Alcaldesa de Wiwilí de Jinotega: “No me han dejado gobernar”

Reyna Esmeralda Hernández Mairena, alcaldesa del municipio de Wiwilí de Jinotega, enfrenta el poder arbitrario del sistema judicial de Nicaragua, controlado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 12 de junio de 2020, la jueza local penal de Jinotega, Diana Isabel Jarquín Valle, además de ordenar la captura de Hernández, también dictó la “suspensión en el desempeño del cargo como alcaldesa del municipio de Wiwilí”; una maniobra ilegal, según la alcaldesa.

La jueza Diana Jarquín expresa que Hernández “queda inhibida de ejercer las funciones, atribuciones y competencias propias del cargo conferidas conforme la Ley 40, Ley de municipios”.

El artículo 24 de la Ley 40, Ley de Municipios, establece que una de las causas para que el alcalde, alcaldesa, vicealcalde, vicealcaldesa, concejales y concejalas, pierdan su condición es mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo por delito que merezca pena más que correccional por un término igual o mayor al resto de su período. Sin embargo, la jueza obvió que Hernández aun no tiene una sentencia firme.   

La alcaldesa Reyna Hernández es procesada en el Juzgado Local de Jinotega, por “desobediencia o desacato a la autoridad, en perjuicio de la administración de justicia y otras víctimas”. Esta acusación está relacionada con una sentencia de la jueza Aida López Henríquez, del Distrito Laboral de la Circunscripción Norte que ordenó a la Alcaldía de Wiwilí de Jinotega, pagar 16.5 millones de córdobas por liquidaciones laborales a 36 extrabajadores de la comuna.  

“Este es un proceso ilegal, porque realmente el delito no lo puede cometer la alcaldesa”, aseguró Maynor Curtis Lovo, abogado de Hernández. La alcaldesa declaró a Onda Local que, tal y como ha indicado su abogado, sería el Concejo Municipal de Wiwilí el responsable de cumplir la sentencia laboral, ya que este órgano representa la máxima autoridad normativa a nivel municipal.

“Es un proceso ilegal, desde el momento que me enjuician por algo que no es a mí que me tienen que enjuiciar porque es el Concejo la máxima autoridad. Es un monto de 16 millones. Nosotros no podemos pagarlo porque no tenemos los fondos, el mismo gobierno nos quitó las transferencias, la juez manda a que veamos cómo lo vamos a incorporar al presupuesto, quien hace eso es el Concejo, no soy yo como alcaldesa”.

Hernández asegura que no le sorprende este acto de venganza política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues es algo que ya se lo esperaba. “Ya me habían dicho que tal vez seis meses podía gobernar, con dificultades llevo dos años, nos quitaron las transferencias, pero aun así, hemos hecho mucho por el pueblito de Wiwilí”.  

Reyna Hernández llamó a la población del municipio de Wiwilí de Jinotega a mantener su moral en alto y a respaldar al vicealcalde, Manuel Blandón, quien está a cargo de la alcaldía.

“No me han sacado porque robé, porque hice fraude, porque regalé propiedades de la comuna, me están haciendo este proceso simplemente por cosa política, que mi pueblo se sienta tranquilo, que se sienta alegre porque no les defraudé”, señaló.

“Si hoy ya no estoy en mi municipio, si ya mi cargo no lo voy a seguir ejerciendo, me voy con la moral en alto, me voy muy tranquila porque aún personas sandinistas no están de acuerdo con lo que me están haciendo, es un robo el que le están haciendo al pueblo, a mí no me están robando. Los extrabajadores sandinistas le están robando al pueblo de Wiwilí casi 17 millones de córdobas cuando por Ley lo que les corresponde es menos de dos millones”, dijo categóricamente la alcaldesa Reyna Hernández.

Reducción y embargo de las transferencias municipales  

Hasta a inicios de 2018, el municipio de Wiwilí de Jinotega era gobernado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Reyna Hernández ganó las votaciones municipales de noviembre de 2017, siendo candidata del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Antes de traspasar la alcaldía, el FSLN se encargó de saquear los bienes municipales y endeudar a la municipalidad por más de 4 millones de córdobas en la construcción de un parque, calles y planes de telefonía celular, denunció Hernández.

A esto, se suma a repartición discrecional de las transferencias municipales que ha castigado severamente a las alcaldías liberales. En 2017, cuando el FSLN aún estaba en la alcaldía, el municipio de Wiwilí de Jinotega recibió C$70, 942,527, pero al asumir el PLC en 2018 se redujo hasta C$36, 526,003. En 2019 hubo un drástico recorte a las transferencias municipales. La Alcaldía Municipal de Wiwilí de Jinotega tenía previsto recibir inicialmente C$31,567,373 pero al final solo recibió C$9,389,073 producto de los recortes a las transferencias municipales. En 2020, se le asignó un presupuestó C$9,589,073 en transferencias municipales. Por disposición transitoria, las alcaldías municipales unicamente están recibiendo el 4 por ciento de las transferencia municipales, cuando por Ley les corresponde el 10 por ciento.

Así han disminuido las transferencias municipales a la Alcaldía de Wiwilí de Jinotega:

El 23 de abril de 2020, la Alcaldía de Wiwilí de Jinotega, fue notificada de un proceso de embargo. Días después, la Policía Orteguista decomisó la camioneta doble cabina con placa JI 6406 que tenía asignada la alcaldesa Hernández. La tarde del 15 de mayo fueron embargadas las cuentas de la Alcaldía por un monto de C$ 2, 323, 402.76. La alcaldía alertó sobre la posibilidad de embargo durante lo que resta del 2020 de la cuenta de gastos corrientes por un monto de C$ 6, 663, 952, para un total de C$ 8, 987, 353.76.

En un comunicado, publicado en la página de Facebook de la Alcaldía de Wiwilí de Jinotega, las autoridades detallaron las cuentas embargadas:

1. Transferencia Capital: C$ 284, 207.45
2. Transferencia Corriente: C$ 64, 809
3. Fondos Propios: C$ 274, 747.73
4. Fondos Propios (cuenta de Ahorro): C$ 1, 370, 818.59
5. NAKOPA(Donación de Freiburg para un Proyecto de agua): C$ 155, 924.82
6. Fianzas (Dinero de contratistas): C$ 172, 894.26

La Coalición Nacional (CN) señaló que la Alcaldía Municipal de Wiwilí ha sido afectada a través del embargo de sus bienes para cubrir un absurdo pago de millonarias liquidaciones a exfuncionarios de la alcaldía ligados al partido de gobierno, con la reducción en más de un 70% de las transferencias municipales.

Al embargo económico se suma la intimidación y persecución al personal de la alcaldía, reflejado en el asesinato de tres de sus funcionarios, cuyos crímenes aún no han sido esclarecidos, señala la CN. Rommell Amed Hernández Vegas fue asesinado el 22 de marzo de 2020. Se desempeñaba como responsable de la Unidad de Adquisiciones de la Alcaldía, era Ingeniero Agrónomo y estudiante de Ingeniería Civil. El 21 de febrero de 2019 fue asesinado Néstor Uriel Arauz Moncada, responsable del área de Servicios Municipales. El 7 de octubre de 2018, Oscar Herrera, asesor legal de la municipalidad fue asesinado de dos disparos en el pecho, supuestamente por un paramilitar.

La alcaldesa, Reyna Hernández, recordó que en noviembre de 2017 cuando se realizaron las votaciones municipales fue asesinado el fiscal del PLC, Elías Pineda Blandón.   

“Esta es una situación que la venimos enfrentando desde que ganamos la alcaldía, el mismo día que ganamos la alcaldía, ese día nos asesinaron al fiscal.  No hemos tenido paz, no me han dejado gobernar. Posteriormente, me han asesinado otros tres trabajadores, hemos pasado un proceso muy difícil. Lo más difícil que he podido pasar es la muerte de estos chavalos”, dijo Reyna Hernández a Onda Local.