El plan de Daniel Ortega para atornillarse en el poder

El gobierno del líder sandinista ha pasado por distintas fases en su afán de perpetuarse: desde el pacto con el expresidente Arnoldo Alemán y el control de los poderes del Estado hasta la reforma de facto de la Constitución Política para reelegirse. En el medio, represión, cancelación de partidos políticos, detención de aspirantes a la presidencia y control absoluto del poder electoral. Cómo un exguerrillero construyó una dictadora similar a la que ayudó a derrotar en 1979.

El próximo 7 de noviembre, Daniel Ortega buscará reelegirse para un cuarto mandato consecutivo como presidente de Nicaragua, para lo cual apeló en los últimos meses a artimañas legales que le permitieron correr de la competencia electoral a sus opositores. Esto incluye la detención y enjuiciamiento de 34 dirigentes políticos, además de miembros de organizaciones sociales y periodistas.. Con esta acción, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que gobierna el país desde 2007, corrió de la carrera electoral a siete candidatos presidenciales –entre ellos Cristiana Chamorro y Félix Madariaga-, para consolidar con mano dura una autocracia junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La persecución contra opositores es la última de una serie de estrategias que le han permitido a Ortega alcanzar el control de todo el aparato del Estado y, por qué no, de la vida de los nicaragüenses. Desde que volvió al poder hace casi 15 años, tras haber sido presidente en la década del ’80, el ex guerrillero eliminó a sus competidores políticos dentro del FSLN; se apoderó de todos los órganos judiciales y electorales; se alió con los empresarios más prominentes del país; modificó a su medida la Constitución y aprobó leyes represivas; y, finalmente, puso tras las rejas a siete candidatos presidenciales que se atrevieron a desafiarlo. A ello le sumó la censura y persecución contra medios de prensa, que fueron cerrados, silenciados o empezado a reportear desde el exilio.

De esta manera se termina de configurar el perfil de un Ortega convertido en el líder de una dinastía familiar similar a la de los Somoza, aquella que él y otros guerrilleros lograron voltear en 1979. Hoy, Nicaragua ha perdido cualquier atisbo de la república igualitaria y respetuosa de los derechos humanos que los sandinistas soñaron cuando derrocaron al régimen de Anastasio Somoza Debayle.

Este reportaje repasa en detalle las acciones que tomó Ortega desde que volvió a la presidencia con el único objetivo de atornillarse en el poder, sin ahorrarse arbitrariedades.

El sandinismo soy yo

El poder de Ortega hoy es absoluto: controla todos los organismos del Estado y nadie le hace sombra en el FSLN, al punto que ha sido el único candidato presidencial de este partido, fundado el 23 de julio de 1961. 

Esta es su octava candidatura y la segunda en la que se hace acompañar de su esposa como postulante a la vicepresidencia. El líder sandinista gobernó Nicaragua en la década del ’80, en medio de una guerra contra la Resistencia Nicaragüense, formada por antiguos miembros de la dictadura de los Somoza y patrocinada por Estados Unidos. El 25 de febrero de 1990, Ortega fue derrotado por Violeta Barrios de Chamorro, primera mujer en el continente americano en ser electa presidenta de un país. Tras el revés, Ortega sentenció que gobernaría “desde abajo” y lo hizo mediante asonadas, huelgas y manifestaciones.

En el medio, con cada movimiento, fue apartando a los dirigentes políticos del FSLN que podían hacerle sombra. Por eso, expertos y excompañeros de lucha consultados por CONNECTAS coinciden en que Daniel Ortega siempre ha tenido pretensiones “dinásticas”. A criterio del defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, quien lleva 40 meses exiliado en Costa Rica, la de Ortega y Murillo es “una dictadura que se proclama cuasi divina” y que ahora “tiene al país entero como cárcel”.

Luis Fley, un excomandante de la Resistencia Nicaragüense que combatió al primer gobierno de Ortega, y quien se postulaba como precandidato presidencial para las próximas elecciones del 7 de noviembre, coincide con Carrión: “Su naturaleza es totalitaria… Siempre ha tenido el germen de dictador, él ha sido el secretario general eterno de su partido”. Fley fue obligado a exiliarse recientemente porque “comenzaron a echar presos a los precandidatos; comenzaron por Cristiana (Chamorro) y sólo quedaba esperar turno para ir a la cárcel. Y yo, Luis Fley, no voy a ir a la cárcel”.

En lo interno del FSLN, desde que asumió en 2007 Ortega y su círculo fueron cerrando espacios a quienes se atrevieron a criticarlo y disputarle el poder. Esto implicó correr a las figuras presidenciables del partido, como Víctor Hugo Tinoco, excanciller y exdiputado, y los exalcaldes de Managua Herty Lewites y Dionisio Marenco. A Lewites no le quedó de otra que salirse de las filas del Frente y postularse a la presidencia por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), actualmente Unidad Democrática Renovadora (Unamos), pero murió de un infarto el 2 de julio de 2006, cuatro meses antes de las elecciones generales de ese año que devolvieron al ex revolucionario sandinista al poder.

La ex comandante guerrillera Mónica Baltodano, quien recientemente se exilió en Costa Rica, manifiesta que ella y Lewites observaron cómo Ortega se convirtió en caudillo a lo interno del FSLN y advirtieron que se encaminaba a convertirse en el dictador del país. “Las políticas que está aplicando para la sociedad primero las aplicó a lo interno del Frente Sandinista con políticas de exclusión, de aplastamiento, de castigo a quienes disentían de su línea política”.

Rubén Arriola, líder del barrio Domitila Lugo en Managua, la capital nicaragüense, dice que él empezó a caer mal en las filas del FSLN desde el momento en que se opuso a un proyecto de basura en la costa del Lago de Managua o Xolotlán. Para Arriola, Ortega y el Frente Sandinista ya no representan la mística revolucionaria. De Ortega, dice que nunca pensó que se volviera “arrogante, prepotente”, menos que “agrediera a sus adversarios políticos” como lo ha hecho con los precandidatos presidenciales a los que metió presos este año.

El Estado soy yo

Dieciséis años después de su derrota electoral contra Violeta Chamorro, Daniel Ortega ganó los comicios del 5 de noviembre de 2006, una victoria que fue consecuencia de la reforma constitucional sellada en un pacto con el expresidente Arnoldo Alemán Lacayo. Éste propició una división del Partido Liberal y cambió el sistema electoral para adaptarlo a las necesidades de Ortega: reducir a 35 el porcentaje de votos para ganar las elecciones en primera vuelta.

Así, un Ortega que se mostraba moderado, conciliador y convertido al catolicismo triunfó frente a una oposición dividida. Tomó posesión el 10 de enero de 2007, acompañado del expresidente venezolano Hugo Chávez, quien, hasta su muerte, se convirtió en principal aliado y benefactor.

Como analiza la socióloga Elvira Cuadra, investigadora especializada en temas de seguridad, ya al asumir el Ejecutivo en 2007 Ortega empieza a controlar los Poderes Judicial y Electoral (Vea La justicia del caudillo). Asimismo, añade, el presidente intentó reformar la organización del Poder Ejecutivo, particularmente para controlar al Ejército y a la Policía: “Empieza un proceso acelerado de cooptación a través de prebendas, compra de lealtades, clientelismo político… En el caso de la Policía es más claro con promociones o ascensos adelantados…” (Lea La impunidad viaja en patrulla)

Actualmente, desde la oposición sostienen que la Policía está parcializada y actúa como una fuerza política al servicio de los intereses de la familia presidencial. Daniel Ortega es su jefe supremo y la dirección está en manos del primer comisionado Francisco Díaz Madriz, consuegro del presidente.

Este Estado policial ha socavado las libertades públicas y la institucionalidad. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el contexto de la grave crisis sociopolítica que empezó con la represión de abril de 2018, 328 personas fueron asesinadas, 2 mil heridas, 1.614 privadas de su libertad como represalia por haber participado en actos de protesta y más de 100 mil han migrado para proteger sus vidas, integridad y libertad.

En paralelo al control de las fuerzas de seguridad, Ortega mantuvo hasta antes de la explosión sociopolítica de hace tres años una alianza con el sector privado nicaragüense, una especie de cogobierno al que denominaron “Modelo de Alianza, Diálogo y Consensos”, el cual era presentado como una fórmula mágica para el crecimiento económico del país. Mientras hacía negocios, al sector privado poco le interesó el deterioro de la institucionalidad y tampoco que Ortega rompiera la constitución para reelegirse (Vea El idilio de Daniel Ortega con el gran capital).

Además de su alianza con el empresariado, Ortega fomentó programas asistenciales para las personas más pobres, con apoyo de Venezuela a través de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), lo que le hizo ganar respaldo popular. De hecho, quienes aún le apoyan destacan como una de las razones estos programas.

Brenda Sancho López, de 67 años, es una de las que piensa así. “Me gusta ver a una persona cuando se le lleva una silla de ruedas, un paquete de comida”, dice. Ella vende refrescos en una calle de la capital desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Milita en el FSLN desde que tenía 17 años y participa en el Gabinete de la Familia, Comunidad y Vida del barrio Reparto Chick, una instancia que le ha servido al FSLN para mantener la vigilancia y el control partidario en cada barrio.

Marina Pérez Gonzales, por su parte, se dedica a la venta de ropa a domicilio. Igual que Brenda, respalda a Ortega porque ha visto que ayuda al pueblo. Pedro Díaz, quien brinda su servicio como conductor privado, opina igual: “Ha sacado adelante al país en obras de carreteras, apoya al pobre y por eso me pongo al lado de él”.

Evelio Alvarado Zeledón, guarda de seguridad privado, dice que Ortega, “es bueno con los pobres, le da al que lo necesita”. 

Sin embargo, sus opositores consideran que Ortega está consciente de que aun con el voto duro del Frente Sandinista lleva todas las de perder en unas elecciones libres, transparentes y observadas. Por eso, interpretan que quitó de su camino cualquier obstáculo antes de las elecciones 7 de noviembre de 2021. 

La Constitución soy yo

Tras cumplir los cuatro años de gobierno, Daniel Ortega no podía optar a la reelección presidencial en 2011. El artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua se lo prohibía. En ese momento, el caudillo sandinista contaba únicamente con 38 diputados en la Asamblea Nacional, por lo que no tenía los votos necesarios para reformar la Constitución. Entonces, recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la que ya había logrado subordinar a través del pacto con Arnoldo Alemán.

Así, el 19 de octubre de 2009 una sentencia de la Sala Constitucional de la CSJ dio vía libre a la reelección, al aceptar un recurso de amparo interpuesto por Ortega y 109 alcaldes de su partido. La resolución declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución Política porque según los magistrados, violaba los derechos humanos de Ortega y el principio de igualdad. La sentencia fue ratificada el 30 de septiembre de 2010 por la Corte en Pleno.

Fue así como el presidente se reeligió por primera vez en 2011 con el 62.64 por ciento de los votos. Fabio Gadea, su principal opositor, no reconoció los resultados y denunció que hubo fraude electoral, un reclamo que —diez años después de aquella votación— en 2021 le aceptó la (CIDH).

Con su primera reelección consumada y ya con 62 escaños en el Parlamento, Ortega continuó impulsando reformas políticas para perpetuarse en el poder. El 28 de enero de 2014, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Constitución que dio vía libre a la reelección indefinida. De modo que el 6 de noviembre de 2016, Ortega se presentó nuevamente como candidato presidencial, esta vez con su esposa Rosario Murillo como compañera de fórmula. El CSE le adjudicó a Ortega el 72.4 por ciento de los votos, en unas elecciones marcadas por el abstencionismo y la falta de credibilidad.

El afán de Ortega por perpetuarse en el poder y construir con su esposa una dinastía libre de obstáculos tiene cada vez menos argumentos jurídicos. Cuando la CSJ le dio en 2009 vía libre a su reelección, el expresidente de la Sala Constitucional manifestó que la sentencia tenía como argumentos jurídicos las decisiones judiciales sobre la reelección en Costa Rica y Colombia, que favorecieron a los expresidentes Óscar Arias y Álvaro Uribe, respectivamente.

Pero el 13 de agosto de este año, la Corte IDH emitió una resolución en respuesta a una consulta realizada por Colombia en octubre de 2019 sobre “la figura de la reelección presidencial indefinida”, en la que opina que no debe aplicarse en la región porque no es un derecho humano autónomo. Además, señaló que la prohibición de la reelección presidencial indefinida busca garantizar la democracia representativa y evitar la concentración de poderes en la figura del primer mandatario en un sistema presidencialista. Justamente lo que está ocurriendo hoy en Nicaragua, agravado tras las protestas y la represión de 2018.

El 18 de abril de ese año decenas de nicaragüenses salieron a las calles a protestar en contra de unas reformas a la seguridad social. A ellas, Daniel Ortega y Rosario Murillo respondieron con violencia. Sus fuerzas de choque, vestidas con camisetas blancas y mensajes de amor y paz, agredieron a quienes se manifestaban, robaron cámaras y celulares, hirieron a decenas de personas y sacaron del aire a varios canales de televisión. 

Durante 11 años, Ortega había reprimido las manifestaciones ciudadanas, pero ningún nicaragüense había sido asesinado. Un día después del inicio de estas masivas protestas, murieron Richard Pavón, Darwin Manuel Urbina y Hilton Rafael Manzanares, una lista de víctimas que se fue incrementando a medida que pasaban los días.

El 22 de abril, en un intento por apaciguar las manifestaciones y facilitar una salida a la crisis política a través del diálogo, Ortega revocó las reformas del seguro social. Sin embargo, ante la conmoción e indignación por los asesinatos, su reacción fue tardía. Multitudinarias marchas, en casi todo el país y particularmente en bastiones del sandinismo como Masaya, León, Carazo, Estelí, Matagalpa y Jinotega, demandaban justicia por las personas asesinadas y pedían la dimisión de Ortega y Murillo.

Pero la pareja presidencial, al ver seriamente amenazada su continuidad en el poder, continuó reprimiendo. Desde la narrativa oficial, lo ocurrido en 2018 fue un “intento de golpe de Estado fallido”. Ortega acusó a los manifestantes de “terroristas” y hasta la fecha mantiene a más de 140 personas privadas de libertad por razones políticas.

Ahora, el régimen de Ortega y Murillo, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, busca en noviembre próximo atornillarse cinco años más en el poder.