72 personas siguen encarceladas por motivos políticos, 33 en desaparición forzada

Una reciente actualización del monitoreo sobre la situación de las personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, publicada por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, afirma que la cifra de casos documentados aumentó  a 72 durante el periodo del 1 de agosto al 23 de octubre. Lo que representa 12 personas más de las que se contabilizaban en el informe anterior.

Según los datos del Mecanismo, 56 de las personas encarceladas son hombres y 16 mujeres. Del total 33 se encuentran en condición de desaparición forzada desde su detención arbitraria. De estas, 19 son hombres y 14 mujeres, en las que también se incluyen dos menores de edad.

El informe también destaca que 16 de las personas que permanecen detenidas son adultas mayores.

No obstante, la organización advierte que la lista solo incluye a las personas presas políticas sobre quienes se ha obtenido información y cuya publicación ha sido autorizada por sus familiares.

Sobre las 12 personas que se han sumado a la lista en este último informe, el Mecanismo aclara que estas nuevas incorporaciones no corresponden exclusivamente a detenciones ocurridas durante el período analizado, pues 9 de los 12 casos se concentran entre junio y julio de 2026, y las tres incorporaciones restantes corresponden a detenciones ocurridas en octubre de 2025, febrero de 2026 y agosto de 2026.

Lo anterior indica, según el organismo, que los nuevos registros corresponden a casos que no habían sido reportados o documentados anteriormente, y que la demora de familiares en hacer la denuncia de las detenciones arbitrarias estuvo relacionada con el temor a represalias, las amenazas recibidas durante las capturas y la expectativa de una pronta liberación.

“Ante la prolongación de las detenciones, el desconocimiento del paradero y la ausencia de información oficial verificable, las familias decidieron posteriormente reportar los casos al Mecanismo” señala la organización.

Deterioro de la salud ante condiciones carcelarias y falta de atención médica

El Mecanismo afirma que la información recopilada evidencia la presencia de enfermedades preexistentes, síntomas persistentes y padecimientos que se han agravado durante la privación de libertad.

De acuerdo al informe, “los reportes incluyen enfermedades cardiovasculares; problemas gastrointestinales, hepáticos, cutáneos y prostáticos; así como padecimientos de la columna y la zona lumbar”, asimismo agrega que algunas de estas condiciones requieren controles periódicos, medicamentos, exámenes especializados o intervenciones quirúrgicas, los que sin embargo son negados por el régimen.

“Persisten las negativas y limitaciones para acceder a consultas médicas especializadas” señala el Mecanismo, quien a la vez afirma que a  pesar de las solicitudes realizadas para trasladar a personas con dolor torácico, padecimientos cardiovasculares, dolor vesicular agudo y otras afectaciones graves, la atención continúa limitada, en algunos casos, al suministro de analgésicos básicos o a la toma de la presión arterial sin comunicar sus resultados.

La organización también advierte que los padecimientos pueden responder a distintos factores y verse agravados por la alimentación y las condiciones materiales de detención.

“Alrededor de cuatro personas presentan dolores graves en la columna o la zona lumbar. En dos de estos casos existían, antes de la detención, diagnósticos formales de hernias cervicales o discales. También se han recibido reportes sobre afecciones hepáticas, hongos, padecimientos en la piel y pérdida significativa de peso”, indica el reporte.

De igual forma señala que cinco personas han manifestado dolores testiculares intensos o padecimientos relacionados con la próstata. Asimismo, diez personas reportan problemas gastrointestinales o digestivos que les provocan dolores estomacales intensos. En tanto las enfermedades preexistentes se han agravado durante la permanencia en prisión.

Otras afectaciones a la salud reportadas son las relacionadas a la salud mental. “Continúan los reportes de depresión, insomnio, angustia y desorientación” indica el informe.

El Mecanismo advierte que entre los factores que profundizan estas condiciones están, la incomunicación, el aislamiento prolongado, la falta de contacto familiar y la incertidumbre sobre la duración y las condiciones de la detención.

El inhumano castigo de la desaparición forzada

En relación a las 33 personas que la dictadura Ortega Murillo mantiene totalmente incomunicadas y en condición de desaparición forzada, el Mecanismo refiere que ocho son adultas mayores, 14 son mujeres, incluyendo dos menores de edad, otras siete personas bajo esta condición son líderes de la Costa Caribe.

Entre las 33 personas desaparecidas se encuentran ocho personas adultas mayores; catorce mujeres que incluye a dos menores de edad; siete integrantes o líderes de la Costa Caribe. Estas condiciones incrementan los riesgos para su vida e integridad y refuerzan la urgencia de obtener pruebas de vida e información verificable sobre su paradero, estado de salud y condiciones de detención.

“Estas condiciones incrementan los riesgos para su vida e integridad y refuerzan la urgencia de obtener pruebas de vida e información verificable sobre su paradero, estado de salud y condiciones de detención” señala el Mecanismo.

Líderes indígenas con mayor representación entre personas encarceladas

El informe del Mecanismo asegura que la Costa Caribe constituye la región con mayor representación territorial en la lista de casos documentados, pues en total se registran 20 personas presas políticas pertenecientes principalmente a territorios indígenas.

“Este grupo está integrado por ocho guardabosques; siete personas detenidas en el contexto posterior a la muerte bajo custodia de Brooklyn Rivera Bryan —seis con identidades públicas y una incorporada en octubre bajo condición de anonimato—; y cinco personas detenidas en otras circunstancias” especifica el informe.

El Mecanismo también hace énfasis en que las detenciones también son acompañadas por afectaciones patrimoniales. “Los reportes incluyen la sustracción de dinero, teléfonos celulares, ganado y herramientas de trabajo durante allanamientos sin orden judicial” asevera.

También hace eco de las aseveraciones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, quien en sus informes  ha determinado que la detención arbitraria y los juicios injustos han sido utilizados para castigar y silenciar las voces críticas, incluidas las de las mujeres. El Grupo, también ha señalado que, desde 2023, la desaparición forzada se ha consolidado como un patrón represivo dirigido a castigar a las personas detenidas e infundir temor entre sus familiares y la población en general.