Dictadura "cocina" reformas encaminadas al saqueo de territorios indígenas

Organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua, denunciaron este viernes 9 de mayo, que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de sus operadores políticos en los Consejos y Gobierno Regionales, prepara reformas a las leyes 28 y 455, con las que estarían consumando el control absoluto sobre la tierra y territorios indígenas, despojando así  de cualquier vestigio de autonomía y poder de decisión sobre sus recursos a estas poblaciones caribeñas.

En efecto, el Gobierno Regional de la Costa Caribe Sur, confirmó a través de una nota de prensa, que representantes de los dos gobiernos regionales caribeños (norte y sur), sostuvieron una reunión conjunta en la ciudad de Bilwi (Caribe norte), el pasado miércoles 7 de mayo, con la finalidad de “avanzar en la actualización y propuesta conjunta de la Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe Nicaragüense, y la Ley No. 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas”.

La Asociación para el Desarrollo Indígena Social (Adis) advirtió que entre las reformas se incluye la eliminación de los 23 Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI), los que serían sustituidos por cuatro “direcciones territoriales únicas”, una por cada grupo étnico: Miskitu, Mayangna, Rama y Kriol.

La organización refirió que con dichas reformas “ya no habría consensos territoriales como se ha venido realizando, sino órdenes directas desde un único liderazgo por pueblo, debilitando los espacios de tomas de decisiones comunitarias y el espíritu colectivo de autonomía”.

Pueblos indígenas no podrán elegir a sus propias autoridades

Onda Local consultó a una activista indígena, quien, bajo condición de anonimato, refirió que estas reformas constituyen una grave violación al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas establecidos en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y del convenio 169 de la OIT. “Seria una violación a la normativa internacional de los derechos humanos la que Nicaragua se ha comprometido a respetar y garantizar para estos pueblos” alertó.

De igual forma refirió que “con estas reformas se acabaría con toda la autonomía indígena y la posibilidad de estos pueblos de elegir sus autoridades de manera libre, de definir su futuro y su desarrollo desde su propia cosmovisión”.

“Expropiación arbitraria”

La defensora indígena refirió que con estas reformas a las dos normativa jurídicas que protegen a los pueblos indígenas y afrocaribeños de Nicaragua, se estaría afectando directamente la propiedad comunal en los territorios indígenas y afrodescendientes, en ese sentido recordó que los títulos que poseen fueron entregados a los gobiernos comunales y territoriales y al desaparecer los gobiernos comunales y territoriales, como se pretende en las reformas, los títulos de toda esa propiedad de los pueblos indígenas y afrodescendientes quedarían en el limbo.

A criterio de la activista, lo que se está consumando es un despojo arbitrario de los territorios indígenas. “Es una expropiación, los están expropiando, través de quitarles a sus autoridades, les están quitando los territorios que se les reconocieron por ser territorios ancestrales e históricos” alertó a la vez que reiteró que lo que la dictadura prepara a través de sus operadores en la costa Caribe no es más que otra expropiación arbitraria e ilegal en contra estos pueblos, lo que sin duda afecta su forma de vida tradicional, su futuro y su existencia.

El verdadero trasfondo: “entregar más concesiones”

La activista aseguró que lo que motiva al régimen a realizar estas reformas es su afán de depredación con la finalidad de mayor enriquecimiento. “Todo esto es con el fin de otorga concesiones para la explotación de los recursos naturales, principalmente oro y madera; extender más monocultivos como la palma africana y extender la ganadería”, recordó que en los últimos años la ganadería extensiva ha invadido las reservas de biosfera de Bosawás e Indio Maíz.

En el mismo sentido advirtió que con la misma finalidad es que el 30 de abril pasado, la Asamblea Nacional, aprobó la "Ley de Áreas de Conservación y Desarrollo Sostenible", la que establece permisividad para la explotación de los recursos dentro de las áreas protegidas.

Tras la aprobación de la nueva normativa, la organización ambientalista Fundación del Río advirtió que la ley da puertas al saqueo de los recursos en las áreas protegidas porque esta “permite actividades económicas, mineras, petroleras, forestales, geológicas y hasta de cacería en territorios que deberían estar protegidos”.

En consonancia con lo anterior la activista señaló que las acciones depredadoras con fines de enriquecimiento traerán consecuencias devastadoras al ambiente. “Van a desbaratar la tierra y eso es pan para hoy y hambre para mañana; pero el pan es para ellos y el hambre para todos los demás nicaragüenses” vaticinó.

Ya se veía venir

Por otro lado la activista recordó que la nueva Constitución ya anunciaba de manera tácita la promulgación de una nueva ley de Autonomía, pues en la misma se establece que será Ley constitucional el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua “que se dicte bajo la vigencia de la Constitución Política de Nicaragua”.

“De esta manera la reforma implica que se dictará un nuevo Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua derogando la actual Ley No. 28. Y que el Estatuto de Autonomía a ser dictado tendría rango constitucional, sin embargo, de poco le servirá ser una ley constitucional cuando ya sus órganos -consejo y gobiernos regionales- carecerán de autonomía” indicó.

A partir de la promulgación de una nueva Constitución diseñada a la medida de los dictadores, misma que entró en vigencia tras su publicación en La Gaceta el 18 de febrero pasado, la Asamblea Nacional ha emprendido una maratónica carrera de reformas jurídicas con la finalidad de acoplar las diferentes leyes con la nueva Carta Magna de los dictadores.

Las fichas de la dictadura en la Costa Caribe

La activista entrevistada por Onda Local hizo hincapié en que las reformas a las leyes 28 y 455, “pueden significar la desaparición de los pueblos indígenas” y señaló como responsables a los operadores políticos del régimen que copan los Consejos y Gobiernos Regionales, quienes solo obedecen las directrices de la pareja dictatorial sin importarle el sufrimiento de los pueblos originarios.

La fuente hizo referencia a Carlos Cunningham de quien recordó lleva más de 20 años alternando en los puestos de gobernador y presidente del Consejo en la costa Caribe Norte y a Jhonny Hodgson, quien ha ocupado cargos importantes desde los años 80, desde secretario político hasta diputado, “él es el brazo, el operador político que mangonea todo en el Caribe sur” aseguró la activista, quien además recordó que vive en una casa que fue confiscada en la década de los 80 al exalcalde de Bluefields Pedro Bustamante.  Actualmente Hodgson desempeña los cargos de delegado de la presidencia y secretario político en la región del Caribe sur.

Los otros operadores del régimen que “cocinan” las reformas son, por el Caribe sur, la presidenta del Consejo Regional, Judy Delcy Abrahamn Omier y el coordinador del Gobierno Regional, Rubén López Espinoza. Por el Caribe Norte las fichas son: Elías Velázquez, Secretario Político Regional y Emilse Vanegas Wade, presidenta del Consejo Regional.

Reformas violarían su propia Constitución

La defensora también señaló que si en las reformas se incluye la desaparición de los 23 gobiernos territoriales indígenas, el régimen estaría violando el artículo 81 de su propia Constitución, el que refiere que: “Los Pueblos de la Costa Caribe tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural, dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus valores y tradiciones para lograr el desarrollo humano pleno”.