Reformas electorales, la ruta para unas elecciones limpias

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha dado como plazo hasta mayo de 2021 para implementar las reformas electorales en Nicaragua que garanticen elecciones libres y transparentes. Este lapso ha sido secundado por la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).  

Las reformas electorales en Nicaragua apremian para garantizar unas elecciones libres y transparentes el próximo 7 de noviembre de 2021. De lo contrario no tendrían la legitimidad de la comunidad nacional e internacional, consideran analistas políticos. 

Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Venezuela impulsaron la resolución “Restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas”, la cual fue aprobada el 20 de octubre de 2020 y establece como plazo, mayo de 2021, para que el régimen de Daniel Ortega implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres y transparentes.

La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, dos en conta y 12 abstenciones. La reacción de la representación nicaragüense no se hizo esperar.  El embajador de Nicaragua, Luis Alvarado, la catalogó como una “acción inamistosa”.  

La resolución propone la «modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) para garantizar que funcione de manera independiente, transparente y responsable», así como la actualización de los registros de votantes (Padrones electorales activo y pasivo) y la observación electoral nacional e internacional.

También establece que debe haber un proceso político pluralista «que conduzca al ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos a la libertad de reunión pacífica, libertad de expresión y registro abierto de nuevos partidos políticos». Por último, insta a establecer compromisos concretos, en particular de las reformas institucionales, antes que el Estado nicaragüense convoque elecciones generales, a más tardar, en mayo de 2021.

“Creemos que el pueblo nicaragüense tiene el derecho de poder participar en unas elecciones libres y justas, porque esperamos que todos puedan ejercer su derecho al voto en libertad, que haya un sentimiento de vivir en democracia, de poder elegir libremente, por eso son necesarias y urgentes las reformas electorales”, aseguró Jon Piechowski, subsecretario de Estado Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos. También señala que el Gobierno de Estados Unidos, seguirá apoyando la lucha del pueblo de Nicaragua por conseguir la democracia, el respeto de los derechos humanos, la libertad de expresión y la libertad religiosa.

Consejo de Derechos Humanos de la ONU respalda plazo de la OEA

Otro organismo a nivel internacional que está accionado en pro de las reformas electorales en Nicaragua es el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que aprobó la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, el pasado 23 de marzo.

Esta resolución insta al régimen de Daniel Ortega a entablar “negociaciones significativas e inclusivas” con la sociedad civil y la oposición, para aprobar a más tardar en mayo de 2021 las “reformas electorales e institucionales que garanticen unas elecciones libres, justas, transparentes, representativas y creíbles”.

La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, 18 abstenciones y ocho votos en contra.  El documento señala que la celebración de elecciones con reformas es el camino “para encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis de derechos humanos en Nicaragua, como también lo es la participación sin trabas de la oposición política”. En ese sentido, los países observan “con gran preocupación la falta de avances del Gobierno de Nicaragua en la realización de las reformas electorales”.

El pasado 25 de enero, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó a la dictadura de Ortega “adoptar urgentemente” una reforma electoral efectiva.

“El Gobierno debe establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad, para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo siete de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás”, insistió Bachelet.

El delegado por Nicaragua fue el sancionado asesor presidencial, Paul Oquist, quien calificó la resolución como “politizada y basada en grandes mentiras que reflejan las posiciones de golpistas”.

El politólogo nicaragüense, José Antonio Peraza, cree probable que las reformas se den hasta el último momento, para que la oposición no tenga tiempo de organizarse, argumentando que las reformas se darán, pero no es acertado que nos vayan a satisfacer y propiciar elecciones libres.

Mario Arana, de la Alianza Ciudadana, comparte esta posición de Peraza. “Al final si las van a dar, pero a última hora, porque la estrategia del régimen parece ser mantener a la oposición desbalanceada y sin tener claras cuáles son las reglas del juego”, asegura.

José Antonio Peraza valora que a la oposición le ha faltado mayor beligerancia en exigir las reformas electorales y se ha distraído en otros temas. Peraza considera que todos los esfuerzos que se den en lo que falta de abril, deben de centrase para que haya reformas lo más amplia posible para poder participar en un proceso electoral adecuado.

En vista de esta iniciativa por parte de la OEA miembros de partidos opositores en Nicaragua, se han pronunciado para exigir reformas electorales.

“Las reformas electorales, son un tema de trascendencia para la población. En principio, es importante darle a conocer a la población que el sistema electoral ha colapsado, y eso indica que se deben hacer una serie de transformaciones institucionales y constitucionales para que el sistema electoral sea rescatado. No obstante, mediante el proceso y el contexto legal es difícil hacer reformas al texto constitucional”, comparte Jun Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional.

Sin embargo, dicha reforma constitucional no impide hacer las reformas electorales que le devuelvan a la ciudadanía la confianza sobre la administración electoral, agrega Barberena. Las reformas propiciarían que los actores políticos tengan la oportunidad de competir, e incluso, ganar las elecciones y respetar la voluntad popular, expresó el representante de la Unidad Nacional.

Katherine Martínez, integrante de Nicaragua Decide, enfatiza que lo primero es lograr un consenso entre la oposición para presionar y conseguir las reformas electorales.

Sin reformas electorales no habría otras opciones políticas y sería mucho más difícil poder conseguir una nueva casilla. Al no tenerla, las organizaciones políticas tendrían que recurrir a una de las que ya existen y como sabemos no hay mucha confianza política en estos espacios.”

Martínez sostiene que en Nicaragua es urgente depurar el padrón electoral y que exista uno solo, eliminando los padrones activo y pasivo porque “en los últimos años en Nicaragua han votado hasta los muertos”.

Mario Arana Sevilla, de la Alianza Ciudadana, asegura que el país ganaría mucho con unas elecciones limpias y transparentes, que aseguren que cualquier administración en el futuro cuente con la legitimidad y el respaldo de los votos bien contados.

“Nos hemos organizado, ahora hay bloques importantes sobre los cuales deberíamos construir una unidad, porque ese es el fin que se buscaba, sin   embargo, nos ha eludido eso, los grupos de oposición se han enfrascado en luchas internas, probablemente para ver quien queda, donde y con qué fortaleza. Pero ese tiempo ya pasó no puede seguirse ese proceso, dejemos las cosas a como están, se logró el objetivo, ahora es momento de ubicarnos cada uno en su lugar, pero organicémonos de tal manera que nos enfoquemos en presionar por las reformas electorales, por las condiciones para las elecciones de cara a la defensa del voto y esencialmente en un programa de gobierno y de candidatura única opositora y esa debe de ser la prioridad, porque así es como vamos a cambiar Nicaragua”.

Según especialistas y las organizaciones Alianza Cívica, Unidad Nacional y Alianza Universitaria Nicaragüense, estas serían las Reformas Electorales esenciales para propiciar un proceso electoral transparente, libre y democrático el próximo 7 de noviembre del 2021: 

• Cambiar a los magistrados del consejo supremo electoral.
• Garantizar la observación electoral nacional e internacional.
• Garantizar que los fiscales de los partidos políticos y de las alianzas política estén presentes en las Juntas Receptoras de Votos y en todas las instancias del Consejo Supremo Electoral.
• Auditar y reformar el padrón electoral.
• Reformar el Consejo Supremo desde sus instancias superiores hasta las Juntas Receptoras de Votos.
• Revisar de manera profunda el sistema de cómputo del Consejo Supremo Electoral.
• Que las personas nicaragüenses exiliadas y viviendo en el exterior tengan la oportunidad plena de votar.
• Restablecer las candidaturas independientes o de suscripción popular.
• Garantizar la no reelección para el cargo de Presidente y la prohibición de la candidatura de cónyuge del Presidente en el ejercicio del cargo.
• Eliminar la norma jurídica del transfuguismo.
• Garantizar los derechos de excarcelados y exiliados para participar como candidatos a cargos de elección popular.
• Divulgación de resultados en el sitio web del CSE detallados por JRV a nivel nacional.
• Distribución de cédula de identidad y gestión de centros de votación.
• La mitad más uno para ganar las elecciones en primera vuelta.

El escabroso camino de las Reformas Constitucionales y Electorales en Nicaragua

La legislación en materia electoral en Nicaragua tras la caída de la dictadura somocista inicia durante el primer quinquenio de la década de los ochenta.

A principios de 1984, la primera Asamblea Legislativa del Gobierno sandinista, aprobó la Ley Electoral que regularía las elecciones generales a celebrarse el 4 de noviembre de ese año. Fueron los primeros comicios luego del triunfo de la Revolución Sandinista el 19 de julio de 1979.

Diversas interpretaciones hechas por analistas y en los círculos políticos de la época, coincidieron en que las elecciones de 1984 fueron una farsa del sandinismo que sólo buscaba legitimar al “nuevo gobierno” de Nicaragua ante la comunidad internacional, además del propósito de disuadir a los Estados Unidos de continuar financiando a la Contra, como se les llamó a los alzados en armas que intentaba derrocar al sandinismo.

Ese año Daniel Ortega obtuvo el 67% de los votos. Además, el FSLN alcanzó la mayoría absoluta en el parlamento, y aunque la Comunidad Económica Europea avaló el proceso, el gobierno Estados Unidos se negó a reconocer los resultados.

Primeras reformas electorales

Cinco años después, en 1989, se dieron las primeras reformas a la Ley Electoral de 1984. Estas se suscitaron en un contexto de intensa polarización política y en medio del hartazgo de los nicaragüenses después de casi una década de guerra que desangraba al país, hiperinflación y bloqueo económico generados por una revolución truncada por los líderes sandinistas.

En ese momento, como ahora, las esperanzas de cambio estaban centradas en un proceso electoral legítimo, estimulado por las negociaciones de paz en la región, las que fueron selladas con la firma de los acuerdos de Esquipulas II y posteriormente con la firma de los acuerdos de Sapoa, suscritos en marzo de 1988, entre el Gobierno sandinistas y la Contra, en los que se pactó un cese al fuego definitivo y la desmovilización de los alzados en arma con todas las garantías. Las elecciones se celebraron el 25 de febrero del 1990.

 La traumática pérdida del poder del FSLN en 1989

Tan inimaginable como inevitable y doloroso, así fue el resultado de las votaciones de 1990 para el sandinismo, fueron los primeros comicios legítimos; bajo la mirada de la comunidad internacional. Veedores nacionales e internacionales desplazados por todo el país fueron testigos del proceso en el que el sandinismo, contra todo pronóstico, fue derrotado por la UNO con Violeta Barrios a la cabeza, con el 55 % de los votos contra el 40.8 % obtenido por Ortega.

En lo sucesivo Ortega “gobernaría desde abajo” como él mismo Daniel Ortega sentenció al aceptar la derrota.  Y así lo hizo durante 16 años sembrando el caos con asonadas, lanzando sus turbas a las calles, durante los tres gobiernos que electos democráticamente gobernaron ente 1990 y 2006.

Pero Ortega también prometió regresar al poder, y en lo sucesivo vendría una obstinada lucha por recuperarlo; luego de años de artimañas y estratagemas logró engendrar con Arnoldo Alemán un perverso pacto, que le alfombró el camino por donde retornaría a la primera magistratura de la nación. Lo que consiguió en noviembre del 2006.

El sinuoso camino a las reformas de 1995

Entre 1991 y 1994, durante el gobierno de Violeta Barrios, y en medio de una fuerte polarización política, la Asamblea Nacional pretende reformar la Constitución, en medio de una confusión jurídica, a través de la Ley interna de ese poder del Estado. 

Luego, este mismo poder del Estado, intenta hacerlo flexibilizando la rigidez del procedimiento establecido en la misma Constitución para hacer reformas parciales, en este sentido, el Legislativo intenta suprimir el requisito establecido para aprobar reformas parciales, el que estatuye que estas deben realizarse en dos legislaturas. Los diputados deciden por mayoría que cualquier cambio constitucional podrá aprobarse en una sola legislatura. Esta disposición es aprobada el 23 de febrero de 1994.

El primer intento es frustrado por la Corte Suprema de Justicia, y el segundo por la no publicación de las reformas por parte del Presidente de la República, de acuerdo con el art. 142 de la Constitución.

El objetivo de las reformas en ese momento era mermar las facultades presidenciales y transferirlas al poder legislativo. Sin embargo, el Ejecutivo calificó de inconstitucional la reforma y acusó al legislativo de extralimitarse en sus funciones, por tal razón no ordena la publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en una sentencia fechada el 4 de mayo de 1995, declaró que la reforma no tiene vigencia, dado que no cumple con el requerimiento formal de su publicación en la gaceta Diario Oficial. Sin embargo, el Legislativo, omitiendo las decisiones de los poderes Ejecutivo y Judicial, manda a publicar las reformas en los medios de comunicación.

El jurista Manuel Ruiz Guerrero, en un análisis publicado en diciembre del 2016, en la Revista IURIS, de la Universidad de Alicante señala que este hecho provoca que durante meses existan en Nicaragua dos Constituciones. “La del presidente de la República, que se rige por la Constitución original de 1987, y la de la Asamblea Nacional, aprobada en 1995”.

La constitución de 1987 sigue siendo la Carga Magna vigente en Nicaragua, sin embargo, esta ha sufrido continuas reformas parciales, la primera contrareloj entre finales de 1989 e inicios de 1990, de cara a las elecciones del 25 de febrero del 90, en lo sucesivo, las reformas generalmente se han hecho en beneficio del poder de turno.

Ante la agudización del conflicto entre los poderes del Estado, la Iglesia Católica, representado por el Cardenal Miguel Obando y Bravo, intervino como mediadora, llegando de esta forma a un acuerdo: La aprobación de una Ley Marco que condicionaría la vigencia de las reformas.

En esta nueva figura jurídica se establece cuáles son los artículos reformados que surtirán efectos de forma inmediata, y cuáles tendrían que esperar hasta 1997. 

Sin embargo, expertos en derecho constitucional criticaron esta Ley en su momento por ser un instrumento “atípico” que atenta contra la misma Constitución.

El jurista Manuel Ruiz, escribió al respecto: “Resulta enigmático cómo, producto de un acuerdo político entre los actores enfrentados para superar la grave crisis institucional, se desvirtúa el concepto de la ley y a su vez paraliza la virtualidad jurídica de la norma de mayor rango dentro del sistema democrático.”

El experto citado agrega que “La Ley marco parece ser que tiene una jerarquía supraconstitucional, ya que por un lado reafirma la validez y eficacia de la reforma constitucional, y por otro, condiciona la vigencia de sus disposiciones”.

Las reformas que parió el pacto

Luego de las reformas de 1995, vinieron las del 2000, las que fueron consecuencia del pacto entre Arnoldo Alemán, en ese momento en el poder, y Daniel Ortega en la oposición.

Con estas reformas ambos caudillos se repartieron cuotas de poder, excluyeron a los partidos minoritarios, y allanaron el camino para el regreso de Ortega al poder.

“Esas reformas aumentaron desmedidamente el número de altos cargos en la Corte Suprema de Justicia, en el Poder Electoral, en la Contraloría y en otras instituciones estatales, cargos a repartirse entre subordinados a Alemán y a Ortega, sello inequívoco que permitió caracterizar ese acuerdo no como una negociación política, sino como un pacto prebendario”, reza en parte un artículo de la revista Envío publicado en diciembre 2013.

Junto a las reformas constitucionales se reformó también la Ley Electoral, en la que se establecieron reglas más rígidas y excluyentes para las elecciones que se avecinaban.  Pero el mayor beneficio conseguido por Ortega fue reducir a 35 por ciento de los votos para ganar en primera vuelta. Así fue como Ortega regresó al poder con sólo el 38% de los sufragios en las elecciones del 2006.

Noviembre de 2006: El retorno del sandinismo

Las reformas del pacto fueron más beneficiosas para Ortega quien gracias a estas logró la victoria electoral con menos de 900 mil votos, a partir de este momento Ortega iniciaría una intensa batalla por concentrar la mayor cantidad de poder posible, la meta era la reelección indefinida en lo sucesivo. 

Alemán por su parte obtuvo una diputación, sin embargo, este fue sometido a un proceso judicial acusado por malversación de fondos públicos y otros delitos, fue condenado a 20 años de cárcel, pero posteriormente sobreseído.  Luego continuó ambicionando la reelección, se postuló para el 2011 pero solo obtuvo el 6% de los votos.

La ruta para la reelección en 2011

El artículo 147 de la constitución de 1987, reformado en 1995, establecía que no podría ser presidente de la República quien hubiera ejercido en el periodo anterior inmediato, o quien ya hubiera estado en el cargo dos veces. Esto imposibilitaba a Daniel Ortega de ser candidato en 2011.

Ortega quien regresó al poder en 2007, en su afán de reelegirse en los comicios siguientes (2011), promovió en 2009, nuevas reformas constitucionales para eliminar la prohibición de la reelección consecutiva,  pero al no conseguir los votos necesarios en la Asamblea Nacional, recurrió de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la que a través de una fallo judicial declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución alegando que era violatorio de los Derechos Humanos y Constitucionales del mandatario.

El fallo judicial no sólo fue favorable para Ortega, sino también para 109 alcaldes sandinistas que junto a él se ampararon, en busca de conseguir ser reelectos.

El fallo, que fue aprobado por 6 magistrados sandinistas, fue cuestionado como violatorio de la constitucional por juristas, analistas políticos y opositores.

Cabe resaltar que si bien, la Sala Constitucional de la CSJ, que aprobó dicho fallo, estaba integrada por 3 magistrados sandinistas y 3 liberales, estos últimos no asistieron a la sesión por lo que acudieron tres magistrados sandinistas de otra sala de la Corte.

“Abstención y fraude” en 2011 y reelección indefinida

Llegaron los comicios generales de noviembre del 2011, los que tuvieron un alto grado de abstención y fueron calificados como fraudulentos por la oposición. Fabio Gadea, el candidato opositor, no reconoció los resultados.  Ortega ahora con el control total de todos los poderes del Estado, ordenó al Legislativo, de mayoría sandinista, realizar una nueva reforma parcial a la constitución, está vez para aprobar de forma definitiva la reelección presidencial consecutiva. Dicha reforma fue aprobada el 27 de enero de 2014 y entró en vigor el 10 de febrero del mismo año.

Las últimas elecciones generales se realizaron el 6 de noviembre de 2016, en estas Ortega se hizo acompañar de su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. 

Actualmente, la demanda generalizada en la población nicaragüense es devolverle la confianza al sistema electoral para que cada voto cuente y el país pueda recuperar su institucionalidad, actualmente bajo el control absoluto del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.