Demandan derogación de ley canalera
- 31 Oct 2014
- 9:15 p.m.
- Nicaragua
El 31 de octubre de 2014, ciudadanas y ciudadanos de Nueva Guinea, la Unión, La Fonseca, El Tule, San Miguelito, Punta Gorda, Ometepe, Tola, San Jorge, Obrajuelo, Managua y una delegación de mujeres de Chinandega y Jalapa, participaron en la Asamblea Ciudadana ¡Nicaragua es Nuestra! para discutir demandas, acciones y propuestas para la defensade la soberanía nacional y los recursos naturales de Nicaragua, ante la amenaza del proyecto del Canal Interoceánico.
Jurídicas, económicas y sociales
Te presentamos una síntesis de las principales afectaciones de la concesión del Canal. Un punteo basado en las denuncias y planteamientos que han expresado expertos y ciudadanía de los municipios y comunidades mencionadas, desde junio de 2013, cuando se firmó el proyecto canalero entre el gobierno de Daniel Ortega y el empresario chino Wang Jing.
Principales afectaciones:
- Entrega de soberanía nacional
- Inmunidad al inversionista
- Degradación ecológica
- Desconoce principio de igualdad ante la ley
- Viola autonomía municipal y regional
- Erosión de suelos
- Vulnera derechos de pueblos originarios
- Supedita soberanía a inversión extranjera
- Serios daños al Río San Juan
- Comisión con poder supremo
- Crea sistema fiscal especial
- Progresiva salinización
- Ultrajalibertad y dignidad
- Trastorno económico y cultural
- Altera ecosistemas litorales
- Arriesga individualidad del Estado Nicaragüense
- En población reasentada y receptora
- Afectación a costas de Rivas
- Deserción Escolar
- Perdida de acervo cultura
- Disminuye flujo de energía
- Posible corredor narcotráfico
- Peligro de confrontación internacional
- Reduce fauna original
- Jurídicamente inexistente
- Violenta principios Estado de Derecho
- Altera flujo de agua
- Abre puerta a mayor corrupción
- Expropiación a valor catastral y venta a valor comercial
- Profundiza acceso al agua y sus consecuencias
Un integrante del Concejo Regional del Atlántico Sur, del puerto de montaña Punta Gorda, denunció que la ley canalera atropella la Ley de Autonomía de la Costa Caribe nicaragüense. Manifestó que llevan varios años solicitando al gobierno la construcción de caminos de penetración. “El 35% de la producción no se puede comercializar porque no tenemos caminos de penetración”. El gobierno regional les ha comunicado que “por orientación del presidente de la República no vamos a invertir un peso más en ese territorio, porque no tiene chiste que vamos a invertir y luego destruir”.
“En ninguna parte de esa ley canalera aparece que nos proteja. Le hacemos un llamado a todos los diputados, nunca hemos oído decir a un diputado que nos está defendiendo”, opinó Francisca Ramírez, coordinadora de la comunidad La Fonseca, en Nueva Guinea.
Lombardo Madriz Fonseca llegó a la Asamblea Ciudadana con una comisión del departamento de Chontales. Aquí, cien mil habitantes tienen más de cinco años de tomar agua del Lago Cocibolca y los municipios de Cuapa, Comalapa, Santo Tomás y Acoyapa están esperando tomar agua del Lago. “Es momento que nuestro derecho lo tomemos de hecho y no de derecho”. Otro ciudadano de Juigalpa expresó que “habría que hacerle una demanda a ese tipo (Daniel Ortega), porque cómo es posible que a través de una institución estatal le estén dando agua todos los días a 90 mil personas. Debe ser demandado para que demuestre realmente si esa agua está contaminada”, enfatizó.
Julio Icaza, de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), compartió con las y los presente una iniciativa de ley para demandar la derogación de la Ley 840, conocida como ley canalera, elaborada por juristas y organizaciones civiles.
El Proyecto de Ley fue entregado por el doctor Carlos Tünnermann, del Movimiento por Nicaragua, y delegaciones de los diferentes municipios y comunidades, al diputado Wilber López del PLI, a fin que lo presente el próximo lunes tres de noviembre, ante la directiva del Parlamento nicaragüense.
