Cenidh: Ejército y policía cómplices del fraude electoral

Las votaciones municipales del pasado 05 de noviembre de 2017 demostraron que Nicaragua tiene un sistema electoral basado en el fraude, que no respeta el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus autoridades, según el informe de monitoreo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).     

La falta de acreditación de fiscales en las Juntas Receptoras de Voto (JRV), ilegalidad en la entrega de actas, obstáculos en el ejercicio del voto mediante la implementación del ratón loco –personas que no aparecieron en el padrón electoral de los centros de votación donde históricamente han votado sino en el de otros municipios, lejanos al lugar donde viven-, voto con documentos no permitidos como la llamada tarjeta amarilla, sustracción de material electoral, alteración y anulación de actas son parte de las irregularidades identificadas en el monitoreo del Cenidh.   

“A la tarjeta amarilla popularmente la gente le llamó la magnífica porque servía para todo”, dijo Juan Carlos Arce, quien presentó el informe del organismo de derechos humanos. 

Rosa García, primera concejala del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) del municipio de Villa El Carmen, Managua, fue una de las que denunció el  uso de las tarjetas amarillas para sumar votos a favor del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).  

Durante la cobertura de las votaciones municipales, Onda Local recibió denuncias de la utilización de tarjetas amarillas, portadas por personas que se identificaban como personal auxiliar de la Junta Receptora de Voto (JRV).  

Kitty Monterrey, del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) también denunció el uso de dicha tarjeta, como un nuevo mecanismo  en la comisión del fraude.  

Abstención histórica en municipales nicaragüenses  

El CSE electoral calculó en 51 por ciento el nivel de participación de la población nicaragüense en las votaciones municipales de 2017. Pero, para el Cenidh la participación ha sido la más baja de la historia. “La abstención fue similar a la de 2016 (70 por ciento). De manera categórica podemos decir que prevaleció la obtención, se registró la más baja participación de todos los procesos municipales”, aseguró Arce.  

No obstante, agrega el Cenidh, en algunos municipios donde hubo competencia electoral, la participación fue mayor como en  los casos de Rancho Grande, El Rama, San Miguelito, entre otros municipios.

A criterio del Cenidh, llama la atención que en los municipios donde hubo mayor participación de la población fue donde se registraron acciones represivas de fuerzas policiales y militares. “Tenemos denuncias gravísimas, en el caso de Rancho Grande, por ejemplo, del secuestro de dos presidentas de las JRV de San José de Cuscaguás, las cuelas fueron prácticamente secuestradas por miembros de la policía nacional, con la finalidad de intimidarlas y de que les entregaran las actas de escrutinio. Tenemos otras denuncias,  en las que,  policías y militares procedieron a secuestrar y a desaparecer material electoral con la finalidad de que no fueran computadas”, dijo Juan Carlos Arce.   

En el municipio de El Rama, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, el material electoral de tres JRV ubicadas en las comarcas Bella Vista y Poza Redonda fue sustraído por miembros del ejército y la policía, denunció Roger Araica, candidato a alcalde por el PLC, en una conversación vía telefónica con Onda Local.  “Los miembros del ejército y la policía que andaban resguardando, bajaron a los fiscales y se llevaron todo el material electoral y lo desaparecieron, no fue transmitido  porque no llegó al Centro de Cómputos. Es un delito electoral que miembros y efectivos del ejército y la policía se presten a ayudarle al CSE a terminar de hacer el fraude”.  

El Cenidh manifestó que  tanto la policía como el ejército, además de haber sido instrumentos de represión, fueron cómplices en el montaje del fraude electoral en aquellos municipios donde hubo competencia electoral.  

La alteración de actas de escrutinio fue otro de los mecanismos utilizado por el CSE para cambiar los resultados de las votaciones en algunos municipios, según denuncias de los partidos PLC y CxL. 

Melvin Báez, candidato a alcalde por el PLC en el municipio de San Pedro del Lóvago, departamento de Chontales, tiene una certificación del Consejo Electoral Departamental (CED) de Chontales que lo acredita como ganador, pero en los resultados preliminares del CSE publicados el 10 de noviembre de 2017 en la Gaceta No 2015, el resultado fue cambiado a favor del candidato de Ciudadanos por la Libertad (CxL). En este caso,  el acta de la Junta Receptora de Votos (JRV) número 1105050702, ubicada en el Centro de Votación de la escuela Puertas de París, fue alterada en el sitio web del Consejo Supremo Electoral (CSE). Los 21 votos de CxL  fueron convertidos en 221, lo cual cambió el resultado.

Onda Local comparó los resultados de las veintisiete JRV publicadas en el sitio web del Consejo Supremo Electoral con las veintisiete actas de escrutinio, donde se evidencia la falsificación del acta número 1105050702.  

​

Kitty Monterrey del partido CxL dijo que esperaría a que el CSE resuelva los recursos y decida, de manera justa,  quién ganó en San Pedro de Lóvago.

Monterrey, agregó que lucharían por recuperar las alcaldías de San José de Bocay, El Coral, San Miguelito, que el CSE adjudicó al FSLN y Paiwas que está en manos del PLC.

También hubo denuncias de irregularidades en los municipios de “El Jicaral (León), Jalapa (Nueva Segovia), Ciudad Darío, Rancho Grande, Río Blanco y Matiguás (Matagalpa), La Conquista (Carazo)  y San Juan de la Concepción (Masaya). 

El partido indígena YATAMA desconoció los resultados de las votaciones en los municipios de Waspam, Puerto Cabezas y Prinzapolka, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Para el Cenidh, ha quedado en evidencia una clara pretensión de desaparecer del escenario político a YATAMA, lo cual revela una política de Estado que de manera sistemática violenta los derechos humanos de los pueblos indígenas del Caribe Norte y Sur de Nicaragua.  

Aunque el PLC acusó al partido CxL de cometer fraude y viceversa, la mayoría de denuncias recaen sobre el partido oficialista (FSLN). No obstante, Gonzalo Carrión, del Cenidh señaló que el fraude electoral fue parte del sistema. “El acto final del cinco de noviembre y la posterior repartición de alcaldías, reiteran una lógica sistémica. Tenemos procesos electorales basados en el fraude. Aquí recibimos en el Cenidh la denuncia del candidato a alcalde de San Pedro del Lóvago acusando a otra corriente liberal, pero hablar de fraude, concebir un fraude en cualquier municipio, es impensable sino está permitido por la estructura electoral”.   

El CSE aún no ha publicado los resultados definitivos de las votaciones municipales 2017. Sin embargo, para el candidato a alcalde por el PLC en el municipio de El Rama, los resultados preliminares del CSE están escritos en piedra.

Araica está dispuesto a asumir la concejalía si su partido se lo ordena. “Si el partido me mandata a cumplir esa misión tengo que hacerla porque no es lo mismo estar defendiendo a un pueblo fuera de la institución que dentro de la institución, donde podemos estar cuestionando las arbitrariedades que puedan hacer con la administración de los bienes públicos de la municipalidad”, respondió Araica, al preguntarle sí asumirían como concejales, pese a su  denuncia de fraude.        

Prevaleció la violencia

Según el monitoreo de Cenidh, la violencia no estuvo al margen de las votaciones municipales, siendo el asesinato de cinco personas lo más grave y lamentable. 

Juan Carlos Arce detalló que las perdonas asesinadas fueron: Elías Pineda, fiscal del PLC en el municipio de Wiwilí de Jinotega, Wilder Moreno y Alejandro Aguilar en San Sebastián de Yalí, el primero sobrino del candidato a alcalde del partido CxL, Noel Moreno Talavera; Gary Steven en Bilwi y Chando Smith Gadea del partido YATAMA, en  Sandy Bay Sirpi, municipio de la Desembocadura del Río Grande, Caribe Sur.

Además se reportaron más decenas de personas heridas y detenidas en los municipios donde hubo mayor tensión como Puerto Cabezas, San Miguelito, San Sebastián de Yalí, San Dionisio, Wiwilí de Jinotega, San Juan de la Concepción, entro otros municipios.  

“Además de condenar estos hechos de violencia demandamos una investigación exhaustiva e imparcial que determine las responsabilidades, investigación que hasta este momento no hemos visto, pero si hemos visto la persecución y las detenciones de personas simpatizantes de los partidos como en San Dionisio, donde toda la estructura del partido Liberal Constitucionalista (PLC) está siendo procesada por delitos grave”, aseguró Arce.         

El Cenidh lamentó que el informe de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos, OEA, considere estos hechos de violencia como aislados y que no haya hecho una valoración profunda de los problemas del sistema electoral.