La invasión de colonos que obliga a indígenas a huir de sus hogares
Pese a la fuerte presencia en la zona del Ejército de Nicaragua, grupos armados han invadido más de un millón de hectáreas de tierras indígenas en la Costa Caribe. Muchas de ellas en áreas protegidas, donde explotan los recursos naturales y provocan un desplazamiento forzado de los pobladores que ancestralmente han vivido en estos territorios.
Dos hombres aparecen en la entrada de la comunidad indígena Polo Paiwas, sobre la ribera del río Waspuk, en el Caribe Norte de Nicaragua. Su apariencia mestiza los delata. No son de esta zona. Usan botas de hule, pantalón azulado y camiseta. Ambos están llenos de barro y por las herramientas que cargan, se hacen pasar por dos mineros artesanales que la tarde de este domingo de agosto de 2015 pasan por esta comunidad para descansar.
-¿Tiene un poquito de agua que me regale? – pregunta uno de ellos.
-Sí – responde una indígena
-Muchas gracias
-¿De dónde son ustedes?
-Venimos de la mina. Andábamos trabajando y ya vamos para la casa
Terminan su vaso de agua y tras descansar unos minutos, los desconocidos se retiran. El siguiente domingo, pasan nuevamente por la comunidad y además de agua, piden un poco de comida en otra de las casas vecinas. Y así una semana después. Pasaron varios domingos y su presencia se volvió cotidiana. Algunos indígenas los invitaban a pasar a sus hogares y a compartir con sus familias hasta que un día dejaron de llegar.
Dos meses después, el 29 de octubre de 2015, un grupo de hombres armados vestidos como militares y con fusiles AK47 llega a la comunidad. Otro grupo sale del bosque y asusta a los comunitarios, mientras otros salen del costado oeste del caserío. La comunidad está rodeada.
“Estas tierras ya no son de ustedes. Váyanse de aquí”, dice uno de los hombres, aparentemente el líder del grupo, mientras camina entre las casas disparando ráfagas al cielo. Al escuchar los disparos, los comunitarios empiezan a correr asustados para salvar sus vidas. La única salida es buscar refugio en el medio del bosque o tratar de huir río arriba hacia la comunidad vecina de Klisnak.
Mientras los indígenas huyen, los invasores revisan casa por casa para desalojar a sus habitantes. Entre los armados, los nativos reconocen a los dos hombres que se hicieron pasar por mineros y llegaban cada domingo a convivir con ellos. “Lo que habían llegado a hacer fue a ver cuántas familias eran en la comunidad, si había hombres, si había armas, a qué hora salían a las parcelas. Llegaron a investigar”, dice una líder miskita que vivía en Polo Paiwas y que solicita anonimato por temor a represalias.
Esta miskita recuerda que aquel día varios comunitarios se opusieron a abandonar sus propiedades. Algunos incluso trataron de defenderse con sus armas de cacería, como el caso de la única víctima fatal de esa invasión, el joven Germán Martínez Fenley, quien fue abatido por las balas de los invasores. Para asegurarse de que no quedara nadie en la zona, incendiaron las casas, los cultivos y mataron a los animales.
Una experiencia similar vivió Florentina Wilson, de la comunidad Wiwinak. Ese mismo año, un grupo de unos 30 hombres armados llegó a esa localidad para desalojar a sus habitantes. Según ella, algunos invasores llegaron a caballo y otros a pie. Unos vestidos de civil y otros con traje militar. Portaban fusiles AK47, de uso oficial del Ejército de Nicaragua, además de escopetas y armas calibre 12 y 22. Entraron a la comunidad disparando. “Dijeron algunas malas palabras y empezaron a disparar. Cuando vieron que la gente se estaba cruzando el río y huyendo, quemaron todas las casas”, cuenta Wilson, de 44 años.
Pero este no es un problema antiguo, pues la invasión a las tierras indígenas en Nicaragua persiste estos días. Un líder de la etnia miskito asegura que, en 2023, solamente en el territorio Wangky Twy Tasba Raya, en Waspam, Caribe Norte, que aglomera a 21 comunidades indígenas, terceros armados se apropiaron de más de 25,000 hectáreas de las comunidades Francia Sirpi, Wisconsin, Esperanza Río Wawa y Santa Clara.
De acuerdo a cifras proporcionadas por los mismos indígenas, desde 2009, cuando se reportaron las primeras invasiones, los invasores se han apropiado de aproximadamente 1,750,000 hectáreas de tierras indígenas en la Costa Caribe nicaragüense (equivalente al 36% del total). Es decir, un promedio de 125,000 hectáreas al año. Asimismo, hasta 2023 registran 76 indígenas asesinados durante las invasiones.
Amaru Ruiz, ambientalista y director de Fundación del Río, una organización dedicada a la preservación del medio ambiente e ilegalizada por el Gobierno de Nicaragua en 2021, señala que las cifras de hectáreas invadidas pueden ser incluso mayores debido a que es muy difícil medir con exactitud estos terrenos, sobre todo porque el acceso a la zona se complica por la presencia de estos grupos armados.
Sin embargo, Ruiz explica que la deforestación es un indicador de estas invasiones, pues una vez que se apropian de estas tierras, las personas armadas se encargan de hacer potreros para vender a terceros esas propiedades, o las dedican a actividades como ganadería o minería.
Pérdida de cobertura arbórea
Caribe Norte 2009
Caribe Norte 2009 a 2022
Caribe Sur 2009
Caribe Sur 2009 a 2022
En la plataforma Global Forest Watch, que muestra imágenes satelitales de los bosques del mundo, es posible ver el avance de la deforestación en el Caribe nicaragüense. Entre el 21 de enero de 2022 y el 21 de enero de 2024, la plataforma registró 6,664,313 alertas de deforestación en el Caribe Norte y otras 763,991 en el Caribe Sur.
Esta misma plataforma muestra que entre 2009 y 2022, en el Caribe Norte se perdieron 524,000 hectáreas de cobertura arbórea, mientras que el Caribe Sur fueron 404,000 hectáreas, lo que suma un total de 928,000 hectáreas. Esta cifra puede ayudar a indicar, en parte, el avance de la deforestación provocada por los invasores, señala Ruiz.
Los interéses detrás de una invasión de vieja data
La invasión a las tierras indígenas se remonta a los años noventa, una etapa de posguerra en Nicaragua en la que integrantes del Ejército Popular Sandinista y miembros de la guerrilla conocida como Contrarrevolución, que estuvieron en guerra durante diez años, recibieron tierras en la Costa Caribe una vez que se desmovilizaron como parte del proceso de paz. Ellos llevaron las primeras actividades económicas a la región, sobre todo la ganadería y la extracción de madera.
En 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el Estado de Nicaragua, presidido por Arnoldo Alemán, había violado los derechos de la comunidad indígena mayangna Awas Tingni, tras otorgar una concesión maderera a la empresa Solcarsa, lo cual estaba prohibido por la ley. Esa concesión provocó que otras personas se adentraran en la zona haciéndose de parcelas de tierra para dedicarlas a la actividad ganadera, agrícola y minera, entre otras.
La Corte IDH obligó al Estado a que demarcara las tierras de los indígenas, lo cual derivó en la creación en 2003 de la Ley 445, conocida como Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas. En esta norma se establecen cinco etapas para reconocer los derechos de los indígenas sobre estas tierras, las cuales son: presentación de solicitud, solución de conflicto, medición y amojonamiento, titulación y saneamiento.
Pese a la aprobación de esta ley, la invasión de terceros continuó en la zona durante el gobierno de Enrique Bolaños, entre 2002 y 2007. Una vez que Daniel Ortega asumió el poder en 2007, la invasión y la violencia en las comunidades indígenas aumentó, siendo 2015, el año en que Polo Paiwas y Wiwinak fueron invadidas, el más violento.
Según el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, ese año hubo 35 indígenas asesinados por colonos y un informe de ese organismo del año 2021 señala que hasta esa fecha había 3,008 indígenas desplazados a otras comunidades por la invasión de terceros a sus tierras.
De acuerdo a la socióloga e investigadora Elvira Cuadra, cumplir con lo establecido en la Ley 445 no necesariamente terminaría con las invasiones de las tierras indígenas, pero sí le daría mayores argumentos a los indígenas para reclamarlas con títulos de propiedad en manos ante un tribunal.
“La Ley 445 está, pero su implementación no existe”, señala un líder de la etnia mayangna, otro de los pueblos afectados. Este indígena detalla que en nueve territorios mayangnas, hasta la fecha, hay 23 minas artesanales hechas por los invasores que llegaron desde 2012 a sus comunidades. Según el conteo de los mayangnas, hay unas 8,000 familias invasoras en sus territorios.
En el Caribe nicaragüense, 48,399 kilómetros cuadrados corresponden a las comunidades indígenas, ocupando un 32% del territorio nacional. Estas tierras no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles, según lo descrito en la Ley 445.
El Caribe Norte es mucho más extenso que el Sur: tiene un total de 32,159 kilómetros cuadrados. Posee ríos navegables y caudalosos como el Wawa, Kukalaya, Prinzapolka y Coco. Y los yacimientos de oro más importantes del país, localizados en los municipios de Siuna, Bonanza y Rosita, conocidos como Triángulo Minero. Además, la zona tiene recursos forestales y marinos.
Para los indígenas, estas son tierras ancestrales que abarcan, incluso, una parte de la Costa Caribe hondureña. Todo esto fue colonizado por los ingleses y, antes de que pasara a formar parte de Nicaragua, los indígenas tenían un modelo monárquico y llamaban a su territorio como Nación Moskitia. En 1894, el territorio fue anexado a Nicaragua y una parte, a Honduras. Su monarquía desapareció y fue hasta mediados de la década de los ochenta del siglo XX que los pueblos de la Costa Caribe empezaron a gozar de autonomía.
Además de estar surcada por numerosos ríos, la Costa Caribe nicaragüense tiene frondosas masas forestales de madera preciosa, montañas y animales exóticos (algunos en peligro de extinción), en donde habitan miles de comunidades indígenas de los pueblos originarios miskito, mayangna, ulwa y rama creole; además de los pueblos afrodescendientes garífunas y mestizos, que viven en territorios indígenas.
Muchas de estas comunidades están ubicadas en áreas protegidas como la Reserva Biósfera de Bosawás en el Caribe Norte, reconocida como tal por la UNESCO en 1997 y llamada popularmente como “el pulmón de Centroamérica”; y la Reserva Biológica Indio Maíz, en el Caribe Sur. Aunque se trate de zonas protegidas, los invasores han penetrado hasta ahí a vista y paciencia de las autoridades.
Estas son zonas inhóspitas en donde la mayoría de indígenas no tiene acceso a energía eléctrica, agua potable, internet o comunicaciones. “Vivimos del bosque, de lo que nos da nuestra madre tierra. Con la tierra somos uno. Sin la tierra no somos nadie”, explica un líder rama creole, cuyo territorio se encuentra en la Costa Caribe Sur de Nicaragua.
Este indígena señala que el principal problema de las comunidades de su territorio es la invasión por parte de terceros. Los rama creole, al igual que las otras etnias, viven principalmente de la pesca, la agricultura y la caza, pero tras la llegada de los invasores, los animales han empezado a escasear en la zona porque son cazados y su carne se comercializa en otras zonas del país. Esto ha generado hambre y desabastecimiento entre los indígenas de la zona.
“Las personas que vienen son para acaparar la mayor cantidad de tierras y comercializarlas, hacer ganadería. Cuando quieren hacer pasto, botan los árboles y siembran pasto. Dejan que la madera se pudra”, critica el líder rama creole, y agrega que cuando los indígenas quieren usar madera para reparar sus viviendas o botes, las autoridades les dicen que no pueden ocuparla porque es proveniente de una zona protegida, “pero no le dicen nada a los colonos que son los que cortan todos esos árboles”.
La inacción del Ejército en una zona con presencia militar
De acuerdo a la Fundación del Río, en la Costa Caribe Sur las principales actividades llevadas a cabo por los invasores son la deforestación, la ganadería y la minería.
Incluso en la Reserva Biológica Indio Maíz, esta organización ha detectado más de 100 puntos de extracción minera artesanal, pese a que se trata de un área protegida. La minería artesanal se lleva a cabo frente a los ojos del Ejército y de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA).
El ambientalista Amaru Ruiz, de Fundación del Río, ejemplifica esto con el caso de la mina Las Cruces, cuyas operaciones empezaron en 2022. Esta se ubica a solo 7 kilómetros de la base militar de Boca de San Carlos, donde también hay un puesto del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Para adentrarse hasta el punto, hay que navegar por el río San Juan y desde la base militar se controla el zarpe de los botes donde todo el que quiera navegar debe pasar por una revisión y dejar sus datos personales. Desde este lugar, los militares controlan quién se mueve a la zona y quién no, así como lo que entra y lo que sale de ahí. “Ellos conocen de la situación. No pueden decir que no saben nada”, señala Ruiz.
Por otro lado, en el Caribe Norte, Ruiz señala que el 42% del territorio mayangna Sauni As está dedicado por los invasores a la minería artesanal. Hay otros territorios que también están siendo utilizados para la actividad ganadera y la extracción de madera. Según el ambientalista, hasta la fecha se han extraído más de 3,000 metros cúbicos de madera, lo que daría para llenar de camiones cargados toda la carretera panamericana de Centroamérica, Desde Guatemala hasta Panamá.
Todas estas actividades también están controladas por el Ejército en el Caribe Norte, indica Ruiz, pues en la zona hay varios retenes militares que siempre revisan cada bote o camión que sale o entra del lugar.
Para esta investigación se contactó al coronel Álvaro Rivas, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua, para conocer su versión sobre esta problemática. Pero hasta el cierre de esta investigación, no se obtuvo respuesta.
La presencia militar se pudo comprobar durante el reporteo realizado en la zona, en donde era muy fácil notar a efectivos del Batallón Ecológico del Ejército, cuya misión es resguardar las áreas de bosques protegidos, reservas naturales y fuentes hídricas del país. Pero contrario a su tarea, más bien facilitan la deforestación y las actividades ilegales de terceros en esta zona, indica Ruiz.
“El Batallón Ecológico del Ejército cuida más a las vacas que a las comunidades indígenas y afrodescendientes”, asegura, y agrega que estos grupos actúan con impunidad. “Hoy por hoy, no conocemos ningún caso de colonos procesados que haya entrado a esos territorios”, menciona.
Por su parte, una líder miskita que habita por esta zona dice que los retenes del Ejército son para “vigilar” a los indígenas, para que no intenten recuperar sus tierras o que se muevan hacia las comunidades invadidas. “Antes podías entrar al territorio a hacer trabajos, pero ahora no has caminado ni dos kilómetros cuando ya te empiezan a vigilar y a preguntar para dónde vas. Hay que enseñarles bolsos, carteras. Todo”, describe.
Para Ruiz es evidente que hay intereses económicos detrás de las invasiones a las tierras indígenas. “No se genera la invasión por espontaneidad, sino porque hay intereses sobre las áreas protegidas y sobre los recursos naturales de la Costa Caribe”, comenta.
Algunos de estos recursos son el oro, la madera, el agua y las tierras, que son altamente fértiles en esta zona del país centroamericano. “Esos intereses económicos están detrás de los procesos de invasión y esos intereses son hoy por hoy los que mantienen al régimen de Ortega Murillo en el poder”, denuncia Ruiz, quien está convencido de que el Estado de Nicaragua está involucrado en las invasiones de tierras porque “permite que haya ese modelo de saqueo y despojo en esos territorios”.
El ambientalista también indica que muchos de los invasores armados son “desmovilizados del Ejército y de la Contrarrevolución que están vinculados con actividades ilícitas, tráfico de tierras, violaciones a derechos humanos de los indígenas, invasión y ocupación dedicados a la minería extractivista”. Su manera de protegerse es armándose y lo hacen con la complicidad de las autoridades, señala.
Por su parte, la socióloga Elvira Cuadra también considera que hay complicidad del Estado en estas invasiones. “Los colonos (invasores) son uno de los actores protagonistas, pero también hay otros que son importantes. Unos son los latifundistas que empujan a los colonos a desalojar a los indígenas y, por otro lado, el Estado que siempre ha actuado evadiendo su responsabilidad de proteger a las comunidades indígenas y de proteger sus derechos”, señala.
Un patrón común a la hora de invadir
Según la Procuraduría General de la República (PGR), se han entregado títulos de propiedad a 25 territorios indígenas que abarcan 315 comunidades. Sin embargo, la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN) sostiene que el Estado nicaragüense no ha honrado plenamente estos títulos de propiedad colectiva al no implementar la Etapa de Saneamiento establecida en la Ley No. 445, referida al Régimen de Propiedad Comunal.
La organización indígena añade que “el saneamiento consistente en determinar los derechos de las personas dentro de los territorios indígenas que alegan tener derechos de propiedad; lo que ha resultado en que el proceso de titulación se haya convertido en un proceso inconcluso, socavado por la violencia, creada por colonos armados que invaden los territorios indígenas; y por terceros que se han quedado en los territorios titulados”.
La abogada indígena Becky McCrea asegura que la etapa de saneamiento es la principal demanda de las comunidades; pero el incumplimiento del Estado ha traído consecuencias graves y daños irreparables, como el asesinato de comunitarios y defensores indígenas que han luchado y resistido por el respeto a sus derechos.
Esteban Gofrey Martínez, juez comunal de Klisnak, espera que el Estado cumpla con el saneamiento territorial. “Nuestra tierra madre está totalmente destruida, no tenemos tierras. Nuestro gobierno no se preocupa por nuestra raza indígena. Estamos totalmente aislados, abandonados”.
Mientras tanto, los relatos de los líderes indígenas de diferentes etnias consultados para esta investigación dejan entrever que los invasores han configurado un patrón al momento de invadir las comunidades. Primero investigan por un tiempo, que pueden ser días o semanas, y luego llegan armados para desalojar a los habitantes. Quien se resista, es asesinado. Queman todo lo que hay en la comunidad y transforman el uso del suelo para construir potreros o fincas ganaderas.
También deforestan la zona y plantan pasto para el ganado que llevan, pese a que muchos de estos territorios son áreas protegidas, en donde la actividad ganadera es ilegal.
Mediar con los invasores es casi imposible. Después de que los colonos se apropiaran de más de 25,000 hectáreas de territorio indígena en 2023, un líder indígena que pide anonimato cuenta que, en diciembre pasado, él y un grupo de nativos trataron de acercarse pacíficamente a los hombres armados para llegar a un arreglo y que les devolvieran sus tierras.
Esto lo hicieron porque cada vez que denunciaban el robo de sus tierras a las autoridades, nadie les hacía caso, y cansados de ser ignorados, decidieron actuar por su cuenta.
La mañana que fueron a hablar con los invasores, los indígenas tenían miedo. Pensaban que apenas los colonos los vieran, dispararían contra ellos. Al llegar al lugar, los indígenas llegaron con las manos arriba para que vieran que estaban desarmados.
-¡Solo queremos hablar! – gritaba el líder miskito, mientras los armados les apuntaban con sus fusiles
-¿Qué vienen a hacer ustedes aquí? – preguntó el líder de los invasores
- Solo queremos hablar y llegar a un acuerdo
-A ver. Hable
-Esta parcela nos pertenece.
-Si esto fuera de ustedes, estarían trabajando la tierra. Pero como nadie la está trabajando, nosotros la venimos a trabajar
-Vámonos a la Justicia entonces – sugiere el miskito
-Yo no tengo nada que ir a hacer con la Justicia. Esta tierra es mía. Ya váyanse. No hay nada que hablar
Los indígenas no pudieron llegar a un acuerdo y por temor a que les dispararan, decidieron retirarse. Ellos, al igual que los miles de indígenas desplazados en la Costa Caribe nicaragüense, están resignados a perder sus tierras.
