“Desde el inicio de las expulsiones en 2023, más de 400 personas habían perdido el acceso a sus bienes, veían restringidos sus derechos y libertades” refiere el informe.
El informe de PCIN, que abarca del 1 de enero de 2024 al 15 de febrero de 2025, documenta 78 agresiones, la mayoría perpetradas por agentes del Estado nicaragüense