Pobreza, discriminación y desempleo: el exilio en Costa Rica de los indígenas nicaragüenses

A esa hora, cuando el paso del tren hace temblar y rugir la estructura de la casa hecha de madera y lata, empieza el día para Jahaira Salomon, una indígena nicaragüense exiliada en Costa Rica desde 2019. Comienza preparando el desayuno para su esposo, que recién encontró un empleo en construcción. “Se va temprano porque le queda largo y tiene que llegar puntual a las siete para que no lo echen”, comenta Salomon. Mientras él hace lo suyo, ella trata de conseguir dinero extra lavando y planchando ropa ajena, pero no siempre le va bien.

Su hija de cinco años se despierta una hora más tarde para asistir al colegio. Está empezando el segundo grado de primaria. “En clases va bien, pero los demás niños me la molestan. A veces regresa llorando”, cuenta Salomon. Sus compañeros de clases llaman despectivamente a la niña “siksa”, que significa “negra” en lengua miskita.

La familia de Jahaira Salomón llegó a Costa Rica en 2019 huyendo de la invasión de grupos armados a su comunidad llamada Kilsnak y ubicada sobre la ribera del río Waspuk, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Se asentaron en Los Rieles, donde ya estaban viviendo otros indígenas exiliados como ellos.

Los Rieles es una fila de casas de madera, zinc y plástico levantadas a unos tres metros de las vías del tren, junto a una calle polvosa que comparten transeúntes y vehículos. Si pasa un carro, las personas tienen que pasarse a los rieles, y cuando se acerca el tren, nadie se mueve hasta que la máquina pase. Del otro lado de los rieles hay un abismo de unos 30 metros que se ha convertido en un basurero. No hay muchos árboles en esta zona. Todo es árido y mientras avanza el día, el sol gana inclemencia.

Aquí viven cientos de indígenas nicaragüenses exiliados en Costa Rica. La mayoría de ellos en pobreza extrema, inseguridad, desempleo, algunos con hambre, otros enfermos, y casi todos en hacinamiento.

Para Salomon, lo más difícil de la vida en Los Rieles es la falta de acceso al agua potable, muy diferente a como era en su comunidad donde había abundante agua por estar cerca del río, en donde no le faltaban los alimentos, donde no tenía que buscar trabajo para sobrevivir, y en donde su hija no sufría discriminación.

Una vida dura y diferente

Los Rieles es solamente una de las ciudadelas en Costa Rica que los indígenas han llegado a habitar tras huir de Nicaragua. Según su vocera y también exiliada, Susana Marley, mejor conocida como Mama Tara (Mama Grande, en miskito), en este país hay más de 350 familias indígenas que han llegado buscando refugio de la violencia que viven en Nicaragua.

Además de Los Rieles, los indígenas se han aglomerado en zonas como Alajuelita, Alto Purral, Talamanca, Sixaola, Limón y La Carpio. Tanto en Los Rieles como en La Carpio es donde viven la mayoría de estos exiliados. Son unas 100 familias en ambas ciudadelas, según explica Susana Marley. Ella habita en La Carpio, fundada en los noventa principalmente por nicaragüenses que llegaron a Costa Rica durante la anterior diáspora de Nicaragua.

Las condiciones en este lugar no son tan diferentes a la de Los Rieles. Aunque hay calles pavimentadas y más establecimientos comerciales a la vista, los indígenas igual viven en pobreza extrema, hacinamiento y también tienen que lidiar con problemas de inseguridad y desempleo.

Marley, de 66 años, es originaria de Wangky Maya, una comunidad indígena en Cabo Gracias a Dios, en el Caribe Norte de Nicaragua. Muy joven se fue a vivir a la capital Managua para estudiar Sociología, y una vez que terminó empezó a trabajar en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, participó en protestas opositoras al gobierno y reclamó justicia cada vez que sabía de alguna masacre de indígenas por parte de invasores.

Su activismo valió para que las autoridades nicaragüenses emitieran una orden de captura en su contra en diciembre de 2021 y la Policía allanara su casa. Ese mismo mes, decidió huir hacia Costa Rica junto a dos de sus hijos.

El exilio de los indígenas nicaragüenses tiene antecedentes. En los años ochenta, cuando Nicaragua empezó a ser gobernada por el sandinismo, el Ejército desplazó de sus territorios obligatoriamente a miles de indígenas para que estos no se unieran a la Contrarrevolución, la guerrilla financiada por Estados Unidos que se mantuvo en guerra con los sandinistas entre 1979 y 1990, y que tenía bases en los territorios indígenas. Esto provocó que miles de nativos huyeran hacia Honduras, principalmente.

La migración de indígenas se repite a partir de 2012, cuando empiezan a sufrir violencia y el despojo de sus tierras por parte de grupos armados; y se intensifica a partir de 2018, cuando estalló la crisis política en Nicaragua y muchos indígenas empezaron a ser objeto de persecución política por participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Históricamente, los indígenas nicaragüenses han huido hacia Honduras debido a que parte de la costa caribeña de ese país es considerada por ellos como su territorio ancestral. Sin embargo, Marley señala que grupos ligados al narcotráfico y el crimen organizado se han tomado esos territorios y aunque no los han desplazado, como ha sucedido en Nicaragua, no se sienten seguros al ver a terceros armados. Por ello, ahora prefieren migrar a Costa Rica.

Una líder indígena originaria de la Costa Caribe hondureña, que solicita anonimato, secunda que en esa zona operan grupos armados dedicados al narcotráfico, quienes ocupan su territorio como base para enviar drogas que vienen desde Sudamérica hacia Estados Unidos. “Esta es una zona estratégica para la ruta de la cocaína porque está alejada de las autoridades y está cerca del mar, así que pueden mover su droga por el océano o por aire sin ser detectados”, cuenta.

Estos grupos armados mantienen amenazados a los habitantes de la costa Caribe hondureña, según relata la líder indígena, y los comunitarios no tienen más remedio que tolerar su presencia. En algunos casos, los indígenas colaboran con estos grupos debido a la falta de empleo en la zona.

“Los que vienen de Nicaragua pueden encontrar refugio, pero es muy difícil que alguien les dé trabajo, a no ser que sean familiares”, señala la líder indígena.

Para los indígenas, el exilio representa un cambio radical en sus vidas. Susana Marley explica que los nativos están acostumbrados a vivir de la tierra, el bosque y los ríos. Nunca antes habían requerido trabajar para alguien más y mucho menos pagar el alquiler de una casa, o pagar por comida y demás necesidades básicas, pues los indígenas en sus tierras eran autosuficientes.

Vivían de su propio trabajo en el campo, de la crianza de cerdos, gallinas, cabras y otros animales, y de la pesca. Pero en Costa Rica les ha tocado dedicarse a la construcción, a trabajar como choferes, repartidores de comida, guardas de seguridad, o como peones cortando piñas, caña de azúcar, café y cítricos, mientras que las mujeres, normalmente, encuentran trabajos como empleadas domésticas, cocineras o lavando y planchando ropa ajena.

“En nuestro territorio teníamos una casa para cocinar y otra para dormir”, señala Sinforosa Davies Labonte, otra indígena exiliada en Costa Rica y que vive en condiciones de hacinamiento en un pequeño cuarto que alquila en La Carpio. Comparte cama con su hijo mayor de 32 años y su nuera. En el suelo, tienden un colchón pequeño en donde duerme su otro hijo de 27 años.

En el cuarto de al lado, que es más chico, sus otros dos hijos comparten cama. “No tenemos privacidad”, lamenta Davies, y no para de recordar cómo era su casa en Waspán: “Un patio grande con una sombra riquísima para descansar en una hamaca. Los cultivos, el río, el bosque. Todo era precioso hasta que tuvimos que venir aquí”.

Davies Labonte llegó a Costa Rica en 2018 porque participó en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en Waspán. Dos meses después, un grupo de hombres armados se tomó las tierras de su familia en esa localidad y, por esa razón, la indígena de 56 años decidió huir de Nicaragua junto a cuatro de sus ocho hijos. Temía por su vida y la de su familia.

Una vez que salió de Nicaragua, se topó con el reto de encontrar dónde vivir y gracias a la solidaridad de otros indígenas que habían llegado meses antes, pudo dormir bajo un techo. Luego le tocó buscar empleo, pero se le ha dificultado mucho por su edad. De los cuatro hijos que llegaron con ella a Costa Rica, solo uno tiene empleo como guarda de seguridad. Él es el único sustento del hogar, “pero es muy poco lo que gana. No alcanza para mantenernos todos”, comenta.

El acceso a la salud y la barrera del idioma

Entre los principales problemas que enfrentan los indígenas nicaragüenses exiliados en Costa Rica están el acceso a la salud y el poco dominio que tienen del español.

Carmelita Erdiana Julio Peachy, de 61 años, murió el 30 de noviembre de 2023. Su sobrina Shaneilys Dixon relata que Julio Peachy vivía exiliada en Limón desde septiembre del año pasado. No tenía empleo. Tampoco documentos porque había entrado de manera irregular a Costa Rica y, como no hablaba bien el español, no había podido presentar una solicitud de refugio.

Era originaria de la comunidad Raity Pura, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, y llegó a Costa Rica junto a familiares porque su casa fue tomada por grupos armados que la despojaron de todo lo que tenía.

En los primeros días de noviembre, Julio Peachy empezó a sentir malestar general, tenía fiebre e hinchazón en las piernas. Fue al hospital Tony Facio Castro en busca de atención médica, pero según Dixon, “una enfermera le dijo que no se podía hacer mucho por ella. Solo le podían dar un suero y después la mandaron para la casa porque no tenía seguro médico ni documentos”. Al día siguiente, la mujer falleció.

El diario La Prensa consultó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), responsable de los hospitales en ese país, sobre los motivos por los cuales se negó la atención a Julio Peachy, y la institución respondió que contrario a la versión de los familiares, la mujer sí había sido atendida.

“Se le realizaron los estudios pertinentes para determinar las causas de su consulta y recibió la terapéutica indicada por parte de los médicos tratantes”, dijo la CCSS, y agregó que la paciente estuvo en observación por dos días hasta que un familiar decidió sacarla del hospital.

De esto último, la CCSS no presentó ningún documento que compruebe su versión, mientras que la sobrina de la víctima insiste en que “están mintiendo”.

Para Susana Marley, este caso evidencia las dificultades que tienen los indígenas para acceder a los servicios de salud en Costa Rica, pues, para recibir atención médica, las personas deben estar aseguradas y en caso de que no lo estén, el hospital puede cobrar por la atención brindada después de la consulta. Pero en el caso de Julio Peachy esto último no sucedió y tanto Marley como Dixon sostienen que la atención le fue negada por ser una indígena migrante sin documentos.

Hasta el cierre de este reportaje, los familiares siguen sin saber cuál era la enfermedad que tenía Julio Peachy y que causó su muerte. Le realizaron una autopsia cuyos resultados estarán listos en febrero. Dixon relata que el cadáver de su tía estuvo en una morgue por más de un mes hasta que pudieron repatriar su cuerpo y enterrarla en Laguna de Perlas, en la Costa Caribe Sur, cerca de la comunidad donde es originaria. “No queríamos cremarla. Queríamos que descansara en su tierra”.

Al igual que Julio Peachy, la mayoría de indígenas no domina el español y solamente puede comunicarse con su idioma nativo, que es el miskito. Pero también están las lenguas rama, inglés creole, garífuna y sumo, dependiendo de la etnia de la que procedan.

Esto representa una dificultad para presentar una solicitud de empleo e incluso, como en el caso de Julio Peachy, muchos no han podido tramitar un pedido de refugio ante el Estado de Costa Rica porque no entienden el procedimiento, ya que los formularios están en español.

Para este reportaje, se consultó a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) sobre qué mecanismos tiene para atender las solicitudes de refugio de indígenas que no hablan español. A través de un correo electrónico, su oficina de prensa respondió que la Unidad de Refugio de esa institución pone en práctica un proceso que llaman fusionado, con el cual aseguran que garantizan que haya un intérprete que pueda acompañar a los indígenas en su gestión.

“Por las características de esta población se requiere contar con un intérprete, pues en muchos casos no hablan español. Esta Dirección General, con el fin de procurar la mejor atención, realiza las coordinaciones necesarias para que estos cuenten con un intérprete que garantice que el proceso se lleve de forma transparente y en apego del Principio del Debido Proceso”, detalló la DGME. Sin embargo, la líder indígena Susana Marley asegura que tanto ella, como otros indígenas, desconocen de este proceso.

La barrera del idioma trasciende hasta a los menores de edad. En el caso de la hija de Jahaira Salomon, ella ha aprendido español desde que llegó a Costa Rica, pero ha visto casos en que algunos niños indígenas no han podido acceder a la educación porque solamente dominan su idioma nativo. Además, otros pequeños se burlan de ellos.

“A todos estos niños los discriminan los otros niños ticos. Se burlan de su color de piel, de que usan trenzas en su cabello, de que no hablan bien el español. A mi niña por eso mismo le dicen “siksa”. Ella no debería sentir vergüenza de ser negrita porque ese es su origen, pero siente vergüenza porque todas esas burlas la hacen sentir mal”, comenta Salomon.

De acuerdo a las cifras que maneja Susana Marley, hasta octubre de 2023 son más de 400 niños indígenas nicaragüenses los que han llegado a Costa Rica con sus padres buscando refugio. De todos ellos, menos de 100 han podido empezar a estudiar en una escuela. “El principal problema es que no hablan español y aquí las clases son en ese idioma, pero también sus padres no tienen dinero para mandarlos a clases”, señala.

Según Marley, muchos de estos menores van a clases solamente dos o tres veces a la semana porque sus familias no tienen plata para los pasajes de autobús. En el caso de Jaharia Salomon, el colegio de su hija queda a pocas cuadras, así que ella la lleva y trae todos los días.

Otro problema que enfrentan los indígenas, señala Marley, es el desempleo, pues muchos no tienen para pagar el alquiler de sus casas, que ronda entre los 200 y 400 dólares. Tampoco tienen para comprar comidas o para el pasaje del transporte. La misma Marley está viviendo su propio drama. Ella habita junto a su hija Xochilt de 36 años, su otro hijo de 40 y un nieto de ocho. Todos se acomodan en un pequeño cuarto del que ya deben dos meses de alquiler.

De todos ellos, solamente su hijo tiene empleo como peón de construcción, pero sus ingresos no son suficientes. A Marley también le afectan sus problemas de salud. Es diabética, hipertensa y tiene problemas en sus rodillas. “De la cintura para arriba estoy bien, pero de la cintura para abajo todo me falla”, explica.

Cada vez que se da cuenta de una nueva masacre contra indígenas en Nicaragua, ella llora. “Nos siguen matando y somos humanos, aunque seamos negritos somos humanos”, reclama.

Para los indígenas, la fe es muy importante. Ellos son creyentes de la religión morava, pero en Costa Rica no tienen más alternativa que asistir a iglesias evangélicas. Y también en estos espacios tienen el problema del idioma, pues la prédica es en español.

En Los Rieles, los indígenas han podido formar una iglesia morava y se celebran actividades religiosas cada fin de semana, pero quienes viven en las otras ciudadelas no pueden llegar hasta ahí porque no siempre tienen dinero para el transporte. Sinforosa Davies Labonte comenta que a ella le gustaría ir todos los domingos a esa iglesia, pero prefiere ahorrar lo del pasaje para comprar comida durante la semana.

Por su parte, Marley procura ir al menos un domingo al mes y, si no, asiste a una iglesia evangélica que queda cerca de donde vive y en donde el pastor le permite cantar en miskito. “Cantan alabanzas en español y nosotros queremos cantar en nuestra propia lengua. Yo canto con ellos, pero la mayor parte de nuestra gente aquí en el exilio son de habla miskito y yo le pedí al pastor cantar en mi lengua materna la canción de “Cristo no está muerto, Él está vivo”, y me lo permite. Yo disfruto de ese momentito”, comenta.

Los exiliados indígenas no pierden la esperanza de que volverán a sus tierras en algún momento. “Todo es resistir a este exilio”, dice Davies Labonte, mientras que Marley sueña con ver nuevamente a los suyos sembrando, pescando, bañándose en los ríos, cazando.

Mientras tanto, sus vidas deberán continuar en Costa Rica, pues “si regresamos nos echan presos o nos matan”, señala Marley. Para ella, mientras Daniel Ortega esté en el poder, regresar a Nicaragua no es una opción. Jahaira Salomon piensa lo mismo, y agrega que el problema no es solamente el gobierno sandinista, sino también los invasores de sus tierras.

“Por supuesto que queremos volver, pero esa gente no va a devolver nuestras tierras de un día para otro”, señala Salomon, quien hasta que no pueda regresar a su comunidad seguirá despertándose con el rugido del tren que hace temblar su casa cada madrugada.