Despenalizar el aborto para que las mujeres interrumpan un embarazo de forma segura
¡Por el derecho a las mujeres de decidir! cada 28 de septiembre se celebra el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. En esta jornada se demanda el aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres.
En el caso de Nicaragua, las mujeres están privadas de este derecho desde hace 15 años. Sin embargo, la penalización del aborto no elimina dicha práctica, más bien aumenta los riesgos en la salud y vidas de las mujeres que, por múltiples razones, se han visto obligadas a interrumpir el embarazo.
Nicaragua realizará elecciones presidenciales el próximo 7 de noviembre, un proceso calificado desde ya como una farsa electoral e ilegítimo. Para las mujeres, esta farsa no se manifiesta en la imposibilidad de elegir libremente y en la no inclusión de sus derechos en las agendas de los partidos políticos. Ninguna de las siete “fórmulas presidenciales”, por ejemplo, ha incluido la despenalización del aborto como parte de sus propuestas de gobierno.
En Nicaragua existe una prohibición total del aborto desde el año 2006, cuando a tan solo nueve días de las elecciones del 5 de noviembre de ese año, el gobierno conservador de Enrique Bolaños derogó la ley que permitía el aborto, dicha acción fue respaldada por el entonces candidato presidencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Daniel Ortega Saavedra y demás partidos políticos que participaron en la contienda.
El apoyo de Daniel Ortega a la penalización del aborto fue parte de la estrategia de su campaña electoral y del “acercamiento” a la iglesia católica. El FSLN y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) se declararon provida y usaron la campaña electoral para justificar la penalización del aborto terapéutico en el país, una práctica que estaba permitida desde 1837.
María Teresa Blandón, socióloga, investigadora y feminista, integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua, recuerda que el 06 de octubre de ese año se realizó una marcha multitudinaria encabezada por la iglesia católica, la iglesia evangélica y distintos signos ideológicos en la que hubo presencia de estudiantes de colegios primarios y secundarios los cuales no tenían idea de qué se trataba. La manifestación tenía como fin pedir a la Asamblea Nacional la penalización absoluta del aborto en el país. Blandón recalca que fue hasta el año 2007, bajo el mandato de Daniel Ortega, que se despenalizó el aborto terapéutico del Código Penal y fue incluido posteriormente en el Código de la familia, lo que tuvo como fin la penalización absoluta del aborto bajo cualquier circunstancia, para colaboradores y quien lo practique.
La primera víctima de la penalización del aborto fue Yasmina Bojorge, una joven de 18 años perteneciente a la comarca Chiquilistagua, ubicada al sur de Managua. Yasmina se presentó la madrugada del 3 de noviembre al Hospital Fernando Vélez Paiz con fiebre. Ella ameritaba de manera urgente la realización de un legrado, pero los médicos del centro se negaron a atenderla por temor a recibir condena de cuatro años de cárcel. Esa madrugada, Yasmina Bojorge murió, dejando a un niño en la orfandad.
Escucha: ¿Quién mató a YASMINA?
A lo largo de la historia, el catolicismo ha sido una de las religiones que ha condenado la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, teniendo actualmente influencia en más de 1.300 millones de personas en el mundo. Aunque Nicaragua es un Estado laico según el Arto.14 de la Constitución Política que establece: “El Estado no tiene religión oficial”, la iglesia sigue teniendo influencia sobre las políticas relacionadas con los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
María Teresa Blandón asegura que desde la misma fundación de la República el aborto ha significado un pecado desde el punto de vista de la moral cristiana y ha significado delito desde el punto de vista del Estado.
A inicios de este año, el aborto parecía ser un tema que entraría nuevamente en discusión por los precandidatos a la presidencia, George Enríquez Cayasso, fue el único precandidato que tenía en mente el aborto y el matrimonio igualitario. Sin embargo, sus aspiraciones presidenciales fueron truncadas por la preeminencia de la política tradicional nicaragüense.
La Arquidiócesis de Managua emitió el 13 de mayo de 2021, nuevamente de cara a un “proceso electoral”, la iglesia católica emitió un comunicado en el que señaló: “Los derechos humanos no son asuntos religiosos, sino derechos inherentes a la naturaleza humana, no es una concesión ni regalo que da el Estado… el aborto es un crimen abominable que construye la cultura de la muerte. Recordemos que el aborto no debe ser agenda electoral porque la vida humana no se negocia, se defiende y se promueve”.
La negación de derechos a las mujeres debe considerarse también como violencia de género, esta acción ha permanecido impuesta por el Estado de Nicaragua en la imposición de leyes que impiden el derecho a las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, reconocido así por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Este derecho demanda el respeto a la autonomía corporal de las mujeres concerniente en disfrutar su sexualidad y la decisión de si quieren o no concebir una vida.
Según María Teresa Blandón, esta negación parte de la influencia de la moral cristiana por el peso que tiene el mandato religioso en este país. Tomando en cuenta el discurso formal de la iglesia que condena la interrupción del embarazo “desde el abortar es matar y las mujeres que abortan son asesinas y se van al infierno recae en la consciencia de la gente que asume la acción como una maldición”. Blandón rescata que no se ha hablado de los derechos humanos, del derecho de las mujeres a la vida y del reconocimiento de la reproducción humana en el conocimiento de la bioética y la diferencia que existe entre un embrión o un feto. Agrega que al no existir reflexiones de la ética para hablar de la vida, la gente se queda con estas máximas condenatorias que vienen desde la tradición más conservadora de las iglesias, que predomina en la cultura social nicaragüense.
El desinterés por parte del Estado, Blandón lo califica como una actitud de comodidad y oportunismo en la que pretenden no quedar mal con la iglesia católica que influye en gran medida en amplios sectores de la sociedad, existiendo la preferencia de evadir el tema, o como en el caso de Ortega, aliarse con la iglesia católica y evangélica para negar este derecho a las mujeres.
Código penal de Nicaragua criminaliza el derecho a decidir
El Código Penal de Nicaragua considera el aborto como una práctica criminal, condenando a las mujeres que se induzcan un aborto y a quienes sean colaboradores de manera directa o indirecta. El apartado titulado: “Manipulaciones genéticas y lesiones al no nacido” en el Artículo 143, señala que las mujeres que interrumpan un embarazo se les impondrá una pena de uno a dos años de prisión. Si una persona provocara un aborto con consentimiento de la embarazada recibiría una pena de uno a tres años de prisión y en el caso de que se tratase de un miembro del personal médico o sanitario este será inhabilitado de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario.
La abogada feminista, Ana Eveling Orozco, enfatiza en la contemplación de los Arto. 148 y 149 correspondientes a las lesiones psíquicas provocadas al no nacido, alegando que el código penal establece el “absurdo” de lesiones psicológicas al que está por nacer, reconociendo al feto como un nacido, de manera que estas cláusulas y la de alteración a cualquier tipo de la estructura vital o del genotipo por manipulación de genes humanos contempladas en el Arto. 146 no dejan ningún resquicio para la posibilidad de la práctica en la interrupción del embarazo.
Hasta la fecha de las 35 naciones que conforman el continente americano, Nicaragua es uno de los cinco países que prohíben el aborto sin excepción, los demás son El Salvador, Honduras, República Dominicana y Haití. En algunos países de Latinoamérica se contempla la figura del aborto como una práctica legal, esta varía según las leyes establecidas en sus códigos penales, algunas como Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Argentina, Guyana y Guyana Francesa permiten la interrupción del embarazo durante las primeras semanas de gestación, según el plazo establecido por sus leyes. El resto de los países de la región integran causales en mayor o menor medida para la interrupción de un embarazo, tomando en cuenta aspectos como la protección de la vida de la madre si esta estuviera en riesgo, violación, inviabilidad del feto, incesto o incluso factores económicos.
El estudio “Mortalidad materna en Nicaragua: Crónicas de una epidemia silenciada” que abarca el período de 1988 a 2020, estima que para el año 2007 hubo un incremento del 13% en la tasa de mortalidad materna. La ausencia de atención médica calificada en el momento de las muertes se ve reflejada en los últimos datos oficiales proporcionados en el año 2005, donde el 60.76% de las embarazadas optaron por atenderse ellas mismas, familiares o parteras. La falta de nuevas cifras oficiales que refieran la mortalidad materna impide hacer una valoración de la situación actual. No obstante, existen cifras de años anteriores que demuestran la deficiencia en del Ministerio de Salud (MINSA) y la mortalidad materna en niñas y adolescentes.
Según en el mismo estudio de 41 muertes maternas en menores de 19 años ocurridas en el año 2001, cuatro de ellas ocurrieron en niñas de 10 a 15 años, falleciendo tres de ellas por hemorragia.
En el siguiente año, de 35 muertes maternas a menores de 19, cinco de estas ocurrieron entre niñas de 10 a 15 años, dos de ellas fallecieron por “intoxicaciones/ violencia machista”, eufemismo con que generalmente se denomina el intento de interrupción del embarazo, que en esas edades son consecuencia de situación de abuso sexual y violación sexual y por consiguiente, se trata de gestaciones no planificadas.
En el año 2004, el 30.4% de las muertes maternas ocurrió en adolescentes y en el año 2005, las adolescentes fueron el 16.9% de las muertes maternas registradas.194 Según el estudio “Estimación de la Mortalidad Materna y Mortalidad Adulta”, a partir de Información del Censo Nacional del año 2005, la razón de Mortalidad Materna en adolescentes de 15 a 19 años en Nicaragua era de 123 x 100.000 nacidas/os vivos; en la Región Central Norte fue de 139,3 y en la región Costa Caribe de 135,4 x 100.000 nacidas/os vivos.
El Ministerio de Salud (MINSA) reporta 22 muertes maternas en menores de 20 años, entre 2018 y septiembre de 2020.
El embarazo en niñas y adolescentes impone la existencia de violación o abuso sexual a las menores. El Código Penal de Nicaragua en su Arto. 168 establece que cualquier relación sexual con una menor de 14 años es calificada como violación y será penalizado de 12 a 15 años en prisión.
En Nicaragua existe un desconocimiento por falta de estadísticas oficiales sobre la ascendencia de cifras de niñas y adolescentes que son obligadas a continuar con embarazos producto de violación.
Frente al inexistente reporte de cifras ocultas por el MINSA, la abogada Ana Eveling Orozco asegura que este ha sido un intento de ocultar a propósito toda información relacionada a la mortalidad materna, como ha sucedido con las de violaciones a niñas y adolescentes. La Dra. Orozco reconoce que la única entidad que publica cifras sub registradas por las demandas que llegan a los juzgados, es el Instituto de Medicina Legal, demostrando mes a mes los casos de violencia sexual en niñas y adolescentes que en la mayoría de los casos resultan en embarazos impuestos por violaciones, donde el Estado debería resolver la situación de estas niñas y además la persecución penal de estos delincuentes.
Para Orozco, el Estado podría propiciar este tipo de delitos sexuales con la excarcelación de una serie de reos comunes entre 2020 y 2021. Donde algunos de estos excarcelados han estado procesados por delito sexual.
Una psicóloga feminista, quien habló bajo condición de anonimato, explica que en un país donde la cantidad de niñas que son madres es altísima y donde el estado de salud procura que la estación del embarazo se lleve a cabo sin complicaciones podría suponer un conflicto para las niñas, en una serie de consecuencias negativas.
La imposición de la maternidad es primordial para el estado de salud antes que los trastornos provocados en las menores de edad, así lo expone la psicóloga, quien asegura que las niñas son privadas de expresar enojo y frustración no solo por la maternidad impuesta sino también por lo complicado que puede ser que las niñas lleguen a reconocer que son víctimas de violación, por el mismo evento traumático de una violación.
Agrega que en estos casos de violación es muy común ver que la mirada de culpa se vuelca hacia la niña no hacia el violador, lo que tiende a causar un impacto negativo en muchos de los casos donde mujeres que tienen maternidad impuesta ni siquiera quieren tener contacto con el bebé.
“Solo basta con abrir un poquito más los ojos y ver más allá de la burbuja, para darnos cuenta de que es aquí en Nicaragua donde las mujeres tienen derechos nulos sobre su cuerpo, es aquí donde, aunque las mujeres estén en peligro de muerte o en los casos más drásticos de violación no se les permite salvar sus vidas”, defendió la psicóloga.
A pesar de la penalización del aborto, las mujeres que quieren abortar lo hacen en forma clandestina. Esta práctica podría suponer un riesgo mayor para algunas de ellas, especialmente para las mujeres que viven en áreas rurales o en situación de pobreza.
Es por lo que se habla del aborto como un tema de clases sociales, donde las más pudientes se inducen abortos en clínicas clandestinas donde sus vidas corren menos riesgo y permanecen bajo supervisión médica, mientras que las mujeres más pobres recurren a métodos totalmente inseguros para ellas donde en el peor de los casos mueren.
La historia de Elisabeth
Hace tres años, en horas de la noche en alguna casa de Managua, Elisabeth quien actualmente tiene 24 años, se practicó ella misma y en soledad un aborto de alto riesgo.
Tenía tres semanas de embarazo, las circunstancias en las que había quedado embarazada no le permitían querer tener un hijo, su pareja de ese momento y padre de sus dos hijos había abusado sexualmente de ella. Elizabeth no quería tener un hijo producto de una violación.
Sin ningún conocimiento previo accedió al consejo de un amigo, quien se encargó de conseguir las pastillas y la información para orientar a su amiga de cómo realizarse el proceso. Elisabeth recuerda que al pasar unas horas comenzó a sentir dolores de parto muy fuertes, posterior a eso empezó a desangrarse.
Al encontrarse sola y en esa situación, no le quedó más alternativa que pedir auxilio a su familia para que la trasladaran al Hospital Bertha Calderón donde los médicos le dijeron que intentarían salvar el embarazo. El sangrado seguía siendo abundante y luego de aplicarle la dosis de una inyección con la que pretendían salvar el embarazo la trasladaron en una camilla y no le explicaron nada sobre su estado de salud. Mientras ella sentía dolores fuertes, el único objetivo de los médicos era salvar el embarazo.
Señala que para ser un hospital de referencia nacional la atención fue deficiente: “Luego de seguir gritando y desangrándome por mucho tiempo, llegaron y después de hacerme un ultrasonido me dijeron que no podían hacer nada más, que no habían podido conseguir el medicamento para prevenir el aborto. Luego de eso me pusieron suero, para que terminara de salir, me dolía muchísimo y ellos solo me decían que tenía que aguantar porque ya no se podía hacer nada por "la criatura". El proceso fue largo y en ese momento ellos me decían que no pujara cuando yo solo tenía ganas de pujar, no me explicaban porqué no podía hacerlo, solo me advertían del dolor y que no lo hiciera. No les hice caso y continué pujando hasta que sentí que todo se liberó, el dolor terminó y quedé desmayada.”
Posterior a eso, Elisabeth accedió a que el hospital se quedara con el “producto” como los médicos le mencionaron para hacer biopsia. Refiere que no hubo ningún tipo de recomendación hacia ella, ni ningún seguimiento de chequeos médicos. Desligándose de la responsabilidad de brindar seguimiento a la paciente. Llegando a casa todo se trataba de un asunto que ella debía resolver.
No recibió acompañamiento médico, ni psicológico para abordar el tema de la violación. Recuerda que para ella era incómodo no poder hablar de su aborto como algo que ella decidió. Ante los demás había sido un aborto espontáneo y el tener que contar a las personas cómo había sido el proceso en el hospital solo la hacía sentirse silenciada.
Nadie supo el motivo del embarazo, ni nadie más que su amigo supo que ella se vio obligada a inducirse un aborto.
María Teresa Blandón refiere al aborto como un tema de salud pública, pero también de políticas de educación donde se debe visibilizar la problemática desde el centro de sus necesidades y su relación con la violencia.
Las contemplaciones del aborto van más allá de hablar de la existencia de la penalización de la práctica en el país, María Teresa menciona las necesidades a tomar en cuenta para tratar la problemática.
“Estas necesidades infieren en la falta de educación sexual, la pobreza, las enfermedades endémicas que afectan directamente a mujeres en situación de pobreza, la discriminación, el racismo, el sistema público de salud y la ineficiente atención de calidad con la falta de método anticonceptivo seguro y accesible. Toda esa complejidad, por supuesto que tiene que estar en el centro de las políticas de salud y de las políticas de educación sino no vamos a poder enfrentar un grave problema, porque cada año suceden muchos abortos y puede que sean en condiciones clandestinas, pueden terminar en la muerte de las mujeres o bien muchas de las mujeres que no abortan por miedo, van a tener maternidades forzadas y eso va a afectar el pleno desarrollo de sus vidas”, señala.
El panorama electoral 2021 no brinda a las mujeres ninguna garantía en las incluyentes demandas por el cumplimiento de derechos de las mujeres en las agendas políticas de ninguno de los “partidos políticos” aspirantes a la presidencia.
Nicaragua ha estado sujeta a un historial electoral viciado y este 2021 no es la excepción. Daniel Ortega tiene asegurada la reelección, después de controlar todo el proceso y de encarcelar a sus principales contrincantes.
Ana Eveling Orozco insiste en revisar “quienes son los partidos y yo decía los partidos que le hacen el juego al régimen para ir a este proceso electoral, revisemos ¿qué es lo que están haciendo, y qué van a decir en sus campañas? Pues no sé desconozco, pero absolutamente en los periodos anteriores nunca han abogado por los derechos humanos de las mujeres y menos por el derecho a decidir sobre su cuerpo, por la legalización del aborto, por la despenalización del aborto, es decir, absolutamente no existe garantía para las mujeres, en este momento con este proceso o este remedio de proceso electoral del régimen y con estos partidos zancudos.
La psicóloga entrevistada, señala que a pesar de que los derechos de las mujeres, incluyendo el derecho a decidir sobre sus cuerpos, siguen siendo relegados, a las mujeres les toca seguir abriendo brechas y luchando por sus derechos. Para que historias como las de Elizabet no se repitan es que las organizaciones de mujeres y feministas continúan demando “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”
