GHREN exige llevar a Nicaragua ante la CIJ por crímenes de lesa humanidad

Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), ha comparecido ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU para exponer los patrones de violaciones y abusos a los derechos humanos considerados como graves, sistemáticos y generalizados y que han sido cometidos desde abril de 2018.

Por eso, el GHREN ha solicitado a la comunidad internacional que presiones a las autoridades nicaragüenses para que rindan cuentas por las graves y sistemáticas violaciones a sus obligaciones internacionales. El Grupo insta a llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debido a los “graves y generalizados abusos”, incluyendo desapariciones forzadas, asesinatos y la desnacionalización de cientos de ciudadanos.

Según Simon, estos actos están dirigidos contra un número cada vez mayor de personas opositores reales o percibidas y sus familiares, tanto dentro como fuera de Nicaragua. El informe sostiene que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, deportación y persecución.

Política diseñada para el castigo

Las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos forman parte de una política diseñada para silenciar, incapacitar y castigar a todas las personas que se opongan políticamente a la pareja de copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han fusionado el Estado y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en una "máquina unificada de represión", cuyo resultado es un aparato estatal que transforma a la Patria de un lugar seguro en una "trampa para los derechos humanos".

En febrero de 2025, el Grupo de Expertos publicó una lista de 54 presuntos perpetradores de estas violaciones, así como las conexiones entre distintas entidades estatales y no estatales implicadas en esta represión institucional.

Las cuatro fases de la represión

La represión, iniciada en 2018, ha atravesado cuatro fases interconectadas, las cuales han profundizado el desmantelamiento del Estado de derecho y el espacio cívico, consolidando la plena concentración de poder en manos de Ortega y Murillo, enfatiza el informe.

• Primera Fase (2018-2020): Esta etapa estuvo marcada por la represión violenta y desproporcionada de protestas legítimas. Se cometieron cientos de ejecuciones extrajudiciales y lesiones corporales graves, y personas clave dentro de las protestas fueron detenidas de manera masiva y arbitraria. Una ley de amnistía garantizó la impunidad de los responsables, señala el GHREN.
• Segunda Fase (2021): Esta se caracterizó por una represión selectiva, en el contexto electoral. Estuvo enfocada en detenciones arbitrarias y juicios injustos, con el objetivo de eliminar cualquier obstáculo a la reelección de Daniel Ortega. En esta fase se revocó la personalidad jurídica de partidos de oposición, se detuvo a candidatos y líderes cívicos, y se cerraron y confiscaron los principales medios de comunicación independientes.
• Tercera Fase (2022): Esta consistió en la erradicación completa de la oposición política organizada y del sector social con capacidad de convocatoria autónoma, lo cual se logró con la clausura de miles de organizaciones civiles y el restante de medios de comunicación independientes.
• Cuarta Fase (2023-Hasta la fecha): Se caracterizó por la concentración total del poder del Estado en la presidencia y la represión transfronteriza, pues un gran número de personas nicaragüenses han sido expulsadas del país o se les ha impedido regresar.

Desde el inicio de la Cuarta Fase, cientos de víctimas han sido despojadas de su nacionalidad, bienes y pensiones. La privación de la nacionalidad a gran escala ha sido identificada como una de las prácticas más flagrantes desde febrero de 2023. Al menos 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad por orden judicial, además se ha dejado a cientos de nicaragüenses en la apatridia

Según el GHREN, una amplia reforma de la Constitución formalizó la disolución de facto de la separación de poderes, otorgando autoridad prácticamente ilimitada a los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La respuesta cínica de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo

La dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha respondido con ácida retórica y descalificaciones frontales al reciente informe sobre la situación de derechos humanos en el país, presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).

La representación de Nicaragua reaccionó de inmediato, tildando el informe de "panfleto de agresión" y afirmando que el país ya no forma parte del "manipulado, obsoleto e injerencista Consejo de Derechos Humanos".

En su declaración, el régimen condenó la que considera una "utilización" de los derechos humanos como "instrumentos de dominación e injerencia imperial". Arremetió contra el contenido, calificándolo de "práctica sistemática y perversa de manipular los derechos humanos como armas políticas". Además, sostuvo que la Tercera Comisión de la ONU, de mandato esencialmente social, humanitario y cultural, está siendo "instrumentalizada con fines políticos".

Según la dictadura de Ortega y Murillo el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua" (GHREN), carece de legitimidad y fue concebido para fabricar acusaciones y justificar agresiones políticas" contra el país.

La declaración señala que el GHREN ha sido impuesto por "países occidentales y sus serviles". La dictadura argumenta que el informe se sustenta en "fuentes sesgadas y en criterios manipulados por individuos y organizaciones financiadas por estos mismos países", buscando "distorsionar la realidad de Nicaragua". El texto fue calificado de prefabricado y empeñado en "desacreditar al pueblo nicaragüense que ha optado por vivir en soberanía".

El régimen sentenció que el documento es "apócrifo" y, al no reflejar la verdad del país ni consultar la voz del Estado, "carece de valor jurídico, ético y político", quedando reducido a un "panfleto de agresión sin autoridad".

Sanciones son para la dictadura "Crímenes de Lesa Humanidad"

La dictadura también aprovechó la sesión para denunciar airadamente las sanciones internacionales contra sus funcionarios. Según su posición, "la verdadera razón para crear y mantener vivo este grupo de expertos es encubrir la agenda de sus promotores", cuyo objetivo es "imponer sanciones, medidas coercitivas unilaterales y bloqueos criminales contra nuestro pueblo".

El régimen elevó el tono de la crítica al considerar que esas “Medidas Coercitivas Unilaterales” constituyen "auténticos crímenes de lesa humanidad". Afirmó que violan directamente los derechos humanos de las familias nicaragüenses, "obstruyendo el derecho al desarrollo, la salud, la educación, la alimentación, el agua potable y demás derechos humanos esenciales”.

La dictadura de Ortega y Murillo ha criticado que el informe no refleja en ninguna de sus páginas "el impacto negativo de estas ilegales medidas -sanciones- sobre el pueblo". No obstante, fue dejada al descubierto por Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), quien ha dejado en evidencia la falta de cooperación del régimen:"Las autoridades nicaragüenses se han negado a reconocer o relacionarse con nosotros. No hemos tenido acceso al país, ni respuestas a múltiples cartas enviadas."

Simon añadió que la evasión del régimen es sistemática, mencionando ejemplos recientes de dicha desconexión. "Un día antes de la presentación de nuestro informe más reciente, en febrero de este año, Nicaragua se retiró del Consejo de Derechos Humanos". Además, interrumpió “su cooperación con el Mecanismo del Examen Periódico Universal."