Dictadura Ortega Murillo entrega otras siete propiedades al INSS

Los codictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de dos acuerdos presidenciales publicados este martes 6 de mayo en el Diario Oficial La Gaceta, autorizaron a la Procuraduría General de la Republica (PGR), el traspaso a nombre del Instituto Nicaragüenses de Seguridad Social (INSS) de siete propiedades, cinco ubicadas en Managua y dos en Esteli.

Mediante el acuerdo presidencial 58-2025, el régimen ordenó a la PGR en su calidad de representante del Estado, suscribir con el presidente del INSS “escritura pública de donación” a favor del INSS de cinco propiedades “ubicadas en el departamento de Managua y pertenecientes al Estado de la República Nicaragua.”

En tanto, mediante el acuerdo presidencial 59-2025, orientó a la PGR el traspaso de dos propiedades más a la misma institución, estas últimas ubicadas en el departamento de Estelí.

En ambos acuerdos los codictadores identifican las propiedades solamente con los Números Absolutos de Propiedad (NAP) con los que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad. La publicación oficial no específica ubicación exacta de las propiedades en mención, tampoco sus linderos y extensión, por lo que se desconoce si se trata de propiedades confiscadas.

No obstante, la donación al INSS de propiedades confiscadas a opositores ha sido una constante en los últimos dos años. El 9 de agosto de 2024, el régimen autorizó a la PGR, mediante acuerdo presidencial 132-2024, el traspaso de 72 propiedades también en concepto de donación a la misma institución, de las cuales 23 estaban ubicadas en Managua, 38 en Estelí, ocho en el departamento de Rivas y otras tres en Granada, Masaya y Jinotega respectivamente.

El 19 de marzo pasado el régimen “dono” 20 propiedades más al INSS, muchas de las cuales fueron robadas a opositores.

La mayoría de propiedades traspasadas al INSS son identificadas con los códigos NAP, por lo que se ocultan los detalles de sus registros catastrales, sin embargo, varias víctimas de confiscación por parte de la dictadura han confirmado que se trata de las propiedades de las que fueron despojadas.

Luego de las protestas ciudadanas de 2018, La dictadura Ortega Murillo promulgó una serie de leyes para castigar a la disidencia acusándola principalmente de traición a la patria y despojarla de sus bienes y propiedades. En ese contexto desató una ola de confiscaciones a través de la cual ha despojado a centenares de familias nicaragüenses de su patrimonio.