Confiscaciones: “la bestia” de los 80 que despertó la dictadura
En sentido metafórico, la ola de confiscaciones que ejecuta la dictadura, se podría comparar con el hecho de haber despertado a un monstruo que estuvo dormido por más de 40 años. Durante los años 80, el sandinismo en el poder, confiscó miles de propiedades.
Hoy nuevamente, esa “bestia” está engullendo una a una las propiedades y bienes de personas, asociaciones, fundaciones, movimientos feministas, instituciones académicas y religiosas, medios de comunicación, empresas del sector privado, y de cualquier otra persona o entidad que haya osado adversar a la pareja dictatorial a partir del 2018, año en que estallaron las protestas contra la tiranía bicéfala que está desmantelando Nicaragua.
La metáfora de la bestia no es del todo exagerada. Algunos investigadores estiman que durante la década de los 80, el sandinismo confiscó más de 20 mil propiedades entre grandes fincas agrícolas, empresas, lotes y viviendas. Otros estiman que la cifra se acercó a las 30 mil propiedades.
Actualmente en Nicaragua, nadie está exento del riesgo de que Ortega y Murillo azucen a esa bestia a devorar sus propiedades y bienes. Incluso afectando a personas dentro de sus propias filas.
Entre 2018, hasta lo que va del 2023, la tiranía ha cancelado alrededor de 3,500 oenegés, ha despojado arbitrariamente de su nacionalidad a 317 personas opositoras, a quienes también despojó de sus propiedades y bienes. Adicionalmente ha confiscado alrededor de 200 propiedades más a diferentes personas y organizaciones. Pero además, a la práctica del despojo de propiedades, se suma el congelamiento de cuentas bancarias.
La arremetida de la dictadura contra el patrimonio de quienes considera “traidores a la patria” no se detiene. Las confiscaciones como un método más para castigar a quien se oponga al proyecto dictatorial de la familia en el poder, están en lo fino.
Daniel Ortega en 2001: “Nunca más habrá confiscaciones en Nicaragua”
Así lo dijo. Fue el miércoles 27 de junio del 2021, en el contexto de la campaña electoral de las elecciones del 4 noviembre de ese año. Daniel Ortega prometió no volver a confiscar como lo hizo en los años 80. “No vamos a confiscar ni expropiar a nadie”, aseguró el caudillo sandinista en ese momento.
“Todo aquel que tenga una casa, una finca, una empresa o cualquier tipo de propiedad, debe sentirse seguro, porque nunca más habrá confiscaciones en Nicaragua”, reiteró Ortega.
La promesa la hizo en el Hotel Las Mercedes en Managua, durante la firma de una alianza electoral con una facción de la excontra, encabezada por Elia María Galeano, conocida como “comandante Chaparra”.
Con todos los fierros
Como si el propósito fuera no dejar piedra sobre piedra. Actualmente el régimen está llevando a cabo un frenético operativo para el que está usando toda su maquinaria represiva y judicial de forma indiscriminada para ejecutar la mayor cantidad de confiscaciones posibles.
El más reciente caso es el del empresario Piero Coen Ubilla, cuyas propiedades en Managua fueron tomadas por la policía orteguista la mañana de este 23 de junio. En marzo pasado en un juicio arbitrario en ausencia de Coen, el régimen lo declaró culpable de traición a la patria y lo despojó de su nacionalidad.
En lo sucesivo se describen algunas de las expropiaciones más importantes ejecutadas por el régimen a partir del 2018, según sector o gremio afectado.
El allanamiento y posterior confiscación de La Prensa
Cerca de la 1:00 de la tarde del 13 de agosto 2021, patrullas policiales y camarógrafos de medios oficialistas incursionaron en las instalaciones del Diario La Prensa. La primera acción del operativo policial contra el medio de comunicación, fue cortar la energía y el internet solo minutos después de iniciado el allanamiento. "La Policía orteguista cortó el acceso a internet, la energía y apagaron todos los servidores dentro de La Prensa", decía el tweet que saltó a la 1:06 pm, sobre las pantallas de los dispositivos de las audiencias que, expectantes, daban seguimiento por las redes sociales, a lo que ocurría en el periódico aquella tarde funesta para la libertad de prensa y de expresión.
Desde dentro y desde fuera, periodistas informaban a través de las redes sociales minuto a minuto lo que ocurría en las instalaciones del rotativo. "La Policía orteguista cortó el acceso a internet, la energía y apagaron todos los servidores dentro de La Prensa", tuitearon en la cuenta del medio. A la 1:06, solo minutos después de iniciado el allanamiento.
Ese día fue el inicio de un proceso que terminaría con el robo del edificio donde funcionaba el medio, además de las rotativas e imprenta, papel, equipos tecnológicos y archivos históricos como la hemeroteca del periódico. De acuerdo a Juan Lorenzo Hollman, gerente general de La Prensa, en una entrevista concedida al programa Esta Semana a finales de abril de este año, el diario fue despojado de una inversión de 20 millones de dólares.
Como si fuera poco, el régimen apresó a Hollman, lo sentenció a nueve años de cárcel bajo la acusación de lavado de dinero, y le impuso una multa que superaba el millón de dólares. Adicionalmente durante el proceso, el régimen apresó a dos colaboradores más de La Prensa, y allanó la vivienda de personal administrativo y periodistas. Para proteger al resto de su personal, La Prensa se vio obligada a sacarlo del país.
Finalmente, la dictadura consumó su ensañada venganza contra el medio, sus directivos y la libertada de prensa, remozando el edificio, e inaugurando en este, un centro cultural, precisamente el 19 de abril de este año, fecha en la que se cumplieron 5 años del inicio de la rebelión cívica de abril del 2018.
Otros medios clausurados y confiscados
Antes de La Prensa el régimen ya había expropiados los edificios en los que funcionaban otros medios de comunicación, los primeros medios confiscados fueron Confidencial y 100% Noticias. Luego Radio Darío, en la ciudad de León y más recientemente Radio Vos en Matagalpa. Adicionalmente hay más de 50 medios locales cerrados, entre radios y canales de televisión locales, entre estos al menos 10 emisoras de radio y dos canales pertenecientes a la Iglesia Católica.
De acuerdo al último informe de la red regional de organizaciones Voces del Sur, dado a conocer el 10 de abril de este año, un total de 185 periodistas se han visto obligados a abandonar Nicaragua debido a las amenazas y persecución por parte de la dictadura.
El informe resalta además que, en los últimos cinco años, se han cerrado más de 50 medios de comunicación, al menos 13 periodistas y trabajadores de medios fueron encarcelados. También destaca el asesinato del periodista Ángel Gahona perpetrado el 21 de abril del 2018 en el contexto de las protestas ciudadanas.
El robo de los terrenos de Expica
Aplicando el mismo modus operandi, el 20 de septiembre de 2022, patrullas policiales, acompañadas por funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), se tomaron los terrenos y oficinas del parque de ferias de la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano (Expica), desalojando al personal que ahí trabajaba y quedándose con todos los mobiliarios y equipos de las oficinas.
Seis meses después, el dictador oficializó el robo a través del acuerdo presidencial 34-2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de marzo del 2023. En el texto Ortega autoriza a la PGR, traspasar la propiedad a la Alcaldía de Managua, para la construcción de un proyecto de “viviendas de interés social.”
Este parque de ferias era una extensa área de 130,000 m2 (metros cuadrados) ubicada en el sector de Acahualinca en Managua, perteneciente a la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (Conagan).
Si bien la empresa privada nicaragüense, hasta la fecha no ha sido objeto de muchas confiscaciones, como ha ocurrido principalmente con las oenegés, sus principales representantes Michael Heally y Álvaro Vargas, quienes estaban a cargo de la presidencia y vicepresidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), fueron encarcelados y luego desterrados. Así mismo, el expresidente de la misma organización gremial, José Adán Aguerri corrió con la misma suerte. Otro empresario encarcelado fue Luis Rivas Anduray, quien fuera presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro).
Sin embargo, actualmente el sector empresarial al parecer está de nuevo en la mira de la dictadura, así lo dejó entrever a finales de mayo e inicios de junio, el agitador y propagandista del régimen, William Grisby, a través de los micrófonos de la oficialista Radio La Primerísima.
Grisby, en su programa radial “Sin fronteras”, acusó a varios empresarios, con nombres y apellidos, de lavar dinero y de ser traidores a la patria, y adelantó que pronto podrían estar siendo sometidos a la justica orteguista, lo que supondría confiscaciones, cárcel o destierro.
Sin embargo, no es la primera vez que el agitador sandinista arremete contra los empresarios, en una ocasión anterior, también a través de su programa aseguró que, “los magnates también están en capilla, están advertidos”. El propagandista del régimen vociferó: “el hecho de ser millonarios no los exime de ser ciudadanos y de cumplir con la Ley, la Ley es pareja, el que traiciona a la patria debe pagar por su delito.”
Lo anunciado por Grisby, parece estar gestándose ya, evidencia de ello es la confiscación ejecutada este 23 de junio por el régimen, contra las propiedades del empresario Piero Coen Ubilla.
Cabe resaltar que otro golpe asestado por la dictadura al sector privado fue la cancelación de la personería jurídica del COSEP y de 18 cámaras empresariales, hecha oficial a través de su publicación en La Gaceta, el 6 de marzo de este año.
Voces disidentes exiliadas y personas expresas políticas desterradas, también confiscadas
Las propiedades y bienes de 222 presos políticos desterrados por la dictadura el pasado 9 de febrero, y las de las 94 personas exiliadas a quienes también despojo de la nacionalidad, pasaron también a engrosar la lista de patrimonios robados por Ortega y Murillo con la complicidad de sus operadores en diferentes instituciones del Estado.
El 15 de febrero pasado, el magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, dio lectura a una resolución en la que se despoja de la nacionalidad a 94 nicaragüenses que se vieron forzados al exilio. Dicha resolución, además de declararlos prófugos de la justicia y de inhabilitarlos de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, ordena la inmovilización y decomiso de sus bienes inmuebles y sociedades a favor del Estado de Nicaragua.
Posteriormente, el 9 de junio, salió a luz otra sentencia emitida el 19 de mayo, en la que se oficializa la confiscación de toda propiedad que estuviera a nombre de cualquiera de las 222 personas que luego de permanecer recluidas en calidad de presos políticos, fueron desterradas por la dictadura.
El documento emitido por el Tribunal de Apelaciones de Managua, y firmado por Ronald René Rocha, secretario de la Sala Penal Uno de dicho tribunal, ordena a la Procuraduría General de la República proceder al cumplimiento de la sentencia, la cual dice: “Se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles que los condenados tengan inscritos a su favor en los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país”,
El documento también ordena inmovilizar y decomisar todas las acciones y sociedades mercantiles de los afectados.
Para Uriel Pineda, abogado especialista en derechos humanos y uno de los 94 disidentes en el exilio afectados por el régimen, hay que comprender primero la finalidad política de las acciones confiscatorias, cuyo propósito no es más que castigar a las voces disidentes.
Con el despojo de las propiedades y bienes, la dictadura pretende castigar a este grupo de opositores con sentido identitario, que resiste las arbitrariedades y los embates del régimen por la anulación del Estado derecho de Nicaragua, señaló el experto.
Pineda argumentó que, por otro lado, estas acciones arbitrarias vienen a reforzar la indefensión o mermar la capacidad de estas voces disidentes para poder subsistir en el extranjero, “inmovilizar la propiedad les implica, por ejemplo, no poder venderla para establecerse fuera del país, o en el caso de la intervención evitar que le genere alguna renta que les permita sobrevivir en el extranjero” aseveró.
El experto agregó que tal situación se vuelve particularmente grave con las personas de la tercera edad que tienen diezmadas sus fuerzas o capacidades laborales para incorporarse activamente en la sociedad de los países de acogida.
No confundir confiscación con expropiación
En segundo lugar, Pineda mencionó que, sin lugar a dudas, estas acciones arbitrarias del régimen, son una flagrante violación a la Constitución, pues esta prohíbe explícitamente las confiscaciones.
El especialista reiteró que las confiscaciones que está ejecutando el régimen son un castigo derivado de una decisión arbitraria del Poder Judicial, y dado que no están justificadas y no hay un proceso indemnizatorio, no se consideran expropiación, como algunas personas erróneamente le han llamado, “son expresamente confiscaciones, lo que es incompatible con la Constitución Política de Nicaragua” advirtió.
Pineda aclaró que la expropiación se da cuando una propiedad es declarada de utilidad pública por determinada circunstancia, pero para que esta se haga efectiva, debe mediar un proceso de indemnización o compensación, lo que debe hacerse antes de la ocupación del inmueble, pero en el caso de las confiscaciones, “estas son una pena accesoria a un castigo impuesto penalmente”. El también afectado agregó que: “aquí nos han acusado de traición a la patria, por eso decomisan nuestros bienes, obviamente con violación al debido proceso, pero dentro de esa lógica la confiscación implica una sanción accesoria por la responsabilidad penal que según ellos tenemos”.
El ensañamiento contras las oenegés
Las organizaciones de sociedad civil, entre estas las defensoras de derechos humanos, los movimientos de mujeres, los movimientos ambientalistas, además de organizaciones promotoras del desarrollo local y rural, son las que más han soportado el embate de la dictadura.
El mayor número de confiscaciones hasta la fecha, se ha ejecutado contra las oenegés, a las que la dictadura ha despojado de edificios donde funcionaban sus oficinas, vehículos, equipos tecnológicos, inmobiliario y hasta fincas.
Las primeras confiscaciones fueron hechas el mismo año que iniciaron las protestas contra el régimen. El robo de propiedades inició con la confiscación ejecutada contra el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), Previamente su directora ejecutiva, Ana Quirós fue despojada de su nacionalidad nicaragüense y expulsada hacia Costa Rica.
El 29 de noviembre del 2018, la Asamblea Nacional, respondiendo a una solicitud del Ministerio de Gobernación, canceló la personería jurídica a CISAS, pero además confiscó los bienes de la organización: "Los bienes y acciones deberán ser entregados al Estado de Nicaragua", dice el decreto aprobado por el Poder Legislativo controlado por el orteguismo.
El cierre y confiscación de CISAS a finales de noviembre 2018, solo fue el inicio de lo que vendría en lo sucesivo. En los primeros días de diciembre la dictadura pone en marcha una operación en la que, por un lado, a través de la Asamblea Nacional, aprueba la anulación de la personería jurídica de varias organizaciones de sociedad civil, y por otro, casi simultáneamente, usa a la policía, su principal brazo represor, para tomarse y desmantelar las instalaciones de esas organizaciones.
Cerca de la medianoche del 14 de diciembre 2018, patrullas policiales irrumpieron, sin una orden judicial y con lujo de violencia en las instalaciones de la Fundación Popol Na, El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE). En el CEHIDH y Popol Na, rompieron portones y candados, así como parte del techo para ingresar. Se llevaron todo lo que pudieron.
De igual manera, en esta misma fecha, fue tomado, también por la noche, el Instituto de Liderazgo de Las Segovias, ubicado en el municipio de Mozonte, Nueva Segovia. En esa ocasión, su entonces directora, Haydee Castillo denunció que unos 70 efectivos, entre policías, antimotines y paramilitares se tomaron la sede del instituto. Los invasores se llevaron todo los equipos tecnológicos e inmobiliarios de las instalaciones.
Posteriormente, el edificio fue entregado a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la que en enero del 2021, inauguró una sucursal de la Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM).
En esa ocasión Castillo dijo a Onda Local que era vergonzoso que la UNAN continuara usando como consigna la frase de su exrector Mariano Fiallos Gil “A la Libertad por la Universidad” porque no hay libertad en Nicaragua y además “no se puede educar robando”.
Otras de las organizaciones canceladas también en diciembre 2018 fueron, el Centro de Investigación para la Comunicación (CINCO), El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IEEPP), y la organización ambientalista Fundación del Río. Posteriormente, en agosto de 2020, a esta última le fueron arrebatadas, vía PGR y MARENA, varias propiedades ubicadas en el municipio de El Castillo, en Río San Juan, las que suman un total de 454 manzanas, según denunció Amaru Ruiz, presidente de la Fundación.
No obstante, estas fueron apenas las primeras de más de 3,300 oenegés que han sido clausuradas hasta la fecha.
Desde esas primeras confiscaciones, iniciadas en 2018 hasta la fecha de esta publicación, más de 200 propiedades, la mayoría pertenecientes a oenegés, han sido robadas por la dictadura. Muchas otras siguen ocupadas por la policía a la espera de una resolución. Sin embargo, se teme que las confiscaciones continúen siguiendo el mismo patrón, primero despojarlas de su personería y luego la confiscación de sus bienes y propiedades.
Algunas instalaciones confiscadas han sido entregadas al Ministerio de Salud, y en estas se han habilitados puestos de salud, centros de rehabilitación, casas maternas, entre otras. Como son el caso de CISAS mencionado anteriormente o el IPADE, cuyas instalaciones fueros convertidas en el Centro Nacional de Diabetología “Porfirio García” o el edificio de la organización ambientalista Centro Humboldt, convertida ahora en el “Centro de Atención de Mujeres Ligia Altamirano”.
Otros edificios confiscados han pasado a manos del Instituto Nacional Tecnológico, como es el caso de lo que fue la sede de la Fundación Puntos de Encuentro, organización feminista y promotora de los derechos humanos, convertida ahora en el “Centro Nacional de Desarrollo de Talento Creativo”, cuya inauguración fue a inicios de marzo de este año.
Un tercer grupo de edificios confiscados han sido adjudicados a la Alcaldía de Managua, como ocurrió con el edificio del Centro de Atención Integral de Operación Sonrisa, una fundación que realizaba cirugías reconstructivas a personas con paladar hendido, principalmente niños y niñas. Este fue robado y convertido en el “Museo Lolita Soriano”, así mismos ocurrió con las instalaciones de la organización feminista La Corriente, hoy convertidas en la “Casa de la Cultura y Creatividad Alejandro Cuadra”.
Régimen despojó de una finca de más de 30 manzanas a la Fundación María Cavalleri
Una de las más recientes confiscaciones, pero no la última, fue ejecutada en Matagalpa contra la Fundación María Cavalleri (FMC). Una organización que promueve el intercambio y la convivencia a través de procesos educativos y de promoción cultural, pero además de cuido del ambiente.
La Fundación había sido cancelada el 2 de junio de 2022, pero fue el 20 de mayo de 2023, que agentes policiales se tomaron sus instalaciones y solo tres días después de la ocupación policial, la vicedictadora Rosario Murillo, anunciaba la apertura de un “nuevo Centro de Capacitación Técnica Mujeres de El Cuá”, sin precisar que se trataba de la propiedad robada a la Fundación María Cavalleri.
Zayda Torres, una de las fundadoras de la FMC, relató al programa radial “Y ahora yo tengo la palabra”, que transmite en línea, la también confiscada Radio Vos de Matagalpa, que un día antes de la invasión policial, llegó un grupo de personas de la PGR, a medir algunas áreas de la fundación, pero no dieron ninguna explicación a las directivas del centro.
Torres reveló además que el centro era usado con frecuencia por diversas instituciones del Estado para eventos y capacitaciones, incluyendo a la misma policía y la alcaldía de Matagalpa.
De acuerdo a Eva Chow, otra de las fundadoras, quien también participó del programa, la finca tiene áreas de construcción en un espacio de 3 manzanas, pero en total la finca tiene una extensión de 33 manzanas.
En la principal área de construcción, la propiedad cuenta con un centro de capacitación con dos auditorios con capacidad para 100 y 30 personas. Dormitorios para un total de 72 personas. Un comedor con la capacidad de atender a 120 personas, también cuenta con una biblioteca, espacios de recreación y áreas de producción orgánica.
Fanny Vado, también cofundadora, calificó como un crimen la confiscación de la finca. “Considero esta usurpación que hizo el gobierno a través de la policía y otras instituciones del Estado, como una violación y un crimen contra el arte, la educación y el ambiente” aseveró.
Por su parte Chow agregó que “esperamos que, ya que el espacio fue expropiado, ojalá que no lo destruyan, porque es difícil sostener un espacio tan grande como la Fundación María Cavalleri”. En tanto Torres finalizó diciendo que “lo vamos a recuperar y volveremos”.
También contra las universidades
En febrero 2022 el régimen canceló las primeras siete universidades: La Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Popular Nicaragüense (Uponic), la Universidad Paulo Freire (UPF) y la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse) y la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (UNIVAL).
Posteriormente, en marzo de este año, corrieron la misma suerte, las universidades Juan Pablo II, la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) y la Universidad Rubén Darío, esta última con sede en el departamento de Carazo.
En el mes de abril, el régimen continuó su arremetida y canceló las casas de estudios superiores: Universidad del Norte de Nicaragua (UNN), la Universidad Adeventista de Nicaragua (Unadenic) y la Universidad Metropolitana (Unimet).
Al menos 15 centros de estudios universitarios han sido confiscados desde 2022. En la mayoría de los casos, el régimen ordenó a la PGR, traspasar los bienes muebles e inmuebles de estas universidades a nombre del Estado de Nicaragua. De igual forma se ha ordenado a las diferentes universidades entregar al Consejo Nacional de Universidades, toda la información referida a las carreras, desde el listado de estudiantes y docentes, planes de estudio, bases de datos de matrículas y calificaciones, para la reubicación de los estudiantes en las universidades que la dictadura reconoce como acreditadas.
Organizaciones y congregaciones religiosas en las fauces de “la bestia”
El 6 de julio de 2022, patrullas policiales escoltaban un microbús en el que iban 18 religiosas. El vehículo se dirigía hacia el puesto fronterizo de Peñas Blancas, (Frontera sur). Las monjas eran de la orden Hermanas Misioneras de la Caridad, fundada por Madre Teresa de Calcuta. Ese día fueron expulsadas del país por Daniel Ortega.
La expulsión de las religiosas fue ordenada por el dictador, luego que la Asamblea Nacional cancelara su personalidad jurídica, junto a otras 100 organizaciones, solo una semana antes, el 29 de junio. Las instalaciones de la congregación benefactora también fueron confiscadas.
Las misioneras de la caridad que tenían presencia en Nicaragua desde 1988, administraban un asilo de ancianos y una guardería infantil en Managua, además un albergue para adolescentes y jóvenes víctimas de abuso o en situación de abandono en Granada y desarrollaban proyectos de reforzamiento escolar para niños y niñas hijos de mujeres trabajadoras de los mercados.
Sin embargo, no fueron las únicas. El régimen continuó expulsando a diferentes ordenes religiosas y confiscando sus propiedades, en paralelo a sistemáticos ataques a líderes de la iglesia católica.
El 20 de septiembre 2022 fueron también expulsadas del país las hermanas de la congregación de La Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, cuyas misiones estaban en Matagalpa.
Posteriormente les tocó su turno a las Hermanas de la congregación Trapense, cuyo monasterio ubicado en el municipio de San Pedro de Lovago, en el departamento de Chontales, fue también confiscado por la dictadura y entregado al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA). A las religiosas se les persuadió de presentar ante el Ministerio de Gobernación una “disolución voluntaria”. Las religiosas abandonaron el país el 24 de febrero de 2023.
Otra organización religiosa cancelada y confiscada por el régimen fue la Fundación Padre María Fabretto, la que atendía varias escuelas en diferentes departamentos del país, principalmente en comunidades rurales vulnerables. Esta fue cancelada el pasado 2 de febrero.
El régimen también canceló a Caritas, la organización de beneficencia de la iglesia católica y existe el temor entre líderes religiosos, que también, próximamente confisquen sus sedes. Por lo pronto la dictadura a ordenado el congelamiento de cuentas de diferentes diócesis, así como de parroquias y sacerdotes. El infierno al que Ortega ha sometido a la Iglesia católica parece estar lejos de terminar.
Ni las sedes diplomáticas se escapan
Entre las propiedades confiscadas están dos edificios que fueron sedes diplomáticas, el primera pertenecía a la Embajada de Taiwán, país con el que Ortega rompió relaciones para acercarse a China. El segundo edificio era la sede de la Organización de Estados Americana (OEA), en Managua.
La ruptura de las relaciones con Taiwán se hizo oficial el 10 de diciembre de 2021. El 26 de diciembre, la dictadura por medio de la PGR, ordenó el traspaso inmediato de los bienes inmuebles, muebles y equipos, que pertenecían a Taiwán, a la República Popular China, “con absoluta e irrestricta propiedad y dominio”. La acción del régimen fue ejecutada luego de conocerse la intención de Taiwán de donar el edificio de su sede diplomática a la Arquidiócesis de Managua.
El 24 de abril del 2022, la policía orteguista ocupó el edifico donde funcionaban las oficinas de la OEA, luego que Ortega, a través de su canciller Denis Moncada, anunciara la expulsión de la delegación del organismo regional en el país.
El 18 de agosto la dictadura anunció que el edificio robado pasaría a llamarse "Casa de la Soberanía Padre Miguel D'Escoto Brockmann” y que sería administrado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
Proceso de justicia transicional devolvería propiedades robadas
Para el jurista y experto en derechos humanos, Uriel Molina, un eventual restablecimiento de la democracia en el país, daría pie a un proceso de justicia transicional, que, entre otras cosas, devolvería todas las propiedades confiscadas a sus respectivos dueños, sin embargo ese proceso pasaría por varias etapas que generalmente llevan mucho tiempo.
“Muy probablemente cuando haya el Nicaragua un renacimiento de la democracia, lo que va a ocurrir es que vamos a entrar un proceso de Justicia Transicional, donde primero hay que construir la verdad de lo que ocurrió” explicó Pineda, a la vez que añadió que eso permitirá al mismo tiempo dimensionar los derechos violados en cada persona, en el gigantesco universo de víctimas, lo que finalmente llevará a un proceso de reparación, el que va desde la restitución de la propiedad afectada, hasta el reconocimiento de otras particularidades que la privación arbitraria de la propiedad haya conllevado.
El experto dijo además que un mecanismo de justicia transicional daría la pauta de la responsabilidad, este haría que todas las personas involucradas como cómplices o colaboradores de Ortega y Murillo, en este caso funcionarios de las distintas instituciones involucradas en las confiscaciones (Ministerio de Gobernación, Poder Judicial, Policía, Procuraduría), entre otras), enfrenten la justicia, porque “Ortega y Murillo no son los únicos responsables, sus colaboradores también tienen responsabilidad, ellos no actúan solos y no hay participación ingenua” puntualizó.
Escenario sería diferente al que se generó después de los 80
A raíz de la derrota de Ortega por la presidenta Violeta Barrios, en 1990, se inició un complejo proceso de devolución e indemnización de propiedades que habían sido confiscadas y expropiadas por el sandinismo de los 80. Dicho proceso continuó durante los posteriores gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. A lo largo de las tres administraciones se devolvieron muchas propiedades y otras fueron indemnizadas, sin embargo el proceso, que ha costado miles de millones de dólares al país, nunca concluyó ni se hizo justicia con todos los confiscados y expropiados.
De acuerdo a Pineda, esta vez el escenario es otro, porque a diferencia de la década de los 90, lo más probable es que esta vez, con la salida de la dictadura, ya no se tenga que cohabitar con una fuerza política como lo fue en su momento el Frente Sandinista.
Recordó que, tras la derrota electoral de 1990, el FSLN puso muchas exigencias que obligaron a un proceso de negociación, para poder entregar el gobierno. El contexto actual es totalmente distinto.
“No veo que cayendo Daniel Ortega y Rosario Murillo, haya una organización política legitima del Frente Sandinista, es decir, probablemente ese actor ya no esté, y por eso no creo que se desate un proceso indemnizatorio respecto de los inmuebles” vaticinó el experto.
Sin embargo indicó que muy probablemente se tengan que indemnizar otros ciertos daños emergentes referidos a las violaciones de derechos humanos, pero siempre dentro del proceso de Justicia Transicional, lo que si representaría un coste económico para Nicaragua.
“Tendremos que ser creativos en ese momento como país, para evitar transferirle eso al pueblo” advirtió Pineda en referencia al uso que se le pueda dar a las propiedades y la fortuna que ha ido acumulando la familia Ortega Murillo. No obstante, dijo que esa, aunque es una situación posible, es también improbable, porque “si Daniel Ortega ve que va caer, seguramente va a sacar su dinero como en su momento lo hizo Somoza”.
Mientras tanto, “la bestia” de las confiscaciones, que pernoctaba remotamente en los recuerdos de la década de los 80, fue revivida por Ortega y Murillo a partir de 2018, y actualmente sigue siendo azuzada por la pareja de dictadores para que se siga alimentando. No se sabe cuántas propiedades más va engullir.
