Urge prevenir trata de personas y explotación sexual infantil

La prevención de la trata de personas y la explotación sexual comercial infantil, el acceso a la justicia y la atención a las víctimas de estos delitos fue parte de lo abordado en el Foro Nacional “Trata de personas y Explotación sexual infantil: Previniendo las formas modernas de esclavitud en Nicaragua”, organizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), este diez de septiembre.

Recientemente, el IEEPP realizó un estudio acerca de la explotación sexual comercial infantil en los municipios de Granada, Somotillo en Chinandega y Waspam en la Costa Caribe Norte y un “Análisis comparado de los ordenamientos jurídicos del delito de trata de personas en Centroamérica”.       

Según Gabriela Alvarado, investigadora del IEEPP, existe una “alta desinformación acerca de la trata de personas y la explotación sexual en los tres municipios, principalmente, en Waspam”.

“La trata de personas es uno de los delitos más complejos del crimen organizado por la forma en que se enmascara y por las graves secuelas que produce en sus víctimas. Es un delito de crimen organizado no sólo porque ocurre a nivel transnacional sino porque comienza con una captación, a veces muy local”, aseguró Elvira Cuadra, directora ejecutiva del IEEPP. 

En Granada existen instituciones estatales y organizaciones civiles que trabajan en la prevención de estos delitos, pero lo hacen de manera desarticulada. “Tienen años investigando, haciendo iniciativas de prevención y de atención; pero, se necesita articular a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones pública y a líderes comunitarios”, agregó Gabriela Alvarado.

Otro problema es que las organizaciones y la ciudadanía identifican casos de trata de personas y de explotación sexual comercial infantil, pero no denuncian. Esta situación, según Alvarado, es debido a la “desinformación” y al hecho de que “la sociedad culpabiliza a las víctimas y no lo ven como un delito sino como un problema individual”.

Difícil situación en Waspam

Claudia Vargas Rodríguez, Defensora Pública de Familia, manifestó que en el municipio de Waspam hay factores de alta vulnerabilidad para la niñez y la adolescencia, entre estos, el narcotráfico. “En la ribera del río Coco no hay un control, el narcotraficante entra a las comunidades vulnerables, negocia con el papá, se lleva a la niña a Honduras. No lo ven como un delito sino por una necesidad económica”.

Vargas sustenta su afirmación en base a estudios de casos realizados por la organización de mujeres Wanki Tangni. “Datos específicos no hay por la falta de denuncias. Si vos vas a entrevistar al policía, te va a decir que no conoce, que los organismos están diciendo pero que no tienen pruebas, porque ahí nadie llega a denunciar por miedo, hay mucha amenaza”.

Por otra parte, según Gabriela Alvarado, delitos como la trata de personas y la explotación sexual comercial infantil, tienen que juzgarse conforme la legislación nacional y no en base al derecho consuetudinario, cuya administración de justicia está en manos de un juez comunitario o whita. En Waspam rige el Talamana, una práctica ancestral que consiste en reparar el daño ocasionado a la víctima mediante el pago en especies -vacas, cerdos, etc-. “En el caso de la violencia sexual, al hacerlo de esa forma, estamos cometiendo un delito. Es decir, el delito de explotación sexual comercial infantil”, dijo Alvarado.

Por su parte, Claudia Vargas, manifestó que los whitas “están desnaturalizando la protección a la niñez y a la adolescencia porque están permitiendo estas prácticas delictivas en sus comunidades y la están viendo como natural no como un delito”. Además, la justicia comunitaria se aplica en aquellos delitos y faltas con penas que no excedan los cinco años de prisión.

A esta problemática, se suma la falta de presencia del Estado y la situación económica, lo cual dificulta el acceso a la justicia. Según Vargas, el Estado sólo tiene presencia en la zona urbana de Waspam. El dos de septiembre llegó una Fiscal, luego de seis años de espera. Sin embargo, “la trata de personas tiene que verse en un juzgado de distrito y no tenemos un juez de distrito en Waspam. Hay que ir hasta Puerto Cabezas, distante a 140 km.

Una persona de una comunidad no va a llegar hasta Puerto, por factores económicos”. Una mujer que viaja de la comunidad de San Carlos a Waspan, gasta entre mil y mil seiscientos córdobas. Luego tiene que pagar hospedajes porque no hay albergues. Después trescientos córdobas para llegar a Puerto, más el gasto en comida. “Te estoy hablando casi de tres mil córdobas. No va a llegar”, ejemplificó Vargas.

Ley especial contra la trata de personas

Esta semana, la Asamblea Nacional, inició la consulta del Anteproyecto de Ley Especial e Integral Contra la Trata de Personas. Nicaragua es el único país centroamericano que no cuenta con una normativa al respecto.

Según Elvira Cuadra, el anteproyecto de Ley “Incluye temas como la definición del delito, un punto muy importante, porque el delito de trata es muy complejo, toma diferentes formas. No se refiere únicamente a la explotación sexual comercial, se puede enmascarar como explotación laboral, servidumbre doméstica, mendicidad, tráfico de órganos y fluidos. Se requiere establecer sanciones para quienes participan en este tipo de delito. El que capta es apenas la primera de las personas en una cadena de explotadores”.

El anteproyecto de Ley tiene algunos vacíos, señala Gabriela Alvarado. “Es necesario establecer medidas que no re-victimicen, no hay un acápite de prevención y también de atención a víctimas. Hay pocos albergues a nivel nacional -y los que existen- están recayendo en las organizaciones de civiles. Se necesitan mayores esfuerzos de atención a víctimas, tanto en la parte psicológica como en la parte legal”.