Minería en Centroamérica: Derechos vulnerados y comunidades en resistencia

En Centroamérica la extracción del oro está atravesada por una paradoja, se arranca de las entrañas de las montañas, pero jamás regresa a su lugar de origen convertido en riqueza. No brilla en las manos de quienes habitan los territorios donde se abre la tierra y donde resuenan las explosiones constantes, no ilumina las vitrinas de los mercados populares, ni se cuelga del cuello de quienes sobreviven a la sombra de una mina.

Generalmente las joyas que la gente luce en eventos como fiestas, bodas y graduaciones casi nunca provienen del oro extraído en la región. Ese oro toma otro camino, atraviesa fronteras, cruza océanos y se funde en refinerías lejanas ubicadas principalmente en Suiza, Estados Unidos o Emiratos Árabes Unidos, donde adquiere el valor que aquí nunca alcanzará. Es un oro que migra forzado, como tantos de los pueblos y comunidades de la región. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “en varios países (Guatemala, Honduras y Nicaragua), menos del 1% del oro se queda para uso doméstico o joyería”.  

El oro no engalana a Centroamérica, la desangra. Y cuando finalmente resplandece en alguna joyería de lujo, nadie imagina que ese resplandor nació del silencio de un río muerto o del fino polvo que aún respiran las comunidades que pagaron su verdadero precio, inclusive muchos de sus habitantes con sus vidas.

Frente al avance de la minería metálica en Centroamérica, comunidades rurales, defensores ambientales y organizaciones sociales libran una de las batallas más intensas por la justicia ecológica en la región.  

La minería metálica se ha transformado en uno de los ejes más conflictivos de la relación entre gobiernos, empresas y pueblos que habitan territorios ricos en recursos minerales. Mientras los Estados apuestan por el extractivismo como fuente de divisas, las comunidades denuncian contaminación, desplazamiento, criminalización y el debilitamiento de sus derechos fundamentales.

Según la Asociación Centroamericana Centro Humboldt (ACCH), en Centroamérica más de 4.5 millones de hectáreas están concesionadas a la minería, lo que equivale aproximadamente al doble de la extensión territorial de El Salvador.  

Dicho país, en 2017 marcó una pauta en la región al prohibir la minería metálica en su territorio. Sin embargo, las comunidades salvadoreñas donde se desarrollaron este tipo de actividades extractivas pagaron un alto costo por revelarse a Pacific Rim Mining Corp y Oceana Gold, empresas que operaban en la zona durante esos años de intenso conflicto social y ambiental.

“Cuando asesinaron a nuestros compañeros entre 2007 y 2009, entendimos que esta lucha se paga con la vida. Aún así, seguimos porque defender el agua no es opcional”, comentó una lideresa comunitaria de una de las zonas donde los niveles de contaminación de las fuentes acuíferas por la minería eran altos. Por seguridad la fuente solicitó el anonimato.

La violencia se volvió un mensaje calculado para sembrar terror. La primera víctima fue Marcelo Rivera, quien fue secuestrado y estuvo desaparecido por 15 días, la comunidad denunció este hecho “pero, la policía no hizo nada, más bien fue la familia y las amistades de Marcelo que se dedicaron a la búsqueda de él vivo o muerto”. Apareció muerto, con señales de tortura y junto a él un manual que relataba la tortura a la que fue sometido, recuerda la comunitaria.  

Al destino de Rivera se sumaron tres víctimas más, incluidas Dora Recinos Sorto, una mujer con ocho meses de embarazo asesinada a escasos metros de la estación de policía. Tanto Rivera como Soto pertenecían al Comité Ambiental de su comunidad.

La lideresa comunitaria lamenta estos hechos al expresar que “la resistencia antiminera se escribió con sangre (…) Nos quisieron disciplinar a punta de miedo, pero eso nos confirmó contra qué tipo de poderes estábamos peleando”.  

Inclusive, quienes ya tenían protección por parte del Estado también fueron víctimas de esta ola represiva cuyos actores intelectuales, hasta la fecha gozan de impunidad. Para las comunidades, aquellos crímenes marcaron no solo el costo de defender el agua y la vida, sino la certeza de que detrás de los asesinatos había grupos de poder que nunca fueron investigados a fondo.

“Los derechos que se vulneran con una actividad tan peligrosa en un territorio tan particular como Centroamérica son varios”, explica Alma Sánchez, abogada ambiental salvadoreña con doctorado en cambio climático. Para ella, el punto de partida es el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, base de la vida misma: “Lo pongo antes incluso que el derecho a la vida, porque si el medio ambiente pierde sus elementos de estabilidad, inevitablemente las personas sufrirán las consecuencias”, argumenta la experta.  

Sánchez advierte que además se ven afectados el derecho a la salud, al trabajo, a la cultura, a la identidad e incluso podrían verse comprometidos derechos reproductivos por la exposición a químicos empleados en la minería.

Estudio revela alto niveles de mercurio en mujeres indígenas

Lo planteado por Sánchez respecto a los derechos reproductivos, se evidencian en los hallazgos del estudio titulado “La Exposición al Mercurio de Mujeres en Dos Países Latinoamericanos con Minería de Oro”, publicado en octubre de 2025, por la Red Internacional para la Eliminación de Contaminantes (Ipen).

En el estudio  participaron 105 mujeres indígenas de cuatro comunidades de Perú y dos comunidades de Nicaragua.

El informe de Ipen revela que 92 de las 105 mujeres indígenas en edad reproductiva, tenían altísimos niveles de mercurio en el cabello. Además indica que los niveles excedieron el umbral de una parte por millón ( ppm), establecido por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). “Cuando se excede ese nivel, se pueden detectar efectos negativos en el feto en desarrollo de una mujer embarazada”, advierte el estudio. 

En el caso particular de Nicaragua, participaron mujeres de las comunidades indígenas de Li Auhbra y Li Lamni ubicadas en las riberas del río Coco, que también está contaminado por mercurio proveniente de la minería.

Los resultados mostraron niveles elevados de mercurio en 40 mujeres (equivalente al 80%), las cuales excedieron el actual nivel umbral de 1 ppm, y en 49 mujeres (98%) excedieron el nivel más protector de la salud propuesto de 0.58 ppm. El informe concluye que “La concentración más elevada de mercurio registrada fue más de cuatro veces más alta que el actual nivel de daño fetal potencial (4.64 ppm en Li Lamni)”.

Defensoría ambiental, una labor peligrosa

La defensa ambiental en la región se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Según Global Witness, Honduras, Guatemala y Nicaragua figuran entre los diez países más peligrosos del mundo para personas defensoras ambientales.

Casos emblemáticos como el de Guapinol, en Honduras, ilustran un patrón represivo, donde trece defensores fueron encarcelados por oponerse a concesiones dentro de un área protegida. En 2023 en Santa Marta, El Salvador, cinco líderes comunitarios fueron acusados por el presunto asesinato de una mujer, hecho ocurrido en 1989, lo que activistas calificaron como un intento de intimidar a la organización social que se opone a la mineria. Los líderes comunitarios fueron absueltos de los cargos en octubre de 2024.

Pedro Cabezas, defensor ambiental de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (Acafremin), expone que lo anterior se agrava con la imposición de un estado de excepción por parte del actual gobierno salvadoreño, “el estado de excepción vigente suspende derechos básicos y coloca a las comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema”.

El caso salvadoreño ilustra la fragilidad de los avances ambientales. En diciembre de 2024, el gobierno de Nayib Bukele reabrió el sector minero, anulando la histórica prohibición de 2017.

Cabezas relata que desde entonces han sido detenidos al menos cinco activistas. Por otro lado, las organizaciones ambientalistas ven limitado su accionar tras la aprobación Ley de Agentes Extranjeros, en mayo de 2025, misma que obliga a las ONG a pagar impuestos del 30% sobre fondos recibidos por parte de la cooperación internacional, lo que paraliza la acción ciudadana.

La lideresa comunitaria citada anteriormente, explica que el retorno de la minería metálica a El Salvador no fue de golpe, comenzó como un rumor en las comunidades cargado de una serie de señales dispersas. Consultorías secretas, reformas legales, presupuestos inusuales y la presencia militar anunciaron el giro de un gobierno dispuesto a desmantelar una victoria histórica.  

“Nosotras alertamos desde el 2020 que el gobierno buscaba reactivar la minería, pero en lugar de escucharnos, respondieron con capturas, militarización y criminalización”, recuerda la defensora, consciente de que aquella alarma temprana fue también el inicio de un ciclo de persecución política.

La represión dejó de ser abstracta cuando tocó sus propios hogares: “Cuando capturaron a mi hijo con cargos inventados, lo entendí como un mensaje directo hacia mí, querían quebrar mi lucha atacando donde más duele”, relata la fuente.

De acuerdo a testimonios de personas que habitan estas comunidades, la violencia no aparece como un efecto colateral, sino como una estrategia cuidadosamente dirigida para desarticular la organización comunitaria.

La protección del agua: el eje de la resistencia

Este retroceso en la lucha social y ambiental, ocurre en países con dificultades de acceso a agua, alta densidad poblacional y poca cobertura forestal, además de altos índices de contaminación.

En el caso de El Salvador, Cabezas advierte que cualquier contaminación afectará el río Lempa, que abastece a dos tercios de la población de ese país, donde menos del 10 % del territorio conserva cobertura forestal y el acceso al agua es el más bajo de la región.

En Centroamérica donde el agua define la vida, la minería metálica se ha convertido en una amenaza que cruza fronteras y fractura comunidades, tal como ocurre con el proyecto Cerro Blanco, que se desarrolla en Guatemala, pero amenaza con contaminar el río Lempa, una de las fuentes acuíferas más importantes de El Salvador.  

De acuerdo con la ACCH, extraer oro requiere millones de litros de agua. La organización ambientalista señala que un solo proyecto minero podría consumir la misma cantidad de agua que 1,300 familias salvadoreñas en un año.  

Para Cabezas, el panorama actual es preocupante y responde a una nueva disputa global por recursos estratégicos. “En Centroamérica hay un reacomodo de poderes hegemónicos que buscan asegurar acceso a minerales, agua y energía. Nuestra región es clave: conecta dos océanos, concentra rutas comerciales por donde pasa hasta el 15% del comercio marítimo mundial y es fuente de materias primas”, explica.

Por su parte Sánchez coincide en que la reapertura de la minería en El Salvador refleja una tendencia regional, dado que los gobiernos están priorizando ingresos rápidos sobre la sostenibilidad, ignorando que los daños ambientales son irreversibles y que la minería genera muy pocos empleos reales.

En teoría, existen mecanismos de control como las consultas públicas o las evaluaciones de impacto ambiental, pero en la práctica suelen omitirse o se ejecutan de forma amañada. “Cuando eso ocurre, las comunidades quedan indefensas. En muchos casos deben recurrir a tribunales internacionales porque las instituciones nacionales son lentas o ineficaces”, indica Sánchez, quien a la vez señala que algunas regulaciones dejan en manos de las propias empresas mineras aspectos críticos, como la seguridad laboral o el cierre de minas.

“Otro vacío es la ausencia de garantías para reparar daños a largo plazo. Muchas veces los efectos aparecen años después del cierre de las operaciones, cuando la empresa ya se retiró”, puntualiza.

Educación, memoria y resistencia: Bases de la lucha ambiental

La defensa frente a la minería no puede limitarse a lo jurídico. La educación, la conciencia ambiental, la memoria histórica y la organización social son pilares de la resistencia. “En toda Centroamérica, donde la minería ha dejado huellas profundas, es necesario que la población conozca su historia y valore más el agua que el oro”, expresa Sánchez.

Recuerda que el proceso que llevó a la prohibición minera en El Salvador en 2017, fue resultado de un esfuerzo conjunto entre comunidades, sociedad civil y profesionales que realizaron una evaluación ambiental estratégica. A criterio de la abogada ambientalista, esa experiencia debió incorporarse en la educación formal, para que las nuevas generaciones comprendan los impactos.

Por su parte, Cabezas enfatiza que la resistencia ha frenado proyectos en Nicaragua, Honduras, Guatemala y Panamá, pero advierte que “la combinación de autoritarismo, corrupción y concesiones aceleradas coloca a la región en un escenario desfavorable”.

La corrupción es un componente estructural del modelo extractivista, Cabezas señala que los gobiernos centroamericanos, controlados por élites familiares, han debilitado la rendición de cuentas y favorecido concesiones sin transparencia. Al respecto advierte que “esto erosiona el Estado de derecho y limita derechos básicos como la organización, la libre expresión y el acceso a la información.”

Centroamérica se adentra en una nueva etapa de extractivismo, la preocupación no se limita al daño ambiental. La defensora lo dice con una claridad que atraviesa cualquier cálculo político: “Lo que más nos preocupa no es solo la minería, sino el retroceso en derechos humanos; vivimos en un país donde denunciar te convierte en objetivo”.  

La ecuación es conocida en la región, allí donde se instala la minería, se instala también un modelo de control, vigilancia y silencio.

Economía extractiva y concesiones

Según la ACCH en agosto de 2025, las economías de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica han mostrado un crecimiento moderado pero desigual, con un promedio regional del 3% anual. A pesar de ello, el sector de minas y canteras tiene un peso modesto en las economías centroamericanas, aunque con variaciones notables.

“En Guatemala, las industrias extractivas representaron apenas el 0.8% del PIB en 2020, mientras que en El Salvador la contribución es prácticamente nula, con registros que oscilan entre 0.0% y 0.1%. Honduras mantiene uno de los porcentajes más altos de la región, aunque tampoco supera el 2% del PIB en los últimos años. Nicaragua, donde el sector ha crecido aceleradamente, aporta alrededor del 3% del PIB nacional”, según la ACCH.

El mismo estudio refiere que Costa Rica mantiene una actividad limitada que se refleja en un aporte de menos del 1% del PIB. Es importante mencionar, que la Asamblea Legislativa de dicho país, aprobó en septiembre de 2025 un proyecto de ley que permite la exploración y explotación de minería a cielo abierto en todo el distrito de Cutris perteneciente al cantón de San Carlos en la provincia de Alajuela, donde propone que los concesionarios deberán pagar al Estado costarricense una regalía de “un mínimo obligatorio” del 5% sobre el valor bruto de las ventas anuales del recurso extraído.  

En conjunto, estas cifras cuestionan la narrativa de que la minería metálica aporta muy poco a las economías centroamericanas, pese a los altos costos sociales y ambientales que genera en los territorios.  

Pese a ese bajo peso económico, el modelo extractivo continúa expandiéndose con el aumento exponencial de concesiones en la región. Según el informe Análisis de las Concesiones Mineras en Guatemala y Riesgos Climáticos Asociados a su Actividad, publicado por la ACCH en octubre de 2025, este país cuenta con 113,146 hectáreas concesionadas para minería, siendo el de menor extensión del rubro comparado con Honduras y Nicaragua.

En el caso de Nicaragua, según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MEM), “la superficie total concesionada para minería metálica y no metálica hasta agosto de 2024 ascendía a 1,791,894.71 hectáreas”, un 15.96 por ciento del territorio nacional.

Sin embargo, un monitoreo realizado por Confidencial Digital, reveló que “entre octubre de 2023 y octubre de 2025, 565, 751.3 hectáreas de territorio nicaragüense” fueron concesionadas para la explotación minera a empresas chinas.

Un hecho poco común en la dinámica minera en Nicaragua, es la transferencia de concesiones de empresas de capital nicaragüense a empresas de capital extranjero. Sin embargo, el 26 de noviembre de 2025 la empresa El Porvenir Murra transfirió seis concesiones mineras a favor de la empresa de capital chino Brother Metal. La transacción abarca una extensión de 71,000 hectáreas en el departamento de Nueva Segovia.

Por otra parte, según el informe Análisis de las Concesiones Mineras en Honduras y Riesgos Climáticos Asociados a su Actividad, publicado por la ACCH en octubre de 2025, “hasta 2023 este país poseía un total de 401, 901.15 hectáreas destinadas para la actividad minera”.

Mientras el informe Análisis de las Concesiones Mineras en El Salvador y Riesgos Climáticos Asociados a su Actividad, publicado también por la ACCH en octubre de 2025, indica que la aprobación de la Ley General de Minería Metálica (Decreto 187), reactivó nuevamente alarmas sobre los riesgos ambientales y el acceso al agua. 

En Costa Rica en 2010, se aprobó la Ley 8904, que declaró al país libre de minería metálica a cielo abierto, después de la polémica suscitada por el proyecto Crucitas y tras una amplia movilización social. Sin embargo, esta situación está en riesgo con la aprobación del proyecto de ley para permitir la minería a cielo abierto en Cutris, que afectaría parte de las 84,800 hectáreas de extensión de dicho distrito, mucho mayor que las 300 hectáreas del proyecto original de Crucitas.

Pequeña minería e ilegalidad

Más allá de los megaproyectos, la minería artesanal y a pequeña escala se ha consolidado como fuente de ingreso para miles de familias, pero también como foco de contaminación y vulnerabilidad social.

Según la ACCH “uno de los principales impactos ambientales que ha generado la pequeña minería ha sido el procesamiento de oro a través de metales como mercurio y cianuro”. La organización advierte que estos metales se acumulan en el ambiente especialmente en los tejidos animales lo que genera la proliferación de enfermedades como cáncer; además de esto también existen efectos nocivos para el ambiente.

Esta situación se puede constatar en el municipio de Santo Domingo, Chontales, en Nicaragua, donde hay una gran cantidad de “tómbolas”, instrumentos donde se procesa las brozas de las minas en los patios de las casas. Estos sedimentos revueltos con metales pesados como mercurio o cianuro, son arrojados sin tratamiento al río Artigas, que cruza el casco urbano. Este río se une al río Siquia, el que a la vez confluye con el río Mico, ambos afluentes del río Escondido que desemboca en el mar Caribe.

La pequeña minería ha llegado hasta los alrededores del monolito de Peña Blanca, un referente geográfico de Santo Domingo, con atractivo turístico y refugio de fauna y flora. Aquí se ubica una mina donde mineros realizan parte del procesamiento del oro en una quebrada aledaña, donde fácilmente los contaminantes son transportados hacia zonas bajas del casco urbano.

La actividad minera artesanal se expande sobre la carretera Santo Domingo-Juigalpa, donde se observan puntos de extracción ubicados en campos abiertos sobre las montañas y distinguidos por las precarias champas de plástico negro.

El informe de la ACCH indica que “se han identificado 35 puntos de pequeña minería, de los cuales 11 se encuentran dentro de áreas protegidas, incluyendo zonas sensibles dentro de la cuenca del río San Juan”, lo cual ha llevado a la instalación de esta actividad a nivel transfronterizo con el vecino país de Costa Rica.

Áreas protegidas amenazadas por la minería ilegal

Según el informe Valoración Ambiental del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, publicado por Fundación del Río en 2025, el Refugio ha sido afectado por la minería ilegal debido a la extracción de oro que realizan quienes ejercen la minería artesanal. Esto ha provocado la apertura de caminos dentro de este Refugio y la Reserva Indio Maíz.

Pero el problema se ha tornado transfronterizo porque abarca el sector de Las Cruces del lado nicaragüense y Crucitas del lado costarricense. “Cuando ocurren redadas por parte de las autoridades costarricenses los mineros se cruzan al Refugio para resguardarse, esta dinámica ha propiciado que algunas personas se hayan instalado permanentemente y que desde ese lado del río realicen las labores ilegales en Costa Rica”, indica el informe de Fundación del Río.

La organización ambientalista también ha identificado una ruta de comercialización ilegal de cianuro y mercurio, cuyos productos una vez utilizados en la extracción del oro se filtran en los principales caños que pasan por el Refugio o desaguan en el río San Juan.

La sombra de un futuro incierto se cierne sobre Centroamérica

Los datos de la ACCH son claros: Nicaragua lidera la expansión minera en la región, seguida de Guatemala y Honduras, pese a que el aporte económico del sector sigue siendo marginal, la organización ambiental recomienda que “las actividades mineras deben relegarse únicamente en zonas y distritos mineros tradicionales y no fomentar su expansión fuera de estos territorios, especialmente en áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento”.

Además recomienda en el caso de El Salvador reformar la ley que rehabilita las explotaciones mineras, debido al alto impacto que tendría. La defensora ambiental salvadoreña citada anteriormente insiste una vez más, en lo que para las comunidades es una verdad elemental: “El Salvador no tiene condiciones ambientales, ni institucionales, ni democráticas para proyectos extractivos; insistir en minería aquí es condenarnos al colapso”.

En tanto la ACCH advierte que en el caso Crucitas son necesarias acciones binacionales urgentes (Nicaragua-Costa Rica), para evitar un mayor deterioro ambiental y fortalecer las oportunidades locales sostenibles.

La minería metálica en Centroamérica está hoy en el centro de una disputa mayor, entre la urgencia de proteger territorios frágiles y la presión de gobiernos y corporaciones por explotar recursos estratégicos.

Estos testimonios reflejan que no se trata solo de un problema ambiental, sino de un modelo de desarrollo que pone en juego los derechos humanos, las instituciones democráticas, los ecosistemas ambientales y el futuro mismo de las comunidades centroamericanas.