departamento de Jinotega cuenta con solo cuatro efectivos por la misma extensión territorial. Las estadísticas policiales no reflejan la cantidad de agentes por cada 10mil habitantes, como lo hace con las denuncias recibidas.

Delitos cometidos con armas de fuego

De acuerdo al anuario de la policía del 2021, ese año se cometieron a nivel nacional 1,597 delitos en los que se utilizaron armas de fuego, entre asesinatos, homicidios, parricidios, robo con intimidación y lesiones, siendo los departamentos con mayor incidencia, Managua, Jinotega, Matagalpa y Masaya.

Cabe señalar que los datos presentados corresponden al año 2021, dado que, a la fecha de la redacción de este reportaje, la institución policial no había actualizado los datos correspondientes al año 2022.

Un amplio repertorio delictivo

De las 140,713 denuncias recibidas en 2021 por la policía, 62,346 corresponden a delitos y faltas contra la vida, es decir el 44% del total. Entre estos delitos se encuentran: homicidio, parricidio, asesinato y lesiones graves. 

48,482 delitos, el 34.4% del total de delitos denunciados, corresponden a accionar delictivo contra el patrimonio y el orden socioeconómico, los que comprenden, de acuerdo a la tipificación policial, entre otros a: hurto agravado, abigeato, robo con violencia, robo con intimidación y estafa agravada.

Sin embargo, estadísticas del Instituto de Medicina Legal contabilizan que en 2021 se realizaron 4,803 peritaciones por violencia sexual, 91 casos más que en 2020, año en que se realizaron 4,712 peritaciones. Las personas evaluadas son en su mayoría mujeres, lo que representa 4,224 peritaciones. 3,428 eran niñas de 0 a 17 años.

En lo que respecta a los femicidios las estadísticas policiales registran durante los años 2020 y 2021, 37 femicidios, de estos según la policía, 22 ocurrieron en el 2020 y 15 en el 2021.

Sin embargo, los datos oficiales de la policía respecto a los femicidios no concuerdan con el monitoreo que hacen organizaciones feministas de sociedad civil. La organización Católicas por el Derecho a Decidir registró 71 femicidios en 2020, cifra similar a la contabilizada a lo largo del 2021. 

Los subregistros policiales se deben a una política gubernamental cuyo fin es maquillar las cifras, para vender una falsa imagen ante la comunidad internacional, así lo han denunciado diferentes movimientos feministas. Tras reformar la Ley 779, o Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, las autoridades registran como femicidio solo los asesinatos de mujeres cometidos por sus cónyuges, excónyuges o parientes cercanos, no así los femicidios cometidos por desconocidos.

El Observatorio Voces de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, registro que 68 mujeres fueron asesinadas en Nicaragua de enero a diciembre de 2022. Veintiún de los casos  siguen en la impunidad y 11 femicidas fueron sentenciados a Cadena Perpetua. 28 de estos femicidios ocurrieron en el ámbito público y 40 en el ámbito privado. Las mujeres fueron asesinadas en su mayoría, por parejas (15) exparejas (12), desconocidos (15), conocidos (9) y familiares (8). En el mismo año ocurrieron 220 femicidios frustrados.

La Costa Caribe Sur y Norte encabezaron la lista de lugares con más femicidios ocurridos en 2022, con 17 mujeres asesinadas. El departamento de Managua ocupa el segundo lugar con 15 femicidios. Le sigue León y Matagalpa con 6 femicidios respectivamente.

Mujeres las principales víctimas de la actividad delictiva

De acuerdo a las estadísticas de la policía, a nivel nacional las mujeres son las principales víctimas de los delitos y faltas. En el año 2021, el 55.4% de los delitos fueron cometidos contra mujeres, en el 39% de los casos, los hombres fueron las víctimas, y el 5% fueron menores de edad. Las estadísticas policiales no especifican rangos de edad ni sexo.

Por otro lado, los datos del Anuario Estadístico de Violencia del Poder Judicial presentan cifras basadas en información obtenida de 228 Juzgados a nivel nacional. El anuario judicial del 2021 registra un total de 13,237 víctimas de violencia, de las cuales 9,745 corresponden al sexo femenino, lo que representan el 74%. El mismo documento refleja que 3,492 personas del sexo masculino fueron víctimas de violencia ese año, lo que equivale al 26% del total.

Al respecto, el sociólogo, afirmó que la violencia machista se sigue reproduciendo lo que afecta la vida de las mujeres, “el machismo ubica al hombre como superior y entonces con facilidad naturaliza el asesinato de su compañera de vida”, asimismo agregó que ese fenómeno afecta a las familias, las comunidades y el país.

Por su parte, una activista de los derechos de las mujeres, advirtió que “en Nicaragua las mujeres cada vez estamos más expuesta a la violencia (…), cuando un abusador pertenece a círculos de poder no hay un sistema de justicia que actúe de forma independiente, porque van a liberar al abusador de la pena que merece.”

La fuente agregó que de los 68 asesinatos contra mujeres cometidos en 2022, solo once femicidas han sido condenados, así mismo refirió que “las mujeres cada vez estamos más expuestas a ser víctimas de violencia, no solo en la casa, sino también en el ámbito público tomando en cuenta que en los dos últimos años 6 mil 450 reos comunes fueron indultados, esas personas están en las casas, en las calles y caminos, son un riesgo inminente para la seguridad de las mujeres”.

Para el sociólogo, disminuir los índices de violencia e inseguridad  requiere un esfuerzo multisectorial, dado que sus causas son también multisectoriales, “pero igualmente se apela al Estado, que controle y ejerza su rol de asumir esta responsabilidad ciudadana, en cuanto a protección de la ciudadanía desde el punto de vista de su seguridad cotidiana, seguridad pública, seguridad permanente”.