Extactivismo y monocultivo: depredación disfrazada de bonanza

Las grandes compañías extractivistas venden la ilusión de que estos modelos de producción traen prosperidad a las comunidades en las que intervienen, sin embargo, tras las promesas de la generación de empleos y otros beneficios proyectados en sus estrategias de RSE, están el despojo de tierras, la depredación ambiental, la contaminación de las fuentes acuíferas y daños a la salud por el uso, principalmente de mercurio en la minería, y de agroquímicos en los monocultivos.

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De acuerdo al estudio “Valoración del aprovechamiento y protección de los recursos naturales en Centroamérica” elaborado por la Asociación Centroamericana Centro Humboldt (ACCH), y publicado en noviembre de 2023, la gestión de las actividades extractivas no son más que la continuidad y evolución de viejas políticas económicas de despojo, que en la actualidad se expresan principalmente a través de la implantación de enclaves mineros y del modelo de producción agroexportador.

Si bien, estas prácticas representan significativos aportes a la economía de los países de la región por la producción a gran escala a corto y mediano plazo, el precio que se paga a largo plazo es demasiado alto y repercute en la calidad de vida de las futuras generaciones.

El estudio de ACCH indica que entre los principales daños que generan las prácticas extractivistas están la deforestación y degradación de la biodiversidad, la degradación de los suelos, la pérdida de las fuentes de alimentos, el incremento de emisiones de carbono y la contaminación y agotamiento de las reservas de agua. También señala que las poblaciones mayormente afectadas son las de las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, donde se establecen los enclaves mineros, agroindustriales y ganaderos.

El informe de ACCH advierte que si bien actividades como la expansión agrícola, la ganadería, la producción de madera y la extracción de minerales e hidrocarburos, desempeñan un papel clave en las economías de los países de la región, las áreas protegidas y los ecosistemas boscosos disminuyen cada día, en detrimento del desarrollo de las comunidades, debido en gran medida a la falta de aplicación de políticas efectivas para la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social y laboral.

Minería en Centroamérica: Nicaragua a la cabeza

La explotación del oro y otros metales en Centroamérica está en manos de grandes compañías transnacionales. El 16% del territorio centroamericano ha sido entregado en concesión a transnacionales mineras. Así lo indica el estudio del ACCH, el que a la vez desglosa, que porcentaje de territorio de cada país ha sido concesionado, destacando que Nicaragua es el país que más territorio ha entregado a las compañías extractivistas. 

De acuerdo al informe, el 28% del territorio nicaragüense ha sido concesionado para la explotación minera, seguido de Guatemala (22%), ubicándose lejanamente en tercer lugar Honduras, con el 3% de su territorio dado en concesión minera, y Costa Rica con solo el 2%.

En términos de hectáreas, Nicaragua ha concesionado 3,642,729.87, y Costa Rica, 96,504.92, la diferencia entre más de 3.5 millones de hectáreas que ha entregado en concesión Nicaragua, y las menos de 100 mil que ha dado Costa Rica, es abismal. Nicaragua, ha concesionado 38 veces más hectáreas que Costa Rica.

Estudio de ACCH no incluye concesiones otorgadas en 2024

Es pertinente destacar que, dado que el informe de ACCH fue publicado a finales de 2023, este no incluye las concesiones mineras otorgadas por Nicaragua a lo largo de 2024. El gobierno de Nicaragua, a raíz de la firma de un tratado comercial con China, suscrito en agosto de 2023 y puesto en vigencia a partir del 1 de enero 2024, ha acelerado la entrega de concesiones mineras a empresas provenientes del gigante asiático.

A lo largo de 2024, el régimen a entregado cerca de 275,000 hectáreas para la explotación minera a 3 compañías chinas; la Zhong Fu Development S.A, Nicaraguan XinXin Linze Minera Group y Thomas Metal S.A.

Por otro lado el informe de ACCH indica que las exportaciones de oro en Centroamérica experimentaron un espectacular incremento de 387% en el año 2021, con respecto al año 2020.

También destaca que “Nicaragua fue el país que más exportó este metal con 1,534 millones de dólares y un volumen de 47 toneladas, siendo el principal comprador Estados Unidos de América, con compras hasta por un monto de 1,064 millones de dólares”. Aunque cabe señalar que los datos del estudio difieren de los datos oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN), este también admite que el oro pasó a ser el principal producto de exportación en Nicaragua.

Según el BCN, en 2023, el oro superó a todos los otros rubros desplazando incluso a la carne y el café. Los datos indican que el oro se convirtió en el primer producto cuyas ventas alcanzaron los 1,030.6 millones de dólares en un año. También reflejan que el crecimiento en las exportaciones de la industria minera, ascendió en casi el 230 % en el periodo comprendido entre 2019 y 2023.

Minería ilegal se suma a depredación

En relación a la pequeña minería y la minería ilegal, el estudio de la ACCH destaca que en Nicaragua existen actualmente 35 puntos registrados de pequeña minería, de los cuales 11 se encuentran directamente enclavados en áreas protegidas, específicamente en la zona norte del país.

Asimismo resalta que también existe una zona de pequeña minería registrada en la cuenca del Río San Juan lo que representa un alto riesgo de contaminación por mercurio y otras sustancias, en la cuenca más importante del país. “El mercurio se acumula en el ambiente y en los tejidos animales y vegetales, contaminando la cadena trófica, lo que a su vez tiene graves efectos en la salud humana” advierte el Centro Humboldt.

Por su parte la organización ambientalistas Fundación del Río, estima que más de 40 mil personas se dedican a la minería ilegal en al menos 38 municipios del país. Dicha organización señala que uno de los mayores riesgos ambientales producto de la minería se da precisamente por el uso del mercurio en la extracción del oro, dado que este posee altas concentraciones de toxicidad y es el principal causante de la contaminación de las fuentes acuíferas. De acuerdo a la Fundación del Río, la comercialización ilegal de este metal tóxico, alcanza las 36 toneladas anuales.

Monocultivos: La otra industria devastadora

La caña de azúcar y la palma africana son los principales monocultivos que imperan en la región centroamericana. La ACCH, reseña que el cultivo de la caña de azúcar tiene sus antecedentes en el periodo colonial, no obstante, su desarrollo a escala agroindustrial se dio a lo largo del siglo XX y abarcó los cuatro países que hoy integran el CA4 (Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala).

“En el caso de la palma africana, su introducción fue más tardía, dado que su cultivo experimental se desarrolló en las dos primeras décadas del siglo XX y su auge, se observó partir de la década de los 70” señala el estudio.

El informe del Centro Humboldt refiere que actualmente el sector azucarero en Centroamérica cuenta con 27 ingenios, numerosas asociaciones gremiales, conglomerados empresariales y cámaras que representan sus intereses y ejercen presión ante los gobiernos de la región para que éstos impulsen políticas y beneficios a su favor.

En tanto, la agroindustria del aceite de palma se ha constituido en uno de los sectores de más rápido crecimiento en la región, “al punto que está siendo considerado como uno de los motores del desarrollo económico en Guatemala y Honduras” indica la ACCH.

De igual forma afirma que el país con mayor número de empresas agroindustriales dedicadas a la producción de palma africana es Guatemala con 43, seguido de Honduras con 24 y muy por debajo, Nicaragua con 13.

No obstante Nicaragua tiene mayor número de productores de palma que Guatemala. 300 y 235 respectivamente. Aunque Honduras supera por mucho, a ambos países con 17,427 productores.

Si bien los monocultivos son viables económicamente por que se produce a gran escala, las repercusiones ambientales y a la salud humana son devastadoras. Los beneficios quedan en los gobiernos y las compañías agroindustriales, las consecuencias nefastas las sufre la población que habita en los alrededores de los enclaves productivos.

La cadena destructiva

Las consecuencias nefastas para el ambienta y la biodiversidad por la expansión de los monocultivos, son una sucesión de efectos concatenados. Expertos advierten, por ejemplo, que en estas plantaciones las plagas son más prolíficas por tener un solo tipo de cultivo año tras año y estos, al verse afectados por las plagas, requieren de mayor uso de pesticidas o agroquímicos, productos que se filtran en el suelo contaminado tanto la tierra como las aguas subterráneas.

Paralelamente, el monocultivo altera el equilibrio natural de los suelos. “Demasiadas unidades de la misma planta en una misma zona del campo agotarán aquellos nutrientes que necesite, lo que hace que disminuyan la variedad de bacterias y microorganismos necesarios para mantener la fertilidad del suelo, de ahí que podamos hablar de agotamiento del suelo por monocultivo” advierte el sitio Eos Data Analitys. 

Asimismo, las plantaciones de monocultivos, requieren uso intensivo de fertilizantes, dado que, con el cultivo de un solo tipo de planta, se priva la tierra de biodiversidad, lo que debilita su riqueza orgánica, lo que obliga al uso de fertilizantes químicos.

Otro factor inherente es el uso de grandes cantidades de agua. Eos Data Analitycs advierte que “esta mayor necesidad de agua hace que las fuentes locales, como lagos, ríos y embalses, sufran en exceso para satisfacer la demanda, con consecuencias negativas adicionales para los ecosistemas propios de estas fuentes de agua”.

Tomando en cuenta que el monocultivo se produce con fines netamente comerciales, las compañías agroindustriales a cargo, siempre priorizan las cosechas a gran escala, por tanto, el bienestar de las poblaciones que viven en las comunidades donde estos producen pasan a segundo plano.

Las recomendaciones de ACCH

La Asociación Centroamericana Centro Humboldt, hace hincapié en que los estados firmantes de los acuerdos de Minamata y Escazú en la región, deben mostrar mayor voluntad política y social para poner en práctica las políticas públicas relacionadas con el sector, “en aras de promover un ambiente seguro y sano para las familias vulnerables frente al desarrollo de los proyectos extractivos”.

Asimismo, recomienda a los Estados de los países centroamericano, “tomar las decisiones para el impulso de actividades mineras como de proyectos de monocultivos en base a análisis previos del costo beneficio a mediano y largo plazo”.

Finamente refiere que es preciso fortalecer y armonizar los Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental, asegurando la participación informada e incluyente de los pobladores y la fiscalización participativa y transparente, de los procesos de extracción y producción agroexportadora. No obstante, la observancia de estas recomendaciones está frenada por la imposición de intereses políticos y económicos que a la postre continuarán vendiendo las prácticas extractivistas como una alternativa al desarrollo de las comunidades, cuando en realidad es la continuidad de la devastación de la biodiversidad, el medioambiente y la salud humana.