Acuerdo de Escazú en papel: Régimen de Daniel Ortega niega información en materia ambiental

Nicaragua ha firmado y ratificado el Acuerdo de Escazú. Este tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Sin embargo, las personas nicaragüenses siguen imposibilitadas del acceder a todo tipo de información pública, incluyendo la ambiental.   

En octubre de 2022 la transnacional Calibre Mining informó que obtuvo los permisos ambientales para desarrollar el proyecto Borosi en Nicaragua, pero los estudios de impacto ambiental de este proyecto no son de dominio público.

“La aprobación de los permisos de EBP marca otro hito importante en los esfuerzos de la empresa por aumentar orgánicamente la producción de oro. Los permisos se obtuvieron tres meses antes de lo previsto gracias a un proceso positivo de participación de la comunidad y a una exitosa consulta pública”, destacó la empresa.

Según ambientalistas, a pesar de haberse ratificado el Acuerdo de Escazú por parte de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega se niega a implementarlo y cumplirlo. En los últimos años, el régimen facilitó el proceso para otorgar concesiones de exploración y explotación de oro y otros metales, sin garantizar la participación libre e informada.

Desde el 2007, Nicaragua cuenta con una ley de Acceso a la Información Pública, pero no es aplicada, ni cumplida por el Estado y sus instituciones. En el sitio web del Ministerio de Energía y Minas (MEM), por ejemplo, se proporciona información sobre los servicios ofrecidos por la Dirección General de Minas sobre los requisitos para el otorgamiento, cesión y renuncia total o parcial de concesiones mineras. También publica información con relación al mapa de derechos mineros y las concesiones mineras otorgadas y solicitadas. Sin embargo, no se publican los Estudios de Impactos Ambientales que realizan las empresas mineras.      

Derecho a la información en papel

El Acuerdo de Escazú y la Ley de Acceso a la Información Pública constituyen las herramientas jurídicas para que la población nicaragüense acceda a la información que poseen instituciones como el MEM, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), entre otras. La persona que solicita información pública en materia ambiental debe recibirla sin necesidad de explicar para qué la requiere.

En 2019, el Centro Humboldt, una organización ambientalista que fue ilegalizada en marzo de 2022, publicó el “Diagnóstico sobre el Estado Actual del Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en Nicaragua”. Este informe señala que, si bien Nicaragua tiene un marco jurídico que protege el acceso a la información pública, esto no se aplica porque ninguna institución cumple a cabalidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y con el Acuerdo de Escazú.  “Merma los pilares de la democracia, generando las condiciones propicias para la explotación irracional de los recursos naturales, en detrimento de los derechos de la población”, menciona el informe.  

La investigación concluye que en Nicaragua ‘’no existe condiciones para la aplicación del Acuerdo de Escazú, mientras se restringa la participación ciudadana, se persiga a los defensores de derechos y no haya independencia del Poder Judicial”.

Una especialista en temas de minería y medioambiente, bajo condición de anonimato, señala que el Acuerdo de Escazú ha quedado en ‘’papel”. “En Nicaragua no cumplen con sus estándares y hay mucha evidencia de eso”, afirma. “En la práctica, solo lo firmaron por firmar, ninguna institución lo aplica. lo utilizan como comodín para venderse como un país firmante”, considera la fuente.

La información sobre proyectos mineros que debe transparentar el régimen de Daniel Ortega para cumplir con el Acuerdo de Escazú

La ambientalista considera que lo primero que debería de hacer el régimen de Ortega y Murillo es presentar los documentos de los proyectos de exploración y explotación minera ante las autoridades municipales, las delegaciones municipales del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena). Además, presentarlos ampliamente ante la población, sin ningún tipo de restricción de carácter político, es decir una participación ciudadana libre.

“Primero debe convocar y presentar a la población aledaña de donde se pretende hacer la exploración o explotación. Se deberían utilizar los canales de cabildo”, plantea.

Además, se debe respetar la opinión de la población. “Si la opinión de la población es negativa, el proyecto debería someterse a un proceso técnico con análisis geomorfológico. Si el pueblo dice que no les interesa la minería deberían de respetar la postura del pueblo”, explica la especialista.

Lo anterior se ejemplifica con lo sucedido en 2015 en el municipio de Rancho Grande, Matagalpa, la población dijo no a la extracción de oro. Pero, en 2019, una minoría de mineros artesanales, activaron la extracción de oro con la complacencia de las autoridades municipales y el gobierno central. Esto sirvió de pretexto para que la Empresa Calibre Mining obtuviera nuevamente los permisos de explotación minera. Además, debido al contexto represivo que vive el país, ninguna persona puede protestar contra la explotación minera. Esto constituye otra violación al Acuerdo de Escazú porque el Estado de Nicaragua no está garantizando la protección a las personas defensoras del medio ambiente. Es el propio Estado que las criminaliza. 

La ambientalista añade que, los Estudios de Impacto Ambiental son documentos que deben hacer las empresas mineras para mostrar que sus proyectos son sostenibles y viables desde el punto vista ambiental y social. La especialista señala que uno de los grandes problemas es que este tipo de documentos no están disponibles en físico y no son accesibles y quedan engavetados.  

“Se debería de facilitar en físico y por más tiempo los resultados de los estudios de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental no es legible si tiene más de 100 páginas, se necesitan un resumen ejecutivo de los resultados del estudio de impacto ambiental, para que la gente pueda entenderlo y tomar decisiones en base a los datos técnicos”, plantea.

Onda Local

Según el decreto Número 20-2017, que estableció el Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales, los estudios de impacto ambiental de los proyectos mineros deberían estar disponibles físicamente por 72 horas en las oficinas de los gobiernos municipales. Sin embargo, a ese documento no puedes tomarle fotos, hacerle copias o sacarlo de la oficina.

“Quién se va a sentar todo un día a leer un estudio de impacto ambiental”, refuta la fuente. Las empresas mineras por ley deben de anunciar en medios de comunicación impresos o digitales, que los estudios de impacto ambiental de un proyecto están disponibles en las alcaldías de los municipios donde están trabajando.

“Algunas empresas acostumbran a colocar mantas en las calles de las comunidades para anunciar la disponibilidad del estudio de impacto ambiental. Pero muchas veces lo hacen para cumplir un trámite”, asegura la experta. 

Los procedimientos para presentar la información sobre los proyectos mineros están tan flexibles que las industrias extractivas avanzan sin supervisión, si cumplen o no con los estándares internacionales y con las leyes del país, destaca.

Para las mineras, dice la ambientalista, el Acuerdo de Escazú es como que no existe, es solamente diplomacia. Sencillamente, las corporaciones mineras y el régimen no rinden cuenta de los impactos de la actividad minera en Nicaragua. 

Monafmi: nunca ha habido acceso a la información en materia ambiental

El Movimiento Nacional Frente a la Minería Industrial (Monafmi), una organización que nació con el objetivo de exigir que se respete el derecho de acceso a la información y participación ciudadana en temas ambientales, específicamente, de las actividades de la industria minera.

Uno de sus dirigentes, que ahora se encuentra en el exilio, relata que esta organización nace por la falta de información.  “Nos organizamos para exigir información sobre el desarrollo de los proyectos mineros en Mina La India, en la comunidad Santa Cruz de la India”.

Asegura que la única información que obtenían era a través de la página web de Condor Gold, empresa minera dueña de Mina La India, o bien en la página web del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena). 

“Cuando pedimos información jamás nos dieron, ni un solo encuentro. Esto no sólo sucede en Mina La India, es generalizado. En Santo Domingo, Chontales. En Rancho Grande, Matagalpa”, resalta.

Revela que las alcaldías eran las únicas instancias que los recibían porque había cierto acercamiento entre ellos y la comunidad. “Lo que nos decían es que desde arriba les prohíben hablar. No hubo acceso a la información para nada, a pesar de que la ley lo permite”, asegura.

El Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales, menciona que las empresas mineras deben anunciar a través de periódicos u otro medio, que los estudios de impacto ambiental están aprobados. En la práctica, eso no sucede, sostiene el dirigente.

“El 17 de julio del 2017, Condor Gold, la alcaldía (de Santa Rosa del Peñón) y otras instituciones hicieron una presentación pública de los estudios de factibilidad, pero reducida a los colaboradores y allegados a ellos. El lugar donde se hizo fue cerrado con mallas y hubo guardas de seguridad y policías para no permitir el acceso a las personas que no estaban de acuerdo con el proyecto”, relata.

Recuerda que ese día marcharon como forma de protesta y fueron agredidos por la policía orteguista. “Jamás ha habido transparencia, y no lo va a ver, esa es la manera como trabajan estas empresas”, argumentó.

Sin información para fiscalizar impacto en el medioambiente

En las páginas web de algunas instituciones como el Marena o el MEM, hay documentos que brindan información sobre los proyectos mineros, sin embargo, dicha información es generalizada y contiene datos como área de exploración y extracción o simplemente plantean la viabilidad del proyecto.

Pero, los estudios de impacto ambiental, el documento con información necesaria para tener una idea de los daños y los impactos en la naturaleza, no son accesibles y se resguardan con recelo.

En la portada del sitio web del Ministerio de Energía y Minas (MEM) está la Sección de Minas. Al darle clic, un enlace te remite a la Dirección General de Minas. Le vuelven a dar clic y los lleva al acápite Administración y Control de Derechos Mineros que dirige a un Mapa de Derechos Mineros, al documento de las solicitudes de concesiones mineras y concesiones mineras otorgadas, a las estadísticas catastrales mineras y a la disponibilidad de área. 

En la Dirección General de Minas también hay otro enlace a investigación geológica, ahí hay información técnica sobre la geología de Nicaragua y dónde están distribuidos las minas, según los tipos de metales. Hay un tercer enlace que se llama técnica minera y este te lleva a información estadísticas sobre la exportación de oro y plata.

En el sitio web del Marena no hay ningún enlace con información sobre la actividad minera en Nicaragua. En la web de la Gaceta, Diario oficial de Nicaragua, se publican los acuerdos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) mediante el cual se otorgan las concesiones mineras a las empresas. En estos documentos hay información sobre la cantidad de áreas que son otorgadas para la explotación y exploración de minerales metálicos y no metálicos. Sin embargo, únicamente se pueden leer en línea y los documentos no son descargables.

Las alcaldías de municipios mineros como Santo Domingo y La Libertad en Chontales no tienen sitios web. La web de la Procuraduría General de la República tiene un enlace a la Procuraduría General Ambiental, sin embargo, no hay información de ningún tipo.

Un periodista consultado para este trabajo mencionó que debido a la situación de represión que vive el país tiene temor de solicitar información porque eso lo pondría en el ojo de las autoridades. ‘’No se puede tener acceso a las fuentes oficiales. Solicitar información sobre la actividad minera o cualquier otra actividad que afecte al medioambiente, puede ser muy riesgoso, ya que la dictadura mantiene el acoso permanente hacia medios y periodistas. Cualquier intento de ejercer el derecho a la información pondría ponerte en el ojo de la dictadura’’, menciona.

Parte de la metodología utilizada por el Centro Humboldt para elaborar su estudio fue solicitar información al Marena sobre los efectos del derrame de petróleo en Puerto Sandino, en León, luego de un incendio en agosto de 2016. A pesar de las evidentes afectaciones al ecosistema costero, el Marena nunca atendió las solicitudes de información de esta organización.

También solicitaron información al MEM, sin ningún resultado. Centro Humboldt menciona que también solicitó información sobre asuntos ambientales a otras instituciones como el Ejército y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin obtener resultados positivos.

En las instituciones estatales es imposible conocer cuántas solicitudes de accesos a la información pública en materia ambiental se hacen en las instituciones estatales, alcaldías y otros entes.   

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido simplemente como Acuerdo de Escazú, busca garantizar el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales.

La idea de este acuerdo nació en la Conferencia de las Partes en Brasil en 2012. Posteriormente en las siguientes conferencias se fue construyendo su marco, hasta que, en 2018, en la ciudad de Escazú, Costa Rica, finalmente nace como un acuerdo.

De los 33 países que conforman América Latina y el Caribe, 24 países firmaron el acuerdo en 2018.  Desde entonces solo 14 países han ratificado el acuerdo  a través de sus Congresos o Poder Legislativo. La ratificación del Acuerdo de Escazú es la adopción plena de los estándares que contiene el acuerdo.

Los países que han ratificado este acuerdo son: Nicaragua, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

El 27 de septiembre de 2019 Nicaragua ratificó el Acuerdo de Escazú y el 9 de marzo de 2020 se mandó la ratificación ante la Secretaría de las Naciones Unidas. La ratificación es un compromiso, jurídicamente vinculante, que obliga al Estado a determinar si las leyes nacionales se adaptan a sus disposiciones y establecer los métodos más apropiados para su cumplimiento.

Sin dudas, que Nicaragua haya aprobado y ratificado el Acuerdo de Escazú es un enorme avance. El país necesita recuperar su institucionalidad para que el acuerdo sea implementado a plenitud, para que periodistas y ciudadanía en general puedan solicitar información sin ningún temor y para que las personas defensoras del medio ambiente regresen a sus comunidades.