Nicaragua: Ley de Territorio Fronterizo amenaza derechos ancestrales indígenas y afrodescendientes

La Red de Defensoras/es Indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua ha alzado su voz para denunciar y rechazar la Ley de Territorio Fronterizo (Ley No. 1258), aprobada unánimemente por la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Esta normativa, que se justifica bajo la premisa de salvaguardar la soberanía nacional, representa, según la Red, una grave amenaza a los derechos de propiedad comunal y la autonomía de más de 100 comunidades indígenas y afrodescendientes ubicadas en las fronteras con Honduras y Costa Rica.

La Ley No. 1258 establece un área de 15 kilómetros hacia el interior del territorio nacional a partir del límite fronterizo convencional. Esta delimitación geográfica coincide directamente con los territorios ancestrales de estas comunidades de la Costa Caribe, donde reside una gran parte de su población.

La preocupación central radica en que esta nueva ley no solo contradice legislaciones preexistentes, como la Ley No. 28 del Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas y la Ley No. 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal. Estas últimas reconocen el derecho histórico sobre el uso y tenencia de los territorios que han pertenecido tradicionalmente a las comunidades, y que son, por su naturaleza, inalienables e imprescriptibles.

Desde la perspectiva de los pueblos afectados, la Ley de Territorio Fronterizo va más allá de una simple contradicción jurídica; legitima el despojo de los territorios y el usufructo de los recursos naturales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.

Ley "permite" al Estado de Nicaragua expropiar y realizar desplazamientos forzosos

La normativa permite al Estado de Nicaragua realizar expropiaciones y desplazamientos forzosos de comunidades sin su consentimiento previo, libre e informado, amparándose en la justificación de soberanía y seguridad nacional. Esto, según la denuncia, vulnera los derechos humanos colectivos e invalida en la práctica la propiedad colectiva, un derecho que consideran irrenunciable.

La situación es aún más alarmante porque viene a agravar la violencia ya existente en la Costa Caribe. Esta región ha sido escenario de invasiones de colonos, en su mayoría exmilitares, y de actividades extractivas como la minería, impulsadas por empresas nacionales y transnacionales.

La violencia armada perpetrada por estos colonos ha resultado en el desplazamiento de población indígena de sus tierras ancestrales hacia las orillas de las fronteras, creando un clima de inseguridad. Ahora, con la Ley de Territorio Fronterizo, los territorios indígenas se convierten esencialmente en propiedad del Estado.

Desde un enfoque indígena, esta ley tendrá un impacto profundo en la vida y la cosmovisión de los pueblos. Modificará el control y la gestión de su territorio fronterizo, el cual ha sido habitado y cuidado por ellos durante siglos. La posible ampliación y militarización en estas zonas implican una mayor presencia de militares, lo que podría derivar en restricciones severas a la movilidad de las comunidades, rompiendo el tejido social y limitando el uso de sus recursos naturales.

Además, se advierte sobre la posible aniquilación del ejercicio de la autonomía comunitaria, poniendo en riesgo la integridad cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe y desestabilizando el equilibrio territorial en una región estratégicamente importante para el país.

La Red de Defensoras/es Indígenas reitera que los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, ríos, océanos y recursos naturales deben ser protegidos, y que tienen el derecho a participar en su uso, control, administración y conservación. Por ello, exhortan al Estado de Nicaragua a cumplir con los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.