¡Justicia!, la otra víctima de un Estado feminicida

Dos niñas, una de siete y otra de 10 años de edad, salieron de su casa la noche del 2 de septiembre de 2022. No regresaron. Desesperada, Norbita Urbina Damacio, reportó ante la Policía que sus hijas habían desaparecido. Las encontraron muertas, envueltas en un colchón, en un predio baldío de Ciudad Belén, la noche del 5 de septiembre. 

La Policía informó que ubicó y capturó a los presuntos responsables: Alfredo Lara Ortiz, de 19 años; su pareja Alison Yahoska Salgado Rugama, de 18; y un adolescente de 16 años. La violencia extrema contra las mujeres y la niñez nicaragüense sigue como si se tratara de una antigua locomotora, que no es capaz de frenarse, ante el aparente obstáculo que bien podría ser, la cadena perpetua o la cartilla del Ministerio de la Familia

La Ley 779, “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres”, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el 22 de junio de 2012, entró en vigor un mes después. Fue reformada el 25 de septiembre de 2013, un año y tres meses después de su aprobación para incluir, entre otras cosas, la mediación, pese a las advertencias de que esta agudiza la violencia hacia las mujeres y las coloca en alto riesgo de ser asesinadas. Luego de 10 años, desde su aprobación, las mujeres siguen siendo las principales víctimas.

La violencia machista avanza. Hasta este 25 de noviembre de 2022; al menos 57 mujeres y niñas, han cerrado sus ojos por última vez; teniendo frente a ellas a un agresor. El registro de víctimas del Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir alerta de un avance sin tregua de la violencia machista.

La astucia para la reducción de condena del femicida

El 9 de febrero de 2021, Edier Caballero asesinó a cuchilladas a su expareja Yessenia Marchena Centeno. Ella le dijo que “ya no quería nada con él, que la dejara en paz”.  La víctima se encontraba sentada en la acera de la casa de sus padres, ubicada en la comunidad Santa Clara, municipio de San Fernando, departamento de Nueva Segovia.

Según relatos de sus familiares, Yessenia se encontraba en compañía de una amiga, cuando Caballero llegó con el deseo de convencerla para mantener nuevamente una relación. Se negó. Aquel hombre, se abalanzó cargado de ira, y propinó certeras estocadas con un cuchillo.  Posteriormente, moriría desangrada mientras era trasladada al centro de salud.

Luego de un proceso judicial, calificado por la familia de la víctima como “lento”, el 2 de julio de 2021, Nancy Rossman Mendoza, Jueza del juzgado de Distrito Especializado en Adolescentes y Violencia de Ocotal, Nueva Segovia, condenó a 30 años de prisión a Caballero.

Ramón Gabriel Díaz González, abogado defensor del femicida, quien fue indultado por la dictadura de Daniel Ortega en el año 2011, tras haber sido condenado por delitos de “cohecho y crimen organizado”, con el objetivo de reducir la pena, anular el juicio y tratar de realizar un nuevo proceso judicial, interpuso un recurso de apelación en el Tribunal de Apelaciones de Estelí, en contra de la sentencia condenatoria del femicida Edier Caballero.

En la apelación Gabriel Díaz, alegó que la calificación del tipo penal no correspondía a un femicidio y que, más bien, se trataba de un homicidio. Argumentó que, al momento del hecho, la víctima no se había divorciado de su pareja anterior y seguía siendo esposa civil y por la iglesia del padre de sus dos hijos.

Tras esos argumentos, pidió se declarará la nulidad del juicio oral y público, así como que se hiciera una correcta calificación legal de los hechos y se aplicará una pena adecuada. Además, solicitó “la realización de un nuevo juicio con otro judicial”.

Los magistrados de apelaciones de Estelí, “casi de inmediato dieron tramite a ese caso, todo lo que viene de ese abogado se agiliza, porque él tiene pata grande”, dijo a Onda Local una fuente del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción Las Segovias.

Los magistrados dieron curso, un fallo de la magistrada Hilda Rugama Zelaya, y los magistrados José Ubau Flores y Roberto José Petray, declaró sin lugar el recurso de apelación, pero redujeron a cinco años la condena impuesta a Caballero, de 30 años a 25 años de prisión.

Hermelinda Centeno, madre de la víctima dijo que “en varias ocasiones Caballero la amenazó con machete, no la dejaba salir de la casa y él decidía cuándo ella podría visitarnos”.

"Lo peor para mí es que llegara este hombre a quitarle la vida a mi hija, fue en la acera de la casa, no respetó eso, tuvo que drogarse para tener el valor de llegar solo a privarle la vida a mi hija, quitarle sus sueños, la felicidad, pedimos que Dios y las autoridades hagan justicia", demandó la mamá de Yesenia Marchena Centeno.

¿Qué tan peligroso es la reducción de condena para el femicida?

“Idania” es una defensora de derechos humanos del Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, ella lleva el monitoreo y registro de los femicidios y alertó que “rebajar condenas es parte de la corrupción que existe en el sistema judicial, la policía se lava las manos, dice que no es culpa de ellos, solo en este año tenemos casos de femicidios en impunidad, y esto nos da una lectura a la impunidad”.

Agregó además que el sistema de justicia “esta negociando la vida de las mujeres, están violando la ley de violencia contra las mujeres y vemos que también los hombres abusadores y femicidas están siendo liberados bajo el beneficio de medidas familiares, eso es parte de la impunidad en el sistema de justicia”

 Para el defensor de derechos humanos, Henrry Salatiel, “la violencia hacia las mujeres es un problema de salud pública”. Considera que exige ser atendido con políticas públicas y se debe de garantizar un sistema de acceso a la justicia. “Un sistema que crea impunidad profundiza la violencia. Un Estado que no garantiza una atención y un abordaje integral de la violencia hacia las mujeres con jueces, fiscales especializados en atención a la violencia de género”.

Salatiel, pertenece al Grupo de Solidaridad, una organización comunitaria que acompaña a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia en diversas partes del país. El caso de la reducción de condena del femicida de Santa Clara es un reflejo de que “si no existe institucionalidad en un sistema de justicia que, por el contrario de castigar al agresor, reducen condenas, ese sistema favorece al agresor, no estaríamos hablando de un sistema de justicia sino de un sistema de impunidad”.

La negligencia como práctica en la Policía Orteguista

Tras un femicidio, los familiares de las víctimas deben lidiar no solo con la pérdida, sino también con el resto de huellas de estos crímenes que muchas veces no logran alcanzar justicia.

En la última década se han registrado casos de mujeres que habían llegado a una delegación policial a poner denuncias por amenazas de muerte contra sus parejas, pero las autoridades desestimaron.

Yadira Ivette López Cruz de 44 años, vivía antes de ser asesinada en el kilómetro 12.5 carretera a Xiloá, en Ciudad Sandino.

“Él la maltrataba en la calle y hubo varias denuncias de los vecinos para que llegara la policía, incluso una vez en la esquina de la casa, en un pleito, él le fregó la muñeca de la mano”, narra su hija, quien ha sido acompañada en la búsqueda de acceso a la justicia por Católicas por el Derecho a Decidir.

Con golpes, tirada en el piso, con la camisa levantada, golpes en la nariz y en la mano, fue encontrado el cuerpo de López Cruz, la policía dijo que fue asfixia mecánica. Los vecinos no creen en el dictamen policial y aseguran que la víctima recibía violencia intrafamiliar.

La falta de acceso a la justicia es una realidad a la que se enfrentan las familias. “Yo iba a diario a la policía, ya después ni caso me hacían, ahí pasaba afuera de la policía, y lo último que me dijeron es que todas las pruebas que le hicieron no lo acusaban de nada”, comenta una de sus hijas, quien pidió anonimato.

 Yadira López Cruz es recordada como una persona alegre, le gustaba jugar con su nieto, le gustaba cocinar y vendía nacatamales, de la venta sobrevivía. “Fue un caso que quedó en impunidad bajo el argumento de que el informe forense dictaminó que fue asfixia mecánica, y así desestimaron el proceso”, expresó la defensora de derechos humanos.

La violencia cobra vida de niñas

La violencia machista alcanza no solo a mujeres, las niñas la viven, Janeth Hernández, madre de una menor de edad identificada por las iniciales D.T.M.H de 14 años, aun demanda justicia.

José Luis Suarez Rocha de 50 años, bajo amenazas y engaños se llevó a la menor de edad de su casa de habitación en el barrio Camilo Ortega en Managua con rumbo hacia Bluefields el 23 de enero de 2019.

La madre de la menor interpuso la denuncia en la delegación policial de San Judas en el Distrito III de Managua, la denuncia no fue recepcionada oportunamente, la policía no dio acompañamiento en la búsqueda de la menor. Año y medio mas tarde el cuerpo fue encontrado en las orillas del río Kukra Hill.

“Le faltaban 3 días para cumplir sus 15 años, ese hombre era padrastro de ella. Yo fui a Bluefields (a poner la denuncia), al día que yo fui me comunicaron de que ya lo habían soltado porque no había una denuncia cuando yo la puse en Managua, ese hombre anda libre”, relató la madre de la víctima.

Sin darle  sepultura y sin poder ver el cuerpo de su hija, Janeth relata que “unas señoras se encargaron de enterrarla, él salió huyendo, lo agarraron, pero como no había denuncia lo liberaron”.

El dolor invade a una familia de escasos recursos que viven del día a día, pero para el Estado la muerte de la niña es una cifra más. Tras interponer denuncia por la negligencia, asuntos internos de la policía, decepcionó el caso, pero no ha brindado una resolución a las familiares.

“Nicaragua es un Estado partido, apartado del derecho.  La comunidad internacional debe actuar en consecuencia. El derecho internacional tiene dientes; es potestad de los Estados que conforman esa comunidad internacional hacerlo valer, sino lo hacen los cuerpos de las mujeres seguiremos pagando los costos de una política machista y dictatorial, los femicidios son una muestra clara de esa violencia que vivimos”, dijo una feminista de la Red de Mujeres Contra la Violencia, en condición de anonimato.