Votaciones en Nicaragua sin garantías democráticas

Tres años y medio después de las protestas cívicas en Nicaragua, donde una de las principales demandas de la ciudadanía era la renuncia de Daniel Ortega, este domingo 07 de noviembre correrá nuevamente como candidato a la presidencia junto a Rosario Murillo, como vicepresidenta. Esta jornada es calificada como una farsa, ilegítima y poco transparente.

En la búsqueda de su cuarta reelección consecutiva, la dictadura de Daniel Ortega ha incrementado la represión, el asedio y el hostigamiento policial contra la oposición en los últimos meses. Hasta la fecha existen más de 150 personas presas por razones políticas, entre ellas siete precandidatos a la presidencia, campesinos, estudiantes, periodistas, empresarios, abogados, personas autoconvocadas, líderes y lideresas políticas.

En el informe Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que desde 2018 se ha profundizado la crisis política, social y de derechos humanos, debido a la instalación de un estado de facto y el debilitamiento de las instituciones democráticas, “por la concentración del poder en el Ejecutivo y la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, entre otros, así como la percepción del funcionamiento de la Asamblea Nacional en plena alineación con el Ejecutivo”.

Tras el arresto de Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, aspirantes a la presidencia, la cancelación de las personerías jurídicas del Partido Restauración Democrática (PRD), Partido Conservador (PC) y Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL); este año Daniel Ortega se enfrenta a cinco candidatos desconocidos para la ciudadanía y señalados de colaborar con el gobierno.

Según el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua más de 4,4 millones de personas están aptas para votar, pero un sondeo de la encuestadora Cid-Gallup realizado a 1,200 personas nicaragüenses, arrojó que un 65% de ellas habría votado por un candidato opositor y el 19% por Daniel Ortega. Asimismo, en febrero de este año en una Encuesta Nacional de Opinión Pública realizada por la misma firma, reveló que Cristiana Chamorro con un 13,3% contaba con la mayor probabilidad de ganar el proceso electoral, sin embargo, actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado 03 de junio de 2021.

La Fiscalía acusó a Chamorro por los delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”, en el mismo comunicado el Ministerio Público, solicitó la inhibición de la aspirante presidencial para cargos públicos.

A los demás precandidatos a la presidencia se les acusa de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, según el artículo uno y único de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada el 21 de diciembre de 2020 y con la que se ha justificado su encarcelamiento.

Criminalización y violación a los derechos humanos

Después de las protestas de abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega con el objetivo de acallar las voces prohibió todo tipo de manifestación o movilización ciudadana, como consecuencia al menos 328 personas fueron víctimas en el contexto de la crisis y existen más de 103,600 nicaragüenses exiliados, según reportes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).

A criterio de la CIDH la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación hacen posible el juego democrático. No obstante, la persecución y agresiones a la prensa independiente ha persistido en los últimos años, según información pública este 2021 se exiliaron al menos 12 periodistas de prensa escrita, medios radiales, televisivos y digitales. El informe antes mencionado de la CIDH expresa que esta situación no sólo amenaza los derechos de periodistas y personas propietarias de medios de información, sino también el derecho de toda la ciudadanía a tener acceso a una información plural.

“El hostigamiento, la censura, la estigmatización y persecución oficial a la prensa, las detenciones y los procesos legales arbitrarios contra medios, periodistas y organizaciones que defienden la libertad de prensa son incompatibles con la protección de la libertad de expresión y generan un clima generalizado de miedo y autocensura”, destaca.

A este contexto se suma un combo de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, que restringen derechos y libertades ciudadanas. Para la CIDH estas leyes forman parte de un aparato represivo que facilita la concentración del poder desde el Ejecutivo, “mediante el uso de la fuerza, la manipulación del derecho penal y el silenciamiento de las voces disidentes en el país”. Algunas de ellas:

• Ley No. 977 contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (aprobada en el mes de julio de 2018)
• Ley No. 1040 sobre regulación de agentes extranjeros (octubre de 2020)
• Ley No. 1042 sobre ciberdelitos (octubre de 2020)
• Ley No. 1055 sobre defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz (diciembre de 2020)
• Ley No. 1060 sobre reforma y adición al código procesal penal (febrero de 2021)
• Ley No. 1070 de reforma y adición a la ley electoral (mayo de 2021)

Ante esta situación la medida de gobiernos extranjeros ha sido ejercer presión a través de las sanciones a funcionarios, allegados y familiares del régimen Ortega Murillo. Una de las acciones más recientes fue la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Ley RENACER).

Aunque esta ley aún espera la aprobación de Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos tiene como objetivo clave golpear el posicionamiento económico e internacional del régimen, sanciones e investigaciones.

Daniel Ortega, de 75 años ha sido ocho veces el candidato presidencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En 1984 ganó por primera vez la presidencia de Nicaragua y fue hasta en las elecciones de 2006 que retornó al poder, después de haber perdido en los comicios de 1990, 1996 y 2002.