Editorial El País: “Ortega, responsable”

El editorial publicado por El País  señala que, el Equipo Argentino de Antropología Forense, ha aportado importantes pruebas sobre la responsabilidad directa del Gobierno de Nicaragua en la violenta represión de 2018.

"La intervención del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense —que ha resultado fundamental a la hora de averiguar el destino de los desaparecidos de la dictadura argentina— ha aportado importantes pruebas sobre la responsabilidad directa del Gobierno de Nicaragua en la violenta represión del régimen de Daniel Ortega contra las protestas opositoras de 2018, que se saldaron con 328 muertos y más de 88.000 exiliados", señala El País.

El diario considera que la información del Equipo Argentino de Antropología Forense viene a respaldar al equipo encargado del caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos —expulsado de Managua en 2018— que concluyó que en Nicargaua se han cometido crímenes de lesa humanidad.

La información a la que hace referencia El País, se trata de una reconstrucción  realizada por SITU Research y el Equipo Argentino de Antropología Forense  (EAAF) de la marcha del 30 de mayo de 2018, conocida en Nicaragua como la madre de todas las marchas, que tuvo un final trágico tras el ataque de la Policía Orteguista y paramilitares, en la que ocho personas fueron asesinadas. 

El video-reconstrucción es una nueva pieza de una plataforma digital más amplia  creada por SITU y el EAAF en colaboración y a pedido del  GIEI-Nicaragua, Grupo Interdisciplinario  de Expertos Independientes, un equipo especial designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar las posibles violaciones a los derechos humanos durante las protestas de Nicaragua en abril-mayo de 2018.

Esta reconstrucción se centra en las muertes de tres civiles ocurridas en la Avenida Universitaria de Managua luego de las 4:40 pm del 30 de mayo de 2018: Jonathan Eduardo Morazán Meza, Francisco Javier Reyes Zapata y Daniel Josias Reyes Rivera. La pieza utiliza una amplia gama de evidencia para reconstruir la secuencia de los hechos,  en donde cientos de videos y fotografías de periodistas y manifestantes  juegan un papel crítico.

Dos años después, a pesar de toda la evidencia presentada por GIEI, EAAF y SITU, no se ha realizado una investigación oficial sobre estas muertes. En julio del 2019, el gobierno de Nicaragua dio una amnistía que protege a fuerzas policiales y otras fuerzas que cometieron hechos de violencia durante ese periodo. 

Advertencia: El video contiene escenas de violencia. Contenido recomendado para personas adultas.

El País destaca que “las protestas contra el régimen iniciadas en 2018 agruparon a numerosos sectores de toda la sociedad nicaragüense, desde estudiantes, funcionarios y campesinos hasta colectivos feministas. En su represión, entre otros hechos, el régimen empleó a grupos paramilitares, cortó la señal de los canales de televisión que informaban de los disturbios, realizó detenciones ilegales, utilizó efectivos militares para atacar emisoras de radio y ocupar y cerrar medios opositores, allanó iglesias donde se vertían opiniones contra Daniel Ortega y su pareja y vicepresidenta de la república, Rosario Murillo, y envió a sus simpatizantes a reventar el funeral de Ernesto Cardenal, héroe de la revolución sandinista muy crítico con la deriva autoritaria de Ortega. Las miles de imágenes y audios estudiados por el equipo argentino muestran la responsabilidad del aparato del Estado en la sangrienta represión”.

Asimismo, el medio internacional manifiesta que Nicaragua vive una grave crisis social e institucional fruto directo de la gestión clientelista de un Ortega situado en los últimos años en las antípodas de aquel guerrillero que luchó contra la dictadura de Anastasio Somoza.

Daniel Ortega ha sostenido que el estallido social de 2018 fue un intento de golpe de Estado y encarceló a centeneras de nicaragüenses señalándoles de terroristas. En el país, aun permanecen en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega, al menos un centenar de personas privadas de libertad por razones políticas.

El País, agrega que esta crisis social e institucional se ha sumado el desastroso manejo de la pandemia de la covid-19. “En vez de adoptar una actitud cuando menos prudente, el régimen ha ridiculizado sistemáticamente a quienes advertían de su peligro y la televisión oficialista ha lanzado constantes consignas negando su gravedad. Solo cuando los contagios han sido tan extensos que han alcanzado a destacadas figuras del sandinismo, el régimen ha comenzado a tomar medidas, pero ocultando las cifras. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que el número de muertos es 21 veces mayor del que aseguran las cifras oficiales”.