La Procuraduría General de la República de Nicaragua ha declarado 35 propiedades en Managua de "utilidad pública" supuestamente para "fortalecer la seguridad ciudadana y nacional".
La Unión Europea, a través de su portavoz de Asuntos Exteriores, condenó el cierre masivo de oenegés en Nicaragua. La dictadura reaccionó acusándola de injerencista.