Nueva arremetida represiva contra la iglesia católica en Nicaragua

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971 ataques contra la iglesia católica y sus líderes ocurridos en el periodo comprendido entre abril de 2018 y diciembre de 2024. • Foto: Radio María

La noche de este martes 28 de enero, la abogada e investigadora Martha Patricia Molina denunció en sus redes sociales que la “Dictadura sandinista notificó a las religiosas Clarisas que deben de abandonar sus propiedades”. Más temprano Molina había publicado: “Camiones de la dictadura sandinista están robando y sacando cosas de la curia de Matagalpa en este momento”.

Las anteriores son parte de las últimas acciones represivas que la dictadura Ortega Murillo continúa ejecutando contra la iglesia católica y sus líderes. 

A lo largo del mes de enero, personas religiosas, entre estos sacerdotes, seminaristas y monjas han sido blanco de amenazas, asedio y persecución a lo que se suma la ocupación de sus propiedades y el saqueo de sus bienes.

Molina, quien se mantiene en constante comunicación con fuentes vinculadas a la iglesia, aseguró también en una de sus publicaciones que “curas de diferentes diócesis del país me informaron que han recibido intimidación policial. Los agentes sandinistas llegan para decirles que las misas deben de ser rápidas y no extenderse en la homilía”.

El 20 de enero pasado funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y la policía orteguista, ejecutaron la ocupación del Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga, propiedad de la Diócesis de Matagalpa, durante la toma del edificio, al menos 30 seminaristas fueron desalojados.

Cuatro días antes, el 16 de enero, autoridades de la PGR, siempre con la asistencia policial, se tomaron el Centro Diocesano de Pastoral La Cartuja, también propiedad de la Diócesis de Matagalpa, según denunciaron fuentes vinculadas a la iglesia católica.

Curia Episcopal saqueada

La plataforma digital informativa Mosaico, publicó este martes que “desde tempranas horas de este 28 de enero de 2025, un grupo de hombres sacó y trasladó todos los muebles, objetos religiosos y otros bienes de la Curia Episcopal de Matagalpa, que está intervenida por la Policía Nacional desde el 4 de agosto de 2022, cuando la dictadura encerró al obispo Rolando Álvarez”.

La publicación también refiere que “los bienes de la Diócesis de Matagalpa fueron transportados en un pequeño camión con placas M408763 y se desconoce el destino que tendrán”.

Sacerdote de la tercera edad bajo arresto domiciliar

Este 27 de enero el sacerdote Frutos Constantino Valle Salmerón de 80 años, administrador “Ad Omnia” de la Diócesis de Estelí, cumplió seis meses de permanecer arbitrariamente bajo la condición de casa por cárcel.  Así lo dio a conocer Molina en una de sus publicaciones. La investigadora católica advirtió que “la policía criminal no ha notificado nada al respecto y continúa cometiendo arbitrariedades en contra de los clérigos”.

El religioso fue trasladado desde Estelí hacia Mangua por efectivos policiales el 27 de julio de 2024, y recluido contra su voluntad en el Seminario Nuestra Señora de Fátima, donde se encuentra desde entonces bajo vigilancia policial. Según trascendió, el sacerdote padece de enfermedades crónicas propias de su edad, pero se desconoce si se le está proporcionando la debida atención médica.

Casi mil agresiones desde 2018

Molina, quien desde el 2018 ha venido sistematizando las hostilidades de la dictadura en contra de la iglesia a través de varios informes, dio a conocer en su última entrega realizada en diciembre pasado, que ha podido documentar 971 ataques contra la iglesia católica y sus líderes ocurridos en el periodo comprendido entre abril de 2018 y diciembre de 2024.

La aversión de la dictadura contra la iglesia ha incluido el encarcelamiento y posterior destierro de personas religiosas, entre obispos, sacerdotes, seminaristas y laicos, así como la expulsión del país de sacerdotes extranjeros y la prohibición del ingreso a curas nacionales. También el cierre y confiscación de medios de comunicación propiedad de la iglesia y el despojo de la personería jurídica de congregaciones, fundaciones y asociaciones religiosas, así como la confiscación de sus bienes.

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