¡No somos vendedores de tierra!

El 13 de junio de 2013, la Asamblea Nacional, controlada por Daniel Ortega, aprobó una ley que da el visto bueno a la construcción de un canal que conectará los océanos Atlántico y Pacífico y a otros subproyectos asociados -un aeropuerto, dos puertos, un oleoducto, una vía férrea y dos zonas de libre comercio-. La ley también deja la puerta abierta a futuros proyectos de desarrollo sin asegurar una consulta adecuada con las comunidades afectadas.

El Canal Interoceánico podría ser uno de los mayores proyectos de ingeniería del planeta. El proyecto se otorgó a HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKC), constituida en Hong Kong. Se prevé que mida aproximadamente 275 kilómetros y que divida a Nicaragua en dos. En su recorrido, el canal cruzaría una parte considerable del Lago de Nicaragua, la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica.

Las organizaciones locales y la sociedad civil han calculado que el número de personas afectadas puede alcanzar las 120.000. Las comunidades que viven en las zonas afectadas han dicho que el gobierno no ha realizado "consultas genuinas y que ni siquiera las ha informado adecuadamente sobre el proyecto ni les ha brindado alternativas viables". 

"Casi todas las personas que vivimos aquí, vivimos de la tierra, sembrando, criando animales, no sabemos hacer otra cosa que laborar la tierra. Por eso nosotros preferimos morirnos aquí, porque si nosotros vamos para una ciudad ¿qué vamos a hacer?”, aseguró un líder comunitario. 

La principal preocupación de las comunidades campesinas es saber qué sucedería con sus tierras. "No somos venderres de tierra", han sostenido en las diferentes marchas.