La dictadura y su afán de engullir municipios fronterizos

Las dimensiones del impacto de la nueva normativa jurídica sobre los territorios fronterizos (Ley No.1258) son hasta ahora inmensurables si se toma en cuenta que en estos además de la propiedad privada productiva (fincas, haciendas, parcelas), se ubican ciudades enteras, enormes yacimientos auríferos, importantes áreas protegidas y territorios indígenas.

¿Cómo afecta a los municipios de cada departamento fronterizo y la vida de sus pobladores?, ¿Cuál es el verdadero trasfondo de esta Ley?, ¿Tiene el Estado la capacidad real de ejercer absoluto control sobre estos territorios?, ¿Hay un plan de depredación de los recursos naturales en los territorios afectados? En este reportaje buscamos respuesta a estas interrogantes.

Primera Entrega 

Municipios en el borde del olvido

El municipio de Dipilto, fronterizo con Honduras, el segundo más pequeño del departamento de Nueva Segovia después de Ocotal; tiene una extensión territorial de 104.9 kms². Actualmente posee, según proyecciones del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), 7,238 habitantes, quienes sostienen la economía local a través de la producción de café, plátanos y granos básicos, aunque también hay un sector poblacional que se dedica a rubros como la ganadería a pequeña escala, el comercio y el turismo.

Dipilto posee un enorme potencial. Tiene fincas ecoturísticas, es productor de café, es la sede del Santuario Nacional Virgen de La Piedra, está atravesado por la Carretera Panamericana, y tiene habilitado en su borde fronterizo con Honduras el puesto de Las Manos; pese a todo lo anterior, este municipio segoviano se ubica, según el Mapa de Pobreza de Nicaragua, entre los municipios con pobreza media, y como ocurre con otros municipios en Nicaragua, es para muchas personas de la capital y otras cuidades de la zona central del país, un municipio prácticamente desconocido.

Si bien, esta bella localidad segoviana, con una población eminentemente rural (86%), no ha alcanzado mayor desarrollo durante las últimas décadas, sus habitantes han logrado realizar sus actividades cotidianas y labores productivas con relativa normalidad.

Sin embargo, ese relativo sosiego podría estar llegando a su fin tras la promulgación en la Asamblea Nacional, el pasado 5 de agosto, de la Ley de Territorios Fronterizo (Ley N°. 1258), la que estatuye que el área que comprende 15 kilómetros desde el límite fronterizo hacia el interior del territorio nacional, pasa a ser propiedad del Estado.

Es pertinente destacar que la totalidad de la extensión territorial del municipio de Dipilto queda dentro de la franja de 15 kilómetros que ahora, según la ley, son “propiedad del Estado”, por tanto, sus más de siete mil pobladores, si bien podrán seguir habitando donde siempre lo han hecho, de acuerdo a declaraciones del diputado sandinista Edwin Castro, legalmente ya no serán dueños de sus propiedades, y en consecuencia no podrán venderlas ni heredarlas, dejándolos en una verdadera e inquietante encrucijada jurídica.

En teoría, según lo que establece la nueva Ley, el municipio de Dipilto, por estar en su totalidad dentro de los 15 kilómetros de territorio fronterizo, pasa a ser “propiedad del Estado”, pero no es el único municipio corriendo con ese absurdo destino. En total son 27 municipios afectados, 22 parcialmente y 5 en la totalidad o casi la totalidad de su superficie.

Los municipios “engullidos” por el régimen en la frontera norte

En la misma franja fronteriza norte del departamento de Nueva Segovia, al que pertenece Dipilto, se ubican siete municipios más: Santa María, Macuelizo, Mozonte, San Fernando, Jalapa, Murra y Wiwilí, siendo Nueva Segovia el departamento con mayor número de municipios cuya ley deja a la mayoría de su población en un limbo jurídico.

Al noroeste de la frontera con Honduras, está Chinandega, el segundo departamento más afectado: seis de sus municipios están en el borde fronterizo, la totalidad de la superficie de dos de ellos (San Francisco del Norte y San Pedro del Norte), dentro de la franja de 15 kilómetros que ahora se adjudica el Estado como propia.

Madriz es el tercer departamento fronterizo norteño con municipios dentro de la franja intervenida. Cuatro de sus nueve municipios (San José de Cusmapa, Las Sabanas, San Lucas y Somoto), están condenados al afán confiscatorio y depredador de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La extensa franja fronteriza que se ubica al noreste de Nueva Segovia corresponde al departamento de Jinotega, aquí son dos los municipios cuya parte de su territorio colinda con Honduras: Wiwilí y San José de Bocay, los que a la vez forman parte de la Reserva de Biosfera de Bosawás, la mayor reserva forestal de Centroamérica.

En la misma frontera norte, pero en la zona del Caribe nicaragüense, también se ve afectado el municipio de Waspam, el más extenso de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, (9.342 km²) su frontera natural es el Río Coco, en cuyas riberas ancestralmente han habitado pueblos indígenas de las etnias miskitas y mayagnas.

Frontera sur: cinco municipios usurpados

El borde fronterizo sur de Nicaragua en su extensión de este a oeste, tiene menos de la mitad de lo que se extiende la frontera norte, pero es abundante en riquezas minerales, acuíferas, boscosas y por tanto con una inmensa biodiversidad que alberga miles de especies de flora y fauna.

Comprende los departamentos de Rivas al oeste, y Río San Juan al este, los que comparten aguas del gran lago de Nicaragua. Los municipios de Rivas fronterizos con Costa Rica son San Juan del Sur y Cárdenas. Los municipios riosanjuaneños que se ubican en la frontera son: San Carlos, El Castillo y San Juan de Nicaragua. Estos cinco municipios sureños entran en el descomunal conflicto que genera la nueva Ley de Territorio Fronterizo.

Lo que se percibe en estas poblaciones según un líder comunitario

Conversamos con un poblador de uno de los municipios norteños afectados, identificado en su comunidad como líder comunitario. Por su seguridad solicitó no solo omitir su nombre, sino incluso el municipio en el que habita, u otra referencia que pudiera dar pistas de su identidad o ubicación. Bajo esa condición accedió a atendernos. Habló con mucha cautela.

Aquí lo identificamos como “Marco”, nombre ficticio que hemos elegido para proteger su verdadera identidad. De entrada nos dijo que está claro que la ley de fronteras sopone una serie de repercusiones para la vida de las poblaciones asentadas en la franja fronteriza, pero cree que esas repercusiones se verán más adelante, considera que por ahora lo que la ley establece se quedará en el papel.

“Por ahora no se siente que nos afecte; creo que la gente de estas comunidades no percibe por ahora el daño que pueda traer” afirma Marco, quien seguidamente añade que “a lo mejor más adelante cuando estemos más claros de los objetivos que no sabemos”.

Al preguntarle ¿Qué expresa o comenta la gente al respecto? Marco responde que “los comentarios son como por debajo. Creo que hay temor” reconoce.

En relación a que, si la población tiene temor de ser expropiada o confiscada, refirió que sabe de personas que sí tienen temor, “hay personas que creen que el Ejército o bien otras autoridades civiles, podrían llegar a ocupar sus propiedades”.

Reconoce que, si bien poco se habla del tema, también ser percibe, entre lo poco que se comenta, que mucha gente siente una relativa seguridad en relación al derecho de posesión sobre sus propiedades, ya sea porque les fueron heredadas, porque las adquirieron legalmente o incluso porque les fueron otorgadas por el Estado en la década de los ochenta.

También refiere que en la zona hay muchas propiedades sin legalizar, personas que han sido heredadas “de boca” o bien con gestiones estancadas o en proceso. “Creo que esos son los que corren más riesgo, no sabemos si eso quedará estancado hasta que se reglamente la ley” aduce a la vez que agrega que “la realidad es que, aunque ahorita no se ve, pero puede darse y se puede incrementar la zozobra más adelante”.

Al preguntarle si cree que tras la promulgación de esta ley hay otro trasfondo más allá de los argumentos que la misma ley incluye, Marco refiere que “algo debe haber que nosotros no sabemos”.

El líder comunitario señala que “esto es albarda sobre aparejo, porque eso de soberanía, integridad territorial, seguridad, es para todo Nicaragua, no solo para 15 kilómetros adentro de la frontera (…), cuando digo albarda sobre aparejo es porque esta ley es sobrancera. Aquí todos somos Estado, además, ¿no dicen ellos pues que ahora, todos somos pueblo presidente?”.

Por otro lado considera que la ley es inviable porque el gobierno no tiene capacidad de ejercer control sobre todo ese territorio fronterizo. “No hay tantos funcionarios, soldados y policías para estar por todos lados. Es imposible” acota a la vez que critica que en los últimos años el régimen se ha dado a la tarea de aprobar leyes inviables y sin consultar a la población.

“Hoy sacan una ley y mañana otra que a mi parecer son como inviables; sacadas de la noche a la mañana, incluso no son consultadas con quienes son afectados (…) como miembro de estas comunidades y líder comunitario me gustaría opinar antes. No después. Las leyes en los últimos tiempos caen como un bojazo” remata.

Radiografía de los departamentos fronterizos del norte de Nicaragua

Para comprender las dimensiones de lo que implica la nueva Ley de Territorio Fronterizo, en este reportaje Onda Local se ha propuesto caracterizar cada departamento afectado, presentando una breve reseña en la que se destacan elementos geográficos, sociodemográficos, socioeconómicos y culturales de los municipios ubicados en el borde fronterizo.

Luego se presenta un análisis de las posibles consecuencias y escenarios que en el contexto de la normativa catalogada por juristas como confiscatoria, podrían generarse en el mediano plazo, tomando en cuenta acciones como el otorgamiento de concesiones mineras a empresas chinas, la depredación ambiental, así como elementos represivos y de control ciudadano ejecutado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto al limbo jurídico al que la nueva ley somete a estos municipios y sus poblaciones.

El departamento de Chinandega, con una extensión territorial de 4,822 kms², y cerca de medio millón de personas, es el quinto departamento más poblado de Nicaragua. Comprende 13 municipios, 6 de los cuales están en el borde fronterizo: Puerto Morazán, Somotillo, Santo Tomás del Norte, Cinco Pinos, San Pedro del Norte y San Francisco del Norte.

Puerto Morazán, el más occidental de los municipios fronterizos chinandeganos que colindan con tierra firme hondureña, tiene como cabecera el poblado de Tonalá. Este municipio ostenta el privilegio de estar ubicado en una zona estratégica cercana al Golfo de Fonseca y flanqueado al sur por el río Estero Real, que forma parte de la Reserva Natural Estero Real, la que cuenta con importantes ecosistemas acuáticos y terrestres.

En el Municipio de Somotillo se encuentra el puesto fronterizo de El Guasaule, a solo cinco kilómetros del casco urbano municipal. Este puesto fronterizo es el más importante a lo largo de la frontera norte, por el que se estima circula aproximadamente el 80% del comercio intrarregional. En este convergen oficinas de aduanas y controles migratorios con el comercio local, constituyéndose un punto clave de la economía del municipio. Sus tierras agrícolas producen caña de azúcar, maní, ajonjolí y plátanos. En Somotillo, el río Guasuale sirve de frontera natural entre Nicaragua y Honduras.

Santo Tomás del Norte, el más pequeño de los municipios chinandeganos, tiene una extensión de apenas 39.9 kms² y una población de 9,395 habitantes, según una estimación del Inide de 2022. Este municipio se divide en nueve comarcas que aglutinan 25 comunidades rurales. El casco urbano municipal está compuesto por cinco barrios. El 74% de la población del municipio es rural y su economía se sostiene de las actividades agrícolas y ganaderas. Santo Tomás del Norte es uno de los municipios cuya totalidad de su extensión territorial queda dentro de los 15 kilómetros de territorio fronterizo.

Cinco Pinos, con una extensión de 60.38 kms² y una población de 7,317 habitantes (proyección Inide 2022), es un municipio cuyas principales actividades económica tradicionalmente han sido la agricultura y la ganadería, y más recientemente el comercio y el turismo. Aproximadamente el 90% de su superficie territorial queda enclavada dentro de los 15 kilometro que la Ley 1258 declara Territorio Fronterizo.

El municipio de San Pedro del Norte, con 71.50 kms² y 5,361 habitantes (el 80% rural), es el tercer municipio fronterizo más pequeño de Chinandega después de Santo Tomás del Norte y Cinco Pinos. Sus habitantes subsisten principalmente de la agricultura de granos básicos y ajonjolí. Más recientemente en este municipio se promueve el turismo rural. Este el segundo municipio fronterizo Chinandegano condenado en toda su extensión territorial a los entresijos jurídicos que establece la nueva Ley de Territorios Fronterizos aun sin reglamentar.

Con 120.3 kms² y 7,396 habitantes según estimaciones del Inide, el municipio de San Francisco del Norte, es el sexto municipio de Chinandega que queda en la margen fronteriza norte del país. Es un municipio eminentemente agrícola, el 78.8% de su población es rural. San Francisco del Norte es otro de esos pequeños municipios fronterizos que parecen ser vetados por la agenda mediática nacional, pues son muy pocas las noticias que se divulgan sobre lo que en esta localidad ocurre.

Concesiones mineras en la Chinandega fronteriza

Con la incursión de empresas mineras de capital chino, el departamento de Chinandega se ha convertido en uno de los principales enclaves para el extractivismo, sobre todo la minería a cielo abierto. 

En cinco de los 13 municipios de este departamento el régimen Ortega Murillo ha entregado concesiones mineras, cuatro de estos ubicados en la frontera con Honduras.

En el periodo comprendido entre diciembre de 2023 y abril 2024, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), benefició a las compañias chinas Thomas Metal S.A y Brother Metal S.A con un total de 19,579.4 hectáreas distribuidas entre Somotillo, Cinco Pinos, San Pedro del Norte y Villanueva. 

El 30 de septiembre de 2025, el MEM oficializó la entrega de 3,115.50 hectáreas más en el municipio de Villanueva, está vez a la empresa Norther Mining Company S.A, una compañía de la cual antes de esta fecha se desconocía su existencia.

Los municipios fronterizos del departamento de Chinandega poseen importantes yacimientos auríferos. Según registros históricos algunos fueron explotados durante las primeras décadas del siglo XIX, y luego en el siglo XX, pero en la actualidad, con la llegada de las empresas chinas, la extracción de oro parece volver a tomar auge. Cabe también destacar que desde décadas atrás, se ha venido practicando la minería artesanal principalmente en antiguas minas abandonadas en Villanueva.

El departamento de Madriz es el cuarto más pequeño de Nicaragua después de Masaya, Granada y Carazo. Tiene una superficie de 1,708 kms² y está conformado por nueve municipios: Somoto su cabecera, Totogalpa, Telpaneca, San Juan de Río Coco, Palacagüina, Yalagüina, San Lucas, Las Sabanas y San José de Cusmapa. Cuatro de estos municipios entran en la lista de territorios confiscables según la Ley de Territorios Fronterizo.

La principal actividad económica de este departamento es la agricultura y en menor medida la ganadería. Sin embargo, la producción de granos básicos, café y hortalizas, en muchas comunidades de sus municipios, es principalmente para el autoconsumo y en menor medida para su comercialización en los mercados locales, a excepción de San Juan de Río Coco que se destaca por una mayor producción de café.

La baja productividad se debe a que varios municipios de Madriz se ubican en el llamado Corredor Seco, una zona caracterizada por sequías prolongadas que provocan escasez de agua a lo largo del año producto de los efectos del cambio climático, lo que a la vez ubica a Madriz como uno de los departamentos con los más altos índices de pobreza y altos niveles de migración.

No obstante, tiene riquezas ocultas. Madriz posee en sus entrañas recursos minerales, como oro, plata y cobre, entre otros. Este departamento también es la sede de tres importantes áreas protegidas.

Somoto, es la capital departamental de Madriz. En este municipio de 466.2 Kms² y 40,573 habitantes, la gente subsiste principalmente de la agricultura, la ganadería y el comercio. El municipio también es reconocido por la elaboración de rosquillas, las que incluso se fabrican para su exportación. 

A 18 kilómetros del casco urbano del municipio está el puesto fronterizo El Espino, por el que transita las 24 horas transporte pesado con mercaderías a diferentes destinos de Centroamérica.

Al sur de Somoto está el municipio de San Lucas que también limita al oeste con Honduras. Más de la mitad de la extensión territorial de este municipio se encuentra dentro de los 15 kilómetros de territorio fronterizo.

Este pequeño municipio con 16,900 personas distribuidas en 30 comunidades, tiene una superficie de 152  kms². Su población subsiste principalmente de la siembra de granos básicos, en la parte más alta se produce café.

Las Sabanas con 64.5 kms², y 5 mil habitantes, es el municipio más pequeño de Madriz. Lo conforman nueve comunidades cuya población subsiste principalmente de las labores agrícolas. Este municipio posee un atractivo natural: La laguna “La Bruja”, la que forma parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural Tepesomoto-La Patasta.

El cuarto municipio de Madriz fronterizo con Honduras es San José de Cusmapa. Con 129.9 kms² y una población de 8,505 habitantes, de los cuales el 74% es rural, queda enclavado casi en su totalidad en los 15 kilómetros de territorio fronterizo. Este municipio subsiste de la agricultura y la ganadería. Entre sus cultivos sobresalen el café y los granos básicos, pero su producción es generalmente para el consumo local. También ha sido un municipio donde se ha dado la extracción de recursos forestales.

Las áreas protegidas en la frontera madricense

Madriz posee tres categorías de áreas protegidas: una Reserva Natural, un Geoparque y un Monumento Nacional.

La Reserva Natural Serranías de Tepesomoto-La Patasta, es un área de 10,068.84 hectáreas con diversos ecosistemas, que comparten los municipios de Somoto, San Lucas, Las Sábanas y San José de Cusmapa, y se extiende hasta los municipios de Pueblo Nuevo y San Juan de Limay del departamento de Estelí.

De acuerdo al Plan de Manejo de esta reserva, diseñado por el Marena, gran parte de los suelos están siendo utilizados para el cultivo de granos, algunas zonas han sido destinadas para plantaciones de café y actividad ganadera, “lo que ha causado un significativo impacto sobre los recursos del área, puesto que estas actividades han sido desarrolladas sin planificación alguna.”

La segunda área protegida en Madriz, es el Geoparque Río Coco, el que también atraviesa los cuatro municipios fronterizos afectados por la nueva ley y se extiende hasta Totogalpa, por lo que este pasa a ser también un área protegida con alto riesgo de ser saqueada. Su importancia radica en que posee riquezas geológicas, naturales, arqueológicas, culturales e indígenas.

La tercera área protegida de Madriz es el Monumento Nacional Cañón de Somoto, una impresionante estructura geológica también conocido localmente como "Namancambre". Forma parte junto a la Laguna La Bruja en Las Sabanas, y otros pequeños geositios de este departamento, del Geoparque Río Coco. El Cañon de Somoto se ubica a 12 kilómetros de la ciudad de Somoto, muy cerca del puesto fronterizo El Espino.

Concesiones mineras en Madriz

Madriz tampoco ha escapado al afán depredador de la dictadura y las compañías chinas atraídas por el oro. Aquí también las concesiones para la explotación minera están a la orden del día.

El 6 de febrero de 2025 el MEM entregó a la empresa china Brother Metal, un lote de 1,629.72 hectáreas ubicado en Somoto, este como parte de un paquete de concesiones que abarca un área de 24,612.13 hectáreas que incluye varios municipios de Nueva Segovia y que se extiende hasta Madriz.

Si bien, en los otros tres municipios fronterizos de Madriz no se han otorgado concesiones mineras, en cuatro de los nueve municipios que conforman este departamento (Totogalpa, Palacagüina, Telpaneca y San Juan de Río Coco), entre el 17 y el 22 de julio de 2025, el régimen entregó cerca de 40 mil hectáreas a la empresa Global Group, que, según denuncias de ambientalistas, es una empresa vinculada al régimen y manejada por testaferros.

El 30 de septiembre pasado, el MEM oficializó la entrega de 2,185.97 hectáreas más en el municipio de San Juan de Río Coco a una nueva empresa china denominada Three Gold Coins Company S.A.

La extracción del oro en los departamentos segovianos data de tiempos de la colonización española, y posteriormente tuvo un nuevo auge a inicios del siglo XIX, luego que exploradores norteamericanos y alemanes investigaron varios yacimientos en la zona. Con la llegada de las compañías chinas, su ambición depredadora, y el beneplácito del régimen Ortega Murillo, se está gestando una nueva fiebre por el oro, la que se avizora mucho más agresiva. Con esta se abre nueva etapa de extactivismo y devastación de los recursos naturales.

La Ley de Territorio Fronterizo y la entrega de concesiones para la explotación minera a empresas chinas, parecen ser dos acciones concretas de un estrategia de la dictadura para sostenerse en el poder a cualquier costo, lo que ha significado una oportunidad lucrativa para China. ¿Será esto parte del verdadero trasfondo de esta Ley?, ¿Tiene el régimen la capacidad de ejercer absoluto control sobre estos territorios?

Le invitamos a descubrir este y otros aspectos relacionados en la segunda entrega de este reportaje:  Ley de fronteras revive memoria de la década de los ochenta