Detenciones arbitrarias por razones políticas persisten en Nicaragua

Al menos 47 personas continúan en las cárceles de Nicaragua por motivos políticos, 11 de las cuales permanecen bajo la condición de desaparición forzada. Así lo dio a conocer en su más reciente actualización el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

El Mecanismo, conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares de personas presas políticas y abogados, entre otros, afirma que la información ha sido actualizada al 31 de marzo de 2026, y aclara que los 47 casos documentados corresponden únicamente a las personas presas políticas de quienes se obtuvo acceso a información y autorización de sus familiares para su publicación, por lo que puede haber subregistros.

“En los últimos meses, se ha observado una intensificación de los mecanismos de vigilancia y control, particularmente dirigidos a los entornos familiares de las personas presas políticas y de quienes han sido excarceladas” señala la organización defensora.

Asimismo refiere que se ha constatado que estas familias no solo enfrentan actos de vigilancia y amenazas directas, sino también restricciones indirectas orientadas a aislarlas y limitar sus posibilidades de articulación, denuncia y acompañamiento.

“En este contexto, el subregistro no responde únicamente al temor inmediato frente a represalias, sino a la consolidación de un entorno sostenido de coerción, en el que denunciar implica riesgos continuos” puntualiza la organización.

Mayoría de personas presas políticas estarían en La Modelo

De los 47 casos verificados, 44 son hombres y 3 son mujeres, 14 del total son adultos mayores. En cuanto al lugar de reclusión 30 de las personas privadas de libertad por razones políticas se encuentran en la Cárcel Modelo de Tipitapa. Cuatro en el Sistema Penitenciario de Waswalí, Matagalpa, una persona está en condición de casa por cárcel y las otras 11 personas son las que permanecen en desaparición forzada.

Sobre estas últimas, según el informe, desde el momento de su detención, se ha conocido que sus familiares no han recibido información oficial sobre su paradero ni han podido establecer contacto o conocer su estado de salud.

Por otro lado el Mecanismo refiere que durante el período analizado, se documentaron dos excarcelaciones y la incorporación de tres nuevos casos, “lo que evidencia la persistencia de la detención arbitraria por motivos políticos”.

Otra situación que destaca el informe es la cada vez más visible incorporación de personas previamente vinculadas al aparato estatal o al oficialismo, las que representan alrededor del 15% de los casos. “Este grupo incluye militares en retiro o activos, exfuncionarios públicos y personas identificadas como simpatizantes del partido de gobierno” señala el Mecanismo.

Indígenas entre los grupos más afectados  

El Mecanismo señala que las personas indígenas representan aproximadamente el 30 % de los casos registrados, configurándose como uno de los grupos más afectados. “Este dato no solo evidencia un incremento cuantitativo, sino la consolidación de un patrón cualitativo de persecución orientado a debilitar estructuras comunitarias, formas de organización territorial y mecanismos propios de gobernanza en la Costa Caribe” advierte.

En la misma vía refiere que la criminalización de líderes, guardabosques y autoridades comunitarias se inserta en dinámicas históricas de exclusión, pero en el contexto actual adquiere un carácter más sistemático, sostenido y dirigido a erosionar la autonomía colectiva.

Caso de Brooklyn Rivera activa las alarmas

El mecanismo en su reporte hace hincapié en el caso del líder indígena miskito de 73 años, quien hasta el 31 de marzo llevaba 914 días en condición de desaparición forzada.

La organización advierte que la gravedad de este caso aumenta por la edad de Rivera y “por reportes sobre padecimientos previos, entre ellos presunta hipertensión, así como por la información de que, tras su arresto, habría sido trasladado en una ambulancia debido a su condición médica”.

El informe refiere que también agravan este caso en particular, “la ausencia de comunicación y de garantías mínimas —incluido el acceso a familiares y representación legal— refuerza el carácter de extrema vulnerabilidad en el que se encuentra.”

El Mecanismo resalta que diversos organismos internacionales de derechos humanos, han alertado públicamente sobre este caso, subrayando la obligación del Estado de aclarar sin demora la situación de Rivera, confirmar que se encuentra con vida y garantizar su integridad personal.

“Estas alertas también han advertido que la falta de transparencia alrededor de su detención se enmarca en un contexto más amplio de represión y persecución contra liderazgos indígenas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua” advierte.

En este contexto, agrega el informe, la prolongación de la desaparición forzada de Brooklyn Rivera incrementa el riesgo de daños irreparables y exige acciones inmediatas de verificación, protección efectiva y rendición de cuentas.

El Mecanismo reitera que actualmente hay al menos 11 personas en condición de desaparición forzada y exige al Estado de Nicaragua presentar de manera inmediata pruebas de vida y del estado físico de las personas detenidas y desaparecidas, además de brindar información verificable sobre su paradero.