Cúmulo de violaciones a los derechos humanos en 2018
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cerró el año 2018 con un cúmulo de violaciones a los derechos humanos a través de la negación de permisos para marchas, allanamiento, ocupación y cancelación de personerías jurídicas a nueve organizaciones civiles, así como la ocupación y confiscación de equipos a los medios de comunicación Confidencial, Esta Semana y Esta Noche.
El 09 de diciembre de 2018, la Policía Orteguista negó el permiso al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) para que realizara su histórica marcha en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Alegó que el Cenidh carecía de Junta Directiva Legalmente constituida y estaba acéfala desde el 25 de abril de 2018.
“La Policía Nacional no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, Asociaciones o Movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado”, señala el comunicado policial, criminalizando de esta manera la labor de uno de los organismos de derechos humanos nicaragüenses con mayor credibilidad internacional.
El Cenidh rechazó las imputaciones de la Policía y dijo que no era la autoridad competente para determinar la legalidad del organismo de derechos humanos.
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Violación a la libertad de asociación
El ataque a las organizaciones civiles estuvo a la orden del día en la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura Ortega-Murillo. A solicitud del Ministerio de Gobernación, el parlamento canceló la personalidad jurídica a nueve organizaciones promotoras del desarrollo local y defensores de los derechos humanos, el ambiente, la democracia y la libertad de expresión.
La lista de organizaciones está integrada por el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Hagamos Democracia, el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), la Fundación Popol Na, la Fundación del Río, el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE).
La dictadura culpó a las organizaciones de “desnaturalizar” la personalidad jurídica al no actuar “apegados sus fines y objetivos” y de utilizar el esquema organizacional para la “comisión de actos ilícitos, violentar el orden público, promover campañas de desestabilización, afectar la seguridad ciudadana y el ejercicio legítimo de los derechos humanos de las familias nicaragüenses, obstaculizando con sus acciones el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones”.
Posterior a la cancelación de la personería jurídica, el Ministerio de Gobernación y la Policía Orteguista, allanaron y ocuparon las instalaciones de las organizaciones, incumpliendo el plazo para que las organizaciones entregaran los bienes o dispusieran de los mismos de acuerdo a lo establecido en los estatutos.
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Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo en la edición de Onda Local del 14 de diciembre de 2018, que el régimen Ortega-Murillo atacó a organizaciones que por más de 28 años han promovido y defendido los derechos humanos. “Esas son las organizaciones masacradas”, puntualizó.
“Nosotros tenemos derecho a defender derechos. Los que nos desgobiernan mediante la fuerza, las armas. Nos habíamos preparado para lo peor y eso está ya en desarrollo. Lo ha estado desde que comenzaron a matar a nuestro pueblo el 19 de abril. Nos pueden asaltar la oficina, pero la autoridad moral, la trayectoria eso no se quita”, dijo Carrión.
Por su parte, Mónica López directora de la Fundación Popol Na, señaló: “Fuimos víctimas de las acciones represivas de la dictadura, las que cobardemente fueron ejecutadas en la madrugada, agrediendo a los equipos de vigilancia de nuestras instituciones. En el caso de Popol Na hay un agravio mayor porque la Policía Orteguista agredió a las madres de presos políticos que se estaban alojando en nuestro edificio, seis personas estaban en nuestras instalaciones, a quienes les hemos dado acogida, familiares de líderes campesinos que viven en comunidades muy distantes, se han estado quedando en nuestro alojamiento, habían testigos que iban a comparecer en algunos juicios y fueron ultrajados por la Policía, les robaron documentos, celulares, dinero, hasta las pruebas de los juicios. En nuestro caso, se robaron todos los equipos de cómputos, toda la papelería institucional e ingresaron a las oficinas de otras ONG internacionales que están alquilando oficinas en nuestro edificio, robaron cuatro vehículos, una moto y mi vehículo personal”.
Mónica agregó que no tienen preocupación por lo material ya que el pilar de la insurrección ciudadana es el pueblo de Nicaragua. “Realmente no están entendiendo la realidad, creen que por despojarnos de lo material van a impedir que sigamos adelante en nuestro trabajo. Están totalmente equivocados, quienes defendemos derechos humanos vamos con mucha más fuerza a continuar nuestra misión”.
Carlos Fernando Chamorro denuncia asalto dirigido a Confidencial, Esta Semana y Esta Noche
Las oficinas de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche fueron asaltadas violentamente por oficiales de la Policía Orteguista, la noche del jueves 13 de diciembre de 2018.
El asalto “fue un ataque dirigido” contra estos medios porque “la Policía sabía que estaban allanando los medios y no al Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO)”, denunció el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de estos medios de comunicación.
El 14 de diciembre, Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, fueron ocupadas por la Policía. No les valió la explicación realizada públicamente por Chamorro, que los medios de comunicación bajo su dirección, son empresas privadas inscritas en el Registro Mercantil (Promedia e Invermedia), y que no pertenecen al Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), cuya personalidad jurídica fue ilegalmente arrebatada por la Asamblea Nacional”.
La Policía y el Ministerio de Gobernación pasaron por encima del artículo 68 de la Constitución Política que en su párrafo quinto, señala: “Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento”.
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