Mined oculta información sobre paquetes escolares

La información pública sobre la implementación del “Programa Paquete Escolares Solidarios”, es limitada, según una investigación de Onda Local y el Colectivo Transparencia Nicaragua. No existe disponibilidad de datos segregados por edad, sexo, zona, municipio, comarca, barrio, escuela, turno y grado.  

El “Programa Paquetes Escolares Solidarios”, uno de los más emblemático del gobierno nicaragüense, consiste en la entrega materiales y útiles escolares a niñas y niños de educación preescolar, primaria regular y multigrado, y educación especial de escuelas públicas del país, con prioridad en las zonas rurales.

La Ley de Acceso a la Información Pública manda al Estado a difundir los datos de cualquier acción gubernamental, pero el cumplimiento es casi nulo. La Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP) del MINED no está autorizada a presentar la información. 

Dayra Valle, investigadora de Transparencia Nicaragua 

Durante el proceso de construcción de este reporte, se visitó la oficina mencionada para solicitar la información, se llenó el formulario de solicitud, pero al cierre de publicación no se ha recibido respuesta por ninguna vía.

A pesar de contar con un sitio web oficial, un portal educativo, un canal de televisión en línea, un sistema de registro digitalizado para matrícula –padrón escolar-, no existe ningún indicio de publicación de información oficial en algún medio institucional para dar a conocer los logros, la cobertura y el impacto que tiene el Programa Paquetes Escolares Solidarios, como parte de las estrategias contempladas en el Plan de Educación (PdE) 2017-2021. Este tipo de información, de acuerdo con la ley de Acceso a la Información Pública, debe publicarse de oficio en los sitios web de las entidades públicas, pero la del Ministerio de Educación restringe el acceso.

La información disponible en el sitio web del Ministerio de Educación, acerca del paquete escolar es meramente propaganda. En las notas publicadas se resalta que el paquete escolar es dádiva y no un derecho.  

El paquete escolar es gracias a un esfuerzo de nuestro gobierno, al comandante Daniel y la Compañera Rosario, que tienen como prioridad la educación. (Gonzalo Orozco, delegado del Ministerio de Educación en el municipio de Boaco, al informar sobre la entrega de 8,264 paquetes escolares).  

Otro caso, de cómo se hace propaganda partidaria con el paquete escolar se puede leer en otra nota publicada en el sitio web del Ministerio de Educación, que señala: La madre de familia Gioconda Téllez Tinoco, agradeció a Dios, al Compañero Presidente, comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta, Compañera Rosario Murillo, por priorizar, en la educación, a los niños y calificó de “una buena acción” los Paquetes Escolares que distribuye todos los años el gobierno.

En el Presupuesto General de la República (PGR) la información de la ejecución del del Programa Paquetes Escolares Solidarios es casi inexistente. Únicamente se establecen las metas del programa, sin detalles de la inversión.

Los gobiernos locales, como parte de las trasferencias municipales, asignas fondos para el sector educativo. La mayor parte de su inversión, está concentrada en construcción, mantenimiento y reparación de escuelas. Onda Local obtuvo el detalle de la ejecución de las trasferencias municipales en educación y constató que, si se destinan fondos al programa “Amor para los más chiquitos”, pero no al de los “Paquetes Escolares Solidarios”.

Contratación simplificada, la modalidad preferida por el Ministerio de Educación

La investigación encontró que, en entre 2017 y 2019, el Ministerio de Educación (MINED) utilizó la contratación menor y la simplificada; esta última, no cumplió las condiciones establecidas en la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”, ya que sólo debe usarse en situaciones específicas como emergencia y calamidad o cuando sólo haya un único proveedor y el bien o servicio no pueda ser sistituido por otro.  

La modalidad utilizada por el Mined no aplica, ya que las compras se programan el año anterior al inicio del año escolar. Tampoco se puede alegar emergencia ni calamidad. Asimismo, para el suministro de estos bienes existen diversos proveedores.

Según el análisis del investigador Alex Bonilla, especialista en educación, al realizar la contratación simplificada, además de hacer más expedito el trámite de la compra, están seleccionando de manera más que discrecional, arbitraria y directa, al proveedor; eliminando la igualdad, la libre competencia y la posibilidad de buscar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, al tener diversidad de opciones y con ello precios más competitivos.

Paquetes escolares sin fiscalización

La investigación señala que, para ejecutar los programas sociales en el sector educativo, el Gobierno debe desarrollar procedimientos administrativos donde la participación ciudadana sea notoria y protagonista; pero en la práctica, no ocurre. No hay participación de padres y madres de familia, de organizaciones vinculadas al sector educativo en la licitación de los productos que conforman el paquete escolar y en la cadena de distribución.

“No hay evidencias de la participación de padres y madres en el control y la rendición de cuentas. Sólo se involucran en el momento de la recepción”.

Las consultas realizadas a 51 docentes de Granada, Masaya, León y Matagalpa, confirman que los padres y madres de familia se involucran únicamente en el momento de recepción del paquete escolar a nivel de escuela.

La Ley de Participación Ciudadana o Ley 475, en su artículo 6, establece los mecanismos de participación ciudadana en las instancias y niveles de la administración pública; en el artículo 8 de la misma Ley, se establece que la ciudadanía nicaragüense tiene derecho a solicitar y recibir en un tiempo prudencial información relacionada con el cumplimiento efectivo de los deberes y responsabilidades que le son asignadas a las instituciones públicas. No obstante, al igual que en el resto de las instituciones públicas, el Ministerio de Educación no promueve el rol protagónico de padres y madres de familia, o de otros actores comunitarios o ciudadanía en general, para demandar información de sus diferentes instancias con el objetivo de rendir cuentas sobre todos los procesos implicados en la gestión del paquete escolar.