Investigación de la USTR podría expulsar a Nicaragua del CAFTA

La investigación contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, “sobre los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el estado de derecho”, anunciada este 10 de septiembre, por la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos. (USTR, por sus siglas en inglés), avizora un fuerte revés económico para la dictadura, pues podría, entre otras cosas, expulsar al país del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA).

Así lo advirtió el economista y exaspirante presidencial en el exilio Juan Sebastián Chamorro, quien a través de un video publicado en su cuente en la red social X, dijo que: “Esta es una investigación que va a tener desde ya, serias consecuencias en la economía nacional porque pone en relieve la posibilidad de que el representante o la administración impongan, ya sea multas, tarifas específicas o incluso la suspensión temporal o definitiva de Nicaragua en el CAFTA, dependiendo de la severidad de la investigación.”

Chamorro señaló además que, por su amplitud, esta es una investigación bastante inusual de parte de la USTR, ya que generalmente esta oficina atiende demandas o quejas puntuales sobre productos o sectores específicos, pero en este abarca una amplia gama de irregularidades cometidas por la dictadura que entorpecen el comercio.

De acuerdo a la USTR, las acciones violatorias de los derechos laborales y humanos que abarcarán la investigación, se incluyen: “arrestos y encarcelamientos por motivos políticos, represión de grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, restricciones a la libertad de expresión y movimiento”.

Asimismo, enumera la violencia contra grupos marginados, represión de la libertad de asociación y negociación colectiva, el trabajo forzoso, la trata de personas, la eliminación de la independencia legislativa y judicial, las confiscaciones espurias de propiedad, así como multas y resoluciones arbitrarias entre otros actos perjudiciales.

El economista explicó que todas esas acciones perpetradas por la dictadura “exacerban la explotación de los trabajadores nicaragüenses en la violación de sus derechos y por lo tanto entorpecen el comercio internacional.”

La activista y defensora de los derechos humanos, Haydee Castillo, a través de una publicación en X celebró la decisión de la USTR. “Saludo que en este día el gob. de EU escuche nuestra demanda e inicie la investigación de actos, políticas y prácticas donde Ortega viola los derechos laborales, humanos y estado de derecho en el marco de sus relaciones comerciales” posteó Castillo.

De acuerdo a la nota de prensa difundida por la USTR, la investigación se llevará a cabo de conformidad con la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, en su forma enmendada.

“A Estados Unidos le preocupa que Nicaragua esté participando en ataques represivos y persistentes contra los derechos laborales, los derechos humanos y el estado de derecho” reitera la comunicación.

Asimismo, señala que dicha investigación es la primera para investigar actos, políticas y prácticas que pueden violar los derechos laborales, los derechos humanos y desmantelar el estado de derecho que pueden afectar el comercio estadounidense, a la vez que advierte que “La USTR investigará a fondo”.

Según la nota de la USTR. la representante comercial, Katherine Tai, expresó que “desafortunadamente, numerosos informes sugieren que el gobierno de Nicaragua está participando en actos represivos que perjudican a los propios trabajadores y al pueblo de Nicaragua, socavan la competencia justa y desestabilizan nuestra región”

El comunicado de prensa hace alusión numerosos informes del gobierno estadounidense, así como a los de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua.