Nicaragua sin estrategia de compras que respeten el ambiente

El Consejo Nicaragüense de Certificación Forestal Voluntaria (CONICEFV) presentó el pasado seis de noviembre, los resultados del Estudio “Cadena de valor del papel y sus derivados en Nicaragua, con énfasis en las compras públicas”. 

El estudio, realizado entre agosto y septiembre de 2014, analizó las exportaciones e importaciones de papel que hace el país. En el año 2013, casi la totalidad de las exportaciones de Nicaragua se concentró en papel y cartón estucado (96%), destinado a fines domésticos y sanitarios. Honduras y Costa Rica son los países receptores más importantes de las exportaciones nicaragüenses, según el estudio.  

Pero, las exportaciones de papel y derivados, siguen siendo más bajas que las importaciones. Un poco más de seis millones de dólares suman las exportaciones.  En tanto, las importaciones fueron de casi ciento 11 millones de dólares, concentrándose en papel para uso doméstico y sanitario, papel y cartón, libros de registro y de contabilidad, talonarios, y papel y cartón para escribir e imprimir.

Las importaciones proceden de México, El Salvador, Costa Rica y Estados Unidos.

El Estado, gran comprador   

Existen mil 102 Proveedores del Estado registrados, que ofrecen productos de papel y sus derivados. Sólo 385 (35%) están activos o vigentes y quienes pueden establecer relaciones contractuales con el Estado.

La investigación identificó cinco instituciones del Estado con mayor demanda de papel y derivados en el 2014. El Ministerio de Salud con más de 33 millones de córdobas. La Corte Suprema de Justicia, más de 20 millones. El Ministerio de Educación, casi cuatro millones. El Ministerio Agropecuario y Forestal, más de dos millones y medios. El Ministerio de Gobernación, un poco más de dos millones. Son las instituciones que más compraron, según datos de los Programas Anuales de Contrataciones (PAC).

No existe certeza que el Estado nicaragüense esté comprando productos de papel certificados al no haber una Estrategia Nacional de Compras Públicas Sostenible, aseguró la autora de la investigación Dayra Valle. “Hay que pensar en una estrategia nacional que pueda implementarse, no sólo quedar en el tintero o en el papel, amparado en un marco normativo, que permitiría exigir a proveedores productos con criterios ambientales, sociales y económicos, en un proceso que pudiera ser periódico y progresivo. Esto constituye un gran reto, no sólo es pensar en un producto que llene ciertos requisitos ambientales, que tienda más a las compras verdes sino que implica un cambio de mentalidad, de compras diferentes desde las instituciones públicas”.

Por su parte, Amaru Ruiz, del Proyecto Oferta y Demanda de Papel y sus Derivados Certificados implementado por CONICEFV, enfatizó en que no se trata de prohibir el uso del papel sino promover un consumo responsable, con estándares que permitan a las y los consumidores finales, tener la seguridad que el papel es certificado al provenir de manera legal, con bajo impacto forestal, con beneficio económico a la comunidad y respeto a las leyes y normativas ambientales y sociales.