Colectivo de DD. HH. documenta siete años de represión transfronteriza

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a través de conferencia de prensa, dio a conocer el lunes 10 de noviembre, un informe actualizado sobre la represión transfronteriza ejercida por la dictadura bicéfala de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otras voces críticas en el exilio.

El informe titulado “Represión transnacional: Nicaragua más allá de la frontera”, documenta la represión transnacional contra personas que se vieron obligadas al desplazamiento forzado desde 2018 hasta 2025.

De acuerdo a Yader Valdivia, coordinador del área de documentación del Colectivo, la metodología del informe, está basada en un proceso sistemático de documentación en el que prevalece el testimonio directo de las víctimas como principal fuente de información, pero a la vez articula dichos testimonios con registros oficiales, fuentes secundarias, informes de organismos internacionales y notas periodísticas verificadas. 

El defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, miembro del consejo de coordinación del Colectivo Nicaragua Nunca Más, indicó que uno de los principales propósitos del régimen Ortega Murillo con la persecución transnacional es imponer e infundir terror con la idea de desarticular y apagar las voces de la población que sigue resistiendo, denunciando y contando la verdad desde el exilio.

Casi 200 testimonios recabados

“Son 199 testimonios que analizamos que describen lo que es la persecución transnacional” aseguró Valdivia, quien a la vez explicó que 92 de estos corresponden a personas que denunciaron amenazas, vigilancia, atentados, ejecuciones, hostigamiento a familiares, e impedimento de ingreso a Nicaragua, entre otras manifestaciones de represión transnacional. 

De igual forma explicó que el informe recoge 8 testimonios obtenidos de entre las 222 personas expresas políticas que fueron desterradas hacia Estados Unidos por la dictadura el 9 de febrero de 2023; otros 44 testimonios documentan los hechos relativos al destierro de 135 personas que fueron expulsadas hacia Guatemala el 5 de septiembre de 2024, y 54 testimonios de entre un grupo de 94 personas que también fueron despojadas de su nacionalidad, entre defensoras de derechos humanos, periodistas, artistas, líderes religiosos y expresos políticos, además del testimonio de uno de los sacerdotes desterrados en Roma en octubre de 2023.

Ocho categorías de represión transnacional

El informe identifica entre sus hallazgos ocho categorías que reflejan las modalidades de represión: Amenazas y hostigamientos en exilio, hostigamiento a familiares en Nicaragua, impedimento de ingreso o negación de retorno, vigilancia transfronteriza y presencia de redes vinculadas al régimen, destierro forzado y despojo de nacionalidad, atentados y agresiones, así como la negación de servicios consulares y el riesgo de extradición y persecución judicial.

De acuerdo al Colectivo, en lo que respecta a las amenazas, estás incluyen formas combinadas de amenaza digitales. En ese sentido refiere que “las personas entrevistadas relatan haber recibido mensajes de texto, llamadas telefónicas o mensajes por Whatsapp conteniendo amenazas a su vida, fotografías de armas, balas o imágenes de sus familiares” y agrega que en algunos casos las víctimas identificaron la voz del remitente como un policía activo, un militante del partido sandinista, funcionarios gubernamentales o perfil falso utilizado para intimidarles.

Respecto al hostigamiento a familiares de personas en el exilio, el Colectivo Nunca Más, refiere que este es una de las formas más calculada de represión. “Este patrón está presente en casi un tercio de los testimonios analizados, donde las personas exiliadas relatan la persistente visita de policías a sus hogares, citaciones judiciales a familiares, cuestionamientos sobre su paradero o amenazas directas”.

En cuanto al impedimento de ingreso a Nicaragua, el despojo de la nacionalidad y la apatridia de facto, el informe recoge cuatro prácticas del régimen: amenazas a quienes intentan retornar, impedimento por completo del retorno, la negación de servicios consulares y documentos oficiales, el destierro.

Vigilancia y persecución más activa en Costa Rica

El Colectivo afirma que uno de los patrones más evidente es la sistemática persecución política incluso después del desplazamiento forzado. El informe refiere que las personas perseguidas en el exilio reportan que aunque lograron salir de Nicaragua, “las amenazas, la vigilancia y el control se continúan ejerciendo en el país en el que se encuentran”.  

Asimismo, asegura que este patrón es más frecuente en Costa Rica, hasta donde se trasladan redes de vigilancia del régimen conformadas por agentes paraestatales por ser un país con numerosa presencia de personas exiliadas y muy activas.

Despojo de nacionalidad, atentados y ejecuciones

El informe del Colectivo también hace énfasis en el despojo de la nacionalidad a 452 personas nicaragüenses, el que se ha hecho efectivo a partir de 2023, tras la aprobación de leyes punitivas y reformas constitucionales que acusan a personas opositoras de traición a la patria.

Al despojo de nacionalidad se suman los ataques físicos y atentados. “El Colectivo ha documentado 10 casos de personas que han sufrido atentados directos contra su integridad física en Costa Rica” asegura el Colectivo.

Por otro lado señala que las solicitudes de extradición hechas por el régimen al gobierno de Costa Rica, se han convertido en un mecanismo de riesgo para personas opositoras o percibidas como tales. En este sentido el informe recuerda que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha documentado y advertido de manera reiterada sobre el riesgo de tortura, desaparición forzada, detención irregular y afectaciones a la vida e integridad de personas que son devueltas o permanecen bajo custodia estatal en Nicaragua, particularmente por motivaciones políticas”.

“Represión persiste, muta y se proyecta”

El Colectivo concluye en su informe que “la represión no se detiene en el exilio, sino que persiste, muta y se proyecta”. También refiere que Costa Rica se ha convertido en el epicentro de la represión transnacional contra personas exiliadas nicaragüenses, y que esta opera mediante un círculo de violencia secuencial que va de lo físico a lo digital y de lo personal a lo familiar. Dicha violencia revela además una impunidad ampliada y persistente.

Finalmente recoge una serie de recomendaciones dirigidas principalmente a los Estados de acogida y a los organismos internacionales de derechos humanos. 

En ese sentido exhortan a los países que dan asilo a nicaragüenses, a fortalecer los mecanismos de protección interna frente a las amenazas transnacionales, garantizar canales rápidos de denuncia y reparación, evitando su clasificación como delitos comunes desvinculados de su carácter político. También recomienda la implementación de medidas de protección psicosocial, jurídica y territorial para periodistas, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y otros perfiles de riesgo.

El Colectivo recomienda a organismos como la CIDH, OACNUDH, la Corte IDH, el GHREN y el Comité de DD. HH de la ONU, documentar sistemáticamente los casos de represión transnacional e incorporarlos en sus mecanismos de monitoreo, a la vez solicita que estos exhorten al Estado nicaragüense a cesar las prácticas de vigilancia y acoso en el exterior. También les hace un llamado a promover mecanismos de investigación internacional y jurisdicción extraterritorial cuando existan indicios sólidos de ataque ordenados por agentes estatales fuera de Nicaragua.