Ley de fronteras revive memoria de la década de los ochenta
Tras la aprobación de la Ley de Territorio Fronterizo (Ley 1258), un total de 18,720 kms² del territorio nacional, quedan, en teoría, bajo el dominio y control de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque según dicha Ley, pasan a ser “propiedad del Estado”. Con tal disposición el uso de dichos territorios queda a discreción de la pareja dictadora y los órganos supeditados a esta, por lo que miles de propiedades en 27 municipios afectados están en riesgo de ser ocupadas, expropiadas o confiscadas. Curiosamente, durante los últimos meses y de manera expedita, miles de hectáreas ubicadas en varios de estos municipios, han sido entregadas en concesión a empresas chinas para la explotación minera.
Segunda Entrega
Ocho municipios del departamento de Nueva Segovia, dos de Jinotega, y el municipio de Waspam en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), todos en la frontera norte, son afectados con la Ley de Territorio Fronterizo promulgada el 5 de agosto de 2025.
En la frontera sur, dos municipios de Rivas y tres de Río San Juan, también entran en la lista de territorios fronterizos estatizados, la mayoría de estos a la vez están amenazados con la depredación de gran parte de sus recursos naturales por parte de compañías chinas, a las que la dictadura Ortega Murillo está entregando en bandeja de plata miles de hectáreas para la explotación minera.
Tanto en los territorios del norte como del sur, la amenaza se agrava porque muchas de las áreas concesionadas están dentro de las dos más importantes Reservas de Biósfera del país (reconocidas por la UNESCO), Bosawás en el norte, y Río San Juan en el sureste, también parte de estos territorios están habitados desde tiempos ancestrales por pueblos indígenas. El medio ambiente, los derechos humanos fundamentales y la vida misma están ahora bajo un mayor y latente riesgo de ser arrebatados.
Nueva Segovia es un departamento cafetalero atravesado por la cordillera de Dipilto y Japala en la que destaca el cerro Mogotón, el punto más elevado de Nicaragua con 2,108 metros de altura. Nueva Segovia es a la vez una de las primeras regiones del país colonizada por los españoles, por lo que su explotación aurífera data del tiempo de la conquista.
Sus municipios fronterizos con Honduras, son eminentemente rurales o semirrurales, rodeados de altas montañas con extensos bosques de coníferas, ríos y cascadas que alojan diversidad de flora y fauna. Este departamento posee 12 municipios, 8 de estos limitan con Honduras.
Santa María, con una superficie de 157.5 kms² y 5,193 habitantes, (83.4% rural), es un pequeño municipio, que al igual que Dipilto (descrito en la primera entrega de este reportaje), la totalidad de su extensión territorial queda dentro de los 15 kilómetros de territorios fronterizos definidos en la nueva ley, y es también otro municipio del que poco se habla más allá de sus fronteras. Su población subsiste principalmente de la agricultura de granos básicos y café, aunque también existe la ganadería en pequeña escala.
Macuelizo, otro municipio montañoso con abundantes riquezas naturales. Tiene una extensión de 254.6 kms² y 7,326 habitantes, cuyo 88% es rural. Su actividad productiva se base en la agricultura y la ganadería, destacando los granos básicos y el café entre sus cultivos. Con la Ley de Territorio Fronterizo, más de la mitad de su superficie queda atrapada dentro de los 15 kilómetros declarados propiedad del Estado.
El municipio de Mozonte con una extensión territorial de 218 kms² y una población de 9,390 habitantes, tiene una particularidad, es la cuna de un pueblo indígena descendiente de los chorotegas. De acuerdo a registros históricos su población indígena tiene más de 1,300 años de estar asentada en el lugar desde que sus antepasados llegaron de México. La historia también registra que esta población indígena trabajó en las minas de oro de Las Segovias durante la época colonial.
Este pueblo indígena, cuna de gente laboriosa, artesana y agricultora, aún conserva el Título Real otorgado por la Corona Española en 1883, en el que se le reconoce la propiedad de sus tierras comunales, el documento original establece que la comunidad indígena posee 23,590 hectáreas de tierras. El título otorgado por la Corona, fue posteriormente refrendado por las autoridades nacionales.
De acuerdo a historiadores, el pueblo indígena de Mozonte ha resistido siglos de exclusión, marginación y olvido por los distintos gobiernos que ha tenido Nicaragua. Con el actual régimen, este pueblo indígena ve nuevamente amenazada su herencia ancestral.
Con 12,550 habitantes y una extensión territorial de 236.0 kms², San Fernando, es otro de los municipios neosegovianos castigados por la nueva ley de fronteras. Más del 90% de su superficie queda enclavada dentro de los 15 kilómetros que la dictadura Ortega Murillo ha decidido arrogarse bajo la figura de Territorio Fronterizo.
San Fernando es también víctima de la voracidad por el oro. En julio de 2025, la dictadura otorgó a la Global Group (empresa emergente supuestamente manejada por testaferros del régimen), y a la china Brother Metal más de 70 mil hectáreas distribuidas en varios municipios de Nueva Segovia incluido San Fernando.
Cabe también destacar que tradicionalmente, las principales actividades económicas que han predominado en este municipio son la agricultura y ganadería, sobresaliendo los cultivos de granos básicos y café.
Jalapa, el más extenso de los municipios neosegovianos (686.9 kms²), además del más poblado (74,958 habitantes) y el más urbano después de Ocotal (59% de la población jalapeña habita en áreas urbanas), es también un municipio cuya economía se basa en la producción agrícola, principalmente de granos básicos café y tabaco, se estima que el 60% del tabaco nicaragüense exportado se cosecha en Jalapa.
Jalapa tiene más de 80 kilómetros de borde fronterizo con Honduras. El régimen también ha convertido a Jalapa en un botín minero. Es uno de los municipios fronterizos segovianos en los que la dictadura ha otorgado a empresas chinas miles de hectáreas para le explotación minera.
Murra con 429.1 kms² y una población de 20 mil habitantes de los cuales el 87.4% es rural, es un municipio cuyos medios de subsistencia son la agricultura y la ganadería, destacando por sus cultivos de café y su producción láctea.
Wiwilí es el octavo municipio segoviano en territorio fronterizo junto a su homólogo jinotegano, cuya frontera natural es el Río Coco, tiene una superficie de 398 kms² y 19,052 habitantes, el 70% rural. Las actividades económicas predominante son la agricultura y la ganadería. Destaca por su producción de granos básicos, café y musáceas (banano y plátanos).
Nueva Segovia, en la mira de nuevos colonizadores
En los 12 municipios de Nueva Segovia la dictadura Ortega Murillo ha otorgado concesiones mineras a empresas chinas.
En el lapso de un año el régimen ha entregado un total de 221,498.24 hectáreas en concesiones distribuidas en los doce municipios de este departamento a tres empresas de origen chino (Brother Metal S.A, Xinxin Linze Minería Group S.A., y Three Gold Coins Company S.A.) y una representada por Mario José Reyes Morales, (Global Group S.A.), un personaje vinculado a la familia en el poder. Esta última estaría siendo operada por testaferros según ha denunciado la organización ambientalista Fundación del Río.
Al ser concesionados para la minería extensos lotes en los municipios fronterizos la incertidumbre que cobija a sus pobladores es aún mayor, pues estos además de estar expuestos al despojo de sus propiedades, serían testigos de una depredación ambiental sin precedentes en la zona.
El binomio concesiones mineras y Ley de Territorio Fronterizo, genera en estas poblaciones suspicacia, inquietudes e interrogantes hasta ahora sin respuestas, sobre todo si se toma en cuenta que el otorgamiento de las concesiones y la promulgación de dicha ley, fueron acciones ejecutadas casi en paralelo durante los últimos meses.
Las concesiones han sido otorgadas antes y después de haber sido aprobada la Ley de Territorio Fronterizo (promulgada el 5 de agosto 2025).
Entre el 6 de febrero y el 17 de julio de 2025, el Ministerio de Energía y Minas repartió entre la china Bother Metal S.A. y la vinculada al régimen Global Group S.A. un total de 70,779.71 hectáreas distribuidas en 10 de los 12 municipios de este departamento: Santa María, Macuelizo, Dipilto, Ocotal, Mozonte, El Jícaro, San Fernando, Ciudad Antigua, Jalapa y Murra.
Previamente, en octubre de 2024, el MEM había otorgado 9,102.05 hectáreas, en dos lotes ubicados en los municipios de Jalapa y Murra, a la empresa minera china Xinxin Linze Minería Group, la que posteriormente cedió los derechos sobre los lotes minero a su filial, Linze Excelente Minería, según consta en resolución publicada en La Gaceta el 24 de julio de 2025.
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2025, les fueron entregadas a una nueva empresa china llamada Three Gold Coins Company S.A. un total de 23,223.52 hectáreas distribuidas así:1,632.38 en Murra, 1,931.53 en Wiwilí de Nueva Segovia, y 17,473.65 en Quilalí.
Todo es parte de un plan estructurado por la dictadura
Para la activista segoviana en el exilio Haydée Castillo, fundadora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), lo que está ocurriendo es parte de todo un proceso muy bien planificado por la dictadura desde años atrás. Castillo asegura que el cierre de las organizaciones civiles y ambientalistas, no fue casualidad sino parte de ese mismo plan.
“El régimen expulsó a las organizaciones de sociedad civil, a nosotras que éramos parte del movimiento frente a la minería en Nicaragua y particularmente para el territorio de Nueva Segovia, porque ya tenía planes de todas estas andanzas que las ha ido profundizando” enfatizó Castillo.
La activista advirtió a la vez que “el impacto de esta barbarie” para el departamento de Nueva Segovia, sería de proporciones gigantescas, sobre todo porque la dictadura ha otorgado concesiones para la minería en la totalidad de sus municipios. Destacó además que casi todo el departamento tiene áreas protegidas, siendo la más importante la Reserva Natural Cordillera de Dipilto y Jalapa, “un pulmón de la región, porque también oxigena hasta Honduras”.
“Es una confiscación arbitraria”
Castillo vaticinó que de no ponérsele un alto a la dictadura lo más pronto posible, “Nicaragua va quedar irreconocible porque, prácticamente aquí de lo que estamos hablando es de una confiscación arbitraria de facto de todo lo que es la frontera”.
También argumentó que la retórica del régimen sobre el tema de la soberanía, la seguridad o de controlar el crimen organizado, es lo más alejado de la realidad porque en la práctica se está viendo todo lo contrario.
Recordó que Nueva Segovia vive de la producción de café, la agricultura y la agroindustria, “entonces aquí hablamos que va a afectar toditita la cadena económica productiva de una parte sustantiva del país”.
La activista segoviana lamentó cómo se está poniendo en riesgo, además de la cadena productiva, los bosques de pino que hasta ahora, producto de la labor de las organizaciones ambientalistas, buena parte de estos se han logrado conservar; también advirtió que están en riesgo las fuentes de agua que son protegidas por estos bosques.
Castillo hizo énfasis en el daño ambiental, principalmente en relación a la contaminación de las fuentes acuíferas, “es una situación que ya se está viviendo en el río Jícaro, en el río Quilalí, en el río Quisulí, en los afluentes del río Coco, o sea, es un enorme impacto sobre un bien fundamental para la vida de la gente”.
Incertidumbre ya ahoga a productores cafetaleros
La activista afirmó que, dado que se acerca la cosecha cafetalera, la incertidumbre que genera el contexto adverso sobre los productores, es aún mayor porque este es el momento en que el Sistema Financiero Nacional proporciona créditos a los productores y productoras en Nueva Segovia para poder sacar la cosecha cafetalera de este año e iniciar también las labores para la cosecha del próximo.
Al respecto añadió que pequeños caficultores de diferentes municipios le han manifestado que cuando han ido a consultar al sistema financiero, les dicen que ellos no saben qué hacer porque dependen totalmente del control financiero de la Superintendencia de Bancos, la que también está bajo el control del régimen.
La activista asegura que, con la nueva ley de fronteras, el daño no solo es en el subsuelo, sino también con todo lo que está por encima y que ya se están dando una serie de arbitrariedades. En ese sentido reveló que ha tenido información de primera mano, de que instituciones de la dictadura, andan en la tarea de evitar “que los campesinos, las campesinas, los productores, saquen un palo de leña, como decimos en el lenguaje popular, y le dicen ‘usted no puede tocar esto porque esto le pertenece al Estado’”.
Asimismo, indicó que “también les han dicho que no pueden heredar ni vender, entonces la gente entra en la interrogante de hasta qué punto lo que siembre le pertenece o no, y no sabe cómo lo gestionará en lo sucesivo".
Agregó que el régimen está sacando provecho de esto, porque lo que está prevaleciendo, al no reglamentar esta ley de frontera, es la arbitrariedad. “Entonces pueden hacer lo que quieran, pero además estoy segurísima que se va a acrecentar la inseguridad” sentenció.
En la misma línea recordó que la dictadura también utiliza la frontera para el tráfico de personas y de productos de contrabando a vista y paciencia, y con pagos a las estructuras de seguridad del régimen, “están metiendo todo este contrabando que también va en contra del comercio realmente honesto; contra las pequeñas pulperías y todo eso” afirmó a la vez que añadió que tal situación hace todo más dramático para la población fronteriza, porque “el impacto es a la vida completa de todos estos territorios”.
Los municipios jinoteganos cuya parte de su superficie queda dentro de los 15 kilómetros de territorio fronterizo son Wiwilí y San José de Bocay.
La línea fronteriza que divide al departamento de Jinotega de los departamentos hondureños de El Paraíso y Olancho, tiene una longitud de 191.22 kilómetros, desde su límite oeste con Wiwilí de Nueva Segovia, hasta la comunidad de Raití, en el municipio de San José de Bocay, al noreste, punto colindante con Paswaya, comunidad perteneciente al también municipio fronterizo de Waspam en el Caribe norte.
Toda el área descrita, incluyendo los 15 kilómetros hacia dentro del territorio nacional, es territorio montañoso, poblado por un inmenso bosque lleno de una diversidad biológica y de ecosistemas que forman a la vez parte de la Reserva Natural de Bosawás (declarada por la UNESCO como Reserva de Biosfera en 1997), área protegida que, tras la promulgación de la Ley de Territorio Fronterizo, queda en una encrucijada por pasar parte de la misma a ser propiedad del Estado siendo una Reserva de Biosfera. La minería también está presente dentro de esta reserva natural.
El municipio de Wiwilí de Jinotega abarca una extensa franja boscosa de 2,370 kms² la que se extiende paralela a la frontera con Honduras. Es el segundo municipio jinotegano más extenso después de San José de Bocay, la mayor parte de su territorio es selvática. Este municipio tiene una población de 77,893 habitantes, el 81% es rural.
En tanto, San José de Bocay, el municipio de más reciente fundación en Nicaragua, (fue fundado el 13 de marzo de 2002, al dividir el municipio de El Cua-Bocay en dos partes), tiene una extensión de 3,990 kms² y 74,589 habitantes. La economía de ambos municipios se sustenta en la agricultura y la ganadería.
Dictadura también pone territorio jinotegano en manos chinas
Dadas sus riquezas naturales, el departamento de Jinotega no ha escapado a la voracidad de la dictadura sobre sus recursos, principalmente mineros y forestales.
El régimen ha entregado concesiones mineras a dos compañías chinas en dos municipios de este departamento: San José de Bocay y El Cua.
El 9 de mayo de 2024, según consta en acuerdo ministerial del MEM publicado en La Gaceta, la dictadura entregó un lote de 630.89 hectáreas a la empresa china Xinxin Linze Mineria Group S.A, en San José de Bocay.
Más recientemente, el 30 de septiembre de 2025, el MEM otorgó en concesión, en el municipio de El Cua, un lote de 8,720 hectáreas a una nueva empresa china denominada Norther Mining Company S.A.
La entrega de 8,720 hectáreas a la china Norther Mining Company S.A. el 30 de septiembre de 2025 en el municipio de El Cua, es parte de un total 85.056 hectáreas entregadas en la misma fecha a tres empresas chinas en varios municipios fronterizos de Chinandega, Madriz, Nueva Segovia y Jinotega, y en municipios fronterizos de Río San Juan en el sureste del país.
Cabe destacar que la Linze Minera Group S.A entró en el escenario minero en 2023, y acumuló solo en el primer trimestre de 2024, un total de 42,980.71 hectáreas distribuidas en Jinotega, Estelí y la región del Caribe norte, y entre febrero 2024 y agosto 2025, ha acumulado 63,249.71 hectáreas.
El departamento de Jinotega posee cuatro categorías de áreas protegidas: Reserva natural Cerro Kilambé, Reserva natural Macizo de Peñas Blancas, Reserva natural Cerro Datanlí-El Diablo y Reserva natural Cerros de Yalí, las que forman parte a la vez de la Reserva de Biósfera de Bosawás.
Bosawás en riesgo de saqueo y depredación indiscriminada
La depredación de Bosawás empezó hace ya varios años. Tanto la industria forestal como la minera, junto a la minería artesanal, han operado dentro del denso bosque con la venia del gobierno desde hace más de una década. A lo anterior se suma la cada vez más frecuente incursión de colonos y traficantes de tierra que operan impunemente dentro de la Reserva.
Pero actualmente, con la nueva ley de fronteras y la entrega de nuevas concesiones a empresas chinas, el saqueo de sus recursos está a punto de extenderse con celeridad como un cáncer haciendo metástasis en lo más profundo de sus entrañas.
Esta Reserva de Biósfera, la más importante de Centroamérica, se extiende desde parte del departamento de Nueva Segovia (municipio de Wiwilí), abarca gran parte del departamento de Jinotega (Wiwilí de Jinotega, El Cua y San José de Bocay), y se adentra en varios municipios de la RACCN (Waslala, Bonaza, Siuna y Waspam).
Con una superficie de 19,867.4 kms², divididos en dos grandes áreas (la zona núcleo con 12,425.5 kms² y la zona de amortiguamiento con 8060 kms²), representa el 15.25% del territorio nacional. Hoy por hoy, Bosawás parece estar condenada a su perentoria desaparición.
La explotación minera dentro de Bosawás no es una actividad reciente. Un informe de monitoreo de 2021, realizado por la Fundación del Río, titulado “Nicaragua y su oro perverso” contabilizó 98 lotes mineros dentro de la reserva, en los que opera tanto la minería industrial como artesanal. Según el informe el área total de los 98 lotes suma 1.3 millones de hectáreas lo que equivale al 66% de la reserva, siendo la compañía más beneficiada, la Calibre Mining Nicaragua, subsidiaria de la canadiense Calibre Mining Corp., la que opera en Nicaragua desde 2019 tras adquirir activos de otra compañía canadiense llamada B2Gold.
Waspam, con una extensión territorial de 9,342 kms² es el municipio más grande, no solo de Nicaragua, sino del istmo centroamericano. Tiene más de 63 mil habitantes (77.4% rural). Este municipio perteneciente a la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), está habitado mayoritariamente por la etnia miskita.
Este municipio comprende además del casco urbano o cabecera municipal, tres sectores: Río Coco Arriba, con 47 comunidades, Sector de El llano, con 28 comunidades y Río Coco Abajo con 11 comunidades. Parte del territorio de Waspam también se integra a la Reserva Natural Bosawás.
Históricamente las comunidades indígenas asentadas en el territorio que comprende el municipio de Waspam han sufrido el abandono por parte de diferentes gobiernos y más recientemente han sido víctima de la violencia estatal, principalmente las comunidades asentadas en las márgenes del Río Coco.
Todo parece indicar que estos pueblos indígenas están condenados eternamente al suplicio, una tras otra, van cayendo las calamidades sobre estos: desde los años ochenta han sido víctimas de desplazamientos forzados, genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, y más recientemente de despojo de sus tierras y territorios.
Con la nueva ley de frontera y la entrega de concesiones mineras a empresas chinas a lo largo y ancho del país, el sufrimiento de estos pueblos indígenas está aún más lejos de terminar.
Zona de tráfico ilegal y de incursión de colonos
Un líder comunitario de la zona de Waspam, quien solicitó, por su seguridad, ser identificado como “Antonio” (nombre ficticio), accedió a hablar con Onda Local y desde su perspectiva brindó un análisis situacional en el contexto de la Ley de Territorio Fronterizo.
El líder comunitario destacó que en la ahora franja de 15 kilómetros declarada territorio fronterizo, están más de 70 comunidades miskitas, las que desde tiempos ancestrales han habitado en las riberas del Wangki (Río Coco) y otros afluentes del mismo. “Históricamente los cuerpos de agua han sido lugares estratégicos para la vida de estas comunidades, porque el río ha sido fuente de proteína con la pesca, pero también ha sido un lugar para la movilización a través de cayucos o de balsas” explicó.
Refirió que parte de la dinámica económica y social de este municipio está precisamente basada en que estas comunidades han vivido desde tiempos ancestrales de su relación simbiótica con la tierra y el agua. “Son comunidades que históricamente han vivido de la agricultura de subsistencia, de la pesca, de la ganadería tradicional, que es como una estrategia para situaciones de riesgo, tener una vaquita es como tener una alcancía” expuso.
Sin embargo advirtió que la forma en que se está desarrollando actualmente la dinámica social, depende también del acceso a estos territorios, en ese sentido refirió que “las dinámicas de los últimos ocho o nueve años, tienen que ver mucho con una afluencia cada vez mayor de colonos que invaden y se asientan en estos territorios, quienes llegan a establecer actividades comerciales en el municipio”.
Señaló que por otro lado Waspam también se ha convertido en una zona de tráfico de personas que están vinculadas a actividades ilícitas incluyendo el narcotráfico y el abigeato. Paralelamente ha habido una expansión de actividades extractivas relacionadas a la resina de pino.
Otra importante característica es que la zona fronteriza de Waspam es una zona de paso hacia Honduras. A lo largo de la franja bordeando el Wangki, existen varios puntos utilizados como rutas de entrada y salida.
Cabe resaltar que en Waspam también se ubica el puesto fronterizo de Leimus, con presencia militar y policial, en el que recientemente el régimen inauguró nuevas instalaciones para el control migratorio. Este puesto fronterizo es el más importante de la región del Caribe norte, porque es un punto de acceso hacia Puerto Lempira en Honduras.
En relación a la Ley de Territorio Fronterizo, el líder comunitario refirió que dicha normativa es muy ambigua en su definición, y que tal condición obliga, en función de su aplicabilidad en la zona, a valorar los recursos con los que cuenta el Estado nicaragüense para su aplicación, en el mismo sentido advirtió que también se debe tomar en cuenta que Waspam es un municipio, desde hace varios años, con fuerte presencia militar.
Waspam un municipio fuertemente militarizado
El líder comunitario advirtió que la fuerte presencia de efectivos militares en la zona no es algo reciente. Relató que los puestos del Ejército están por todas partes. Antonio cree que como parte de las acciones para la aplicación de la nueva ley de fronteras la presencia militar podría incrementarse.
Explicó que actualmente en la carretera de Puerto Cabezas a Waspam, a la altura de la comunidad Dikua Tara, se encuentra el primer puesto de control militar, luego, llegando a Waspam está otro además de un puesto policial. En la comunidad de Sin Sin hay un puesto militar. El Ejército también tiene habilitada una base en Bismuna, una comunidad al este de Waspam, y saliendo de Waspam, Río Coco arriba, rumbo a Leimus, se ubica otra. Más al oeste, siempre río arriba, cerca de la comunidad San Carlos, está de nuevo el Ejército, y en la desembocadura del Río Waspuk, afluente del Río Coco, existe otro puesto militar y uno más llegando a los raudales a la altura de la comunidad Carrizal.
“El Estado ya tiene presencia militar, con bases, con una cantidad de efectivos del Ejército. Históricamente se han dicho que están ahí porque están ejerciendo funciones como cuidar el bosque; son parte del llamado Batallón Ecológico, sobre todo el que está en la desembocadura del río Bocay y el que está comenzando los raudales en Carrizal”, explica Antonio.
Sin embargo, el comunitario advierte que la realidad es otra. La presencia militar lejos de proteger los bosques y a las comunidades indígenas, permite la incursión de colonos, y permanece inactiva ante los ataques de estos grupos invasores a las comunidades, y en muchas ocasiones los perseguidos por el Ejército son comunitarios a quienes los despojan de sus armas de cacería.
“Cuando hay ataques (de colonos), los efectivos del Ejército no hacen nada (…). En muchas ocasiones los efectivos de estas bases militares visitan las comunidades, para desarmar a mucha gente que tiene algún arma de cacería, algún rifle 22 para cuidar sus cultivos” relata.
Asimismo agrega que estos efectivos son enviados para secuestrar y torturar personas de las comunidades, recordó por ejemplo que el secuestro del líder indígena miskito Stedman Fagot, fue ejecutado por efectivos militares.
En efecto, tras su secuestro el 14 de septiembre de 2024, El Ejército emitió una nota de prensa admitiendo que efectivos militares apresaron a Fagot por presunto involucramiento con el crimen organizado, y que este fue posteriormente entregado a la Policía Nacional. Cabe resaltar que, hasta la fecha, Fagot se encuentra en condición de desaparición forzada.
Ley de fronteras: zozobra y recuerdos traumáticos de los ochenta
Antonio reitera su temor de que la ya de por sí fuerte presencia del Ejército en la zona, se podría intensificar más con esta nueva ley de Fronteras y con esta también la represión contra las comunidades indígenas.
El líder comunitario asegura que dicha ley traerá mayor zozobra a estas poblaciones indígenas fronterizas y recuerdos de lo acontecido a inicios de los ochenta cuando el entonces Ejército Popular Sandinista llevó a cabo el desplazamiento forzoso de unas 42 comunidades asentadas en la ribera del Río Coco.
Durante ese operativo militar más de 8 mil personas indígenas fueron llevadas por la fuerza a territorios más al interior del país. Muchos huyeron hacia territorio hondureño. Dicho desplazamiento incluyó la masacre de decenas de indígenas, catalogada posteriormente por organismos de derechos humanos como genocidio. Aquella operación ocurrida entre finales de 1981 e inicios de 1982 fue denominada Navidad Roja.
“Probablemente va a haber mayor patrullaje dentro de las comunidades, probablemente va a haber mayor represión y eso ha despertado también mucho temor en la gente, trae a la memoria todo lo que pasó en la guerra civil con la Navidad Roja, con todo el desplazamiento que se dio” manifestó Antonio.
Recordó además que durante ese desplazamiento mucha gente huyó hacia Honduras y que en el contexto actual, en dependencia de las acciones del régimen enmarcadas en la Ley de Territorio Fronterizo, podría generarse otro éxodo hacia Honduras, “el problema con eso también es que la dinámica hoy en día del lado hondureño es muy distinta, hay mucha colonización sobre todo de ganaderos holanchanos que están desplazando a las comunidades indígenas hondureñas de sus áreas de trabajo” advierte.
En ese sentido agregó que los comunitarios refieren que prácticamente los están tirando al río, porque del lado nicaragüense llegan los colonos a invadir y desplazar, y del lado hondureño, también están haciendo algo similar los colonos hondureños. Al respecto lamenta que “no ha habido ningún esfuerzo ni de Honduras ni de Nicaragua, de establecer algún tipo de convenio para garantizar a las comunidades el uso de esas tierras, que son sus tierras históricas”.
Mayor vigilancia y control político
El líder comunitario indígena considera que el régimen podría habilitar nuevos puestos militares, uno en La Tronquera, un sitio entre Bilwi y Waspam, donde tradicionalmente se ha extraído y procesado resina de pino, otro quizás en el empalme hacia Leimus, un desvió ubicado en la antigua carretera hacia Waspam.
A criterio de Antonio, estos puestos serían habilitados para tener mayor vigilancia y control sobre la gente que entra y sale de Waspam, añadió que las comunidades tienen muy claro que esa vigilancia no es para controlar a los colonos, ni para controlar a otros actores que van contra los intereses de las comunidades, sino para tener mayor control sobre la población a nivel político y también para vigilar a personas que estén en actividades ilícitas no autorizadas, es decir, personas que no son parte de las estructuras del régimen que operan en la zona, o que no estén vinculadas a este ejerciendo algún nivel de colaboración.
Chinos: los nuevos invasores
Otro temor latente que identifica el líder comunitario es el generado por la inminente expansión de las actividades mineras por parte de las empresas chinas en la región. Antonio asegura que “se ha identificado gente del gobierno con exploradores chinos que se meten sobre los llanos y andan como buscando donde hacer pruebas de lavado de oro para identificar eventuales zonas para ocupar posteriormente”.
Refiere que paralelamente también se ha visto una creciente presencia de operadores del Estado, los que están invitando a comunitarios de comunidades como Bilwaskarma, Sauhpuka y Kuum (comunidades cercanas al límite fronterizo), a entrar al bosque de la zona para ubicar áreas, hacer carriles y vender a colonos, lo que indica que también existe el interés de avanzar en el proceso de ocupación de esas zonas.
Recordó que la zona boscosa referida corresponde a los llamados bosques de galería, los que son muy importantes para la conservación de la biodiversidad y como fuente de agua y recursos como la madera y la caza para las comunidades. Dijo también que en la zona predomina bastante la práctica de actividades agrícolas.
Durante los últimos dos años, el régimen ha otorgado miles de hectáreas en concesiones para la exploración minera a varias empresas chinas en Waspam y todos los demás municipios que integran la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (Puerto Cabezas, Rosita, Siuna, Bonanza, Waslala y Prinzapolka). En varios de estos municipios, principalmente los que conforman el llamado triángulo minero, ya operaban previamente otras compañías transnacionales. Paralelamente en todos estos municipios se practica la minería artesanal.
El líder indígena relató también que se ha observado a actores políticos y funcionarios visitando zonas de minería como la mina Murubila al suroeste de Leimus y cerca de la comunidad La Esperanza.
De acuerdo a la fuente, estos personeros del régimen andan en la misión advertirles a los colonos que han invadido la zona, que deben desalojarla, lo que llama poderosamente la atención porque hasta ahora a los colonos se les había permitido permanecer ahí impunemente.
“Le dicen a los colonos que se tienen que retirar porque van a llegar inversionistas, suponemos que son los chinos (…), entonces ahí si vemos claramente el interés del Estado en el sentido de que las comunidades indígenas han denunciado durante los últimos diez años la ocupación ilegal de esas minas y de esos territorios y el Estado no ha movido ni un dedo para sacarlos” relata Antonio quien a la vez que agrega que “ahora, cuando viene otro actor político como los chinos, ahí sí el régimen va a sacar a los mismos colonos que en algún momento no sacó y por el contrario permitió que entraran de manera impune y muy violenta”.
Antonio concluye que toda esa situación ha generado una dinámica de incertidumbre en la zona, “creo que ese es el término para describir el estado en el que está la gente, es una incertidumbre sobre lo que pueda pasar y desafortunadamente la mayor parte de la población está viviendo a la orilla del río, precisamente por la importante función que ha tenido el río en la vida de las comunidades” refiere.
Finalmente reitera la importancia de tener en cuenta que los territorios del municipio de Waspam son territorios indígenas titulados y algunos de estos también forman parte de Bosawás. Recordó que son territorios que hasta 2014, el Estado tituló a favor de las comunidades.
“Ahora crean una ley en la que de un plumazo confiscan estas propiedades colectivas y dicen que todo le pertenece al Estado, entonces hay claramente una falta de respetar la legalidad que el mismo Estado está creando” puntualiza.
El departamento del Pacífico ubicado más al sur de Nicaragua, se ve afectado por la Ley de Territorio Fronterizo en dos de sus municipios: San Juan del Sur y Cárdenas.
San Juan del Sur destaca por ser el atractivo turístico por excelencia de Nicaragua en cuanto a playas se refiere. Este municipio posee a lo largo de su litoral, al menos 16 playas que son visitadas por turistas nacionales y extranjeros.
Este municipio de un poco más de 16 mil habitantes, tiene una extensión de 411.1 kilómetros cuadrados, de los que cerca del 40% está en los 15 kilómetros designados como territorio fronterizo en la nueva normativa.
En los 15 kilómetros hacia dentro desde el borde fronterizo con Costa Rica se encuentran varios poblados y comunidades, en los que también hay fincas ecoturísticas privadas y otras propiedades de inversionistas nacionales y extranjeros que atraídos por las bellezas naturales de la zona decidieron invertir o retirarse a vivir en la tranquilidad del campo o cerca del mar. Todo eso ahora está en riesgo de expropiación o confiscación.
Trazando una línea recta paralela a la línea fronteriza, 15 kilómetros adentro de esta, se determina que el Refugio de Vida Silvestre Playa La Flor, queda dentro de estos 15 kilómetros, y más al sur, las playas Anima, El Roble, El Ostional, Papaturro, Manzanillo, y playa El Naranjo.
También los poblados La Flor, Tortuga, El Collado, El Ostional, El Pochote, San Jerónimo, y Pueblo Nuevo, pasan, según la ley, a ser propiedad estatal, por estar dentro de los 15 kilómetros de territorio fronterizo.
¿Propiedades en venta por temor a ser expropiadas?
Tras la aprobación de la nueva ley de fronteras, algunas propiedades dentro y fuera de los 15 kilómetros declarados territorio fronterizo, han sido puestas en ventas según constató Onda Local explorando, en redes sociales, grupos públicos de negocios y bienes raíces del departamento de Rivas.
Si bien según la ley, al pasar a ser “propiedad del Estado” los terrenos, fincas y casas dentro de los 15 kilómetros de territorio fronterizo, no pueden ser vendidos, en las redes hay anuncios de reciente publicación de propiedades en venta, por ejemplo, en la comunidad de El Ostional y otras comunidades y playas cercanas.
Otras personas, pese a que sus propiedades están fuera de los 15 kilómetros de territorio fronterizo, también han decidido ofrecerlas en venta, como es el caso de una finca de 62 manzanas ubicada en Playa El Yankee, a menos de dos kilómetros de Playa La Flor, cuya publicación fue hecha el pasado 28 de agosto.
La incertidumbre en San Juan del Sur crece con la construcción de la carretera costanera que abarca el tramo que va desde la ciudad turística hasta la comunidad fronteriza de El Naranjo. Según pobladores, la preocupación de algunas personas de ser expropiadas sus propiedades cercanas a la costanera mediante la declaración de utilidad pública, ha crecido tras los rumores de que la alcaldía de San Juan del Sur junto con el gobierno central, construirá un centro turístico en la zona.
Cárdenas: un municipio productivo ahora estatizado
El municipio de Cárdenas, con una superficie de 226.6 kms² y una población de 7,648 habitantes según las últimas estimaciones del Inide, es una localidad predominantemente rural (78% de la población) y eminentemente agrícola y ganadera.
En este municipio se ubican importantes haciendas ganaderas, principalmente en el sector de la comarca Sapoá y fincas agrícolas productivas a lo largo de las comunidades que conforman esta localidad, en las que se produce arroz, maíz, frijoles, sorgo, yuca, plátano y cacao.
No obstante, los productores agropecuarios de Cárdenas se ven ante una enorme encrucijada tras la aprobación de la ley de frontera, debido a que la totalidad de la superficie de este municipio queda dentro de lo que la ley define como territorio fronterizo, por tanto, este municipio pasa a ser propiedad del Estado.
Cabe destacar además que Cárdenas es un sitio de paso irregular de personas migrantes, en su margen fronterizo existen varios puntos ciegos por donde migrantes nicaragüenses vienen y van a Costa Rica, pero además en los últimos años, miles de migrantes sudamericanos caribeños y hasta árabes y africanos, han ingresado al país en su tránsito hacia Estados Unidos.
El departamento de Río San Juan tiene seis municipios tres de los cuales son fronterizos con Costa Rica: San Carlos, El Castillo y San Juan de Nicaragua. Estos tres municipios comparten el caudaloso Río San Juan, el que se extiende a lo largo de 200 kilómetros desde su nacimiento en el Gran Lago de Nicaragua hasta su desembocadura en el mar Caribe.
Las características geográficas, topográficas e hidrográficas de la región, donde se ubica el departamento de Río San Juan y su caudaloso río, lo convierten en un sitio privilegiado por sus recursos naturales, pero a la muy vez codiciado por nacionales y extranjeros que durante siglos han mostrado interés en la zona.
El río San Juan, ha sido explorado desde tiempos de la colonia española, también fue parte de la llamada Ruta del Tránsito, utilizada por aventureros y viajeros norteamericanos durante la época de la Fiebre del Oro de California en 1849. Ha sido objeto de varias disputas con Costa Rica relacionadas a los derechos de navegación. También ha sido visto como un punto estratégico para la construcción de un canal interoceánico.
El municipio de San Carlos, es la capital departamental. Tiene una extensión territorial de 1,445 kms² y más de 52 mil habitantes. Las actividades económicas fundamentales de este municipio son la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo. Durante los últimos años se ha convertido en un lugar de paso de miles de migrantes irregulares que entran al país buscando el norte, a través de diversos puntos ciegos ubicados al sur de la ribera del río.
En este municipio se ubican dos de las siete áreas protegidas que forman parte de la Reserva de Biósfera de Río San Juan (reconocida por la UNESCO en 2003): el Monumento Nacional Archipiélago de Solentiname, el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos (sitio Ramsar).
El Castillo, está ubicado en medio de una selva tropical de bosques húmedos, por eso es también parte de la Reserva Biológica Indio Maíz. Es también la sede del Monumento Histórico Fortaleza de la Inmaculada Concepción. Este municipio de 43,365 habitantes (80% rural), subsiste principalmente de la agricultura, la ganadería y la pesca, aunque también ha desarrollado el ecoturismo como actividad económica.
San Juan de Nicaragua, conocido anteriormente como Greytown es también parte de la Reserva Biológica Indio Maíz y sede de importantes humedales. Este municipio tiene una extensión de 1,657 kms² y 2,812 habitantes (según estimaciones del Inide de 2023) lo que lo convierte en uno de los menos densamente poblados (1.6 habitantes por kms²). El 62% de su población se concentra en su casco urbano (Greytown). Las principales actividades económicas son la pesca, la agricultura y en menor escala la ganadería.
Concesiones mineras en áreas protegidas activan alerta ambiental
Entre el 29 de julio y el 20 de septiembre de 2025, la dictadura Ortega Murillo a través del Ministerio de Energía y Minas ha entregado a empresas chinas cinco concesiones mineras dentro de la Reserva de Biosfera de Río San Juan, las que abarcan a la vez territorios de cinco de los seis municipios del departamento de Río San Juan: San Carlos, El Castillo, San Juan de Nicaragua, El Almendro y San Miguelito.
Hasta el 30 de septiembre, el régimen ha entregado a tres empresas chinas (Thomas Metal S.A., Xinxin Linze Minera Group S.A, y Zhong Fu Development S.A.), 161,432.87 hectáreas en los cinco municipios mencionados las que a la vez abarcan parte de la Reserva de Biósfera de Río San Juan y otras categorías de áreas protegidas que la conforman (Reserva Biológica Indio-Maíz, Reserva Natural Punta Gorda y Refugio de Vida Silvestre Río San Juan).
Las concesiones dentro de la reserva en detalle
El 29 de julio de 2025, el MEM oficializó, a través del Acuerdo Ministerial No. 037-SBT-035-2025 publicado en La Gaceta, la entrega, a la empresa china Thomas Metal S.A., del lote denominado “La Mónica”, el que comprende un área de 47,410 hectáreas. 45,581.07 de estas ubicadas en el municipio de El Castillo. Las restantes 1,828.93 se ubican al sur del municipio de Bluefields en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
El 1 de agosto, el MEM publicó en La Gaceta, un nuevo Acuerdo Ministerial (No-039-SBT-M-037-2025), mediante el cual informa que se le otorgan a la misma empresa china, otras 21,882.30 hectáreas. Este segundo lote se denomina “La Guinea” y su extensión se distribuye entre los municipios de El Castillo (19,128.64 hectáreas) y San Juan de Nicaragua (2,753.66 hectáreas).
El 4 de agosto, mediante Acuerdo Ministerial No-040-SBT-M-038-2025 del MEM, publicado en La Gaceta, el régimen entregó a la Thomas Metal un área de 39,172 hectáreas, este tercer lote entregado en un lapso de siete días, se denomina “El Castillo” y está ubicado entre los municipios de El Castillo (36,501 hectáreas), y San Juan de Nicaragua (2,671 hectáreas).
El 26 de agosto, a través del Acuerdo Ministerial No-045-SBT-M-043-2025, el MEM autorizó una nueva concesión, esta vez a la empresa Xinxin Linze Minera Group, también de capital chino. Este nuevo lote comprende 4,800 hectáreas y se ubica en el municipio de El Almendro.
El 30 de septiembre de 2025, el régimen anunció a través de un nuevo Acuerdo Ministerial (No-036-SBT-M-034-2025) publicado en La Gaceta, cuatro nuevas concesiones a compañías chinas en diferentes puntos del país, entre las que destaca la entrega de un área de 49,997.50 hectáreas a la compañía Zhong Fu Development S.A. Se trata del lote denominado “San Agustín 1” el que se distribuye entre los municipios de San Miguelito (1,101.94 hectáreas), San Carlos (35,781.54 hectáreas), y El Castillo (13,114.02 hectáreas).
Las fronteras en la encrucijada y con un futuro túrbido
Mientras no se reglamente la ley de Territorio Fronterizo, puesta en vigencia a inicios de agosto de 2025, una nebulosa de interrogantes, dudas e incertidumbre acechará a la población que habita dentro de los más de 14 mil kilómetros cuadrados que quedan dentro de la franja de 15 kilómetros desde la línea fronteriza hacia el interior del territorio nacional en la frontera norte del país, y en los más de 4,600 kms2, en la frontera sur.
La sombra del despojo a través de la confiscación o la expropiación, se cierne sobre miles de nicaragüenses que han heredado sus propiedades de sus antepasados o con mucho esfuerzo las han adquirido como parte de su patrimonio.
Si bien la dictadura no tiene la capacidad para ejercer control y dominio en la totalidad de estas vastas extensiones de territorio fronterizo, el temor cabalga sobre las espaldas de inversionistas, productores, comerciantes, pueblos indígenas que ven amenazado su patrimonio, su futuro su vida y la de sus familias.
La Ley de Territorio Fronterizo, es una ley más de la dictadura Ortega Murillo, que atenta contra el derecho de propiedad y los derechos humanos fundamentales de las y los nicaragüenses. Paralelamente las empresas chinas se preparan para devastar en estos territorios miles de hectáreas para extraer el oro y otros recursos, incluso en las más importantes áreas protegidas del país.
